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Diputados de la Comisión de Apoyo Técnico, presidida por Manuel Conde Orellana, de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN), evalúan la posibilidad de incluir nuevos temas en la iniciativa 4064 que dispone aprobar reformas al Decreto 63-94, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que en primera instancia busca regular las citaciones a funcionarios gubernamentales.
En el desarrollo de la reunión de trabajo de este miércoles, surgieron propuestas al proyecto de ley en discusión, considerando que sería positivo elaborar un reglamento que regule el tema de las citaciones, en vez de hacer una reforma legal.
“Me parece que es necesario reglamentar estos temas, pero estoy con el temor de que sea un obstáculo para el trabajo; tiene sus riesgos”, expuso la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, al argumentar, por ejemplo, que entre los funcionarios que deberían acudir a las citaciones estarían los alcaldes, por ser electos popularmente y gozar de autonomía.
De la misma manera opinó el parlamentario Raúl Romero, de la bancada Fuerza, quien aseguró que se debe tener cuidado con el manejo de términos. “Considero que debemos evitar la sobre legislación”, indicó.
Nuevas comisiones
En el análisis de la propuesta de ley, conocida por el pleno en abril, surgieron nuevas ideas que podrían ampliar su contenido como la creación de comisiones, entre las cuales se mencionó de Reforma del Estado, de la Tercera Edad y el cambio de nombre de la comisión del Menor y la Familia, por niñez, adolescencia y la familia.
Considerando la temporalidad de estudio de una iniciativa, los legisladores acordaron que para avanzar en el proyecto de dictamen en la próxima sesión se elaborará un cuadro comparativo de las opiniones y sugerencias, para fortalecer el cuerpo de la ponencia.
Conde Orellana mencionó la intención de ampliar el contenido y recoger las nuevas propuestas, tomando en cuenta que no se tiene una decisión respecto de emitir un dictamen en torno al único tema contemplado en la 5064.
“Vamos a evaluar las sugerencias que se presenten, porque es importante regular las citaciones, pero hay otros temas que podríamos incluir que serían importantes para enriquecer nuestro sistema”, acotó el legislador.
Finalmente, se conoció que la última semana de noviembre se realizará un encuentro parlamentario, en el cual los congresistas tendrán la oportunidad de conocer temas como técnicas parlamentarias, discurso y manejo de medios de comunicación e imagen pública.
Por Sayda Galicia.

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Los diputados de la Comisión de Turismo, presidida por Santiago Nájera, solicitaron a la titular de la Dirección General de Migración, Carolina Miranda Salvador, la agilización de los trámites para adquirir cartillas para la emisión de pasaportes.
Los legisladores argumentaron que el 11 de octubre el Congreso aprobó el Decreto 46-2016 con un artículo transitorio con el cual se autorizó, por única vez, al Ministerio de Gobernación para que a través de la Dirección General de Migración se adquieran 500 mil cartillas para pasaportes sin realizar el proceso de licitación o cotización pública.
La directora de Migración aseguró que solo cuentan con 30 mil libretas, por lo que han estado colocando calcomanías en los pasaportes que necesitan ser renovados, y se espera la publicación y entrada en vigencia del decreto para iniciar la adquisición.
“Si el Congreso ya aprobó el decreto para que se puedan comprar las cartillas es necesario que se agilicen las gestiones”, enfatizó el diputado Santiago Nájera, presidente de la sala de trabajo.
Otro de los temas que se trataron fue la posibilidad de derogar el Acuerdo Gubernativo 30-2016, que aprueba un nuevo impuesto de salida, pues según María Casasola, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Agencias de Viaje, con este incremento se corre el riesgo de que merme el número de visitantes, por lo que con autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo se busca que quede sin efecto.
Por Karla Herrera

 

