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Los diputados Edgar Armando Sandoval e Iliana Calles Domínguez, vicepresidente y secretaria de la Comisión de Cultura, entregaron en la Dirección Legislativa la iniciativa Ley de Creación y Funcionamiento del Consejo de Cine Nacional, la cual tiene por objetivo favorecer el desarrollo, fomento y sostenibilidad de la industria cinematográfica en el país.
Dicha entidad estaría integrada por funcionarios de los ministerios de Finanzas Públicas, Cultura y Deportes y de Relaciones Exteriores, así como de representantes de la Comisión de Cultura del Congreso de la República, escuelas cine y del gremio cinematográfico, expreso el parlamentario Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional (FCN).
La propuesta fue presentada con el acompañamiento de representantes de la industria cinematográfica de Guatemala, quienes externaron la necesidad de contar con normas que respalden y fortalezcan este movimiento.
“Hay mucho interés por parte de producciones internacionales de venir a Guatemala para filmar en nuestras locaciones, producciones que serían apoyadas por nuestros técnicos, quienes poseen capacitación de muy alto nivel, y por medio de esta iniciativa se facilitaría esta coproducción”, indicó Elías Jiménez, director de la Unidad de Cine del Ministerio de Cultura.
En años recientes en el país se han producido varias películas que han llegado a tener representación mundial, a pesar del poco apoyo y organización, comentó Sergio Ramírez, presidente de la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía.
“Lo que se busca es mejorar las condiciones de trabajo de este sector, para impulsar los proyectos de los cineastas nacionales, así como la conservación y preservación del material cinematográfico”, agregó Ramírez.
“El proyecto contempla estimular la inversión nacional y extranjera para su desarrollo, así como promover la formación de profesionales y técnicos en cinematografía audiovisual”, comentó Sandoval.
Por Rosemary Recinos.

 

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Con el objetivo de viabilizar la ejecución presupuestaria del Estado, diputados al Congreso de la República aprobaron el Decreto 46-2016, por medio del cual se reformó la Ley de Contrataciones del Estado.
En la sesión de este martes, el pleno aprobó que el Ministerio de Gobernación, por única vez, por cualquier modalidad pueda comprar 500 mil libretas para pasaporte, lo cual permitirá subsanar la crisis que se mantiene con la emisión de dicho documento.
Adim Maldonado, de la bancada Frente de Convergencia Nacional FCN-Nación, calificó de importante el apoyo de los congresistas en la aprobación de estas reformas, y aseguró que se corrige un problema originado por los cambios en la Dirección General de Migración, porque los procesos de licitación no concluyeron. “Es por única vez, con la responsabilidad de que en futuras ocasiones se respeten los procesos de licitación”, indicó.
Las enmiendas también están dirigidas a incrementar las compras directas en las instituciones de Estado por montos mayores a Q25 mil y que no superen los Q90 mil, así como la compra de baja cuantía, que a partir de la vigencia de esta norma será hasta por un monto de Q25 mil.
Las reformas también permiten que los ministerios de Salud Pública, Educación y Gobernación, así como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, puedan acceder de manera individual al contrato abierto, y que los convenios de préstamos deben ser regulados por los mecanismos de la ley. El Decreto 46-2016 también reduce de 9 a 5 el número de integrantes de las juntas de licitación.
Herramientas
“Lo que hacemos es dar algunas herramientas para facilitar el trabajo de los alcaldes, son modificaciones de forma”, manifestó la diputada Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, quien agregó que se mantienen los procesos de transparencia.
Por su parte, el presidente del Congreso de la República, Mario Taracena Díaz-Sol, señaló: “Se aprobó una ley que, sin perder la transparencia, va a viabilizar la ejecución presupuestaria del Estado”.
Sayda Galicia

