NOTICIAS RECIENTES

BUSCADOR GENERAL

*Seleccione una de las opciones.


Por tag:


Por Fecha De A

Con el objetivo de proteger y resguardar los derechos de los tejidos indígenas, el diputado Leocadio Juracán, subjefe de la bancada Convergencia, realizó una mesa de diálogo con la presencia de José Luis Chea, ministro de Cultura y Deportes; Silvia Ruiz, titular del Registro de la Propiedad Intelectual; representantes de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación e integrantes de la Asamblea Nacional de Tejedoras.

“El ministerio apoya totalmente la iniciativa de proteger los textiles”, indicó Chea, quien comentó que el Acuerdo 96-2006, que declara patrimonio cultural ancestral de la nación a los trajes ceremoniales de mujeres y hombres, así como los de uso en las comunidades indígenas, continúa vigente, pero que aún hace falta legislación en materia de registro.

Max Araujo, viceministro de Cultura, detalló: “Actualmente el modelo normativo se divide en dos grandes ramas: la propiedad intelectual industrial, que tiene que ver con marcas, patentes nombres comerciales, denominaciones de origen, inventos, y el derecho de autor y derechos conexos, pero hace falta otra rama que tendría que abarcar la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales, para asegurar su legitima propiedad”.

“Como no contamos con ninguna normativa que nos delegue lo relativo al registro de artesanías o tejidos, lo que hacemos es que cuando vemos alguna marca que podría considerarse patrimonio de la comunidad o cultural detenemos la tramitación del registro y lo enviamos para que lo conozca el Ministerio de Cultura, para que resuelva si procede o no”, expresó Ruiz.

Sandra Xinico Batz, integrante de la Asamblea, manifestó: “Estamos trabajando y buscando consensos con los distintos pueblos mayas de todo el país, para proteger este conocimiento y creaciones que nos pertenecen desde hace más de seis mil años, para que puedan ser resguardados a partir de una regulación de propiedad intelectual colectiva de pueblos indígenas”.

El diputado Jurarán destacó que el tema “es muy importante” para todos como país, pues “se busca proteger una gran riqueza cultural, valores y cosmogonía maya, a través de los que expresan los diseños de los güipiles y trajes típicos, y evitar que alguna empresa se puedan aprovechar de nuestro patrimonio”.

Informó que se reunirán el 17 de este mes para darle continuidad al esfuerzo, en aras de proponer una iniciativa o reformas a las leyes actuales.

Por Rosemary Recinos.

LEER MÁS

La Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos, presidida por el diputado Mike Mérida Reyes, se reunió para conocer el avance de la discusión de la Ley General de Agua, pues se considera necesario retomar el anteproyecto de ley para buscar la solución a la conflictividad hídrica en el país.

Técnicos en la materia, quienes analizaron el año pasado el contenido de las iniciativas, indicaron que los cinco proyectos no cuentan con dictamen y fueron presentados por diferentes entidades, como la Universidad de San Carlos y organizaciones de la sociedad civil, por lo que coincidieron en que “es urgente” discutir una nueva norma.

El legislador Mérida Reyes dijo que les entregaron las iniciativas que tienen dictamen pendiente y “será una prioridad enfocarnos en ese tema y darle seguimiento”.

El diputado Víctor Cruz Clavería, del bloque Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) manifestó que la ley de aguas implica varios puntos importantes, como las aguas que atraviesan territorios ajenos a Guatemala, y las personas que cometen delitos al desviar los ríos, entre otros problemas.

"Hay diferentes iniciativas y no tienen dictamen, pero creo que se debe de cumplir con el artículo 40 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que estipula que la comisiones están obligadas a rendir dictamen en un plazo que no exceda de 45 días hábiles”, aseveró el diputado Marco Antonio Orozco, de la bancada Movimiento Reformador (MR).

Durante la reunión se eligió a Cruz Clavería y a Joel Rubén Martínez, también de FCN-Nación, como vice presidente y secretario, respectivamente, y decidieron que se reunirán los martes a las 11:00 horas.

Por José Castellanos.

