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Los logros obtenidos y la ejecución presupuestaria del año anterior y el Plan Operativo Anual correspondiente al 2019 presentó a los miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas la Coordinadora de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA)   Miriam Domínguez Sebastián.

La funcionaria fue acompañada por otras autoridades de la institución como la Comisiona Presidencial de CODISRA Olivia Núñez y  Hugo Rolando Sapón Batz, director general, quienes también explicaron las acciones que estarán implementado para erradicar la discriminación racial y étnica en Guatemala

“Tenemos varias actividades que ejecutar este año, entre talleres, foros y seminarios en las áreas en donde se registran las malas acciones y conductas anómalas, creemos que tenemos que hacer lo posible para eliminar la situación” dijo Domínguez Sebastián.

Explicó que en el  año 2018 se ejecutó un 74.70 por ciento del presupuesto, tenemos una asignación presupuestaria total de Q10.5 millones y creemos  que si es necesaria una ampliación del presupuesto para llenar las expectativas financieras, dijo.

Los diputados realizaron un breve y minucioso análisis sobre la situación actual de la implementación de la Política Pública contra la Discriminación y el Racismo, comentaron que las acciones que han emprendido no han sido suficientes y se deben de ejecutar otras medidas para que las expectativas se mejore a nivel nacional.

“Creemos que hay un atraso y la situación es bastante difícil y tenemos que evitar que se agrave, nosotros no vemos un avance para que la discriminación pueda disminuirse en nuestro país, se discutirá  el tema del Presupuesto General de la Nacional que esa es una medida para buscar la una posible solución al caso”, comentó el diputado Carlos Chavarría, integrante de comisión.

Por José Castellanos

Fotos, Héctor Monroy

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En su función de  fiscalización el diputado Víctor Manuel Estrada Orellana recorrió algunos tramos de la carretera CA9 norte para verificar los trabajos de construcción desde el puente El Corozal,  en la aldea Agua Caliente, municipio de San Antonio la Paz, El Progreso, hasta El Rancho.

Durante la visita, en la cual el congresista estuvo acompañado de autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Coordinadora Nacional para la Reducción a Desastres (CONRED), INSIVUMEH y la empresa constructora OECC, el congresista exigió que se incluya en el presupuesto 2020 la construcción del puente El Corozal, ubicado en el kilómetro 30 de dicha ruta, pues aseguró que son obras que han quedado sin ejecutarse,  pese a tener presupuesto asignado al momento que fue ampliada la carretera en esas áreas.

“Exijo que también se incluya  la construcción de un paso a desnivel en el cruce de Sanarate km. 53, conocido como el “cruce de la muerte”, así como varias pasarelas en la carretera, desde Sanarate hasta el Rancho”, agregó el diputado.

El legislador constató el avance en el paso a desnivel de Guastatoya, cuya construcción gestionó personalmente  desde el 2016, logrando que la construcción comenzara en el 2018, es una obra que dará mejor viabilidad a los vehículos que a diario circulan por el lugar, afirmó el congresista, quien también realizó la supervisión de dos puentes que se encuentran avanzados en su  construcción.

Estudios geofísicos por un levantamiento de suelo en el kilómetro 78 y la construcción de una bahía en la entrada a El Rancho, fueron otras de las obras supervisadas por el congresista durante su visita.

Textos y fotos, Elizabeth Linares

 

 

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Como todas las semanas en la instancia de jefes de bloque quedaron definidas las agendas legislativas de las sesiones ordinarias de este martes, a las 14:00 horas y miércoles a las 10:00 horas, en las cuales se  incluyeron  las interpelaciones a los ministros de Desarrollo Social, Carlos Fernando Velásquez y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,  José Luis Benito Ruiz.

El trabajo legislativo continuará en la  sesión programada  para el  miércoles a  las 14:00 horas, pues para la misma se propuso conocer en primer debate  del dictamen  de la ley sobre inclusión en el pensum de Estudios de los niveles primario y secundario  de  la Educación en Derechos Humanos.

También se conocerán  en primer debate proyectos como el  que crea el Día Nacional del Arrepentimiento  el perdón y la reconciliación para la paz (5375), la ley de rastros (5391) y la  ley de promoción de alimentación saludable, (5504).

En segundo debate, además de la ley de competencia (5074), se acordó agregar los proyectos de ley de infraestructura vial  (5431),  y ley del día nacional de la oración, (5499). Y para su tercer debate se incluyeron: la iniciativa  de ley del sistema nacional para la protección a la niñez y adolescencia (5285), iniciativa de perros de servicio y  asistencia para personas con discapacidad(5286),  y la discusión  de  las reformas al Código Procesal Penal (5466 y 5474).