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En la Comisión de  Deportes del Congreso de la República, que preside el diputado Mario Velásquez Pérez, continuó la discusión y análisis de la iniciativa de ley 5138 relacionada con “El Juego de Pelota Maya como Deporte Ancestral Nacional.
El Proyecto de Decreto declara el Juego de la Pelota como el Deporte Ancestral Nacional de la República de Guatemala y obliga al Organismo Ejecutivo, a través de sus instituciones, la promoción y defensa del conocimiento y difusión del Juego de la Pelota Maya como deporte para su revitalización, rescate, fomento, práctica y dignificación de la herencia milenaria del Pueblo Maya, involucrando a los ministerios de Cultura y Deportes, Educación y Dirección del Deporte como responsables de su estudio y difusión.
Con relación al caso, el asesor del diputado Álvaro Arzú Escobar, Alejandro Martinez, aclararon que durante la época precolombina, el Juego de Pelota Maya no se practicaba como un deporte ancestral sino como un ritual previo a un sacrificio humano.
Con el propósito  de mantener el diálogo y análisis de la mencionada iniciativa, los legisladores Mario Velásquez y Mario Fermín de León, anunciaron que se escucharán opiniones diversas y se consultará a las Comisiones de Pueblos Indígenas y de Cultura, del Congreso de la República, así como con instancias que tengan relación con el tema del deporte y la recreación, entre ellas el Ministerio de Educación, con el objetivo de encontrar la unificación de criterios que permitan darle solidez y sustento a la iniciativa de ley.
Finalmente, los legisladores recordaron que la milenaria cultura maya desarrolló y practicó por mas de 3 mil años el deporte llamado “Pok-ta-pok o Pitz” que en la actualidad es reconocido como el Juego de la Pelota Maya ancestral.
Su invención permitió a los pueblos mayas descubrir la forma de procesar la sabia del árbol de hule, siendo la primera cultura en el mundo en utilizar el caucho para fabricar una pelota.
Por José Luis Hernández.

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Comunitarios de la aldea Chirijox, del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, solicitaron este miércoles la intermediación de los diputados del bloque Alianza Ciudadana (AC), que coordina el congresista Francisco Tambríz y Tambríz, para que continúe la tercera fase de los trabajos de alcantarillado sanitario en dicha localidad.
Según indicaron, esta obra de saneamiento se inició en el 2011 bajo la administración municipal anterior; sin embargo, el actual jefe edil, Pascual Tambríz envió un oficio a la constructora y ordenó la suspensión con el argumento de que no eran prioridad para este ejercicio fiscal, a petición de los Consejos de Desarrollo, lo cual fue desmentido por los vecinos.
Por esta razón, los parlamentarios citaron al gobernador departamental, Alberto Chumil Julajuy; al subcontralor de Probidad, Fernando Fernández, y a representantes de la empresa Mercagua, S.A.
Chumil dijo que el proyecto asciende a Q5 millones 645 mil 817 y consta de la instalación de 5 plantas de tratamiento de aguas negras. Calificó de “lamentable” la suspensión debido a que hubo desembolso del 20 por ciento del total presupuestado, que representa Q1 millón 129 mil 163. “Hemos tenido diversas reuniones con los representantes del Consejo de Desarrollo del lugar para encontrarle una pronta solución a esta problemática, por lo que solicitamos a la Contraloría su opinión”, aseguró el funcionario.
El subcontralor de Probidad indicó que se inició la auditoría del proceso para identificar si se siguieron los pasos adecuados, y estimó que un periodo no mayor de dos semanas se concluirá el informe.
“Tenemos conocimiento de que existe un convenio entre el Cocode y el Comude, que se tiene que respetar; el paso a seguir por las autoridades municipales era reprogramar el proyecto y no rescindirlo, a menos que la empresa encargada de la obra lo acordara con la municipalidad”, explicó Fernández.
Por su parte, Óscar Paiz, representante de Mercagua, dijo que han interpuesto cuatro denuncias en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas y Consejo de Desarrollo, por lo que espera una pronta solución.
Al finalizar la reunión, el diputado Tambríz y Tambríz manifestó que darán seguimiento a este caso y citarán nuevamente, el 26 de octubre, a todos los involucrados en el tema, así como al alcalde del referido municipio, “porque estamos convencidos de que estos trabajos son prioridad”.
Por Karen Mendoza

