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Integrantes de la Sala legislativa de Salud aprobaron este martes los cuatro ejes de su plan de trabajo para el presente año, en el cual destaca la instalación del Parlamento Móvil de Salud, que llegará a cada uno de los departamentos con el objetivo de fiscalizar el estado de cada uno de los hospitales y la atención; este eje estará bajo la coordinación del diputado Marco Antonio Orozco, del Movimiento Reformador (MR).

Los otros ejes son: Incidencia en políticas públicas, coordinado por el parlamentario Marvin Orellana, de Alianza Ciudadana (AC); Fiscalización al funcionamiento del sistema de Seguridad Social, a cargo del legislador Jorge Estuardo Vargas, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Fiscalización Presupuestaria, que coordinará el diputado Dorian Taracena, de Encuentro por Guatemala (EG).

La congresista Karla Andrea Martínez, de AC, quien preside dicha comisión, presentó a sus colegas la radiografía actual del Sistema Nacional de Salud Pública y Asistencia Social y resaltó la necesidad del acompañamiento que deben realizar ante las autoridades para priorizar la recuperación de la red hospitalaria y el abastecimiento de insumos y medicinas.

Los diputados se comprometieron a trabajar de forma íntegra y armoniosa para cumplir con una fiscalización propositiva.

El parlamentario Julio Lainfiesta, de Unión del Cambio Nacional (UCN), fue electo como vicepresidente, y como secretario German Estuardo Velásquez, del Partido Patriota (PP). Además, decidieron reunirse el primero y tercer martes de cada mes.

Por Nery Morales

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El seminario internacional Independencia Judicial fue inaugurado este martes por el presidente del Congreso de la República, Óscar Chinchilla; contó con la participación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuerpo diplomático, Organización de las Naciones Unidas, Procuraduría de los Derechos Humanos y autoridades indígenas, entre otros actores.

El titular del Legislativo resaltó que este tema va de la mano con las reformas constitucionales al Sector Justicia que analizan actualmente los diputados. “Estamos en medio de un reto histórico para la clase política; debemos dotar al Estado de organismos independientes que fortalezcan la democracia, pero totalmente respetuosos de la ley”, aseveró.

Dijo que para alcanzar esa meta se requieren normas que brinden estabilidad al Estado. “Precisamente en eso estamos trabajando en el Congreso y el 8 de febrero se iniciarán las sesiones específicas para tratar las modificaciones a la Carta Magna, previo a consultas que se han hecho con los diversos sectores del país”, indicó.

El seminario planteaba un programa con diferentes actividades, como conferencias magistrales, paneles y mesas redondas.

Sergio García Ramírez, conferencista internacional experto en el tema, habló sobre la independencia judicial como garantía del acceso a la justicia, y resaltó que debe tener un método de selección de jueces que garanticen los derechos ciudadanos. “La justicia debe ser accesible para todos los sectores, especialmente a los más vulnerables, y los jueces son una pieza clave en esto”, manifestó.

Iván Velásquez, titular de la CICIG, ha manifestado que Guatemala debe tomar conciencia de cómo está funcionando su sistema de justicia y así proceder a aprobar este proyecto de reformas.

 

En horas de la mañana, Chinchilla ofreció una entrevista a radio La Red 106.1 F.M., en la cual ratificó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento a la nueva Ley del Servicio Civil del Legislativo, así como la intención de aprobar las normas que favorezcan a la población.

Por Mayra Recinos

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“Tenemos varios objetivos y los principales temas serán la soberanía limítrofe con los países vecinos; el voto en el extranjero; darle seguimiento a la Ley de Servicio Diplomático y la verificación de los consulados generales de Guatemala y los nuevos en México y Estados Unidos, para verificar la atención y protección a los connacionales en condición de migrantes”.

Con esas palabras, la congresista Eva Nicolle Monte, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores, presentó a sus colegas la propuesta de trabajo para el periodo legislativo 2017-2018, para cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94.

Además, la diputada Monte, de Alianza Ciudadana, resaltó que darán seguimiento a los diferentes convenios internacionales pendientes entre el Estado de Guatemala y las distintas naciones, como los de la Organización Internacional del Trabajo y la Juventud; asimismo, elaborarán un manual de funciones para las reuniones locales e internacionales que se llevarán a cabo.

También mencionó las reuniones y citaciones a funcionarios de instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, autoridades del Registro Nacional de las Personas y representantes de sociedad civil.

Los diputados Salvador Baldizón y Dalio José Barreondo intervinieron para plantear que desde la comisión se fiscalicen temas como las becas de estudio nacionales y en el extranjero, que son otorgadas por organismos internacionales.

Al concluir la reunión acordaron volver a reunirse para elegir a los directivos de la comisión.

Por José Castellanos.

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La iniciativa de ley Disposiciones para Facilitar la Coordinación de Acciones Orientadas a la Reducción de la Desnutrición Infantil fue expuesta este martes por la diputada Karla Martínez, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, en compañía del parlamentario Marvin Orellana, tercer vicepresidente de la Junta Directiva.

