NOTICIAS RECIENTES

BUSCADOR GENERAL

*Seleccione una de las opciones.


Por tag:


Por Fecha De A

Integrantes de la Mesa Técnica de Seguridad y Justicia, coordinada por el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, diputado Oliverio García Rodas, iniciaron el análisis de  las propuestas de Reformas Constitucionales, iniciativa 5179, la cual fue presentada recientemente al Congreso de la República por los tres Organismos del Estado.
“La mesa técnica (que elaboró la propuesta) produjo un buen documento pero siempre hay algunos aspectos que a consideración de algunas asociaciones,  deben ser ampliados para que no entren el contradicción con otros artículos constitucionales”, comentó el diputado García.
Nidia Arévalo,  directora general del Instituto de la Defensa Publica Penal (IDPP), indicó que ha generado polémica en su discusión el artículo 203 de la Constitución Política de la República, que se refiere a la independencia del Organismo Judicial y su potestad para juzgar.
“Se está ampliando para respetar la justicia  de los pueblos mayas y creemos que la redacción podría mejorarse para que  se reconozca este derecho”, comentó Arévalo.
Dicho Instituto se pronunció  en relación a la reforma del artículo constitucional 205, que establece asistencia legal gratuita para las personas de escasos recursos en todas las ramas de la administración de justicia, y no solo en el área penal. “Nos preocupa debido a los problemas presupuestarios  con que cuenta actualmente el instituto”, añadió la directora del IDPP.
“Nosotros daremos una opinión relacionada con este proyecto  que viene del Ejecutivo, no le podemos hacer cambios,  pero  si  se les harán en el pleno y allí la discusión será pública y transparente”, indicó el parlamentario Fernando Linares, jefe de a bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN).
Por su parte el legislador García Rodas expresó que continuarán recibiendo estos aportes, los cuales son muy importantes ya que nutren la discusión en dicha mesa, con lo cual podrán hacer un informe  completo.
“Estas reformas en materia de justicia son  urgentes, necesarias e indispensables” concluyó.
Por Rosemary Recinos

LEER MÁS

En un foro abierto, convocado por los miembros de la Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País del Congreso de la República, se analizaron las experiencias de otros países para la despenalización de la mariguana.
En el foro participó la doctora Carmen Fernández Cáceres, de la Federación Contra las Drogas de México y directora de una organización de Centros Juveniles para la Prevención del Consumo de Marihuana, quien expuso la legislación aprobada en el vecino país con la que se autorizó el uso de esta sustancia con fines terapéuticos.
De acuerdo a lo expuesto por Fernáncez Cáceres, en su país se ha regulado el cultivo y consumo de la marihuana. Inclusive la Suprema Corte de Justicia mexicana autorizó a 4 ciudadanos el consumo de la droga con fines medicinales atendiendo al mismo tiempo sus derechos humanos, sin embargo, los problemas existen y se mantendrán mientras no se lleve a cabo una exhaustiva campaña de prevención.
La experta mexicana explicó los alcances legales y medicinales sobre el cultivo, posesión y consumo de la planta “cannabis”, así también resaltó las ventajas de la despenalización de la siembra con fines puramente medicinales.
Fernández dijo que a la vez que se autorizó su cultivo y uso medicinal, también contemplaron la creación de los mecanismos legales para su control.
Por su parte, el diputado José Conrado García, ponente de una iniciativa de ley cuyo objetivo es la legalización del cannabis, resaltó la importancia en la regularización del cultivo, su producción, comercialización y uso de la planta con fines medicinales, legalizando al mismo tiempo el consumo humano reglamentado para evitar su adicción excesiva.
Finalmente, el doctor Oscar Cóbar, Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concyt) expuso las bondades de la planta con fines curativos en algunas enfermedades, sin embargo, resaltó que lo que se debe crear es un órgano que permita su vigilancia y control, pero en esencia, la idea de la despenalización y descriminalización es buena.
La mariguana ha sido criminalizada en casi todos los países del mundo desde comienzos del Siglo XX y con mayor énfasis en los países en vías de desarrollo, no así en los Países Bajos, como Holanda, en  la Unión Europea, donde se permite el consumo de este producto en cafeterías debidamente autorizadas y controladas por la justicia para evitar la violencia.
Según organizaciones internacionales, la marihuana, es y ha sido utilizada como planta medicinal y como droga para los adictos al consumo de esta hierba alucinógena, siendo Gran Bretaña uno de los primeros países en legalizarla en el año 1928, al adherirse a la Convención Internacional del Opio, aprobada en Ginebra, Suiza en 1925.
Por José Luis Hernández.