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Representantes de la Unión Universitaria de Guatemala (UUGT) asistieron a una reunión con los diputados de la Comisión Extraordinaria de la Juventud para solicitar que se conozcan iniciativas que los favorezcan, tales como la ley del empleo para los jóvenes, reformas al Código de Trabajo y la propuesta de ley para la juventud que ya se encuentra en su fase de análisis.
Al conocer la solicitud de la UUGT, que aglutina a las distintas universidades del país, el diputado Juan Manuel Giordano, del Frente de Convergencia Nación (FCN-Nación), expresó: “Hemos estado trabajando muy de cerca estos temas, por lo que esperamos que los jóvenes diputados y los legisladores en general puedan apoyarnos para la aprobación de las normativas para el beneficio de muchos jóvenes que salen a las calles a buscar empleo tras graduarse del nivel medio o de la universidad”.
Por aparte, los congresistas escucharon una plática de la exdiputada Catalina Soberanis, quien explicó el proceso que deben seguir para conocer y aprobar leyes en el Congreso de la República, la forma de presentar los argumentos para las propuestas y obtener el apoyo para su aprobación.
Al finalizar la reunión, la parlamentaria Eva Nicolle Monte, de Alianza Ciudadana (AC), presidenta de la referida sala, destacó que se dará seguimiento a las solicitudes de la unión universitaria.
En cuanto la charla impartida por Soberanis mencionó: “Todo el conocimiento que podamos obtener para hacer un mejor trabajo es bienvenido, más para nosotros los jóvenes y recién electos diputados, que necesitamos de toda la orientación para legislar de una mejor forma, en beneficio de los guatemaltecos”.
Por Karla Herrera


 

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El presidente del Congreso, Mario Taracena, recibió este miércoles el proyecto de ley que busca reformar el Código Procesal Civil y Mercantil, presentado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el fin de agilizar el proceso de justicia y reducir la mora judicial.
Ranulfo Rafael Rojas Cetina, titular de la CSJ, explicó que la iniciativa cuenta con el respaldo de los 13 magistrados y dijo que las modificaciones tienen el objetivo de modernizar el Código. “Desde 1964 fue publicado y no ha sufrido modificaciones, lo cual hace que se tengan algunas dificultadas, pues la realidad socio económica y jurídica del país es distinta”.
Taracena afirmó que la iniciativa será conocida este jueves en la sesión ordinaria y trasladada a la Comisión de Reformas al Sector Justicia, presidida por el diputado Leonel Lira. “La iniciativa busca agilizar procesos y mejorar el sistema de justicia, por lo cual se debe buscar que sea aprobada lo más pronto posible”, afirmó.
Sergio Pineda, presidente de la Cámara Civil, explicó que las reformas son a 90 artículos consensuados con diferentes sectores, los cuales incluyen que las audiencias se reduzcan a 3 por un mes y que en la última se notifique a las partes, la inclusión de las notificaciones y firmas electrónicas, entre otras, “que harán más ágil el proceso”.
Entre los juicios que tendrían el benéficio de reducción de audiencias están los orales en temas de familia, pensión alimenticia, de división de la cosa común y de rendición de cuentas, así como los juicios sumarios en los cuales se discuten problemas sobre bienes inmuebles.
Taracena mencionó que la propuesta será una de las prioridades para su aprobación y discusión.
Piden detener discusión
En esa reunión la magistrada Silvia Verónica García Molina solicitó detener las reformas al Código de Trabajo, cuyo trámite está en segundo debate, “debido algunas dudas existentes”, a lo cual Taracena se comprometió a conformar una comisión para tratar el tema.
Por Byron Ramírez.
 

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La diputada Eva Nicolle Monte se reunió con Héctor Estrada, ministro de Finanzas Públicas; Armando Fuentes, director de Caminos, y Luis Rojas, titular de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, para fiscalizar la ejecución de la obra denominada Libramiento Vehicular de Chimaltenango.
El proyecto consiste en la construcción de una carretera de 15.3 kilómetros con el objetivo es desviar el tránsito de los automóviles y transporte que viaja rumbo al occidente. “Lo que queremos es evitar que existan más colas de hasta 3 horas y accidentes, especialmente en el área de San Miguel el Tejar”, indicó la diputada Monte, de Alianza Ciudadana.
Rojas señaló que el estudio de valores para la posterior compra de derechos de vía fue concluido en septiembre y le corresponde a la Dirección General de Caminos continuar el proceso.
Por su parte, Fuentes dijo que actualmente se tienen liberados 2 kilómetros con sus planes de desmembramiento, pero “esto no es suficiente para disminuir el tránsito”.
El ministro Estrada comentó que de forma inmediata la empresa constructora realizará trabajos temporales para evitar el impacto que tiene la carretera principal; sin embargo, es necesaria la aprobación de Q150 millones en la asignación presupuestaria para el 2017, a fin de garantizar los recursos y avanzar con el proyecto.
Durante la reunión, la parlamentaria Monte manifestó su inconformidad y preocupación “por el poco avance” de la obra. “Estamos hablando de 5 años de retraso aproximadamente; en el departamento hay mucha actividad, lo cual perjudica mucho a la población, pues recordemos que es la puerta de occidente y es urgente que se descongestione su trayecto”, comentó.
Por Rosemary Recinos.