LEER MÁS

Los diputados Carlos Napoleón Rojas Alarcón, presidente de la Comisión de Gobernación, y Rudy Castañeda, ambos del bloque UCN, presentaron en la Dirección Legislativa la propuesta de Ley Contra Actos Terroristas.

Según dijeron, la normativa se tiene que ejecutar con las disposiciones de convenciones, tratados, acuerdos y resoluciones internacionales dentro de sus instrumentos y mandatos legales, y que Guatemala debe cumplir con el compromiso internacional en la lucha en contra del terrorismo y, conforme a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, tiene que realizar varias acciones.

Entre ellas está la necesidad de mejorar la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo internacional para que se haga más efectivo el combate al flagelo; asimismo se identifican amenazas que afectan a Guatemala, como el narcotráfico, transporte transfronterizo de dinero ilícito, contrabando de mercancías y extorsión, entre otras irregularidades.

“La Ley Contra Actos Terroristas en una norma que estará apoyando al sistema internacional de justicia; en Guatemala no contamos con una que rija estos actos terroristas y son delitos penales los que estamos creando. La pena mínima será de 6 y la máxima es de 50 años de cárcel; esta ley la hemos consensuado con varios funcionarios de ministerios, porque el territorio guatemalteco es geográficamente estratégico para cometer actos ilícitos”, resaltó el diputado Rojas Alarcón.

La iniciativa de ley contiene 56 artículos y especifica una serie de delitos que son cometidos por redes y mafias del crimen organizado a nivel internacional, como el robo de buques, ciber terrorismo, secuestro de embajadas y otras organizaciones internacionales.

José Castellanos.

LEER MÁS

En la sesión plenaria celebrada este jueves, los diputados al Congreso de la República, mediante una moción privilegiada verbal del congresista Jaime Regalado, del bloque Movimiento Reformador (MR), avalaron en primer debate el proyecto de decreto Ley de Facilitación Tributaria para la Formación del Sector Agrícola, iniciativa 5182.

Dicho proyecto contempla un régimen especial tributario que aglutina 21 actividades de este sector, entre los cuales se encuentra el cultivo y comercialización de café, hule, plantas ornamentales, ganado vacuno, porcino y ovino, caña de azúcar, cardamomo, frutas y nueces, entre otras.

Con esta normativa se verían beneficiados los contribuyentes con la posibilidad de solventar procesos de tipo administrativo y judicial mediante una exoneración y la creación del Régimen Especial Tributario para el sector Agropecuario.

Felipe Alejos, primer vicepresidente de Junta Directiva y representante del bloque Todos, dijo que si bien esta ley ayudaría a la inscripción de no menos de 300 mil nuevos contribuyentes a un régimen tributario formal, es imprescindible analizar las demás industrias apegadas en último momento a la iniciativa, “debido a que esto crearía una merma fiscal, con un hoyo en la recaudación, que dejaría a miles de guatemaltecos sin cobertura de los programas sociales”.

Asimismo, durante la sesión ingresaron 2 proyectos de reforma al Decreto 63-94, Ley Orgánica del Organismo Legislativo. La primera busca acelerar procesos administrativos y la segunda establecer normas para la aprobación y discusión de reformas constitucionales, las cuales pasaron a la Comisión de Apoyo Técnico para su estudio y dictamen.

Posteriormente, la Junta Directiva procedió con el punto cuarto del Orden del Día, programado para la 8ª. sesión, el cual correspondía a la citación al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo Estuardo García Morales, para que explicara a los legisladores el proceso de los casos Terminal de Contenedores Quetzal y Obredecht.

El parlamentario Roberto Villate, de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), ponente de la moción, solicitó que el funcionario sea interpelado por el pleno del Congreso.

El funcionario no compareció ante los congresistas porque se rompió el quórum; los diputados fueron citados para las sesiones del martes 14, a las 14:00 horas, y jueves 16, a las 10:00.

Por Karen Mendoza

LEER MÁS

Los integrantes de la Comisión legislativa de Derechos Humanos aprobó efectuar la convocatoria pública la próxima semana, de aspirantes a relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

Dicha convocatoria a profesionales en cualquiera de las ciencias humanas, sociales, jurídicas, de salud física y mental para participar en la selección de candidatos que posteriormente la comisión entregará para que el pleno elija a los integrantes de la Oficina por un período de cinco años.

