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Tras los desastres ocurridos en junio en el municipio de Jerez, departamento de Jutiapa, por los deslaves registrados a orillas del volcán Chingo, que dejaron varias viviendas y calles dañadas, los diputados que integran la Comisión de Turismo se reunieron con autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres para verificar los avances en la reconstrucción y reparación de carreteras.
El titular del CIV, Aldo García, destacó los trabajos para desviar los deslaves del volcán hacia un río cercano y evitar que restos volcánicos lleguen a las comunidades cercanas y las dañen. En cuanto al tema de las carreteras se aseguró que se hará el pago de Q67 millones a la empresa que está trabajando los primeros kilómetros de la vía que conduce de Jutiapa a la frontera con El Salvador, y luego se destinará un monto de Q30 millones para concluir la reparación en esos tramos.
“Como Comisión de Turismo estamos interesados en que las carreteras estén en buen estado, para que quienes viajan de la capital a Jutiapa o hacia El Salvador lo hagan sin dificultades; asimismo, esperamos que continúen los trabajos para evitar que un nuevo deslave por las lluvias o por la erupción del volcán Chingo dañen nuevamente viviendas y calles de Jerez”, aseguró el presidente de la sala de trabajo, Santiago Nájera, de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Por su parte, el gobernador de Jutiapa, Milton Sánchez, dijo esperar que avancen las obras y los avalúos para las viviendas dañadas.
Los legisladores argumentaron que seguirán de cerca los asuntos pendientes, tomando en cuenta el decreto de Estado de Calamidad que se había aprobado en julio terminó su vigencia en agosto.
Por Karla Herrera

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La comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presidida por el Diputado Ronald Arango instaló este martes la mesa técnica multisectorial para discutir, elaborar y presentar el proyecto de ley para fortalecer el derecho de acceso de la información pública, archivos institucionales y a la institución reguladora.
La mesa técnica de trabajo busca impulsar las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, dando cumplimiento así al plan de trabajo de compromisos al plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018 impulsado por diversas entidades estatales y de la sociedad civil.
Ronald Arango, señaló que la Ley de Acceso a la Información Pública “sufre de algunas deficiencias que han hecho que no todas las instituciones cumplan con dar información”, por lo cual aseguró que los cambios fortalecerán el acceso de información para la ciudadanía en general.
Mario Taracena, Presidente del Congreso expresó que el acceso a la información  es un derecho de todos, por lo que el Congreso “ha empezado a dar esos pasos enormes de transparencia, para tener la calidad moral de pedir información y legislar para mejorar la Ley de Información Pública”, puntualizó.
Las mesas de trabajo tendrán como objetivo recoger la información y propuestas para mejorar dicha Ley.
Entre los cambios que se analizan están:
-Dar mayor presupuesto a la Procuraduría de los Derechos Humanos, como ente rector de la Ley.
-Incluir mayores sanciones a las entidades que no cumplan con la entrega de la información.
-Reducir el plazo para entregar la información.
-Incluir la información en los idiomas de las localidades.
Dentro del cronograma de la comisión se estableció que en los primeros quince días de noviembre estarán listas las propuestas y recomendaciones para tener un proyecto de ley que sería entregado el 16 de noviembre a Dirección Legislativa y así sea trasladado lo más pronto posible al pleno para su aprobación.
Por Byron Ramírez

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En las audiencias públicas que realiza la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, del Congreso, para analizar la propuesta de presupuesto para 2017 que presentó el Organismo Ejecutivo, este martes le tocó el turno al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) defender el techo propuesto, de Q5 mil 800 millones.
“En mi opinión es necesario realizar una reducción de esos Q1 mil 200 millones”, expresó el parlamentario Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), al referirse a los problemas legales que 4 constructoras tienen por acusaciones de corrupción en tribunales, las cuales aparecen nuevamente en el listado para ejecutar proyectos el próximo año.
Con mayoría de votos, los integrantes de la sala legislativa decidieron que se realizará una disminución en el techo presupuestario en el rubro donde estas compañías aparezcan.
Sin embargo, en un plazo de ocho días el CIV deberá de presentar argumentos legales y decir qué camino tomará para que dichas sociedades ya no sean las encargadas de ejecutar tramos carreteros del país.
“Sí se necesita ese espacio presupuestario, por que las obras son importantes y hay que buscar, por la vía legal, el procedimiento para rescindir los contratos a estas empresas”, dijo el encargado de la cartera, Aldo García.
Según información de las autoridades, hasta septiembre el CIV reportaba un 25 por ciento de ejecución y esperan cerrar el año en un 62 por ciento.
Por Selvin Rustrián.

