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Integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas, que coordina el diputado Marcos Yax Guinea, presentaron este martes en la Dirección Legislativa, un proyecto de reformas a la Ley del Patrimonio Natural y Cultural de la Nación, que tiene como objetivo aplicar sanciones drásticas a toda persona que se encuentre culpable de delitos ambientales como la tala ilegal de los bosques y el tráfico de flora y fauna silvestre.
La normativa vigente cuenta actualmente con sanciones para el caso de tráfico de fauna de Q5 mil a Q20 mil y penas de 5 a 10 años de prisión. Con este proyecto se establecen que estas sanciones sean más duras, proponiendo penas de 8 a 15 años de cárcel y multas económicas que van de Q10 mil a Q1 millón para estos delitos.
Asimismo, con esta iniciativa se crean las figuras de responsabilidad penal, administrativa y civil en relación con los daños y perjuicios por destrucción, deterioro y vulneración del patrimonio natural, con lo que se busca que la persona individual, jurídica, pública o privada se vea obligado a trabajar en mecanismos viables y efectivos para la reparación y restauración en materia ambiental, además de cumplir con las penas establecidas en dichas reformas.
Elder Figueroa, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), disertó sobre la importancia del fortalecimiento de la ley. “Lamentablemente el Conap no cuenta con los recursos financieros para el mapeo y control de las áreas donde se registra este flagelo, lo que hace vulnerable al territorio guatemalteco de gran pérdida y degradación del hábitat de muchas especies consideradas endémicas”, aseguró.
Por su parte, el congresista Yax Guinea, del Frente de Convergencia Nacional (FCN), manifestó su agradecimiento a instituciones como el Conap, Ministerio de Cultura y Deportes, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, del Ministerio Público, Instituto Nacional de Bosques (Inab), Ministerio de la Defensa y a la organización no gubernamental Foro de Justicia Ambiental de Petén, por el apoyo durante cinco meses de trabajo, “lo cual permitió la construcción de un proyecto de ley que provee las herramientas necesarias y genera conciencia en las generaciones futuras de la importancia de la defensa de nuestros recursos naturales”.
Según el reporte de Incentivos Forestales del Inab 2010-2016, anualmente hay una deforestación promedio de 60 mil 616 hectáreas de bosque en comparación con las 73 mil hectáreas registradas de 2004 a 2009, lo cual da una reducción anual de no menos del 12 por ciento anual. El 34.7 por ciento del territorio nacional es bosque, con un total de áreas protegidas de 328, las cuales resguardan al 54 por ciento del total de la cobertura boscosa del país.
Por Karen Mendoza

 

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La Comisión de Salud del Congreso de la República presidida por el diputado Luis Hernández Azmitia, de la bancada Movimiento Reformador se reunió este martes con el viceministro de salud, Adrián Chávez García para determinar las causas del elevado número de casos de cáncer cervicouterino en el país.
Hernández, señaló que “por negligencia o falta de interés” del Ministerio de Salud, desde septiembre de este año 20 mil pruebas para detectar esta enfermedad están retenidas en las aduanas.
“Estas podrían haber evitado la muerte de 512 mujeres”, ya que con estas pruebas denominadas Tamizaje de ADN, se detecta el virus del papiloma Humano (VPH), lo cual hace que se detecte y se prevenga tempranamente este tipo de cáncer.
Estadísticas del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), señala que el cáncer cervicouterino es la principal causa de muerte en mujeres comprendidas entre las edades de 30 y 50 años, por lo que el Tamizaje de ADN, es de suma importancia para evitar este padecimiento, señaló Mirna Montenegro directora de OSAR.
El viceministro de salud, Adrián Chávez García señaló que el retraso en la salida del medicamento de la aduana “no es un asunto del Ministerio de Salud”, sino que esto se debe a trámites que se deben verificar como parte del convenio con el ente donante, con el fin de no incurrir en ilegalidades.
El diputado Hernández Azmitia, por su parte expresó que el Ministerio de Salud debería de agilizar que las 20 mil pruebas estén en el campo ya que las mismas vencen en junio del próximo año.
Agregó que al tener estas pruebas no solo tendrían un mecanismo de prevención, sino además de ahorro para el Estado de Guatemala y para las personas que van en busca de atención en los hospitales privados, ya que el tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), tiene un costo promedio de Q28 mil a la semana.
Para verificar el trámite y la solución que le dará el Ministerio de Salud a las 20 mil pruebas de Tamizaje de ADN, el presidente de la Comisión solicitó al viceministro enviar el miércoles 26 de octubre un cronograma de las acciones con las que se le dará seguimiento al tema y así evitar más muertes de mujeres por esta enfermedad.

