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En una reunión sostenida con diputados de la bancada Movimiento Reformador (MR), que coordina Boris España, a la cual acudieron Claudia Donis, titular de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco); Mariko Kagoshima, representante de Unicef Guatemala, y Byron Alvarado, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de la Niñez, se acordó realizar mesas técnicas comenzar a elaborar protocolos que garanticen la ejecución de la iniciativa 4944, Ley de Alimentación Escolar.
“Este proyecto, que está pendiente de ser conocido por el pleno, será de gran beneficio para la niñez, padres de familia y la sociedad en general”, indicó el diputado Víctor Estrada, presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria.
“Se regula la problemática de las tiendas escolares en cuanto al tipo de producto que debe venderse y su contenido nutritivo, y establece en la educación pública la obligación de otorgar un desayuno y un almuerzo para los alumnos”, comentó.
Durante la cita se externaron denuncias recibidas en la bancada sobre el costo y la mala calidad de los productos que se venden a los estudiantes. “Las tiendas escolares han desvirtuado su propósito, pues las ganancias deberían ser reinvertidas en actividades formativas, y únicamente se han convertido en un negocio”, indicó España.
La funcionaria Donis señaló que se trabaja en una modificación al convenio interinstitucional que tiene la Diaco con el Ministerio de Educación, para hacer un plan de verificación anual que iniciará el 2017 en el tema de consumo saludable, costos y negocios familiares, con el objetivo de evitar que estas actividades perjudiquen a los niños y la economía de los padres de familia.
Alvarado explicó que el tema de la refacción escolar en los centros públicos está en manos del Ejecutivo, y debe proveer la alimentación necesaria y suficiente, tal y como lo establecen la Ley de Protección Integral, la Constitución Política de la República y la Convención de los Derechos del Niño; “sin embargo, se están violando sus derechos”, expresó.
“En un país donde más del 63 por ciento de la población sufre de desnutrición, permitir los abusos de triplicar el costo de los alimentos en una tienda, que es una concesión del Estado a la iniciativa privada, es un atentado en contra de los derechos de la niñez”, dijo el funcionario.
Debido a la importancia del tema se acordó hacer mesas técnicas para comenzar a elaborar los protocolos que garanticen la ejecución de este proyecto, concluyó el diputado Estrada.
Por Rosemary Recinos.

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En la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque se aprobó el orden del día de este martes y que se conozca el proyecto de decreto que dispone autorizar un préstamo entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta US$150 millones, destinado a la ejecución del Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa.
Los fondos estarían distribuidos de la siguiente forma: US$89 millones en habilitación y remozamiento de centros escolares; US$55 millones en calidad de enseñanza y aprendizaje, y US$6 millones en supervisión y evaluación.
Édgar Ovalle, subjefe del bloque Frente de Convergencia Nacional (FCN), dijo que el préstamo será para el mejoramiento de la calidad educativa y centros escolares “que se han visto afectados por el paso del tiempo y las inclemencias climáticas”.
En la agenda aprobada se acordó conocer en primera lectura las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, la cual mantiene el consenso de los integrantes de la Comisión de Finanzas y diferentes sectores, como la Asociación Nacional de Municipalidades, cuyos dirigentes asistieron este lunes a solicitar cambios que, a su criterio, agilizarían el trabajo municipal, como aumentar el monto de compra directa de Q90 mil a Q150 mil.
Para el jueves 13 de octubre, Mario Taracena, presidente del Congreso, aseguró que, de no tener notificación de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a otorgar el amparo provisional por la elección de Silvia Patricia Valdés Quezada como magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “se procederá a su juramentación en la sesión solemne”.
Al concluir la actividad, los diputados continuarán con la sesión ordinaria para conocer diversos puntos, como la aprobación, en segundo debate, de un préstamo por US$120 millones con el BID, destinado a la Universidad de San Carlos, que servirá para la construcción de edificios educativos en los departamentos y la capital.
Por Byron Ramírez

 