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Debido a los incrementos en el cobro de diferentes servicios, representantes del Movimiento de Vecinos Unidos de Jalapa se reunieron con el diputado Luis Fernando Sanchinel, de ese departamento, y la parlamentaria Thelma Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, a quienes solicitaron mediar para evitar conflictos.
Los inconformes rechazan el alza del el agua potable, tasa municipal por la energía eléctrica, la construcción de una galera cerca del edificio del instituto municipal, la ubicación de un pozo mecánico a inmediaciones de un parque infantil, la posible colocación de parquímetros en el casco urbano y el cobro de un nuevo arbitrio de apertura de puertas de nuevos negocios.
Leonel Mazariegos, coordinador del Movimiento, destacó que no están de acuerdo con los aumentos, “pues afectan la economía”, por lo que pidieron a los legisladores mediar para conseguir un diálogo con el alcalde de la cabecera, Mario Estrada.
“Estamos preocupados por estos incrementos, pues afectan a la población, por lo que esperamos conversar con las autoridades de la municipalidad para negociar y tratar que los cobros no afecten, pues según las denuncias, de los Q20 que se cobran por el servicio de agua potable se ha aumentado a Q60”, afirmó Sanchinel, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La denuncia también será interpuesta en el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y se solicitara una auditoría interna en la comuna, mediante un documento firmado por 6 mil 73 vecinos de Jalapa.
Se buscó la postura del alcalde Estrada, pero no se logró respuesta de él en su teléfono personal ni en la municipalidad.
Al finalizar la reunión se dio a conocer que se intentará una reunión con las autoridades ediles, con la presencia del jefe de la PDH, el Viceministerio del Patrimonio, de Cultura y Deportes, para llegar a un acuerdo y solucionar los conflictos.
Por Karla Herrera

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Durante una reunión con autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sit) y los tres operadores de telefonía móvil, la diputada Nineth Montenegro, acompañada de representantes del Movimiento pro Justicia, dijo que si no se cumple la Ley de Equipos Móviles Terminales, Decreto 8-2013, presentará una denuncia penal en el Ministerio Público.
La normativa establece que el plazo para el registro de usuarios se venció el viernes, por lo cual procede la suspensión del servicio.
La congresista Montenegro, de Encuentro por Guatemala, cuestionó a los representantes de las empresas y las autoridades de las Sit porque no hay un registro oficial de aparatos, distribuidores, comerciantes ni de quienes no se registraron.
“Hay mucho incumplimiento de la ley, comenzado con los vendedores de teléfonos, tarjetas SIM y tiempo, y no han sido sancionados, como lo dice la ley, con  multas que van de Q25 mil a Q100 mil por no haberse registrado; lo que aquí ameritaría es una denuncia en los órganos correspondientes”, enfatizó Montenegro.
En la reunión se dio a conocer, por parte de Haroldo Cancinos, que hay 24 millones 890 mil números asignados a las 3 empresas telefónicas, 18 millones 625 mil 526 números en operación, y no hay una cifra exacta de cuántos son teléfonos, módems y tabletas.
Pese a que el objetivo de la ley es evitar las extorsiones y secuestros, Carmen Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, aseguró que se han incrementado las cifras. “Vemos que hay debilidades en la norma y no hay mayor certeza jurídica, porque el verdadero espíritu de la ley es darle a las autoridades mayores elementos y herramientas”, puntualizó.
Yeisón Herrera, gerente de registros de la Sit, explicó que se están depurando los datos.
La diputada Montenegro y el Movimiento pro Justicia acordaron continuar la fiscalización y el cumplimiento de la ley, y volverán a reunirse en 15 días para verificar las acciones de la Sit y los operadores.
Por José Castellanos.

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La Comisión Específica para la Integración y Desarrollo de Petén, que preside el diputado Jaime Regalado, se reunieron con Jorge Roldán Santizo, director general del Parque Nacional Tikal, y con representantes de los sindicatos del mismo, para tratar irregularidades en la administración del sitio turístico y el cumplimiento de pagos retroactivos para los empleados.
José Luis Chea Urruela, ministro de Cultura y Deportes, dio a conocer que realizan una investigación. “Las sospechas se generaron ante el Viceministerio de Patrimonio Cultural, pues se dejó de percibir los ingresos que normalmente se hacían mensualmente”, explicó.
“El Parque Nacional Tikal es una de las joyas arquitectónicas hispánicas más importantes del patrimonio cultural del país. Recibimos Q18 millones aproximadamente en fondos privativos anuales y se sospecha que hay gente de aquí involucrados en actos anómalos, por lo que se estarán presentando las denuncias correspondientes”, agregó.
Asimismo, comentó que el parque está en remodelación y se espera crear un convenio con un banco del sistema para la emisión de facturas electrónicas, lo cual permitirá brindar un mejor servicio a los turistas.
Por su parte, el congresista Regalado dijo que el ministro Chea Urruela se comprometió a hacer el pago retroactivo a los empleados del parque, quienes manifestaron que se les debían bonos y salarios.
“En cuanto a la remodelación del ingreso y de las distintas áreas y la restauración de pirámides considero que es positivo, pues deben preservarse. Considero necesario incrementar el personal, ya que no se cuenta con el recurso humano adecuado para el cuidado y protección de los turistas y la extracción de piezas arqueológicas”, refirió el diputado del bloque Movimiento Reformador (MR).
Por Elizabeth Linares

