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Para garantizar un mejor acceso a la justicia a toda la población, los presidentes de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial presentaron en el Congreso de la  República, el proyecto de reformas a 20 artículos de la Constitución Política de la República y seis artículos transitorios que deberán ser aprobados mediante una consulta popular.
Mario Taracena, presidente del Congreso de la República, calificó de  transcendental e histórico el que los tres presidentes del Estado se pusieran de acuerdo para apoyar las reformas constitucionales.
“Es un gran paso para la democracia del país y como presidente impulsaré los consensos necesarios para que las reformas sean una realidad lo más pronto posible”, aseguró Taracena.
"Que 52 diputados hayan firmado hoy la iniciativa es una muestra del interés por el tema de justicia en la Carta Magna. Son diputados de todas las bancadas”, concluyó el presidente del Congreso.
El presidente Taracena anunció que este jueves 6 de octubre se conocerá la propuesta en el Pleno y luego será trasladada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. “Debido a que son reformas a la Constitución convocaremos a una sesión extraordinaria con carácter de constituyente”, explicó Taracena.
El presidente Jimmy Morales, expresó que las reformas presentadas por la Secretaría Técnica son un paso importante para el combate a la impunidad y la corrupción, y fortalecer el sistema de justicia.
“Es un momento histórico. Miles de guatemaltecos se sentaron en mesas a discutir ideas y propuestas con total respeto. Todos los sectores representados tenían un mismo sentir”, dijo el mandatario.
Morales exhortó a que se llegue a consensos para aprobar esta propuesta. “Es un hecho que habrá divergencias con lo planteado en la iniciativa, porque es fruto del trabajo y los aportes de muchos sectores, pero los exhorto a trabajar por el bienestar de la nación. No es fácil el camino, pero si seguimos unidos lograremos el gran objetivo: transformar y fortalecer la justicia en Guatemala”, concluyó el presidente.
Ranulfo Rojas, presidente de la Corte Suprema de Justicia, felicitó el trabajo realizado por los integrantes de la Secretaría Técnica y dijo que ahora depende del Congreso su aprobación.
Hilda Morales, procuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos, comentó que es necesario fortalecer el sector justicia para promover que en Guatemala exista un clima de paz, para combatir la corrupción y la inseguridad.
“Es necesario corregir el proceso de elección de magistrados y la temporalidad de sus cargos, esto vendrá a ayudar a todo el sector de justicia”, dijo Morales.

Esta reforma constitucional busca mejorar el sistema de justicia, consolidando la lucha contra la impunidad y la corrupción. Además, las reformas toman en cuenta estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y se centra en cinco temas estructurales que son:
a) El reconocimiento expreso del sistema jurídico de los pueblos indígenas y su control constitucional;
b) Garantías y principios rectores para el sistema de administración de justicia;
c) Separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia;
d) Creación de carreras profesionales; y
e) El fortalecimiento de los mecanismos republicanos de ejercicio del poder a través de la adopción de un sistema de control inter-orgánico para la selección de las más altas autoridades judiciales, entre ellas, la elección de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.
La reforma constitucional surge como resultado de los Diálogos Regionales y de la Mesa Nacional de Diálogo; de las propuestas escritas presentadas por varios sectores y actores sociales a la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional.
Así también, se tomó en cuenta que en abril de 2015 la ciudadanía exigió cambios de fondo para sanear el Estado, erradicar la corrupción y la impunidad.
En abril de 2016, los tres poderes del Estado iniciaron el Diálogo Nacional coordinado por la Secretaría Técnica conformada por el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Nacionales Unidas en Guatemala.
En el proceso participaron más de 1 mil 500 representantes de distintos sectores, en 148 mesas de trabajo y fueron recibidas 247 propuestas escritas.
Tras finalizar el proceso de Reforma Constitucional por parte de los legisladores, esta será sometida a una consulta popular.
Si desea conocer el contenido de las propuestas puede ingresar al sitio web: www.reformajusticiagt.org.
Por Byron Ramírez y Estuardo Martínez.

