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Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos admitieron las tachas presentadas contra 14 de los 17 candidatos a relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPT) y ahora los señalados tienen cinco días, a partir de este jueves par presentar las pruebas de descargo.

El 15 enero próximo,  la sala evaluará  las pruebas de descargo presentadas y dos días después realizará las entrevistas.  Tras escuchar el plan de trabajo de los interesados al cargo, los integrantes de la sala aplicaran la tabla de gradación a los expedientes para luego deliberar y elegir a las dos ternas que asumirían en marzo 2019.

“Esperamos concluir todo el proceso entre el 23 al 24 de enero del 2019, al tener la elección las dos ternas las remitiremos al Pleno quedando en manos de los diputados elegir a los relatores”, informó el diputado Ronald Arango, presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

El legislador explicó que el cronograma inicial ha sido modificado con el propósito de tener el tiempo necesario para desarrollar un proceso de elección transparente y objetivo.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Roberto Aguja

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Cómo parte de su labor de fiscalización, diputados de la Bancada Movimiento Reformador, se reunieron con  el Ministro y viceministro de Comunicaciones José Luis Benito y Fernando Morales, respectivamente para conocer el estatus de la carretera que de Cuatro  Caminos,  Totonicapán conduce a Huehuetenango.

El propósito era conocer las razones del retraso en la ejecución de los trabajos, que afecta a los pobladores de los dos departamentos, por lo que también se citó a los representantes de la Dirección General de Caminos y la Unidad de Conservación Vial, (Covial).

Los diputados solicitaron información detallada sobre tiempos de ejecución y acciones legales o ejecuciones de fianzas que el Ministerio de Comunicaciones realice a empresas que no han cumplido con los lineamientos establecidos en proyectos viales.

Como parte de la auditoria social, el jefe de este bloque legislativo, diputado Iván Arévalo,  solicitó al Director del Fondo Social de Solidaridad,  Manuel Antonio López,  información precisa sobre diversos proyectos viales,

Los miembros de la bancada coincidieron que  Movimiento Reformador  continuará  dando seguimiento a los avances en el mantenimiento vial a nivel nacional así como en el cumplimiento de los tiempos de ejecución de los diferentes proyectos viales en los departamentos del Occidente del país

Por Wendy Sandoval.

Fotos Rodrigo Arias

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Saber cuántos establecimientos educativos fueron beneficiados con el programa de Apoyo a Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos y cuántos fueron excluidos, fue el rpopósito de la reunión que miembros de la  Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario sostuvieron con Directores Departamentales de Educación de Guatemala, Sacatepéquez, Retalhuleu,  Quiché, San Marcos, Quetzaltenango y Huehuetenango.

Contar con esa información resulta importante porque permitirá que los diputados de dicha comisión actúen como mediadores y  garanticen la cobertura financiera. Conocer la efectividad de este programa es bueno, pues se espera que al concluir el año más del 50 por ciento de las escuelas hayan sido remozadas con fondos nacionales y con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coincidieron los congresistas.

\"Hay que trabajar bastante para avanzar en el remozamiento en cada distrito,  ya que la mayoría de departamentos no superó un 10 por ciento de este beneficio\", explicó la diputada Lesly Valenzuela, presidenta de la Sala.

De acuerdo con los directores, algunos  establecimientos no recibieron el apoyo porque no cumplieron con algunos requisitos, entre ellos,  no contar con Organización de Padres de Familia (OPF), además de no tener la documentación completa para ingresar al programa.

Los integrantes de la Sala expresaron que, en respuesta,  los directores departamentales indicaron que, “el tiempo fue limitado para informarnos y conocer en qué consistía el programa además existían solicitudes de información muy técnica que por ende requeríamás tiempo de lo debido”.