Por último, en tercer debate por artículos y redacción final se contempla la aprobación de la iniciativa 5500, ley orgánica del instituto guatemalteco para la promoción comercial, competitividad, inversión, marca,  país e Inteligencia de mercados, PROGUATEMALA, entre otros temas.

Por Mayra Barillas Recinos

Fotos HÉCTOR MONROY /Roberto Agúja.

 

 

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Hubo avances en el proceso de dignificación de los trabajadores del Ministerio de Salud, luego de una nueva reunión entre la diputada Karla Martínez, presidenta de la Comisión de Salud y  funcionarios del ministerio respectivo  y de la Oficina Nacional  de Servicio Civil (ONSEC).

En esta ocasión se confirmó que al respecto de las nuevas plazas 011 creadas para médicos,  del total de 3,700, ya tomaron posesión 2,195 galenos, quienes se espera que obtengan su incremento salarial al finalizar este mes.

En la reunión también se abordó el tema de las Enfermeras Profesionales, quienes piden se les traslade del renglón técnico al profesional. Ellas deben aplicar a la dignificación salarial, dijo el director de recursos humanos del ministerio, Oscar Reyes, quien confirmó que ya están realizando el estudio para determinar el número de profesionales que serán incluidos en el proceso y el impacto económico para el Estado.

“Acordamos reunirnos la próxima semana para conocer los resultados de dicho estudio y que se empiece a planificar  una hoja de ruta para que se lleve a cabo este proceso”, expresó la diputada Hernández.

Por Rosemary Recinos.

Fotos Jeaneth Cifuentes

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Según líderes comunitarios y del Consejo Maya de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, en San Marcos, las autoridades no están dando cumplimiento a lo ordenado por  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de mayo del 2010, fallo que obligaba al Estado a brindarles  agua potable apta para el consumo humano a las más de 18 mancomunidades del referido departamento.

Los representantes del Consejo Maya de Sipacapa indicaron que de los 13 proyectos de agua potable autorizados,  solo dos son los que ya fueron instalados e inaugurados por las autoridades del Instituto Nacional de Fomento Municipal (INFOM) y que el cobro asciende a Q10 mil cada uno, pero en ambos casos el vital liquido no ha llegado a las comunidades porque no hay fuentes de agua y el servicio ha sido irregular hasta el momento.

“Hemos visto pocos avances en la instalación de los proyectos, hace más de 10 años que las medidas cautelares fueron dictadas por la corte, pedimos que se cumplan las demandas comunitarias del pueblo Maya Man en el departamento de San Marcos, ya que estamos afectados tanto en la contaminación del ecosistema como del despojo de las tierras”, dijo Alfredo Jacinto Pérez, autoridad comunitaria del municipio de Sipacapa.

El congresista Amílcar Poc y los líderes comunitaritos acordaron citar a las autoridades de los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y de Energía y Minas, para que expliquen que se está haciendo en el caso del Plan de Cierre de la Mina Marlín, y otras series de acciones en el caso del Cierre final del referido proyecto minero.

“Creemos que es importante darle seguimiento a este caso ya que hay varios delitos que las autoridades han cometido estaremos analizando interponer las denuncias penales, en primer caso sería al actual Gerente General del Instituto Nacional de Fomento Municipal y de verificar si hay otros funcionarios implicados lo estaremos efectuando”, comentó el parlamentario Amílcar Pop, presidente de la referida sala de trabajo.

Por José Castellanos

Fotos Roberto Aguja

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Pese a que dos proyectos de desarrollo fueron completados em su avance físico y los fondos para su ejecución desembolsados por el Ministerio de Finanzas, hay atrasos en la ejecución de las obras

Así lo denunció el  Alcalde Municipal de San José Acatempa, Jutiapa, Walfred Castillo en reunió sostenida con los diputados Rudy Castañeda, Julio Lainfiesta, cuarto secretario de Junta Directiva y Jaime Lucero.

El jefe edil aseguró ser  objeto de coacción por parte de un representante del Cocode de dicha localidad. “He presentado una denuncia al Ministerio Público ya que para que el ente ejecutor  pueda disponer de dichos fondos hemos recibido como condicionante el pago del uno por ciento sobre la totalidad del monto. No permitiré que involucren estas obras en actos de corrupción por lo que también he solicitado el acompañamiento de la bancada UCN, para dilucidar el tema”, dijo Castillo.

Sin embargo de acuerdo con Juan Roberto Orozco, supervisor del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano (Codede), los expedientes de los proyectos,  que consisten  en la construcción de un pozo y una planta de tratamientos sólidos en la Aldea Las delicias, en el citado municipio, están incompletos, razón por  la que dichas obras no pueden ser finiquitadas.