Por Byron Ramírez.

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En una reunión que sostuvo la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, que preside el parlamentario Ovidio Monzón, se analizaron las posibles sanciones por parte de un panel arbitral que media lo contencioso laboral entre Guatemala y Estados Unidos, en el Marco del Tratado de Libre Comercio (TLC).
Desde hace quince años el Estado de Guatemala se comprometió a hacer reformas en materia laboral, con el objetivo de devolverle al Ministerio de Trabajo su capacidad sancionatoria. “Sin embargo, esos compromisos no se cumplieron y el panel ya emitió una resolución preliminar”, comentó Monzón, del bloque Todos.
Detalló que es la primera vez que se establece este tipo de panel arbitral, en un país perteneciente al TLC, “lo cual es preocupante pues afectará definitivamente en aspectos económicos y comerciales”.
“Por parte de Estados Unidos se señala que el Estado de Guatemala no está cumpliendo adecuadamente con la normativa laboral, que no se realizan inspecciones que garanticen el cumplimiento de las condiciones necesarias para el trabajador y que no se facilita la inscripción sindical”, expresó Rubén Morales, ministro de Economía.
“Consideramos que en un 85 por ciento las pruebas presentadas se basan en declaraciones que no tienen fundamento y, por lo tanto, son inadmisibles”, agregó.
El funcionario dijo que se constituyó una comisión interinstitucional, integrada por la Procuraduría General de la Nación y los ministerios de Economía, Trabajo, Finanzas Públicas y Relaciones Exteriores, para atender estos reclamos, la cual enviará los argumentos y comentarios correspondientes para que sean evaluados, y se espera en el primer trimestre del 2017 el tribunal arbitral emita su laudo definitivo.
Por su parte, Aura Leticia Teleguario, titular de la cartera de Trabajo, anunció que en breve se presentarán al Organismo Legislativo dos iniciativas de ley. La primera para el fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo y la segunda para armonizar las leyes nacionales con las internacionales en relación con el Convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo, que trata de la libertad sindical.
“Hemos buscado el consenso entre empleadores y trabajadores con el objetivo de que estos proyectos cumplan con las demandas de ambas partes, en respuesta a los convenios que el país ha ratificado con anterioridad”, aseveró la ministra.
Por Rosemary Recinos.

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La comisión de Turismo del Congreso de la República, presidida por el diputado Santiago Nájera, recibió este martes a los directivos de la Asociación Guatemalteca de Agencias de Viajes (AGAV),  con el fin de escuchar sus propuestas para fortalecer el contenido de la iniciativa de Ley 4787 reformas al Decreto 1701 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).
Dichas reformas al INGUAT se encuentran en su segunda lectura en el Pleno Legislativo y su objetivo es el de modernizar y actualizar dicha normativa de acuerdo a la realidad así como elevarla para alcanzar los entándares nacionales como internacionales.
La propuesta plantea que se integre una Junta Directiva del INGUAT la cual estaría integrada por representantes, tanto del sector privado como público para que dirijan y administren la institución. También se propone la creación de la Secretaria de Turismo de la Presidencia de la República la cual actuaría como el enlace administrativo entre el INGUAT y el Organismo  Ejecutivo.
El diputado Santiago Nájera, integrante de la bancada UNE y presidente de la Sala de Turismo indicó que las audiencias públicas continúan el miércoles 26 de octubre con otras entidades relacionadas con la industria turística con el objetivo de escuchar sus propuestas. “Lo más importante es que se reciban los planteamientos y se presenten las enmiendas en el pleno ya que esperamos que sea aprobada la ley este año”, dijo el diputado de la UNE.            
María Casasola, presidenta de AGAV refirió que están interesados en pertenecer en la Junta Directiva del INGUAT para presentar los planes de trabajo y se fomente el turismo en el país para que se tenga el desarrollo económico y social a favor de la población Guatemalteca. 
Por José Castellanos.