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Por tercer día consecutivo, la delegación de parlamentarios guatemaltecos participa en la Cumbre de Integración por la Paz (Cumipaz) que se lleva a cabo en Asunción, Paraguay, con el objetivo de generar un espacio de diálogo orientado a desarrollar y fortalecer diferentes propuestas de superación, paz y felicidad del ser humano integral, basados en los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenibles y en Armonía con la Madre Tierra.
Durante el evento efectuado en la Sala Bicameral de Sesiones del Honorable Congreso de la República del Paraguay, los congresistas, autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, personalidades e invitados especiales de América Latina y Estados Unidos socializaron en plenaria las conclusiones de las mesas de trabajo de la sesión diplomática, parlamentaria y política de la Cumipaz.
El parlamentario Raúl Romero, de la bancada Fuerza, dio a conocer que durante la plenaria se discutieron diversos temas, como la construcción de una alianza para la gobernanza global e integradora por los derechos humanos y de la Madre Tierra, el Desarrollo Sostenible más allá de la Agenda 2030 de la ONU, nuevos enfoques para la preservación y restauración de la Madre Tierra, entre otros.
“Es importante la construcción de estos espacios de diálogos que nos permitan tener un intercambio de experiencias que nos lleve a enriquecer la institucionalidad en cada una de nuestras naciones, así como fortalecer las propuestas y acuerdos que estén dirigidos a una cultura de paz”, refirió el congresista.
Además de Romero participan los parlamentarios guatemaltecos Carlos López Maldonado, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Ovidio Monzón, de Todos, y Jorge Arévalo Canales, del Movimiento Reformador (MR).
Por Elizabeth Linares

 

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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entregaron al Presidente del Congreso, Mario Taracena, el proyecto de ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos, el cual tendrá como fin facilitar el esclarecimiento de los hechos que involucren violencia sexual que sean objeto de una investigación judicial.
Mario Taracena, Presidente del Congreso afirmó que la iniciativa busca prevenir y evitar agresiones sexuales, por lo que esta propuesta se convertiría en una importante herramienta para evitar este tipo de delitos, los cuales afectan tanto a hombres como a mujeres.
El presidente Taracena aseguró que el proyecto será ingresado al pleno del Congreso de donde luego será enviada a una comisión y luego de su dictamen será conocida en el pleno del Congreso para su aprobación lo más pronto posible.
“El proyecto nació como una necesidad de contar con una base de datos que ayude a fortalecer la justicia”, señaló María Eugenia Morales, magistrada de la CSJ, quien agregó que la iniciativa cuenta con los aportes del Ministerio Público (MP) y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La propuesta contempla la creación de un banco de datos genéticos que permitirá al Inacif identificar a los agresores en caso sean capturados por otros delitos similares.
Thelma Aldana, Fiscal General del Ministerio Público (MP),  expresó que esta iniciativa será una herramienta de gran ayuda para el MP debido a que esta ley pretende tener el registro de todas aquellas personas que cumplieron condena por violación y agresión sexual.
La iniciativa contempla un mecanismo en el cual el MP sabrá durante 5 años, dónde viven y trabajan y cuando salen libres las personas que cumplieron su condena por delitos sexuales.
La magistrada Morales afirmó que “la idea también es reducir la reincidencia de los agresores considerados como agresores seriales”.
El registro almacenará y sistematizará la información genética asociada de las personas que hayan sido condenadas.
Según del Organismo Judicial, en 2014 se ingresaron 1 mil 471 expedientes de delitos por violación y agresión sexual, mientras que el año pasado 2 mil 966 expedientes y en lo que va del 2016 se han ingresado 1 mil 142.
Por Byron Ramírez.

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Después de la entrega del informe de la primera evaluación de Guatemala ante las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizado en Ginebra, Suiza, el diputado Chistian Boussinot aseguró que son analizadas tres iniciativas de ley que beneficiarían a las personas con discapacidad visual, auditiva, física y psicológica.
El congresista del bloque Todos, presidente de la Comisión Extraordinaria de Asuntos sobre Discapacidad, explicó que una de las propuestas es la 5128, Ley de Personas con Discapacidad, que tiene por objetivo garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos en condiciones de igualdad mediante la adaptación de medidas de inclusión, acción y eliminando la discriminación.
Otra es la 5128 que dispone aprobar la Ley de Lenguaje de Señas, que fue presentada tras conocerse que en el país el 1% de la población padece sordera y un número mayor tiene deficiencia auditiva, por lo que es necesario que tenga acceso a la comunicación; la propuesta 5149 sobre los Derechos de Autor es parte del Tratado de Marrakech, firmado el 27 de junio del 2013, para garantizar los derechos de las obras publicas para personas no videntes.
“Estas iniciativas serán de ayuda, por lo que estamos trabajando para que sean conocidas antes de concluir este año legislativo”, puntualizó.
Asimismo, se hizo entrega por parte del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala del informe escrito en Braille, para que los no videntes puedan conocer los resultados y las propuestas realizadas en Ginebra.
Por Karla Herrera