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Los integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas se reunieron con los encargados de las carteras de Cultura y Deportes José Luis Chea Urruela y de Desarrollo Social José Guillermo Moreno, para que justificaran el aumento del techo presupuestario de sus carteras, pero por mayoría esta sala de trabajo acordó reducir dicha cantidad debido a la baja ejecución durante el 2016.
“Estos ministerios son los primeros a los que se les reduce su presupuesto debido a la baja ejecución”, manifestó el presidente de dicha sala legislativa Jairo Flores. Quien además comentó que al Ministerio de Agricultura también se le bajaría el presupuesto.
“Lo lamentable es que ahora quieren (el Ejecutivo) gastar 210 millones de quetzales diarios de acá hasta el uno de diciembre y así poder ejecutar los Q16 mil millones. El mides no es prioridad para el gobierno o el ministro no tiene capacidad de ejecutar los fondos. Es excesivo el presupuesto que solicitan, lo ideal es reducirlo”, expresó el parlamentario Carlos Barreda.
El encargado de la cartera de Cultura, José Luis Chea Urruela, dijo que solicitan 114 millones más para cultura y el patrimonio cultural y no para deportes. Si nos van a castigar que le quiten al deporte y lo trasladen a cultura, castiguen a deportes, pero no a las artes ni al patrimonio, que hemos tenido mayores logros que el deporte”, aclaró el titular de Cultura.
La Comisión de Finanzas acordó analizar el monto que se le reducirá al presupuesto de estos dos ministerios, que fueron los primeros en acudir a las audiencias, con las que van a dictaminar la propuesta de presupuesto del 2017.
Por Selvin Rustrián.

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Ponencia Sobre la Situación de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Guatemala.  Diputado Walter Félix.

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“Lo primero que haremos es un análisis para determinar si todos los artículos de la propuesta de reformas constitucionales en materia del Sector Justicia efectivamente pueden ser modificados por el Congreso, que no existan propuestas de modificar artículos pétreos o artículos que solamente una Asamblea Nacional Constituyente pueda conocer”, explicó el parlamentario Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
El congresista se refirió a la iniciativa 5179, entregada ayer por los organismos Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Esta fue conocida en la sesión plenaria de este jueves y remitida a la referida instancia para su análisis correspondiente.
García Rodas recordó que la sala que preside ha efectuado al menos 200 audiencias para evaluar posibles reformas constitucionales en la materia, y aseguró que no habrá mucho por discutir. “Lo que nos queda es ordenarlo y devolver al pleno el expediente con la opinión de la comisión, de que todos los artículos pueden ser conocidos y reformados por el pleno, tal y como lo establece la Constitución”, indicó.
Por su parte, el presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, Mario Taracena Díaz-Sol, manifestó que hay muchas expectativas respecto de la discusión y debate que se genere acerca de la propuesta planteada, por lo que se espera la participación de todos los jefes de bloque.
“He pedido al presidente de la comisión que busque integrar a la mayor cantidad de jefes de bancada, para que las cosas caminen de manera más fácil”, señaló el diputado de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La propuesta fue firmada el miércoles en el Palacio Legislativo por 52 parlamentarios de diferentes bloques.
Juan José Porras, jefe de la bancada Visión con Valores e integrante de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, opinó: “En general, la propuesta trabajada por muchos años ha sido enriquecida con el trabajo de la Secretaría Técnica, que amplió la participación de diversos sectores del país. Ahora tenemos que ser maduros para escuchar los pro y contra para emitir nuestra opinión”.
Lo que dice la Constitución
La Carta Magna, en el título VII, capítulo único, que consta de los artículos del 277 al 281, establece el procedimiento que debe seguirse para hacer reformas constituciones, desde la presentación de la iniciativa de ley.
En este articulado se indica, por ejemplo, que para modificar los artículos contenidos en el capítulo I del Título II, el Congreso de la República, con mayoría calificada (105 votos) debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. También establece que en ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165 inciso g), 186 y 187.
En otro tema, el pleno legislativo conoció y remitió a comisiones de trabajo 13 iniciativas de ley más, entre las cuales resalta la ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos, el cual tendrá como fin facilitar la investigación de hechos que involucren violencia sexual.
Sayda Galicia