El proyecto pretende reformar el Decreto 32-2005, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, y el Decreto 12-2002, Código Municipal, con el objetivo de crear la Dirección Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual será responsable de coordinar de manera interinstitucional las gestiones entre los ministerios de Salud, Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de Desarrollo Social, así como la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

“Lo que se busca es impulsar a lo interno de los gobiernos los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de acciones de seguridad alimentaria, en armonía con el principio de autonomía municipal”, explicó la congresista.

Agregó que debido a que existen varias leyes ordinarias dispersas en la legislación nacional, relacionadas con el tema, es importante reformar el contenido para facilitar los procesos de coordinación y ejecución en el marco de la descentralización del Estado.

En esta iniciativa también participaron diputados de los bloques Alianza Ciudadana, Movimiento Reformador, Frente de Convergencia Nacional, Unión del Cambio Nacional, Visión con Valores y Todos, por lo que se espera que oportunamente sea aprobada por el pleno del Congreso.

Por Rosemary Recinos.

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El pleno del Congreso de la República, en sesión ordinaria de este martes, no procedió a la juramentación de Melanie Marie Müller Cabrera como secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) y como subsecretaria ejecutiva a Elizabeth Nicté Paz Pineda, como se tenía previsto.

Tampoco fueron juramentados los representantes titular y suplente del Congreso ante el Registro Nacional de las Personas (Renap), Calixto Raúl Monzón Pérez y Elvia Yolanda Álvarez Veliz, respectivamente, quienes fueron electos de un listado de siete candidatos, debido a faltas de consensos de los diferentes bloques legislativos.

El desacuerdo se originó porque diputados de los bloques Encuentro por Guatemala (EG), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Winaq, Convergencia y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN-Maíz), entre otros, argumentaron que algunas de las personas elegidas para los referidos cargos enfrentan señalamientos legales que deben aclarar.

Leonel Lira, de EG, indicó: “Tenemos conocimiento de que por causa legal el representante titular del Congreso ante el Renap tiene señalamientos por caso especial de estafa y sobrevaloración, además de haber sido contratista del Estado en el momento de ser incluido en la nomina de candidatos al puesto”.

Los señalamientos contra la suplente Álvarez Veliz están relacionados con la inhabilitación girada por el Organismo Judicial. “No podemos y no debemos avalar esas decisiones porque tarde o temprano la justicia llega. Vemos que la lucha contra la corrupción sigue siendo incesante”, aseguró el congresista Amílcar Pop, de la bancada Winaq.

Mientras tanto, diputados de las bancadas Todos, Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), adujeron que la agenda aprobada fue discutida en la Instancia de Jefes de Bloque y que fue aprobada el lunes 30, razón por lo cual se debía mantenerse inalterbale. “Lo más coherente es continuar con la agenda establecida, ya que es el consenso al que llegaron los diputados en la instancia correspondiente; de resultar culpables los ahora señalados, el Legislativo deberá darse a la tarea de enmendar el procedimiento”, aseguró Fernando Linares, del PAN.

Debido a la oposición y a los distintos puntos de vista de los parlamentarios, el presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, procedió a levantar la sesión por falta de quórum y convocó para el jueves 2 de febrero, a las 10:00 horas, para continuar la discusión de los puntos en la agenda.

Por Karen Mendoza

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La Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Sandra Patricia Sandoval, propondrá una nueva metodología que brinde herramientas y mecanismos de transparencia para la elección del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y los 5 candidatos a relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, por un periodo de 5 años.

La presidenta de la referida sala, Sandra Sandoval González, del bloque Frente de Convergencia Nacional (FCN- Nación), detalló: “Hoy hemos agotado la discusión del tema de las elecciones y la convocatoria para los nuevos funcionarios de la PDH y los relatores contra la tortura; en la próxima reunión revisaremos la propuesta para elegir a los candidatos y postulantes a los cargos; esperamos hacer un trabajo eficiente”.

La parlamentaria Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala y secretaria de la comisión, comentó: “Acordamos que las reuniones de trabajo serán los jueves, cada 15 días, a las 2 de la tarde, y analizaremos primero la elección de los relatores contra la tortura y luego la del encargado de la PDH; el 9 de febrero presentaremos una nueva metodología, que contendrá la forma de convocar, la tabla de gradación y de cómo calificar los expedientes, porque queremos un proceso distinto a los demás, con acuerdos y consensos”.

El diputado Amílcar Pop, del bloque Winaq, resaltó que los dos procesos deben de cumplir los requisitos que establece el ordenamiento jurídico del país. “Debemos analizar bien un cronograma de trabajo y los demás procedimientos para no caer en ilegalidades”.

Durante la reunión se dio a conocer que se invitará a representantes de diferentes organizaciones en pro de los Derechos Humanos, para tener un acercamiento y obtener sus opiniones.

