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Con 119 votos a favor y 5 en contra, el pleno del Organismo Legislativo resolvió este jueves retirarle la inmunidad a Blanca Aída Staling Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo cual deberá ser puesta a disposición de la justicia común.

Los congresistas ratificaron el informe presentado por la comisión pesquisidora que conoció el expediente de antejuicio promovido por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala contra la funcionaria, acusada de cometer el delito de tráfico de influencias al pretender que el juez Carlos Giovanny Ruano favoreciera a Otto Molina Stalling, involucrado en el caso IGSS-Pisa.

El Congreso emitió la resolución No. 1-2017, que cobró vigencia inmediata y ordena la notificación a la CSJ.

Los diputados Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN); Estuardo Galdámez, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y Francisco Tambríz, de Alianza Ciudadana (AC), pidieron que se retrasara la votación para analizar el dictamen de la comisión pesquisidora, pero su postura no fue apoyada.

La comisión fue integrada por los diputados Julio Longo, de FCN-Nación; German Velásquez, de Partido Patriota (PP); Eva Nicolle Monte, de AC; Mario Velásquez, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), y Oliverio García Rodas, del Movimiento Reformador (MR).

Por Karen Mendoza y Emi Aqueche

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Los presidentes de las salas legislativas de Gobernación, Napoleón Rojas, y de Asuntos Municipales, Stella Alonzo, acompañados del titular de la Asociación Nacional de Municipalidades, Edwin Escobar, anunciaron que el Ministro de Gobernación y el Director de la Policía Nacional Civil fueron citados para que asistan el martes 7 de este mes para que informen sobre las acciones emprendidas ante los recientes ataques a los jefes ediles y miembros de las corporaciones municipales.

La diputada Alonzo, del Partido Patriota (PP), indicó que también están citando a dicha reunión al jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, y a la fiscal general, Thelma Aldana, para establecer las causas de los ataques a los alcaldes y concejales.

Según la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, desde el 15 de enero que tomaron posesión las autoridades locales se han registrado 11 ataques dirigidos a alcaldes, concejales y candidatos, con un saldo de 13 personas fallecidas, “sin que las fuerzas de seguridad y el ente investigador hayan esclarecido el móvil”.

Por su parte, el parlamentario Rojas, de Unión del Cambio Nacional (UCN), manifestó su preocupación por el “alto índice de delincuencia que el transporte y la ciudadanía en general están sufriendo”, por lo que es necesario un trabajo conjunto.

Escobar resaltó los casos de Daniel Aguirre, alcalde de La Libertad, Huehuetenango, asesinado el 25 de octubre del 2016; Valeriano Rodríguez, de Samayac, Suchitepéquez, ultimado el 25 de enero del presente año, y recientemente Ángel Pérez, de Rabinal, Baja Verapaz, y dijo que por el modo de operar “no se descarta que se trate del reacomodo de fuerzas del narcotráfico que estén tratando de cooptar las municipalidades”.

Hasta el momento 17 alcaldes cuentan con seguridad por parte del Ministerio de Gobernación y 15 más la han solicitado.

Por Nery Morales

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En la sexta sesión ordinaria del año, celebrada este jueves, los diputados al Congreso de la República conocieron distintas iniciativas de ley. Asimismo, se procedió a la discusión en primer debate de los dictámenes y proyectos contemplados en el Orden del Día.

Entre ellos figuran la Ley de Implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (4998) y el dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley de Fortalecimiento para el Desarrollo Social y Económico Nacional y Apoyo al Guatemalteco en el Exterior (5176).

Finalmente, por falta de quórum se suspendió la discusión por artículos y redacción final de la normativa que tiene como objetivo aprobar reformas al Decreto 40-2010 del Congreso de la República, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (5146).

Por ello, el presidente del Organismo Legislativo y diputado de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), Óscar Chinchilla, procedió a levantar la sesión plenaria y convocó a sesiones los días martes 7 y jueves 9, a las 14:00 y 10:00 horas, respectivamente, y a reunión de Jefes de Bloque el lunes 6, a las 12:00 horas.

Por Karen Mendoza

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Con el propósito de buscarle solución a la problemática del sistema educativo del país, los diputados que integran la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por la congresista Alicia Dolores Beltrán, se reunieron para conocer el plan de trabajo de este año.

Una de las primeras acciones será citar a Óscar Hugo López, titular de la cartera de Educación, para planificar las medidas y acciones orientadas a contrarrestar la conflictividad educativa.

La parlamentaria Beltrán, del Movimiento Reformador, refirió: “Nos han hecho llegar varias solicitudes de audiencias de representantes de comunidades educativas rurales y urbanas, en las que nos solicitan que mediemos en las debilidades que las escuelas están enfrentando, como la falta de maestros, aulas en malas condiciones, pocos escritorios y problemas administrativos”.