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Una iniciativa de ley que promueve la protección integral del adulto mayor, fue presentada por el Vicepresidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria, Daniel Bernabé Portillo, del bloque parlamentario Alianza Ciudadana.
La iniciativa de ley tiene como objetivo velar por los intereses y necesidades de los adultos mayores, garantizar y promover sus derechos para que tengan un nivel de vida adecuado en condiciones dignas.
En la iniciativa de ley se contempla la creación de centros u hogares estatales o privados que garanticen el derecho a la vida, libertad, alimentación, salud, educación, seguridad, vivienda y recreación. Promueve también la formación de agrupaciones, cooperativas, clubes de servicio y pequeña empresa que se dediquen a la atención de los ancianos.
La propuesta contempla también la creación de una Coordinadora Nacional del Sistema de Búsqueda Inmediata de las Personas Mayores desaparecidas o extraviadas, cuyo objetivo principal sea el de alertar y encontrar a toda persona mayor extraviada, la cual estaría integrada por la Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, RENAP, Dirección General de Migración, Comité Nacional de Protección a la Vejez y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
Finalmente, el diputado Portillo explicó que para que la ley sea integral, se reformará el Código Penal para que existan sanciones a las personas a quienes se les encuentre como responsables de abandonar o maltratar a un adulto mayor.
Se propone que este tipo de vejámenes sea penado con 3 a 5 años de prisión y de 5 mil a 50 mil quetzales como responsabilidades civiles en caso que falleciera la víctima.
Por: José Luis Hernández

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Ante la posibilidad de que los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus) sean cerrados en 2017 por la falta de presupuesto, el Foro de Diputadas al Congreso de la República se reunió con autoridades de los ministerios de Finanzas y Gobernación.
En la cita se dio a conocer por parte Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, que existen 9 centros en todo el país y que Q9.5 millones no son suficientes para atenderlos.
“Una de las mayores preocupaciones es que en el presupuesto previsto para el 2017 no existe un rubro otorgado para los Caimus, por lo que la atención a las mujeres que sufren agresiones físicas y sexuales puede desaparecer. Se conformará una comisión con diputadas, ministerios de Gobernación y Finanzas y representantes del sector de mujeres para buscar un acercamiento con la sala de Finanzas, para que se les otorgue un monto”, aseguró la parlamentaria Sandra Morán, de Convergencia.
Se destacó que para atender a las féminas se necesitan por lo menos Q20 millones, por lo que solicitará una asignación de Q60 millones para que los Caimus puedan funcionar durante los próximos 3 años.
Por aparte, en otra reunión de trabajo sostenida por las diputadas del Foro se calendarizaron diversas actividades para los últimos meses de este año y el 2017, y se espera tener acercamientos con distintas instituciones gubernamentales y de la sociedad civil para buscar programas en favor de las mujeres.
Por Karla Herrera

 