Sandoval explicó que apoyarán las reformas constitucionales relacionadas con los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y diversos temas vinculados con los Derechos Humanos, como económicos, sociales, culturales, ambientales, derechos de la niñez, de la mujer, trata de personas y de la tercera edad, entre otros.

Por José Castellanos.

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Integrantes de la Comisión Extraordinaria de Competitividad e Inversión Extranjera, presidida por el diputado Roberto Kestler Velásquez, dieron a conocer el plan de trabajo definido para este año.

Los congresistas mencionaron la posibilidad de citar a funcionarios del Organismo Ejecutivo, como al Comisionado Presidencial para la Competitividad y la Inversión, Acisclo Valladares, con el fin darle seguimiento a las estrategias y lineamientos contemplados en el Plan Alianza para la Prosperidad, financiado e impulsado por el gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, citarán a Rubén Morales, ministro de Economía, para conocer los temas de la cartera, además de otras acciones que se darán a conocer en los próximos días, informó el congresista Roberto Kestler, del bloque Todos.

“Esta es una de las comisiones de trabajo que estará revisando la legislación en materia de competitividad e inversión extranjera, para impulsar las acciones que beneficien al Estado guatemalteco”, refirió.

El parlamentario informó que elegirán al vicepresidente y secretario, con el propósito de empezar a trabajar.

José Castellanos.

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La Comisión de legislativa de Derechos Humanos, que fue integrada en la sesión ordinaria del jueves 26 y que preside la diputada Sandra Patricia Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), efectuó su primera sesión de trabajo con la presencia de 9 de sus 15 integrantes.

Como primer punto procedieron a la integración de la junta directiva y eligieron por unanimidad como vicepresidente al diputado Carlos Fión, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), y como secretaria a la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala.

La parlamentaria Sandoval informó que este martes 31 efectuarán la segunda sesión del mes y prevén aprobar el cronograma de actividades para el presente año legislativo, en el cual destaca la elección del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), así como la elección de los relatores para la Oficina contra la Tortura.

El congresista Fión exhortó a sus colegas para que presenten sugerencias de iniciativas de ley que la sala pueda impulsar.

La Comisión de Derechos Humanos está integrada por un diputado de cada partido político representado en el presente período legislativo y deberá presentar al pleno del Congreso tres candidatos para la elección del jefe de la PDH.

En agosto de este año vence el período de funciones del actual de esa instancia, Jorge De León Duque, por lo que la Comisión de Derechos Humanos deberá convocar a la brevedad para seleccionar al nuevo funcionario para un período de 5 años.

Por Nery Morales

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La Comisión Pesquisidora que analiza el expediente de antejuicio contra Blanca Aída Stalling Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por supuesto tráfico de influencias, citará al secretario general de la Presidencia de dicha instancia, Rony Eulalio López Contreras, este miércoles 1 de febrero, a las 10:00 horas.

Según la agenda predeterminada por los miembros de la Comisión, este lunes escucharon a la oficial mayor de la Secretaría de la CSJ, Carla Lorena Santizo Arreaga y a la secretaria de la magistrada Stalling, Gladys Belinda Rodríguez Bolaños.

Ambas debieron explicar su participación en el cruce de llamadas que se realizaron para que Stalling y el juez Carlos Giovanny Ruano se reunieran en septiembre del 2016.

Al ser cuestionada la oficial mayor, Santizo Arreaga, dijo: “En efecto, llamé al juez Ruano Pineda por instrucciones del señor Secretario General, quien es mi jefe inmediato”. Mencionó que durante la llamada le indicó que debía presentarse al despacho de la magistrada Stalling, pero dijo desconocer los motivos.

Por su parte, Rodríguez Bolaños se limitó a explicar que sus funciones son “puramente administrativas”, por lo que ese día recibió al juez Ruano Pineda y lo hizo pasar al despacho de la Magistrada. “Tengo 33 años de trabajar como secretaria de diversos jueces y magistrados; mi ocupación se limita a asuntos administrativos y de servicio al público”, precisó.

Al finalizar la reunión de este lunes, el diputado Julio Longo, quien preside la instancia pesquisidora, anunció que recibirán a López Contreras. “Este martes nos reuniremos a lo interno de la Comisión para analizar todos los documentos; el miércoles recibimos al Secretario de la CSJ y ese mismo día esperamos entregar el informe final a la Dirección Legislativa del Congreso”, informó.

Stalling Dávila es acusada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de haber pretendido que el juez Ruano Pineda beneficiara a Otto Fernando Molina Stalling, implicado en el caso IGSS-Pisa.

Despacho calificado de la comisión:

El diputado Germán Velásquez, secretario de la pesquisidora, informó al resto de los integrantes que la empresa Telefónica ya envió su reporte donde consta que el número de celular con el que contaba el juez Ruano no está a su cargo, por lo que ya enviaron solicitud a las otras dos empresas que funcionan en el país.

A la vez, hizo de su conocimiento que la Procuraduría de los Derechos Humanos aún no ha remitido el informe donde le solicitaban información de protección que les hubiera pedido el juzgador.

Por Mayra Recinos

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