LEER MÁS

Integrantes de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN) se reunieron con Aldo García, titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para cuestionarlo sobre la posible compra de 5 puentes Bailey, supuestamente a un costo mayor al aprobado por la junta licitadora.
“Yo improbé la resolución de la junta licitadora que otorgó la compra a una empresa al costo más alto, pues había otras que daban los precios más bajos. Al improbarlo, por ambigüedad en las bases, nuevamente regresó a la junta y ahora debe ratificarlo o improbarlo, porque la compra sería muy alta”, manifestó el funcionario.
Los diputados de la UCN afirman que es improcedente gastar en las referidas estructuras “por no haber emergencia y al costo más alto”.
“Se analizara la documentación entregada por el ministro García y se determinará qué procedimiento utilizaron los integrantes de la junta licitadora para otorgar la compra a dicha empresa, hasta saber esa dedición tomaremos las acciones que sean necesarias”, enfatizó el jefe de bancada, Julio Lainfiesta.
García comentó que hasta la fecha reportan al menos el 40 por ciento de ejecución presupuestaria y esperan cerrar el año con un 62 por ciento.
Por Selvin Rustrián.

LEER MÁS

Con la firma de la mayoría de diputados, la Comisión Extraordinaria de Asuntos sobre la Discapacidad firmó el dictamen favorable a la iniciativa de ley 5149 para reformar el Decreto 3398, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Guatemala.
Durante la reunión sostenida por los legisladores que integran la sala de trabajo, el presidente Christian Boussinot aseguró que con la firma se espera que la propuesta sea conocida por el pleno para su pronta aprobación.
La propuesta pretende reformar el artículo 63, adicionando 2 literales para autorizar a entidades específicas para reproducir en sistema braille textos impresos que están protegidos por la Ley del Derechos de Autor y facilitar la educación a las personas no videntes.
Asimismo, se agregará otro punto en el mismo artículo que determina que solo podrán realizar la reproducción de la lectura de las obras en sistema braille las personas con discapacidad visual total o parcial y que estén autorizadas; de lo contrario serán sancionadas.
Los legisladores destacaron que las modificaciones pretenden que las personas con discapacidad visual puedan obtener libros y obras literarias que les ayuden a su formación.
Por Karla Herrera


 

LEER MÁS

Este martes se llevó a cabo un encuentro parlamentario para analizar la situación de la niñez en el país, encuentro que fue convocado por la Comisión de la Niñez y de la Familia, la cual preside el diputado Walter Rolando Félix.
En el encuentro participaron la Vicepresidenta del Comité de Protección del Niño-Niña, de las Naciones Unidas, doctora Sara Oviedo; el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque y organizaciones civiles afines.
La funcionaria de la ONU informó que según el Registro Nacional de las Personas, la población guatemalteca supera los 17 millones de habitantes, de los cuales 7 millones son niños y niñas, de los cuales el 59.3 por ciento vive en la pobreza, y de este porcentaje el 23.4 por ciento viven en extrema pobreza, sobre todo en los departamentos de Alta Verapaz y Sololá, donde el porcentaje se eleva a un 80 por ciento.
Otro dato preocupante es el índice de desnutrición ya que 4 de cada 10 niños nacen con desnutrición y desnutrición crónica que afectan al 47 por ciento de niños menores de 5 años.
La tasa de escolaridad indica que por cada estudiante ladino que no ingresa a las escuelas en el nivel primario, 5 indígenas dejan de hacerlo por falta de recursos y otros problemas.
“Estas cifras son  una muestra de una realidad que se vive en Guatemala y por la cual se debe resolver mediante políticas de Estado que permitan la reducción de este flagelo y donde deben participar todos los sectores sociales y estatales”, dijo Oviedo.
Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, lamentó el reflejo de una vergonzosa realidad, estadísticas de las cuales Guatemala no puede sentirse orgulloso.
“En todos los ámbitos se demuestra que la niñez está en un total abandono, tanto en educación, salud, seguridad, desnutrición y vivienda. Eso debe ser un llamado a la reflexión a todos los sectores para trabajar por esa niñez y adolescencia”, dijo el PDH.
Finalmente, el Presidente de la sala de trabajo legislativa de la niñez y la Familia, diputado Walter Félix, lamentó que ese informe revele una situación que debe llamar a la reflexión de todos los sectores empezando por el Organismo Ejecutivo.
“Si no se corrigen esos errores, Guatemala será un país inviable a futuro. Se debe invertir como corresponde para solucionar los problemas que aquejan a la niñez. No es posible que con esos altos porcentajes en desnutrición, falta de oportunidades, deserción escolar, violencia e inseguridad, podamos aspirar a un futuro halagador”, concluyó el diputado Félix.
Por José Luis Hernández.