Por su parte el congresista Castañeda aseguró, “En la reunión se evidenció falta de comunicación de las dos partes para que este tema pueda ser resuelto. Hemos pedido al Gobernador, la información de la documentación que hace falta, lo que nos permitirá verificar la veracidad del caso”, concluyó.

Por Karen Mendoza

Fotos Rodrigo Arias

 

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Los diputados Anibal Rojas, Quinto Secretario de Junta Directiva y Fernando Linares, ambos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, visitaron el Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18 para supervisar el cumplimiento de las Garantías Humanas de las personas privadas de libertad.

Durante la visita les acompañó Camilo Morales,  Director del Sistema Penitenciario y representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, entre otras Instituciones afines al tema.

Según el recluso Juan Miguel Arita España, quien se encuentra en esa cárcel desde 2016, no ha recibido atención médica adecuada, ya que padece de 7 enfermedades crónicas como diabetes y artritis y su estado de salud empeora, por lo que  teme que esta situación pueda, incluso, llevarlo a la muerte.

Los congresistas solicitaron al funcionario  un informe circunstanciado del caso de Arita, así como información del Estado de las clínicas médicas e instalaciones de esa Institución, que alberga miles de personas. “Como Comisión de Derechos Humanos del Congreso venimos a supervisar que de verdad se trate a las personas recluídas de una manera digna” dijo el legislador Rojas.

Se dará un estricto seguimiento al tema indicaron los diputados por lo que no se descartan futuras reuniones y demás trabajo legislativo con el objetivo de encontrar una solución real y pronta a la problemática.

Texto y fotos Estuardo Zeceña Santiago

 

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Funcionarios del Ministerio de la Defensa Nacional, Policía Nacional Civil (PNC),y Procuraduría General de la Nación, (PGN) acudieron ante el diputado Mike Mérida, para esclarecer el incremento en Huehuetenango de reportes  ALBA-KENETH, sistema que alerta sobre las desapariciones de niños. El propósito,    lograr la localización del niño, niña o adolescente  desaparecido.

Para el diputado es preocupante el repunte de denuncias de niños desaparecidos, pues no descarta que la población entre en psicosis y se desencadenen hechos violentos en contra de turistas o desconocidos.

“Actualmente están  activadas 22 alertas Alba Keneth en Huehuetenango”, explicó Claudia Cano, delegada de la PGN en Huehuetenango, aunque aclaró que  en muchos casos se trata hechos en donde uno de los progenitores se lleva al menor de manera furtiva por pleitos familiares, migraciones, o  violencia intrafamiliar, entre otros aspectos.

“Luego de que se activa una alerta es muy difícil desactivarla, aunque se presente un familiar a indicarnos que se encuentra en el  extranjero con alguno de los padres, ya que necesitaríamos constatar que efectivamente radica allí”, agregó la funcionaria.

El diputado expresó que, aunque existen hechos aislados en donde efectivamente se trata de secuestros,  es necesario informar a la población cuando se desestiman los casos, a través de una campaña de información, ya que las redes sociales pueden alarmar y confundir a la población de manera innecesaria.

Así mismo afirmó  que este lunes se  realizará una visita  al departamento con las autoridades involucradas, para darle seguimiento al tema.

Por Rosemary Recinos.

Fotógrafo Miguel Plato.

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El hacinamiento en las cárceles del país  y la falta de atención médica adecuada a los reclusos que padecen enfermedades crónicas fueron los temas de la reunión que integrantes de la Comisión de Derechos Humanos,  que preside el diputado Aníbal Rojas, sostuvieron con funcionarios de instituciones involucradas en el tema.

Sandra Arias  expuso el caso de su esposo, Juan Miguel Arita España, quien pese a padecer de diabetes e hipertiroidismo no ha recibido la atención médica especializada debido al trámite burocrático que establece el artículo 14 del régimen penitenciario.

Arias aseguró que ha presentado solicitudes a distintas dependencias para que su familiar sea trasladado a un centro asistencial para los cuidados que necesita ya que teme que fallezca  en el centro preventivo donde guarda prisión desde hace dos años.

Cecilia Barrios Ortega y Otto Paz Kroell, Relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, aseguran que  hay avances respecto al tema, pues no se contaba con un registro de los privados de libertad y hoy han identificado a 55 reclusos sin atención médica pero muchos no tienen expediente abierto en la Procuraduría de los Derechos Humanos.

“Nos preocupa, la situación de las personas que guardan prisión preventiva y peor aun cuando hemos escuchado casos de suicidios o de muertes por falta de atención hospitalaria, razón por la cual este viernes 5 de abril estaremos visitando el Preventivo de la zona 18, para dar seguimiento al tema  expuesto este día”, concluyó el presidente de la sala legislativa.

Por Karen Mendoza

Fotos Roberto Aguja

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