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Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto, la Comisión de Probidad, que preside el diputado Amílcar Pop, efectuó el foro Herramientas de cumplimiento para la información pública, dirigido a los alcaldes y concejos municipales, con la participación de Carlos Mencos, jefe de la Contraloría General de Cuentas y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Durante la actividad se dio a conocer que de acuerdo con el artículo 17 ter. del Decreto 101-97, las comunas están obligadas a presentar un informe de su ejecución presupuestaria a las Comisiones de Probidad, Transparencia y Finanzas Públicas del Congreso de la República, así como en sus páginas de información institucional.
El parlamentario Pop, del bloque Winaq, indicó que hay desconocimiento de la norma pues solo el 22 por ciento de las municipalidades cumplen la obligación de tener informada a la población de su ejecución presupuestaria. Además, señaló que menos del 40 por ciento de las comunas tienen página en internet para publicitar la información de los gastos que efectúan mensualmente.
“Estamos hablando de que existe ignorancia de la ley, pero creemos que también ha habido mucha corrupción en las municipalidades que tienen un mecanismo para evitar la fiscalización. Es necesaria la creación de la Oficina de Acceso a la Información Pública, la obligatoriedad de los informes mensuales y la creación de una página de internet que viabilice los procesos de transparencia”, comentó el legislador.
Refirió que para viabilizar los procesos de transparencia propondrá una reforma a la ley para que se cambien los tiempos de entrega de informes escritos a las comisiones, de una forma mensual a trimestral.
Por su parte, Mencos mencionó su satisfacción por la presentación de iniciativas orientadas a fortalecer los sistemas, por lo que prevé efectuar dos encuentros nacionales con autoridades locales, con el objetivo de validar las herramientas de rendición de cuentas de las instituciones.
“Convocaremos a los 340 alcaldes en 4 jornadas para desarrollar un proceso y suscribir un compromiso nacional para que tengamos herramientas apropiadas, lo cual permitirá que la población pueda obtener la información del verdadero actuar de sus autoridades locales”, expresó el jefe de la Contraloría.
Por Elizabeth Linares

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En la décima audiencia de la Comisión de Finanzas Públicas para analizar el presupuesto de la nación del 2017, las instituciones estatales relacionadas con la Justicia y Seguridad, señalaron la necesidad de un aumento a sus techos presupuestarios, el cual suma más de 2 mil millones de quetzales.
Los representantes del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses justificaron esta petición en las dificultades que han tenido para ejecutar sus programas y proyectos durante 2016.
- El Ministerio Público con una asignación del 2016 de Q1, 400 millones  pide una ampliación de Q500 millones más para el 2017.
- El Ministerio de Gobernación en el 2016 Q4,473 y ahora pide Q892 millones más.
- El Instituto de la Defensa Pública Penal cuenta con Q134 solicita Q305 millones más.
- El Instituto Nacional de Ciencias Forense con techo del 2016 es de Q145 pide Q55 millones más.
- Corte de Constitucionalidad cuenta con un presupuesto de Q102 millones y solicita Q38 más
- El Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia su techo presupuestario es de Q2,100 y pide un reajuste para el 2017 de Q240 millones más.
“Vemos la necesidad que estos sectores tienen y los problemas que afrontan. Con el apoyo de los diputados estamos seguros que si se les aumentará su techo presupuestario para el próximo año, sabiendo que son instituciones importantes para el país, porque estamos hablando de justicia y de seguridad. Se analizará que sea más de lo que están solicitando”, manifestó el presidente de la comisión Jairo Flores.
Una de las opciones que se trató en la sesión fue que ahora que se trabaja en las reformas constitucionales, se podría gestionar en  retirarle uno por ciento al deporte y concedérselo a la justicia, propuesta que fue votada y aceptada por los integrantes de la Comisión de Finanzas.
“Queremos fortalecer las investigaciones de trata de personas, extorsión, secuestros, delitos contra la vida, habilitar más fiscalías a nivel nacional y además queremos contratar más peritos para las escenas del crimen y para ello se necesita recursos”, expresó la Fiscal General Thelma Aldana.
Para el director del INACIF, Nery Cabrera, no se solicitan miles de millones de quetzales, sino que lo que se solicita es lo necesario para poder dar mejor servicio a la población.
“Solo estamos pidiendo 20 por ciento más del presupuesto actual, hay prioridades enormes en el ministerio que hay que solucionar lo antes posible pero eso requiere fondos para poner a funcionar programas y proyectos de seguridad tanto en la Policía Nacional Civil como en la Dirección del Sistema Penitenciario”, enfatizó Francisco Rivas Ministro de Gobernación.
La mayoría de entidades del gobierno y ONG´s, que se reunido con la Comisión de Finanzas han solicitado aumentar su techo presupuestario para el próximo año a pesar de su baja ejecución.