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Los diputados que integran la Comisión Extraordinaria Nacional por la  Transparencia se reunieron con representantes del Organismo Ejecutivo ante el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), para tratar el tema de la inversión y las acciones del Organismo Ejecutivo y sobre sus funciones para proteger los intereses de la población.
“Yo vi nacer el banco, es una institución importante para el país, buscamos transparencia y lógicamente determinar el monto de las inversiones y de las acciones del Gobierno y quiénes son los responsables de cuidar y velar por los intereses del Ejecutivo y del cuentahabiente”, enfatizó el congresista Julio Ixcamey, de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien preside la sala legislativa.
Los parlamentarios pidieron conocer a cuánto ascienden los depósitos del Gobierno en el banco y qué solidez tiene después de los recientes escándalos de corrupción que han salido a luz en el país. Asimismo, solicitaron a los delegados que detallaran sus funciones y responsabilidades en la institución.
“Defendemos todos los interés de los guatemaltecos y pueden estar seguros de que Banrural tiene solvencia; la información solicitada por los congresistas sobre el estado del banco será enviada a la brevedad por tratarse de temas internos”, manifestó Rodolfo Orozco, representante del Ministerio de Finanzas ante la institución financiera.
Por Selvin Rustrián.

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El presidente del Congreso de la República Mario Taracena se reunió este viernes con varios integrantes y de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), quienes solicitaron su apoyo para que se puedan resolver algunos temas que afectan a las municipalidades y su desempeño.
Edwin Escobar, Presidente de la ANAM hizo entrega del documento que contiene las solicitudes hechas por los Alcaldes de todo el país, el cual contiene cinco puntos, los cuales, entre otras solicitudes, contienen modificaciones a la Ley de compras y contrataciones del País.
El presidente Taracena expresó que los alcaldes pueden contar con el apoyo de la junta directiva así como de la presidencia.
Taracena se comprometió a servir de intermediario entre los alcaldes y los diputados para buscar mecanismos que agilicen el funcionamiento de las municipalidades, afirmando que el cabildeo y búsqueda de apoyo también se debe realizar en las comisiones de trabajo del Organismo Legislativo y con las distintas bancadas “para lograr que lo que se solicitó sea una realidad para los alcaldes”.
Edwin Escobar, señaló que las propuestas entregadas a Taracena buscan mejorar el funcionamiento de las alcaldías, las cuales han tenido dificultades para atender los problemas de sus comunidades en los últimos meses.
Entre las solicitudes de la Anam están
- Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado basadas en la propuesta planteada por la ANAM a la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.
- Reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para que del porcentaje (1%) que se traslada actualmente a CONADUR, 0.75% se traslade directamente a las Municipalidades del país y sólo 0.25% permanezca en CONADUR.
- Que el punto porcentual (1%) que se traslada actualmente a los Fondos para la Paz, 0.50% se traslade directamente a las Municipalidades del país para financiar proyectos de Educación, Salud, Agua y Saneamiento.
- Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto y a las normas contenidas en las leyes que sustentan los ejercicios fiscales a fin de que, fundamentados en el espíritu constitucional, los fondos trasladados a los Consejos de Desarrollo como inversión programada en 2016 en adelante no se reintegren al Fondo Común sino que se garantice al 100% la inversión pública demandada y priorizada por cada Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) en todo el país, sin afectar la asignación presupuestaria del ejercicio fiscal siguiente.
- Analizar a profundidad la Ley Para Suministrar Alumbrado Público con Energía Eléctrica Mediante Tarifa Compartida
- Solicitud de continuar con la discusión y consenso para la aprobación de la Ley de Servicio Civil Municipal con ANAM como representante de las Municipalidades de la República.
- Solicitud de continuar con la discusión legislativa de las reformas planteadas por ANAM a la Ley del INFOM y otras temáticas relacionadas con las Municipalidades del país.
Taracena acordó que el próximo lunes, en la reunión de jefes de bloque se concederá un espacio a los alcaldes para que planteen las propuestas entregadas este viernes.

Por Byron Ramírez.