Además, los diputados de dicha sala aprobaron el perfil de los aspirantes, tomando en cuenta que el proceso de elección se realizará en el marco de lo estipulado en el Decreto Número 19-2009, Ley de Comisiones de Postulación, bajo los principios de transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad.

El jueves 16 de febrero, la comisión estará aprobando el cronograma de actividades que iniciarían con la convocatoria pública hasta finalizar, aproximadamente, el 16 de marzo, fecha que tienen contemplada para la entrega de la terna al pleno del Congreso de la República.

Por Nery Morales

LEER MÁS

Durante una reunión de trabajo, los diputados que integran la Comisión de Relaciones Exteriores realizaron la elección del vicepresidente y secretario.

La titular, Eva Nicolle Monte Bac, explicó que hubo consenso para escoger a Javier Hernández, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y Dalio Berreondo, de la Unidad Nacional de la Esperanza, respectivamente.

“Con esta elección cumplimos con la integración de la sala de trabajo y podemos avanzar en una agenda que contenga temas de interés nacional”, afirmó.

Entre las propuestas de los legisladores se escuchó a Marcos Yax, de FCN-Nación, quien considera importante que el Congreso y el Ministerio de Relaciones Exteriores hagan un pronunciamiento sobre la situación de los connacionales en Estados Unidos, “quienes sienten miedo, represión y angustia, por las nuevas políticas migratorias del actual presidente de ese país”.

Monte Bac explicó que para el 17 de febrero están invitados a una reunión que se llevará a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde podrán plantear sus propuestas y solicitar información sobre los diferentes convenios internacionales que Guatemala está pendiente de firmar.

“Nos interesa la Iniciativa 5226, Convenio Internacional para la Represión de los Acuerdos de Terrorismo Nuclear, suscrito Guatemala el 20 de septiembre de 2005, entre otros que también pondremos sobre la mesa de discusión”, indicó la parlamentaria de Alianza Ciudadana.

Por Mayra Recinos

LEER MÁS

La diputada Sofía Hernández, presidenta de la Comisión Extraordinaria de Catastro y Ordenamiento Territorial, se reunió con Carlos Estuardo Barillas, viceministro de Vivienda, de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, funcionarios de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda y del Fondo para la Vivienda, con el objetivo de conocer las políticas en materia habitacional a cargo de esas instituciones.

El funcionario indicó que se trabaja en nuevas políticas y se busca que el Estado genere las condiciones para que el sector privado invierta en la franja de pobreza y pobreza extrema; para ello participan en una mesa interinstitucional que la integran los ministerios de Salud y Educación, con el fin de promover un programa de Mejoramiento Integral con el que se espera beneficiar a no menos de 2 mil 200 familias, con una inversión de Q17 millones.

El funcionario explicó además que a nivel nacional el tema de vivienda refleja un déficit estimado a las proyecciones del censo de 2002, de 1.5 millones de viviendas; de estas 300 mil pertenecen al déficit cuantitativo y 1 millón 200 mil al déficit cualitativo. “El presupuesto asignado para este año es de Q122 millones, lo que nos permitirá construir 3 mil 500 casas; en realidad es un porcentaje muy bajo en el tema del déficit, y los casos más críticos se registran en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango”, detalló.

Otro de los cuestionamientos fue el avance de los trabajos en el proyecto Mi Querida Familia, obra que se originó tras el deslizamiento de un cerro que sepultó más de un centenar de viviendas y provocó la muerte de decenas de personas y cientos de desaparecidos en la comunidad El Cambray II, Santa Catarina Pinula, en octubre de 2015, y que en parte fue financiado por el Congreso de la República con una donación de Q20 millones.

Barillas explicó que esa cartera ha retomado los trabajos de construcción de 98 viviendas y que se completó la fase de fundición; aseguró que prevén concluir en la segunda quincena de marzo. Sin embargo, expuso que del proyecto original hace falta la construcción de 83 casas, proceso que está detenido debido a que esperan la ampliación de la licencia de construcción.