Por Selvin Rustrián.

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En el cierre del ciclo escolar 2016, los diputados de la bancada Alianza Ciudadana (AC) se reunieron con el ministro de Educación, Óscar Hugo López, para conocer los logros del año y la ejecución presupuestaria, entre otros temas.
Una de las dudas de los legisladores fue la inversión educativa, y el funcionario destacó que de los Q12 mil 892 millones asignados a la fecha se ha ejecutado el 71 por ciento.
“Como bancada esperamos que la educación de los niños se mejore, por lo que es importante conocer los gastos del ministerio”, aseguró el diputado Francisco Tambríz, jefe de la bancada.
El funcionario resaltó entre los gastos el pago de Q7 mil 732 millones en salarios de no menos 160 mil trabajadores, incluyendo a maestros y personal administrativo.
También se dio a conocer que se establecieron 26 mil organizaciones de padres de familia en distintos establecimientos del país, las cuales se han encargado de administrar los recursos económicos para los alimentos escolares, con un costo de Q612 millones.
Otro de los temas tratados fue la necesidad del remozamiento de las escuelas que han estado funcionando sin las condiciones necesarias para los alumnos.
Asimismo, se expuso la preocupación por los casos de abuso sexual denunciados en establecimientos educativos contra docentes, por lo que el titular de la cartera afirmó que realizan una investigación con el Ministerio Público.
Antes de concluir la reunión, las diputadas del bloque AC solicitaron un listado de las escuelas que serán remozadas, así como el informe de lo que se gastará en los últimos meses del año.
Por Karla Herrera

 

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Con el propósito de realizar un intercambio de ideas sobre el trabajo legislativo que se hace en Guatemala y en Estados Unidos, el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Oliverio García Rodas, recibió la visita de analistas del Congreso  estadounidense.
García Rodas resaltó la intención de conocer y aprobar diversas propuestas de ley, como la iniciativa para castigar el crimen cibernético, reformas constitucionales y leyes que fortalezcan el sector justicia.
Durante la charla los representantes del Congreso de Estados Unidos dieron a conocer la importancia del cambio de ideas con legisladores de otros países, así como conocer los desafíos y debilidades.
“Todos los acercamientos son positivos, pues se debe tomar en consideración la ayuda que nos brindan, y como legisladores debemos agradecer las recomendaciones que nos dan”, puntualizó García Rodas, del Movimiento Reformador (MR).
Al concluir se dio a conocer que las propuestas de ley que están por ser aprobadas están definidas para beneficio de la población guatemalteca, por lo que se espera que sean apoyadas para mejorar el sistema de justicia y evitar el denominado crimen cibernético.
Por Karla Herrera

 

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La problemática de la atención médico-hospitalaria a los reos de los diferentes centros carcelarios fue tratada por diputados de la Comisión de Gobernación y autoridades penitenciarias y de salud.
Los congresistas de la referida sala citaron a los directores de los hospitales San Juan de Dios, Julio Alfonso Figueroa Carrillo; Roosevelt, Carlos Soto Menegazzo; Escuintla, Roberto Calvo, y Cuilapa, Santa Rosa, Margarita Cortés de Palomo, así como el director del Sistema Penitenciario, Nicolás García Fuentes.
La atención que los nosocomios han brindado a los privados de libertad ha causado problemas, por cuanto que hay reclusos enviados sin una evaluación previa que amerite su hospitalización, declaró el diputado Carlos Napoleón Rojas Alarcón, titular de la comisión e integrante de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN).
Debido a los problemas suscitados nos hemos dado a la tarea, conjuntamente con el San Juan de Dios, de elaborar protocolos que permitan cubrir la atención médica desde los centros asistenciales sin que los internos salgan de las cárceles, afirmó Soto Menegazzo.
Mientras se adquiere el equipo denominado Telemedicina, tanto galenos como Rojas Alarcón solicitaron al director de Presidios que contrate médicos y mantenga medicamentos que permitan atender primariamente a los internos mientras son evaluados, de manera que no salgan de las cárceles si no es necesario.
Finalmente concluyeron en que en un mes los directores de la red hospitalaria, con la colaboración del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario presenten un informe sobre los avances en la formulación de protocolos de atención médica y seguridad a reos de alta peligrosidad, dijo el diputado Rojas.
Por José Luis Hernández

 

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