LEER MÁS

El diputado Óscar Chinchilla, cuarto secretario de Junta Directiva, se reunió con los viceministros de Energía y Minas, Salud, Gobernación y Ambiente para intermediar en la problemática de los vecinos de la colonia Los Cipresales, en la zona 18, debido a la extracción minera en ese sector.
“Son familias que legalmente obtuvieron sus propiedades e hicieron sus construcciones, quienes ahora ven amenazadas su viviendas e integridad física, debido a una licencia que se aprobó en 1992”, indicó el parlamentario Chinchilla, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
La licencia del proyecto de extracción Juan José concluyó en el 2012. “Ellos solicitaron una prórroga, la cual no fue autorizada debido a que se pone en riesgo a la población por los derrumbes que la erosión puede ocasionar”, comentó Rodrigo Cifuentes, viceministro de Energía y Minas.
Agregó que la otra explotación, conocida como Girón Aroche, actúa de manera ilegal, por lo que ya se han presentado las denuncias correspondientes en la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente, del Ministerio Público (MP).
“El caso lo tenemos avanzado; sin embargo, existe una resolución civil en favor del señor Aroche, la cual le otorga la posesión de la propiedad donde se realiza esta extracción; esto nos limita para hacer allanamientos y capturas en el lugar”, indicó Aura Marina López, fiscal del MP.
Gilbert De León, encargado de Monitoreo y Análisis de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, comentó que a solicitud de los vecinos se realizó un estudio en las 2 canteras durante el 2015, el cual señala que efectivamente se corre un alto riesgo para los pobladores.
Lo más importante es trabajar de manera interinstitucional; presentaremos nuestro informe sobre impacto ambiental a esta bancada para buscar conjuntamente la solución que permita el beneficio de la mayoría de la población, expresó Alfonso Alonzo, viceministro de Ambiente.
“El único objetivo de la bancada es proteger la vida de las personas; estamos haciendo la labor de mediación para evitar que estas 150 familias puedan ser víctimas de una catástrofe que se pudo evitar”, concluyó el parlamentario Chinchilla.
Por Rosemary Recinos.

LEER MÁS

Diputados de la Comisión de Probidad del Congreso de la República y de la bancada Convergencia se reunieron este lunes con autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación y representantes de radios comunitarias, para verificar el cumplimiento de esta dependencia en el control, administración y supervisión de la explotación del espectro radioeléctrico nacional.
En dicha reunión se determinó que la SIT, carece del control  e inventario de la asignación de frecuencias a particulares y se desconoce el número de estaciones de radio que operan ilegalmente en el país.
Según Raúl Solares, titular de la SIT, en 2004 fue realizado un estudio técnico para identificar el estatus de disponibilidad de las frecuencias a nivel nacional; pero debido al presupuesto y el alto costo del análisis, este solo abarcó los departamentos de Izabal, Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos, en donde se tienen registros de los más altos niveles de incidencia en la usurpación de frecuencias.
En el tema de las denuncias relacionadas con radios ilegales, el funcionario indicó que estas son recibidas por el Ministerio Público, el cual se encarga de trasladarlas a la superintendencia para su investigación. “En lo que va del año tenemos registros de 1 mil 883 denuncias, con las que se procede a su fase de investigación. De ser corroboradas  se  consolidan las pruebas documentadas para que sea el MP quien actúe”, aseguro Solares.
El congresista Amílcar Pop, presidente de la sala legislativa de Probidad manifestó su preocupación en virtud del poco conocimiento de la situación real de las autoridades de la superintendencia en relación del espectro radiofónico, propiedad del Estado guatemalteco y la poca viabilización para que este recurso sea de beneficio de todos los sectores del país.
“Nos preocupa que la SIT funcione como una oficina al servicio de la Cámara de Radiodifusión, ya que tenemos conocimiento de que el 93 por ciento de las denuncias por uso ilegal de las frecuencias, provienen de este ente. Lo que nos hace pensar que existe  criminalización y persecución de las radios comunitarias por parte del sector empresarial en función de limitar el derecho de las comunidades a utilizar el recurso estatal  establecido en los Acuerdos de Paz sobre identidad y derechos de Pueblos Indígenas”.
Al concluir el encuentro, la diputada Sandra Morán representante del distrito Central e integrante del bloque Convergencia, dijo que darán seguimiento al tema, por lo que solicitó a las autoridades de la SIT, informes del inventario, concesión y renovación de usufructos en materia radiofónica.
La Superintendencia de Telecomunicaciones es una dependencia estatal eminentemente técnica del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con independencia funcional para el ejercicio de las atribuciones y funciones que en materia de telecomunicaciones se refiere. El fundamento legal se encuentra en los artículos del 5 al 18 del Decreto 94-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley General de Telecomunicaciones. Para el 2016 tiene una asignación presupuestaria de Q30 millones. 
Por Karen Mendoza.