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A solicitud de los representantes de los 48 cantones de Totonicapán, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), citó a los ministros de Salud y Asistencia Social, Lucrecia Hernández y Comunicaciones, Aldo García para que ofrecieran soluciones a la crisis por falta de medicamentos y de personal en los centros salud y hospital regional así como por el mal estado de las carreteras en dicho departamento.
“Lo que pedimos son evaluaciones al personal que no cumple con los perfiles. El abastecimiento de medicamentos es necesario porque nuestra gente entra enferma y sale peor, solo con una receta en la mano. Urgen medidas rápidas antes que nuestra población se levante ante la pasividad de las autoridades”, manifestó el presidente de la junta directiva de los 48 cantones, Jeremías Álvarez.
La ministra Hernández se comprometió a hacer el mejor esfuerzo de su cartera para mejorar la atención y abastecer con medicamentos a los centros asistenciales de ese departamento.
También se comprometió a iniciar un proceso de evaluación técnica a todos los trabajadores del ministerio para iniciar procesos de depuración para que solo se quede el personal adecuado y que llene los perfiles.
Más tarde fue cuestionado el ministro de Comunicaciones, Aldo García sobre la reparación de tramos carreteros del lugar así como por la construcción del paso a desnivel en cuatro caminos.
“A finales de año ya tendremos todos los estudios que se requieren y vamos a empezar los trabajos el próximo año. Dependerá del presupuesto asignado para iniciar el paso a desnivel en cuatro caminos y la reparación de la carretera que ya se adjudicó. Solo se debe esperar el proceso necesario”, expresó el Ministro García.
Dicha citación fue aprovechada por diputados distritales de la UNE, electos por Jutiapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz para también cuestionar a los funcionarios sobre la infraestrutura vial y el desabastecimiento que están afectado a miles de personas en sus respectivos distritos.
Por Selvin Rustrián.

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El diputado Óscar Chinchilla, en su calidad de cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso, se reunió con Ricardo Guzmán, viceministro de Seguridad; Stu Velasco, subdirector general de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), y comerciantes de los distintos mercados de la capital, y solicitó que se incremente la seguridad debido a las extorsiones que afrontan.
“Estamos preocupados por el aumento de los problemas que padecen los vendedores y por eso que hemos citado a los funcionarios. Aquí nos han presentado varias denuncias de robos y asaltos por los pandilleros en todos los locales; el siguiente paso es que coordinen y se traslade la información para que se investigue y se proceda a las capturas”, informó Chinchilla, del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
Durante la reunión, representantes del mercado de La Terminal solicitaron que se refuerzo con más agentes a la Policía de Mercados, pues han notado una disminución del número de elementos. “Esto ha provocado que los delincuentes aprovechen para cometer los asaltos a los comerciantes y compradores; se han dedicado a asaltar en horas de tarde y noche, cuando los vendedores cierran los locales, y por falta de policías cometen sus fechorías”, dijeron.
Una comerciante, quien no quiso identificarse por razones de seguridad, comentó que ella y su familia sufren amenazas de muerte, por lo cual pidió el apoyo de la PNC para contrarrestar los hechos de violencia.
Guzmán manifestó que la mesa de trabajo será integrada por representantes de los diferentes mercados y realizarán un plan de trabajo,  orientado a obtener información de cuántas personas son afectadas y proceder a investigar para capturar a las personas responsables de los delitos.
Por José Castellanos

 

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Para el viernes 14 de este mes los diputados que integran la Comisión de Asuntos sobre la Discapacidad tienen previsto hacer la entrega simbólica de una versión de la Constitución Política de la República en Alfabeto Braille a representantes de bibliotecas y editoriales del país, acompañados por autoridades del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi).
“La entrega de nuestra Carta Magna en Braille es de suma importancia, pues permitirá que las personas no videntes puedan conocer parte de las leyes que rigen a nuestro país”, aseguró el parlamentario Chistian Boussinot, de la bancada Todos y presidente de la sala de trabajo.
El Alfabeto Braille es el principal medio de comunicación de una persona con discapacidad visual profunda; fue inventado en el siglo XIX y está basado en un símbolo formado por 6 puntos: los que están en relieve representan una letra o signo de la escritura en caracteres visuales. El tamaño y distribución de los 6 puntos forman el llamado signo generador, y las terminaciones nerviosas de la yema del dedo captan este tamaño. Este signo sólo permite 64 combinaciones de puntos.
Según estadísticas recientes, en el país se contabilizan 22,699 personas no videntes en el área urbana y 26,799 en la rural, entre hombres, mujeres y niños, que en su mayoría no han recibido educación adecuada a su limitación visual.
Finalmente se dio a conocer que el informe del primer examen de país, respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se realizó en Ginebra, Suiza, será presentado a diversas organizaciones del Estado y de la sociedad civil con el fin de mejorar la atención a la población objetivo.
“Para optimizar los programas es necesario que el presupuesto sea aumentado para el próximo año, por lo que estaremos solicitando una reunión con la Comisión de Finanzas”, puntualizó Sebastián Toledo, director del Conadi.
Por Karla Herrera

 

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