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Para el viernes 14 de este mes los diputados que integran la Comisión de Asuntos sobre la Discapacidad tienen previsto hacer la entrega simbólica de una versión de la Constitución Política de la República en Alfabeto Braille a representantes de bibliotecas y editoriales del país, acompañados por autoridades del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi).
“La entrega de nuestra Carta Magna en Braille es de suma importancia, pues permitirá que las personas no videntes puedan conocer parte de las leyes que rigen a nuestro país”, aseguró el parlamentario Chistian Boussinot, de la bancada Todos y presidente de la sala de trabajo.
El Alfabeto Braille es el principal medio de comunicación de una persona con discapacidad visual profunda; fue inventado en el siglo XIX y está basado en un símbolo formado por 6 puntos: los que están en relieve representan una letra o signo de la escritura en caracteres visuales. El tamaño y distribución de los 6 puntos forman el llamado signo generador, y las terminaciones nerviosas de la yema del dedo captan este tamaño. Este signo sólo permite 64 combinaciones de puntos.
Según estadísticas recientes, en el país se contabilizan 22,699 personas no videntes en el área urbana y 26,799 en la rural, entre hombres, mujeres y niños, que en su mayoría no han recibido educación adecuada a su limitación visual.
Finalmente se dio a conocer que el informe del primer examen de país, respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se realizó en Ginebra, Suiza, será presentado a diversas organizaciones del Estado y de la sociedad civil con el fin de mejorar la atención a la población objetivo.
“Para optimizar los programas es necesario que el presupuesto sea aumentado para el próximo año, por lo que estaremos solicitando una reunión con la Comisión de Finanzas”, puntualizó Sebastián Toledo, director del Conadi.
Por Karla Herrera

 

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Diputados de la bancada Todos se reunieron con Armando Castillo, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, para fiscalizar el mantenimiento y limpieza de la red carretera en los departamentos del norte del país.
“Nos preocupa el mal estado de los tramos que atraviesan los municipios de Chiantla a Barillas, así como de Santa Eulalia a San Mateo”, indicó el diputado Cornelio García, representante de Huehuetenango.
Castillo señaló que para realizar estos trabajos se cuenta únicamente con un presupuesto de Q19 millones para Huehuetenango y Q20 millones para San Marcos. “El proyectos de Huehuetenango a Cuilco ya está asignado y el de San Antonio Huista ya se comenzó a reparar”, afirmó. Agregó que la carretera que va a Cuatro Caminos le compete al Fondo de Desarrollo Social.
“Personalmente saldré a supervisar y verificar que se inicie lo que hace falta y continúen los trabajos asignados, indicó el representante García.
“Ellos están enfocados en el tema de bacheo, pues la renovación de carpeta asfáltica no le corresponde a Covial; sin embargo, nos reuniremos nuevamente para que se nos informe del avance en el mantenimiento de infraestructura vial”, comentó el parlamentario Rodrigo Valladares, subjefe de la bancada.
Este año el presupuesto general de Covial es de Q800 millones y se solicitará un incremento de Q200 millones para el 2017. “Iniciamos con una deuda de arrastre de Q400 millones y trataremos de no dejar deuda para el próximo, aunque hay algunos proyectos que no se podrán concluir”, manifestó Castillo.
“Si el Congreso aprueba lo solicitado podríamos dar una mayor cobertura al país, aunque para levantar la red vial se necesitarían aproximadamente Q2 mil 800 millones”, declaró el funcionario.
Por Rosemary Recinos

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Diputados de la Comisión de Apoyo Técnico que preside el representante Manuel Conde Orellana, proponen que los funcionarios y empleados públicos no sean ser citados más de tres veces en un mes por las diferentes comisiones parlamentarias del Congreso.
Esta y otras propuestas surgieron durante una reunión de dicha sala legislativa en la que se le dio seguimiento a la Iniciativa 5064, que pretende reformar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
Otras propuestas de la comisión son que las citaciones se efectúen en las instalaciones del Congreso de la República y que estén relacionadas con la materia de competencia de la comisión, entre otras.
De acuerdo a la Constitución Política de Guatemala se faculta a los bloques legislativos y a las comisiones de trabajo citar a los funcionarios. Sin embargo un informe enviado por el Ejecutivo, indica que se han registrado más de 1 mil 300 citaciones a funcionarios en un período de 7 meses.
El Parlamentario Conde Orellana comentó que se ha dado de alguna manera un mal manejo en la figura de la citación a funcionarios y empleados públicos debido a que no son decisiones colegiadas de comisiones o de bloques legislativos.
“Tenemos que respetar la Constitución y tiene que haber una decisión colegiada del bloque o la comisión de trabajo. Hoy el Congreso está teniendo muy buena relación con el gobierno y esto facilita que los ministros acudan a las citaciones de este Organismo”, expresó el diputado de la bancada del PAN.
“Queremos llegar a una reglamentación de nuestra  Ley Orgánica, a un acuerdo político o bien a una reforma, que establezca normas básicas, pero es lo que estamos discutiendo en la comisión”, concluyó el diputado Conde.
Por Elizabeth Linares