Al concluir, la presidenta de la sala legislativa manifestó su apoyo al trabajo de la cartera. “No se trata de proteccionismo, sino de la necesidad de una política de vivienda que llegue y responda a las necesidades de los más necesitados”, enfatizó la representante del distrito de Huehuetenango.

Por Karen Mendoza

LEER MÁS

La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad, presidida por el parlamentario Juan Carlos Salanic García, escuchó a representantes de la Asociación para el Desarrollo Legislativo y de la Democracia con el objetivo de que oriente sobre los artículos de la iniciativa 5125, Ley de Personas con Discapacidad, después que el pleno la avalara el martes en tercer debate.

Los congresistas pretenden conocer y examinar aspectos de la iniciativa 5125, para lograr acuerdos entre las personas con discapacidad y los sectores involucrados, de manera que no se manifiesten en contra antes de que sea aprobada por artículos y redacción final.

“Lo que se busca es revisarla a fondo todo su articulando; en la comisión estaremos citando a funcionarios del Ministerio de Finanzas Públicas y otras instituciones, y realizaremos una audiencia para escuchar la opinión del Consejo Nacional de Atención de las Personas con Discapacidad y a las asociaciones y organizaciones interesadas en el contenido”, refirió Salanic, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Agregó que es necesario tener una discusión amplia, porque la norma se tiene que armonizar con la legislación nacional, convenciones, tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.

El parlamentario Edwin Noé Maldonado, también de la UNE y vicepresidente de la sala de trabajo, comentó: “Estamos revisando el contenido, ya que tiene 70 artículos y nos vemos en la obligación de que esta ley no tenga incongruencias, de manera que las organizaciones estén de acuerdo”, concluyó.

Por José Castellanos.

LEER MÁS

En el marco del lanzamiento del Diálogo Nacional por la Niñez y la Adolescencia, que realizó la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República, el titular de este organismo, Óscar Chinchilla, manifestó su apoyo a la discusión de una política nacional que atienda a este sector vulnerable de la sociedad.

“No podemos ser indiferentes al dolor que sufren nuestros niños, que muchas veces prefieren atravesar los peligros de la migración, a quedarse en un país sin oportunidades”, expresó Chinchilla.

Agregó que deben retomar la iniciativa de ley que propone la creación de un banco genético de agresores sexuales, la cual sería de gran beneficio para los entes que imparten justicia.

Walter Félix, quien preside la Comisión del Menor y la Familia, explicó que la finalidad es que los tres poderes del Estado suscriban un acuerdo de país que responda a los problemas que afronta la niñez y adolescencia, como resultado del incumplimiento de convenios nacionales e internacional en favor de sus derechos humanos.

Para lograr este objetivo, los diputados llevarán este Diálogo Nacional a todos los departamentos, para escuchar a la mayoría de los sectores y que de viva voz den a conocer sus necesidades. “Esperamos finalizar este informe a más tardar en agosto de este año”, dijo Félix de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Para el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, este es un tema urgente de abordar. “Debemos reconocer que tenemos una gran deuda con este sector, de acuerdo a los indicadores de salud, educación, seguridad y vivienda que tenemos actualmente; Guatemala no es un buen lugar para que un niño crezca”, aseveró.

La magistrada María Eugenia Morales de Sierra, quien llegó en representación del Organismo Judicial, explicó que desde el 2015 la Corte Suprema de Justicia implementó una política judicial para protección de la niñez. “Sin embargo no es suficiente; necesitamos otras herramientas que solo el Congreso nos pueda dar a través de la aprobación de distintas leyes”, indicó, en alusión a la mencionada por Chinchilla, referente al banco genético de violadores.

Los diputados de la comisión mencionaron que impulsarán diferentes normas, incluyendo una que promueva y proteja la lactancia materna, otra que fomente la paternidad responsable, una que establezca una fecha para conmemorar a la niñez que sufrió violaciones durante el conflicto armado interno, y la Ley de Protección Integral por la Niñez y la Adolescencia.

Al evento fueron invitados representantes de los tres poderes del Estado, Ministerio Público, Parlamento Centroamericano, Universidad de San Carlos, comunidad internacional, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Save the Children, Plan Internacional y no menos de 30 organizaciones más que trabajan el tema.

Por Mayra Recinos

LEER MÁS