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Los diputados Alejandra Carrillo de la bancada Movimiento Reformador (MR) y Javier Hernández de la bancada Frente de Convergencia-Nación (FCN-Nación) presentaron este martes una iniciativa de ley que busca erradicar el maltrato a la niñez y adolescencia en nuestro país.
La iniciativa denominada “Ley Contra El Castigo Físico u otras Formas de Castigos Crueles, Como Método de Corrección o Disciplina Hacia la Niñez y Adolescencia”, tiene como objetivo, ser aplicada en el hogar y en todos los establecimientos educativos públicos y privados donde se ejerzan, presten u ofrezcan acciones relacionadas a la crianza, cuidado, educación y protección de la niñez y adolescencia.
En conferencia de prensa, los diputados explicaron que dicha iniciativa obedece a que en los últimos tiempos se han conocido formas crueles con las que son tratados los niños y jóvenes, tanto en sus hogares, centros de estudios, centros dedicados al cuidado y educación de infantes y a todos aquellos que han sido maltratados en las calles.
Según los diputados, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas, recomendó a Guatemala que como Estado Parte, modifique los artículos 13 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, PINA, y el 253 del Código Civil.
También se recomienda al Estado guatemalteco que se prohíban los castigos corporales y otras formas de castigos crueles infligidos a los niños y adolescentes en todos los ámbitos, así también, se pongan en marcha campañas de sensibilización e información para que cambie la forma inculcar la disciplina.
La ley también busca promover e implementar programas de crianza positiva y disciplina asertiva y fomentar el buen trato.
La propuesta responsabiliza a todo funcionario público que, teniendo conocimiento de cualquier caso no tome medidas para su protección, y les impone penas de 4 a 8 años de prisión y multas de 5 mil quetzales.
Por: José Luis Hernández.

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Reunión de Comisión de Cultura, la cual presido, se firmó la iniciativa de ley que pretende la Creación y Funcionamiento del Consejo Nacional del Cine, para que sea presentada en los próximos días al honorable pleno del Congreso de la República.

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Este lunes se llevó a cabo el Foro Interparlamentario por la Niñez, organizado por diputados de la Comisión del Menor y la Familia y entidades que velan por los derechos de las niñas, niños y jóvenes, por medio del cual, los legisladores buscan generar propuestas para impulsar leyes que beneficien a la niñez adolescencia.
El congresista Walter Félix, presidente de esta comisión, resaltó que las acciones para resolver la problemática de este sector de la población debe ser prioridad, ya que cuatro de cada diez menores de edad viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, un millón de menores trabajan para sobre vivir; a diario se reportan 23 casos de violencia contra niños y niñas; al día 300 menores no acompañados salen del país hacia el norte y más de 15 niñas y niños desaparecen a diario.
Según detalló el parlamentario, en el año se han recibido 61 mil 181 denuncias de violencia a menores y alertó acerca de que en 2015 hubo mas de 9 mil 500 nacimientos en los que las madres tenían edades de entre 10 y 17 años.
El diputado Amílcar Pop, integrante de la Comisión Legislativa resaltó que existe una preocupación institucional al respecto, por lo que hay interés en buscar soluciones a la problemática con acciones concretas.
Entre las acciones que mencionó el diputado Pop, está la necesidad de identificar a los sujetos de derecho e impulsar políticas públicas que reduzcan los altos índices de vulnerabilidad de los menores y jóvenes en el país.
“Nosotros queremos que se respeten los derechos de la niñez y adolescencia, pero tenemos un déficit y una deuda en materia legislativa. Hay varias leyes que se tienen que aprobar  para beneficiar a ese sector”, concluyó el parlamentario.
Mareny Mérida, titular de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, comentó que la situación es bastante alarmante porque refleja las condiciones reales de vida de las niñas y niños en Guatemala.
“Es una preocupación general del Estado porque tenemos un compromiso pendiente con el sector de la niñez y la adolescencia. Si a esta problemática no se le atiende, se agudizará. Nuestras niñas quieren que se les respete sus derechos”, dijo Mérida al concluir el foro.
Durante la actividad se adelantó que se impulsarán las siguientes leyes:                                                  
-Proyecto de Ley para la protección Integral de la Primera Infancia, la cual esta aprobada en primera lectura por le pleno del Congreso de la República.
- Ley de Promoción, Apoyo y Protección de la Lactancia Materna
- Ley que declara el Día del Padre y de la Paternidad Responsable.
- Ley que dispone declarar el Día Nacional de las Niñas y los Niños Víctimas del conflicto Armado Interno, entre otras iniciativas de Ley que beneficiarían a los menores y adolecentes.
Los diputados que integran Comisión del Menor y la Familia adelantaron que a finales de este año será presentado un informe en el que se harán varias recomendaciones y peticiones, tanto al pleno del Congreso de la República como a las instituciones y organismos internacionales, para impulsar medidas y políticas públicas a favor de los menores y adolecentes en Guatemala.
Por José Castellanos.

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