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Durante la tercera audiencia pública para analizar la propuesta de Presupuesto 2017, organizada por la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dio a conocer que la entidad cerrará temporalmente la cartera de préstamos para Guatemala debido a la baja ejecución de fondos.
“Nos preocupa esa baja ejecución que se ha realizado en los préstamos y eso ha llevado al banco a decir que hay que esperar y cerrar la cartera temporalmente”, dijo Fernando Quevedo, representante del BID.
De los fondos erogados en concepto de préstamos para el ejercicio fiscal 2016, hasta la fecha solo ha sido ejecutado un 13 por ciento argumentó el directivo de la banca internacional.
No obstante, Quevedo explicó que hace 10 días se liberaron 250 millones de dólares como apoyo al presupuesto de este año.
A los diputados de la comisión de Finanzas les alarmó la decisión del BID. “Se tiene cerrada la cartera para más préstamos por baja ejecución lo cual será un grave problema para financiar el presupuesto que se pretende aprobar, pero dependerá del Ministerio de Finanzas encontrar una solución a este problema con la banca internacional y nosotros analizaremos el tema también en el seno de la comisión”, enfatizó Jairo Flores, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas.
“Solicitaremos tiempo presupuestario para poder ejecutarlos, y además pediremos normas presupuestarias para que las entidades ejecutoras presenten informes cada cuatro meses al Congreso y a la Contraloría General de Cuentas. Lo que buscamos es que se puedan ejecutar esos préstamos en el tiempo requerido por los convenios”, dijo el viceministro de Finanzas Víctor Martínez.
En el anteproyecto del presupuesto de la nación del próximo año están contemplados más de 17 mil millones de quetzales para financiarlo, de los cuales 3 mil 520 millones  de quetzales son préstamos.

Por Selvin Rustrián.

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Cumpliendo su papel de fiscalización y preocupados por las acciones de diferentes ministerios del Organismo Ejecutivo, diputados del bloque Alianza Ciudadana (AC) se reunieron con Aldo Estuardo García, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), para que explicara el 25.92 por ciento de ejecución este año.
En la reunión se contó con la presencia de Carlos Estuardo Barillas, viceministro de Vivienda, y los directores del Fondo Social de Solidaridad y de Caminos, Manuel Antonio López y Armando fuentes, respectivamente.
Según García, el rezago se debe a la rigidez del presupuesto asignado para el 2016, que actualmente asciende a no menos de Q4 mil millones, de los cuales Q1 mil 725 millones están destinados a 4 grandes proyectos carreteros: CA-2 Occidente, CA-2 Oriente, Franja Transversal del Norte y el tramo de El Rancho a Sanarate, en El Progreso.
El titutal del CIV indicó que el primer tramo, de 140 kilómetros, de Cocales, Suchitepéquez, a Ayyutla, San Marcos, se adjudicó en diciembre del 2012 por Q650 millones a la constructora brasileña Norberto Odebrecht, S. A., y la obra comenzó en junio del 2013, pero debido a un contrato modificatorio se cambiaron algunas de las clausulas  con las cuales quedó solamente de 45 kilómetros.
Otro de los contratos que presenta inconsistencias es el de la CA-2 Oriente, de Escuintla  a Ciudad Pedro de Alvarado, frontera con El Salvador. El original contemplaba trabajos en un tramo que comprende 102 kilómetros, pero por las modificaciones podrían solo ejecutarse 60. Los costos ascienden a no menos de Q295 millones.
“Estamos en el análisis de estos convenios por considerar que no cumplen con lo pactado originalmente con las empresas constructoras, y de encontrar ilícitos trabajaremos en la estructuración de una denuncia ante los órganos jurisdiccionales”, aseguró García.
Por su parte, el congresista Óscar Escribá cuestionó al funcionario en el tema de las empresas encargadas de las obras debido a que algunas de ellas están vinculadas con actos de corrupción, por lo cual funcionarios de la administración pasada enfrentan procesos penales.
En ese tema, el diputado Marvin Orellana aseveró que el lunes ese bloque presentará un proyecto de ley para que las compañías constructoras vinculadas con actos ilícitos sean separadas de los proyectos adjudicados, y se proceda a una nueva licitación con los fondos del remanente no ejecutado.
Al finalizar el encuentro, el diputado Francisco Tambríz y Tambríz, jefe del bloque, mostró su preocupación porque en 8 meses de este Gobierno la ejecución no presenta los resultados esperados en materia de infraestructura vial. “Continuaremos con la fiscalización en el tema carretero y citaremos nuevamente a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones para conocer los avances, así como la proyección de su presupuesto para el 2017, ya que tenemos conocimiento de que están pidiendo una ampliación de Q1 mil 600 millones”, concluyó el parlamentario.
Por Karen Mendoza