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El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad, se reunió con Aldo García, ministro de Comunicaciones; Alejandra Má Villatoro, viceministra de Infraestructura, y Manuel Antonio López, coordinador ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad, para dar seguimiento a la construcción de 2 puentes y 1 tramo carretero que comunica al municipio de Chuarrancho con Guatemala.
Durante la reunión el ministro García se comprometió a dar seguimiento al tema y a evaluar el tramo carretero para determinar si está en proceso o se debe hacer una contratación nueva.
Por su parte, Má Villatoro explicó que la construcción de los viaductos está contemplada en la asignación para el año 2017. “El puente Las Canoas estará costando alrededor de Q10 millones y desconozco el otro, pero se está analizando incluirlo con ajustes presupuestarios el próximo año”, comentó.
El congresista Pop, de la bancada Winaq, señaló que la citación a los funcionarios de debe a la preocupación de los habitantes de la aldea San Buenaventura, quienes denunciaron el atraso de las obras “que son de importancia para la comunidad”.
“Hoy quedó el compromiso de que los puentes estarán en el presupuesto para ejecutarse el próximo año, y la construcción de la carretera se encuentra bajo estudio y diagnóstico”, agregó.
Afirmó que dará seguimiento a los acuerdos adquiridos por los funcionarios, para verificar que sean ejecutadas estas obras “requeridas por la población que durante años ha estado esperando”.
Por Elizabeth Linares

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Representantes de la Alianza para el Congreso Eficiente integrada por Acción Ciudadana, CIEN, Congreso Transparente, Congreso Visible, entre otras organizaciones civiles, presentaron este día el primer informe sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo donde se destaca el ahorro de Q59 millones y avances importantes en el Acceso a la Información Pública, con un cumplimiento de un 94 %.       
La presentación del análisis se dividió en cinco partes: 1) Bloques legislativos, 2) Comisiones, 3) Arrendamientos, 4) Acceso a la Información Pública, y 5) Presupuesto.
Según el informe, la ejecución presupuestaria hasta agosto era del 46 %, mientras que el año pasado en la misma fecha se había ejecutado el 51%,  lo que refleja un avance significativo. 
Otro aspecto positivo es la reducción de empleados temporales, en el reglón 022; en agosto el Congreso había ahorrado Q 43 millones en ese rubro. 
Walter Menchú, analista del CIEN, dijo que “la idea es que los miembros de la Junta Directiva vean cuáles son los hallazgos y qué ajustes se tienen que hacer para que se cumpla a cabalidad la nueva ley”.
María del Carmen Aceña, representantes del CIEN, dijo que el monitoreo efectuado es positivo y que ha habido importantes avances en el cumplimiento de la nueva Ley del Organismo Legislativo, aunque aún hay retos que cumplir.
A su criterio el avance más grande es el acceso a la información pública, el cual hace unos años era imposible. “Como organizaciones constantemente solicitamos información al Congreso y antes esta nunca se daba”, asegura.
Otro logro destacado son los cambios en marco legal, en la ley de servicio civil y manuales de procedimientos. “Esperamos que se respeten los procesos y se cree una cultura de información y transparencia legislativa”.
Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos, refirió que los avances en transparencia han sido importantes y que hoy en día el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública es de un 98%.
Entre lo negativo, el informe revela que las Comisiones del Congreso no están realizando adecuadamente su trabajo, pues de las cinco comisiones a las que se les dio seguimiento en septiembre, solo tres realizaron sesiones de trabajo, algunas de las cuales no alcanzaron el requisito que establece la ley respeto a que es necesario contar con el 25% de asistencia de los integrantes para llevarla a cabo, y que las decisiones se toman con la mitad más uno de sus miembros.
“Encontramos que muchos diputados no asisten a las comisiones y mandan en representación a sus asesores”, comentó Marielos Fuentes, de Congreso Visible.
En el tema de los arrendamientos, Sindy Leiva de Acción Ciudadana comento que el precio de mercado de alquiler por metro cuadrado en la zona 1 oscila entre Q45 y Q60, sin embrago hay tres por los que se está pagando entre Q85 y Q140. Además dijo que hay un contrato por un monto total de Q3.8 millones por el que se está pagando un sobreprecio de 870 mil.
El informe concluye que los principales retos a vencer en el futuro para mejorar el desempeño del Congreso son:                                                                
1. Afinar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
2. Lograr una cultura de información y transparencia legislativa.
3. Acercar los bloques legislativos a la población.
4. Mejorar el desempeño de las comisiones a través de una mejor rendición de cuentas de su trabajo.
5. Hacer uso eficiente de los recursos financieros. 
6. Continuar con el proceso de ordenamiento del Recurso Humano respetando la Ley de Servicio Civil y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.     
Por José Castellanos. 

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