LEER MÁS

Después de aprobar las actas de las sesiones anteriores, despacho calificado e iniciativas de ley, los diputados prevén este martes elegir a la Junta Directiva para el año 2017, según la decisión de la Instancia de Jefes de Bloque.
Entre las propuestas ya definidas está la de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que impulsará nuevamente al actual presidente, Mario Taracena, según lo confirmó el jefe de bloque, Orlando Blanco. “Es institucional y un apoyo debido a varios factores, entre estos la transparencia y el buen manejo que ha tenido al frente del Congreso”, aseveró.
Otra candidatura es impulsada por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) con el diputado Fernando Linares Beltranena, quien desde hace un mes inicio el cabildeo con las diferentes bancadas. “Mis compañeros conocen mi propuesta de trabajo, por lo cual el trabajo de cabildeo continuará”, manifestó.
Por su parte, Édgar Ovalle, subjefe del bloque Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), dio a conocer que Javier Hernández declinó la postulación y que el parlamentario Oliverio García Rodas, del Movimiento Reformador (MR), será quien encabece su planilla. García Rodas aseguró desconocer la propuesta de la bancada oficial, aunque afirmó estar abierto al diálogo.
“La elección de la nueva junta directiva es de suma importancia”, expresó Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), quien agregó que su partido ya definió por quién se inclinaría, aunque evitó dar el nombre.
Raúl Romero, titular del bloque Fuerza, mencionó que elección de la nueva Junta Directiva “no se debe tomar a la ligera, pues ahora las decisiones deben ser colegiadas”.
Integran comisiones
En la reunión de este lunes, los diputados acordaron conformar dos comisiones de trabajo; una para tratar el dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar la ley de regulación de apuestas, casinos, video loterías, bingos y juegos de azar, y otra para tratar el proyecto que reforma la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.
Además, los jefes de bloque escucharon a dirigentes de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), quienes solicitaron que el dinero obtenido del IVA-Paz, destinado a los programas y proyectos de infraestructura, se traslade directamente a las comunas y no a los Consejos de Desarrollo, como se hace actualmente.
Después recibieron a representantes de la Fundación de Especialidades Materno Infantiles, quienes pidieron ser tomados en cuenta en el presupuesto 2017 con una asignación de Q20 millones, para la construcción de un hospital de pediatría.
Por Byron Ramírez

LEER MÁS

En la octava audiencia pública que realiza la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, las Organizaciones no Gubernamentales tuvieron la oportunidad de exponer los motivos por los que solicitan fondos estatales.
Mientras algunas pidieron mantener su presupuesto y otras un aumento, unas ONG’s que ni siquiera están incluidas en la propuesta de presupuesto 2017, solicitaron se incluya su solicitud de fondos.
“Son instituciones que realmente ayudan a la población y es necesario analizar sus condiciones para determinar hasta donde se les puede ayudar, pero será la comisión en pleno la que determinará a quienes se les mantiene o aumenta el presupuesto”, manifestó el presidente de la sala legislativa Jairo Flores.
El diputado Flores añadió que es necesario quitarle los fondos a dependencias de gobierno que no han ejecutado ni el 25 por ciento de su presupuesto durante el presenta año y dárselo a entidades que han demostrado su servicio a la población que realmente lo necesita.
Entre las organizaciones que llegaron este lunes a la Comisión están Fundación Esquipulas, Fundahorto, Fundación Guatemalteca de Trasplante Hepático, Asociación ayúdame a Escuchar, Fundación Margarita Tejeda, La Fundación Pro-Bienestar del Minusválido, Consejo Económico Social, La Asociación Parque Ecológico Municipal Arístides y Adelita Calvani, Escuelas Fe y Alegría, La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Bomberos Voluntarios, entre otras
“Lo que pedimos es que ahora ustedes nos tomen en cuenta y que el decreto 12-2015 sea respetado y el presupuesto de 80 millones sea asignado como corresponde a nuestra institución”, expresó el comandante de los Bomberos Voluntarios Williams de León.
En esta audiencia se aprobó citar al Ministro de Finanzas Públicas Julio Héctor Estrada para que explique las razones por las que muchas ONG´S que son de servicio social, no están incluidas en el presupuesto mientras que a las que si están se les redujo.
La mayoría de diputados que integran la Comisión de Finanzas están de acuerdo en apoyar la reducción del presupuesto a varias dependencias de gobierno con baja ejecución como al Ministerio de Comunicaciones y analizar el anteproyecto para determinar qué instituciones pueden ser incluidas y a quienes se les deben aumentar los fondos para el próximo presupuesto de la nación.
Por Selvin Rustrián.

LEER MÁS