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El diputado Paul Briere quien preside la Comisión del Migrante, presentó a Dirección Legislativa la Iniciativa 5176, Ley de Fortalecimiento para el Desarrollo Social y Económico Nacional y Apoyo al Guatemalteco en el Exterior, por medio de la cual se crea el Viceministerio de Atención al Migrante Guatemalteco.
El proyecto busca fortalecer los Ministerios de Desarrollo Social, Economía y Trabajo con planes, programas y proyectos para el crecimiento de las zonas del país más susceptibles de que su población emigre hacia el extranjero, fortalecer y contrarrestar la inseguridad en dichas comunidades, establecer una coordinación interinstitucional y multisectorial para prestar una mejor atención en educación, salud y vivienda en esas áreas vulnerables, entre otros.
Asimismo, se deja establecido que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe crear su Viceministerio de Atención al Guatemalteco en el Exterior, dándole las funciones que actualmente tiene el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), para brindar una mejor atención a los connacionales.
El parlamentario Briere, comentó además que se podría aumentar el presupuesto para la atención a los migrantes en el extranjero fortaleciendo a las instituciones en este tema.
“El presupuesto de Conamigua y del Ministerio de Relaciones Exteriores para atender a guatemaltecos es de aproximadamente Q11 millones, por lo que se podría incrementar a Q15 millones. Es necesario también iniciar con planes, programas y proyectos en coordinación con entidades de gobierno y de inversión privada nacional y extranjera para dignificar la condición de los migrantes”, refirió Briere.
Finalmente, señaló que la Iniciativa de Ley contempla 19 artículos y espera que sea un complemento al Código de Migración que recientemente aprobó el Congreso de la República.
Por Elizabeth Linares

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Los diputados Edwin Maldonado Lux, Dolores Beltrán y José Martínez, representantes del departamento de Retalhuleu, se reunieron con funcionarios del Ministerio de Cultura y Deportes, Fondo de Desarrollo Social, Contraloría General de Cuentas, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y representantes de Guatemágica para intermediar  en la reactivación  de la construcción del museo  "El Caracol del Tiempo" en el sitio arqueológico de Takalik Abaj.
“Desde hace más de 8 años esta construcción fue suspendida por las malas administraciones anteriores y la Procuraduría General de la Nación tiene una demanda en contra de la constructora por incumplimiento en los requerimientos establecidos”, indicó el diputado Lux.
Agregó que lo que se pretende es retomar el proyecto el próximo año, ya que como aún no se ha aprobado el presupuesto 2017, se podría cabildear con la Comisión de Finanzas para que puedan aprobar los recursos necesarios para su financiamiento.
Por su parte  Miguel Angel Moir, titular de Segeplan, indicó que una vez dilucidado el tema legal y con el finamiento autorizado, lo que correspondería es evaluarlo, reprogramarlo y aprobar su ejecución.
Juan Alberto Monzón, Viceministro de Patrimonio Cultural, explicó que la obra se encuentra en un avance físico del 38 por ciento. El funcionario aseguró que por parte del Ministerio de Cultura se realizarán los dictámenes correspondientes, tanto legales como técnicos para darle viabilidad al proyecto.
María Mercedes Rabanales, empresaria y coordinadora de la mesa de trabajo Guatemágica indicó que “como retalteca me siento muy complacida que los diputados de nuestro departamento estén trabajando en conjunto para reiniciar la construcción del museo El Caracol con el que podremos mostrar toda la riqueza cultural que el sitio arqueológico tiene para ofrecerle al mundo”, dijo la empresaria.
“Vamos por buen camino ya que hay voluntad por parte de los funcionarios y esperamos que a través de la Procuraduría General de la Nación se resuelva el proceso legal que lo mantiene suspendido, ya que el museo es sumamente  importante para la cultura y economía del lugar”, expresó la diputada Dolores Beltrán.
Por Rosemary Recinos.