El diputado Jairo Flores, de la Unión del Centro Nacional, mencionó: “Es de suma importancia que a los funcionarios del Ministerio de Educación y otras autoridades se les cite de urgencia para rindan información del trabajo que realizarán este año y cómo solucionarán la problemática de todos los centros educativos y la infraestructura escolar”.

Durante la reunión eligieron a los diputados Félix Ovidio Monzón Pedroza, de Todos, y Víctor Manuel Cruz Clavería, de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), como vicepresidente y secretario, respectivamente; también decidieron que se reunirán miércoles y jueves en sesiones ordinarias y extraordinarias.

Además, escucharon a representantes de la Dirección de Asentamientos Humanos y Vivienda, que está a cargo del Fondo Social de Solidaridad, quienes rindieron detalles del proyecto Educación Extraescolar en la comunidad Santa Lucía Los Ocotes, zona 25, dirigida a los jóvenes y adultos en el nivel básico.

José Castellanos.

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Las congresistas Delia Bac y Eva Monte, de Alianza Ciudadana (AC), citaron a las autoridades del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil (PNC), Procuraduría General de la Nación (PGN), Alerta Alba Keneth y Refugio para la Niñez, con quienes analizaron el incremento de caso de menores desaparecidos en todo el territorio nacional.

La diputada Bac recriminó a los representantes de la PNC y a los de Alerta Alba Keneth ante “la poca respuesta que han tenido para resolver más de dos mil casos que tienen a las familias sufriendo por el regreso de sus menores”.

Aprovechó la ocasión para presentar a la señora Blanca Gómez, residente de El Tejar, Chimaltenango, quien denunció la desaparición desde hace 17 días de su hija Maricela Torres Gómez, de 13 años, “sin que los investigadores de la PNC y del Ministerio Público de ese departamento le apoyaran en su lucha por encontrarla y, por el contrario, archivaron su caso”.

El representante de la Asociación Refugio para la Niñez, Leonel Dubón, reveló que a la fecha existen 2,210 casos de menores desaparecidos, más de 7 mil violaciones a niños y niñas y más de 10 mil denuncias de maltrato infantil, además de 38 órdenes de captura que las autoridades no han ejecutado.

Por su parte, el subdirector general de la PNC, comisario Stub Velasco resaltó que, aún con limitaciones, las fuerza de seguridad lograron localizar a 1,154 menores reportados por la Alerta Alba Keneth y en lo que va del año van 90 menores encontrados.

Al finalizar la reunión, la diputada Monte dijo que la instalación de una mesa técnica es urgente y que a partir de la próxima semana serán convocadas las instituciones que la integren: el Ministerio de Gobernación, PNC, PGN, Secretaría de Bienestar Social y Alerta Alba Keneth, y también harán una invitación especial a los representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en nuestro país, para llevar a cabo acciones conjuntas interinstitucionales orientadas al combate a la trata y abuso de menores.

Por Nery Morales

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Distintas asociaciones del sector agropecuario del país se reunieron con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con el objetivo de solicitar el apoyo y la aprobación de la iniciativa Ley de Facilitación Tributaria para la Formalización del Sector Agropecuario de la República de Guatemala.

El jefe del referido bloque, Orlando Blanco, indicó que es un tema complejo y lo se busca mediar para encontrar las soluciones y alternativas pertinentes.

Resaltó que también se debe analizar la entrada en vigencia, a finales de este mes, de la Ley del Secreto Bancario, y dijo que sería prudente aprobar una prórroga para que haya tiempo para la regularización.

El proyecto crea un régimen especial tributario para dicho sector, que integra el cultivo y comercialización de café, cardamomo, hule, cereales, caña de azúcar, tubérculos, hortalizas, legumbres, frutas, plantas ornamentales, productos lácteos, así como la cría y comercialización del ganado vacuno, porcino, ovino, cabras y caballos, entre otros.

La propuesta ofrece el incentivo de exoneración del Impuesto al Valor Agregado y sustitución del mismo por un impuesto único del 1 % del valor de la venta bruta, a las personas individuales o jurídicas que ejercen estas actividades, cuya venta anual sea menor de Q50 mil, y de Q50 mil hasta Q10 millones el 3 por ciento para los contribuyentes inscritos en este régimen.

“De no aprobar esta ley, al momento de tener que pasar a la formalidad el 95 porciento del sector que antes no pagaba impuestos va a tener que pagar 19 por ciento de carga impositiva, y eso se va a tener que trasladar a la canasta básica”, indicó Luis Leal, representante del sector ganadero.