Al concluir, los legisladores informaron que en enero próximo se coordinaran visitas en cada departamento para evaluar la respuesta del personal técnico referente a este tema y  dar seguimiento al proceso de recuperación de los edificios escolares esperando superar el número de instalaciones remozadas y en condiciones aptas para los estudiantes.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Roberto Aguja

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La propuesta de ley para terminar con el hacinamiento de las cárceles del país fue puesta sobre la mesa en la reunión que diputados de las comisiones de  Derechos Humanos y de Seguridad y Justicia celebraron con representantes de instituciones como Organismo Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública Penal y Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El mayor punto de discusión fue el tema de la prisión preventiva, pues  para los  legisladores es preciso defender los derechos humanos de personas que han pasado largos lapsos de tiempo sin tener una condena precisa.  “Tampoco pueden dejar libres a quienes han cometido delitos de mayor gravedad, como asesinatos o violaciones”, dijo  Dorian Taracena,  de la bancada Encuentro por Guatemala.

El diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq, también se sumó a los que opinaron, pues considera que es un tema muy delicado al cual deben invertirle mayor tiempo para su  análisis. “No podemos abordar de forma aislada el descongestionamiento de las cárceles, esto debemos tratarlo de forma integral  dentro de una política  criminal del Estado”, afirmó el legislador.

El diputado por la bancada PAN, Fernando Linares Beltranena sugirió que al ya estar constituida como iniciativa de ley, sea remitida a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, con el fin de verificar que no se incurra en una doble legislación.

Oliverio Garcia Rodas, diputado Independiente y Constitucionalista, propuso a la Mesa Técnica entregar este jueves una propuesta con las diferentes reformas que considere pertinentes, para que pueda ser tomada en cuenta dentro de la instancia de trabajo.

Ronald Arango, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y coordina la Mesa Técnica, convocó a los integrantes de las diferentes Comisiones para que conjuntamente con sus asesores técnicos se reúnan nuevamente el 7 de diciembre para dar continuidad al trabajo de análisis con las propuestas del diputado García Rodas.

Por Mayra Barillas Recinos

Fotos Rodrigo Arias P.

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Una reunión con el vicemiistro de Educación, Héctor Alejandro Canto y con representantes de maestros que laboran por contrato en el departamento de San Marcos sostuvo el diputado Mario Velásquez Pérez, quien preside la Comisión de Cultura.

En la reunión los docentes plantearon la solicitud para que se les otorguen plazas bajo el renglón 011, con lo cual buscan garantizar la estabilidad laboral que no poseen ahora con el renglón bajo el cual fueron contratados.

San Marcos es un departamento con 30 municipios y en la mayoría de ellos los institutos de educación básica  funcionan con maestros por contrato, que en muchas ocasiones  enfrentan problemas cada inicio de año para que se les renueve el contrato respectivo, señalo el parlamentario.

La Sala de trabajo determino dar seguimiento a este tema en semanas próximas a fin de que se realicen los procesos para la creación de plazas 0-11.

Por Wendy Sandoval

Fotos. Jeaneth Cifuentes.

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Este martes el Pleno del Congreso de la República celebró la primera sesión del período extraordinario que comenzó el 1 de diciembre y culminará  el 13 de enero próximo.

En esta sesión, se retomó la interpelación al Ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez Monge, para el efecto los interpelantes dieron lectura al preámbulo del juicio político siendo la parte introductoria del proceso.

En una próxima sesión, se espera que los interpelantes inicien  con las 130 preguntas básicas que formularon con el propósito de cuestionar al funcionario sobre su desempeño al frente de la Cartera de Desarrollo Social.

La interpelación es una de las atribuciones que tiene el Organismo Legislativo, dicho proceso permite que los funcionarios de Estado rindan cuentas sobre el desempeño de la cartera que tienen a su cargo.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Roberto Aguja

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En la última reunión de trabajo del periodo legislativo 2018, los diputados de  la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales  emitieron y firmaron dictámenes favorables para varias iniciativas de ley.

“Creemos que las iniciativas que hoy avalamos son de importancia para la población y prueba de ello es la que tipifica el delito de extorsión que está afectando a muchas personas en el país y esperamos que sean aprobados por el Pleno del Congreso de la República en próximas sesiones”, dijo el diputado Fernando  Linares Beltranena, quien preside la sala de trabajo.