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Instituciones de investigación social y económica del país, en audiencia con integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso, solicitaron no aprobar el techo presupuestario solicitado por el Organismo Ejecutivo por más de 79 mil millones de quetzales y hacerle una reducción adecuada a la situación económica del país.
“Cero transparencia en el presupuesto hecho por el Ministerio de Finanzas, mi recomendación, y espero que lo consideren es no apoyar este presupuesto, simplemente no hay señales de transparencia”, manifestó Miguel Gutiérrez de la Fundación Económica para el Desarrollo.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, coinciden en que es necesario hacerle un reajuste, porque no hay claridad en el uso de los fondos en temas sociales, menos en inversión que es donde más se le estaría otorgando.
Los analistas también señalaron que es complicado que hayan ministerios y organizaciones no gubernamentales señaladas en actos de corrupción a las que se les asignan más fondos, por lo cual, recomiendan un reajuste al presupuesto.
Marvin Flores de Acción Ciudadana, explicó a los parlamentarios que es necesario analizar el subsidio al transporte urbano, señalado por actos de corrupción y que no se ve reflejado su uso en la calidad de este servicio público.
“El dinero no se ve reflejado en el gasto en temas de inversión, se ven puentes cayéndose porque no hay calidad en los proyectos y nadie los supervisa porque a nadie les interesa. Sería conveniente una moratoria del Iva-Paz, es lo que solicito a los parlamentarios antes de dar dictamen del proyecto”, expresó Edgar Balsells del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC.
El diputado Jairo Flores, presidente de la Comisión de Finanzas valoró la información dada por las instancias invitadas y las calificó de enriquecedoras, con el fin de fortalecer la discusión que se tiene en la comisión por el presupuesto.
“Es necesaria la reducción del techo presupuestario y la mayoría de diputados de la comisión están de acuerdo con la disminución del techo presupuestario el cual podría ser de entre 2 mil a 3 mil millones de quetzales menos en términos generales”, dijo el parlamentario.

Por Selvin Rustrián.

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Trabajadores del Área de Salud del Distrito Uno de Baja Verapaz, denunciaron ante los miembros de la Comisión de Probidad, del Congreso de la República, actos anómalos cometidos por miembros del Sindicato de trabajadores por Gremios.
La reunión estuvo presidida por el presidente de dicha comisión, Amílcar Pop y en la misma estuvo presente la Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia Hernández Mack.
Al respecto de esta denuncia, la Coordinadora del Área de Salud de Salamá, Marjorie Vásquez de León, explicó que los dirigentes del Sindicato Nacional de Lucha han paralizado sus labores afectando a centenares de pacientes que acuden a solicitar los servicios médicos.
La funcionaria explicó que los dirigentes sindicales se oponen a que el personal por contrato cumpla con las funciones para las cuales fueron contratados, y se niegan a demostrar el trabajo que realizan mediante un informe, así mismo aseguró que existe personal cuyas funciones se desconocen.
Por su parte, la ministra Hernández Mack, dijo estar dispuesta a resolver este problema en el sistema de salud, para ello aseguró que tomarán cartas en el asunto esta semana.
El diputado Amílcar Pop, Presidente de Comisión de probidad, dijo que atenderán este y otros temas, los cuales afectan, no solo en Baja Verapaz sino también a Totonicapán, donde se ha conocido que en los últimos años han descubierto un desmedido aumento en la planilla de muchos trabajadores quienes no tienen funciones específicas.
El parlamentario informó además que las anomalías se extienden a personal contratado de manera clientelar, ya que hay trabajadores en Salamá y en Totonicapán que tienen 11 plazas a su disposición.
Según el diputado Pop, los dirigentes de los 48 cantones presentaron denuncias penales contra el director del área.
Por José Luis Hernández.

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