Adrián Zapata, Intendente Jurídico de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), afirmó: “Se necesita tomar una decisión que permita un parámetro de justicia, ya que el aprobar un régimen así como se plantea para el agropecuario sería injusto para los demás sectores; sin embargo, la SAT tendrá que aplicar esta ley, si el Legislativo la aprueba”.

Además, dijo que existen deficiencias serias en la parte técnica, lo cual implica un riesgo en materia de recaudación.

Por Rosemary Recinos.

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El primer vicepresidente del Organismo Legislativo, diputado Felipe Alejos, recibió este jueves la visita del magistrado César Ernesto Salazar, titular de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).

Durante la reunión intercambiaron opiniones respecto de los diferentes procesos judiciales que se efectúan en el Istmo. “Los casos que están en manos de la justicia en toda la región son importantes, debido a que están marcando precedentes para fortalecerla en nuestros países”, afirmó Alejos.

También manifestó que estas reuniones sirven para fortalecer las relaciones con la región centroamericana, lo cual calificó de “vital”, especialmente por “la coyuntura que se vive en los países del norte” del continente.

La CCJ fue creada por los Tratados de Paz y Amistad de Washington mediante la Convención para el Establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana, suscrita el 20 de diciembre de 1907 en Washington, Estados Unidos, por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Dicha Convención entró en vigor el 11 de marzo de 1908.

Inició sus funciones el 12 de octubre de 1994 y su sede permanente está en la ciudad de Managua, Nicaragua.

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En el marco de una reunión con autoridades ancestrales, el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, ratificó su compromiso con los pueblos de este país, cuyos dirigentes solicitaron este miércoles que se aprueben las reformas a la Carta Magna referentes a la jurisdicción indígena.

La reunión se llevó a cabo con la coordinación del diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq, a quien acompañaron el presidente Chichilla, el cuarto secretario, Jaime Lucero, y Pablo Ceto, diputado al Parlamento Centroamericano.

El presidente del Legislativo dijo que para el primer semestre del año ha priorizado en su agenda las reformas a la Constitución, por lo que se reunido con distintos sectores de la sociedad y ha acudido a diferentes entrevistas en los medios de comunicación, para socializar su contenido.

Además dijo: “Hemos obtenido importantes propuestas que se han tomado en cuenta; ya contamos con diferentes cambios que se podrían hacer, siel pleno las aprueba”.

Jose Santos Sapón, representante indígena, agradeció a los legisladores la apertura, pero dijo que no cesarán sus esfuerzos para hacer valer sus derechos. “Con estas reformas se daría un paso más en la democracia del país, en un ambiente de respeto”, aseveró.

Según el diputado Pop, este es “el momento preciso en que todos los pueblos mayas deben estar al pendiente y avanzar con sus propuestas”, así como lo han hecho otros sectores, por lo que solicitarán una reunión con los jefes de bloque.

Jurisdicción indígena:

La propuesta de la reforma constitucional reconoce la facultad de las autoridades indígenas ancestrales de ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, normas, procedimientos y costumbres, siempre que no contravengan derechos constitucionales y derechos internacionalmente reconocidos.

Establece la obligación de realizar las coordinaciones y cooperaciones entre ambos sistemas, de conformidad con la ley, y un mecanismo de resolución de conflictos de competencia a través de una reforma a la Ley del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.

Tales modificaciones están pendientes de ser aprobadas por el pleno; se espera que el miércoles 8 de febrero los congresistas entren a conocerlas durante una sesión especial y específica convocada para el efecto.

En otro punto de la reunión, el titular del Congreso aprovechó la oportunidad para manifestar su preocupación por el asesinato del alcalde de Rabinal, Baja Verapaz, Ángel Amado Pérez Xitumul. “Son tres alcaldes ya asesinados en los últimos días, situación que nos preocupa, por lo que citaremos a las autoridades de Gobernación para que nos expliquen qué acciones han realizado al respecto”, aseveró.

Por Mayra Recinos

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El diputado Álvaro Velásquez hizo un llamado para que las elecciones de Secretaría General en la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) “no se sigan retrasando y sean transparentes”.

El llamado lo realizó por solicitud de estudiantes de distintas facultades, quienes requieren apoyo para verificar que el proceso eleccionario “sea pronto y se evite cualquier acto de anomalía”.

“Esperamos que el padrón no sea manipulado y ya no se atrasen las fechas, por lo que hacemos este llamado a quienes actualmente están al frente de la asociación universitaria”, destacó el congresista.

Por su parte, José Monzón, representante estudiantil, aseguro que las elecciones estaban programadas para los días 2 y 3 de este mes, “pero repentinamente se suspendieron”, por lo que solicitan que se efectúen lo más pronto posible.

Por Karla Herrera

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