Esta propuesta, No. 5458,  propone  reformar  el artículo 261 del Código Penal,  tipifica el delito de extorsión y aumenta  de 10 a 20 años la pena de prisión  para quienes cometan este ilícito penal.  El ponente es el congresista independiente Oliverio García Rodas.

Otros proyectos que recibieron dictamen fueron, el  5471 que reforma el delito de robo y hurto de fluidos de servicios públicos de electricidad y el  5475, que reforma el Decreto 2- 89 del Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial que modifica el artículo 106,  relacionado a la cantidad de las horas de trabajo de los Jueces de Paz.

Los congresistas indicaron que estarán realizando los consensos necesarios para que los proyectos de ley parte de la agenda legislativa y sean aprobados en el pleno.

Por José Castellanos

Fotos Roberto Aguja

 

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Conocer y atender las principales demandas de la población y garantizar el acceso a la salud a fue posible gracias al Parlamento Móvil, programa que fue impulsado por la Comisión de Salud y Asistencia Social durante el 2018.

Este logró forma parte de los avances detallados  en la memoria de labores presentada  por la sala en mención, presidida por la diputada Sofía Hernández (AC), quien se mostró satisfecha al cumplirse las principales metas de la comisión que presidió.

“Le puedo decir al pueblo de Guatemala, misión cumplida, se ha trabajado para  un mejor sistema de salud y se ha legislado en favor de la población garantizando el bienestar de los guatemaltecos”, manifestó la legisladora.

En cuanto al trabajo de campo, los miembros de la comisión visitaron Los hospitales y centros de salud de Alta Verapaz, Quetzaltenango, Baja Verapaz y Huehuetenango, en donde fiscalizaron y evaluaron temas como atención, abastecimiento, seguridad y funcionamiento de las unidades para luego mediar ante las autoridades respectivas para atender las sugerencias y demandas planteadas durante las visitas.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Jeaneth Cifuentes

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La firma de un convenio que permita saldar la deuda vigente que tienen con ENERGUATE  los hospitales nacionales, regionales y  los centros de salud, fue parte de los avances obtenidos por la mediación efectuada por la Comisión de Salud del Congreso.

De acuerdo con la diputada Sofía Hernández, presidenta de esta sala de trabajo, hay riesgo de una  crisis en el servicio de energía eléctrica que,  de no atenderse,   afectaría el funcionamiento de los centros hospitalarios.  “La energía eléctrica es un servicio básico para un hospital, la suspensión del servicio puede poner en riesgo la atención que se brinda”, resaltó la congresista.

Representantes de ENERGUATE detallaron que la deuda  asciende a Q 2 millones y explicaron que varios de los centros tienen de 1 a 10 facturas pendientes,  por lo que accedieron a firmar el convenio en el que detallan las fechas que se deberán hacer los pagos, caso contrario, suspenderán el servicio.

Mientras que el viceministro de hospitales, Mario Figueroa, reconoció que si existe atraso en el pago del servicio que obedece a temas administrativos y se puede corregir, sin embargo existe una corresponsabilidad con los directores ya que deben estar al día en los pagos y evitar la crisis. Añadió que no existe comunicación con la empresa ENERGUATE ya que algunos recibos llegar atrasados.

Los directores de los hospitales nacionales y regionales indicaron que en algunos casos el impago se debe a que  el recibo llega fuera de fecha o no se tienen los fondos necesarios para saldarlos.  Además solicitaron  que se revisen los registros porque hay hospitales que ya han hecho algunos pagos y aún aparecen como deudores.

Integrantes de la comisión indicaron que darán seguimiento al tema y estarán vigilantes ante el convenio que solicitaron con el propósito de evitar inconvenientes a futuro y garantizar el funcionamiento adecuado de la red hospitalaria.

Por Isabel Mazariegos

Fotos. Rodrigo Arias P.

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