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El Registro de Información Catastral (RIC) sería la primera institución estatal a la que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda le podría aumentar el techo presupuestario propuesto para el ejercicio fiscal 2017.
En su intervención del director ejecutivo del RIC, Juan Manuel Álvarez indicó a los integrantes de la Comisión que solicitaron un aumento a su techo presupuestario del 2016 que fue de Q98 millones y que en el del 2017 es de Q58 millones.
“Es necesario aumentar nuestro presupuesto. Para el próximo es menor y nuestras proyecciones de gasto e inversión son mayores por los proyectos a nivel nacional que están programados, así mismo nos ayudarían a poder hacer el catastro a todas las áreas protegidas del país”, manifestó Álvarez.
Tras la intervención del director del RIC, para la mayoría de parlamentarios integrantes de la sala legislativa, es muy probable que se le incremente unos 20 millones a lo que se ha solicitado.
“Están regados 200 millones en el MAGA y porque no darle algo de esos fondos al registro, para que agilice el proceso catastral y resolver con eso varios conflictos territoriales que hasta muertos han dejado”, enfatizó el congresista Haroldo Quej Chen.
En la audiencia también estuvieron presentes los representantes de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, quienes manifestaron estar preocupados por la situación actual de la red vial a nivel nacional situación que se agravaría debido a que varias empresas señaladas de corrupción no podrán terminar esos tramos, a lo que se suma la dificultad de que las mismas sean otorgadas a las constructoras nacionales.
Por Selvin Rustrián.

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Representantes de las diferentes organizaciones que integran la Mesa de Seguridad y Justicia, que coordina el diputado Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, escucharon  la opinión de Iván Velásquez, Comisionado contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sobre la propuesta de Ley de Aceptación de Cargos.
Durante la reunión, los integrantes de dicha mesa, conocieron y analizaron las propuestas presentadas por las diferentes entidades que la conforman, la cual contempla rebajas de penas como incentivo para los imputados que acepten los cargos atribuidos por el Ministerio Público, con el propósito de descongestionar el sistema de justicia en Guatemala.
La propuesta busca reformar el Código Procesal Penal, Decreto 51-92 para introducir la figura de Aceptación de Cargos.
“Se habló de aceptación de los cargos unilateral, de aceptación de cargos bilateral mediante un proceso de conformidad entre sindicado y MP, beneficios penados condicionados a la colaboración del sindicado en una  sentencia anticipada”, comentó Juan Manuel Aquino, abogado  de la Misión Internacional de Justicia, quien tuvo a su cargo la presentación de las propuestas de reformas.
Aquino expresó su satisfacción por la participación de los entes interesados en el tema, quienes hacen aportes valiosos para la construcción de estos proyectos que permiten establecer una reestructuración y readecuación  de un sistema que permita una justicia pronta y cumplida en el país.
Ante las propuestas de esta reforma, Iván Velásquez, comisionado de la CICIG  indicó que se debe dejar que el legislador establezca los límites y establezca los procedimientos adecuados. “Creo que debe ser un criterio que establezca la ley y que se agilicen los procesos que permitan mejorar un sistema de justicia colapsado”, refirió el comisionado.
Por su parte, el congresista Juan Ramón Lau  Quan, integrante de esta sala de trabajo, dio a conocer que el objetivo de esta reforma es hacer más efectivo el  procedimiento que existe dentro del Código Procesal Penal. “Creemos que hay aspectos importantes que se deben realizar con el tema de las penas o delitos y que de alguna manera podrían apoyar a reducir los procesos judiciales”, comentó.
“Dentro de la comisión vamos analizar  estos temas para poder ver a qué delitos si podrían ser aplicables y a cuales no”, expresó el diputado de la bancada Todos, quien añadió que para el próximo martes estarán emitiendo un dictamen al respecto de esta Iniciativa de Ley.
Por Elizabeth Linares.

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