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El presidente del Congreso, Mario Taracena, recibió a integrantes de la Cámara de Representantes y del Instituto de Programas del Instituto Republicano Internacional, de Estados Unidos, para intercambiar temas de trabajo legislativo y abordar otros asuntos.
Taracena pidió que el gobierno norteamericano pueda ayudar a financiar el costo de la consulta popular que se debe hacer para resolver el diferendo territorial entre Guatemala y Belice.
Expresó que ello se debe a las solicitudes realizadas por los gobiernos estadounidense e inglés para efectuar la consulta. “El costo económico es alto; son cerca de Q300 millones y Guatemala no puede asumir un gasto de dos eventos en un mismo año”, aseveró, en alusión a la consulta popular prevista para el próximo año por las reformas al sector justicia.
Taracena aprovechó para enviar un mensaje a los migrantes guatemaltecos y ciudadanos estadounidenses para que analicen su voto y se inclinen por la candidatura de Hillary Clinton, “ya que de ser electo Donald Trump sería un daño para todos”.
Reunión con Codeca
Por aparte, Taracena recibió a representantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), quienes le entregaron una serie de peticiones, entre las cuales están:
• Que la Cicig investigue contratos anteriores al gobierno del PP.
• Que los jueces ejerzan su función de manera objetiva.
• Que se revise el contrato con Energuate.
• Nacionalización de la energía eléctrica.
• Renuncia de diputados con procesos de antejuicio por corrupción.
• Derogar la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora 29-89.
• Derogar la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, Decreto 19-2016.
Elección de Junta Directiva
En otro tema, Taracena dio a conocer que para este jueves no se contempla la elección de la Junta Directiva para el periodo 2017-2018, debido a que no figura en el orden del día.
También explicó que no se puede alterar el orden del día con una moción privilegiada, pues el artículo 11 de la Ley Orgánica establece que “se debe conocer en una sesión que haya sido convocada con anterioridad”, y afirmó que  los consensos para las planillas están a cargo de los jefes de bloque.
Por Byron Ramírez.

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El diputado Boris España, jefe de la bancada Movimiento Reformador, se reunió con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de Finanzas Públicas (Minfin) para conocer las razones por las que no se le ha pagado a 169 jóvenes que prestaron su servicio en el Programa de Servicio Cívico.
El diputado España, dijo que el problema data del 2015, cuando estos estudiantes, a pesar de haber prestado sus servicios, no se les trasladó la remuneración correspondiente, situación a la que el actual gobierno aún no le da solución.
“Vemos que este año está por finalizar sin esperanza de que los jóvenes resuelvan sus problemas económicos”, recalcó el diputado del MR.
El Viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas sugirió que la Secretaría Ejecutiva del Servicio Cívico, a cargo de José Alberto López, agilice una solicitud al Minfin, para que se trasladen fondos del presupuesto al Mides para solventar esa situación.
El programa de Servicio Cívico consiste en la contratación de jóvenes que promueven diferentes programas educativos extracurriculares incluidos en los programas de estudios para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz.

Por José Luis Hernández.

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En una reunión convocada por la congresista Nineth Montenegro, del bloque Encuentro por Guatemala, se cuestionó el beneficio que traería para el país la construcción del Centro Administrativo del Estado (CAE) cuya inversión requerirá de unos US$200 millones.
La parlamentaria Montenegro, adversa la viabilidad del mega-proyecto que estaría ubicado sobre los terrenos de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), en la zona 1 y también cuestiona que el mismo sea una prioridad y de beneficio para el país.
Tanto el ministro de Finanzas Publicas Julio Héctor Estrada, como el representante de la Municipalidad Capitalina Álvaro Hugo Rodas explicaron que el proyecto seria de beneficio, porque al edificio se trasladarían todas las oficinas públicas de los ministerios, secretarías y fondos.
El ministro Estrada estimó que actualmente las instituciones del Estado pagan grandes cantidades en alquiler, pero con la construcción del CAE se ahorrarían aproximadamente Q300 millones al año.
Por su parte los representantes de la Mesa Técnica del Centro Histórico indicaron que están en contra de este proyecto porque se estaría atentando contra una gran parte del Patrimonio Cultural de la Nación aledaño a las instalaciones, entre ellos la Ciudad Olímpica, Centro Cívico y el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, según dio a conocer Juan Alberto Monzón, integrante de la Mesa Técnica.
Debido a que este proyecto seria avalado por la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) creada con la ley de Alianzas Público-Privadas, el contrato debe ser aprobado por el Congreso de la República.
Por José Castellanos.

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El diputado Leocadio Juracán del bloque legislativo Convergencia, presentó este miércoles a Dirección Legislativa una Iniciativa de Ley que pretende declarar área protegida el Cerro Las Granadillas, localizado en la región del municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula y que colinda con Honduras.
El proyecto fue consensuado con los movimientos sociales, pobladores y la iglesia, quienes solicitaron que se proteja esta área de bosques y montañas, las cuales albergan nacimientos de agua que surten este vital líquido a comunidades en Zacapa y Chiquimula.
El parlamentario señaló la importancia de proteger este cerro ya que es una región que ha sido muy afectada por la sequía, con lo cual, su protección puede aportar a la producción de alimentos y garantizar el suministro de agua a los vecinos.
“Es importante que empecemos a conocer la participación que han tenido los pueblos y sobre todo con la visión cosmogónica, de las comunidades y del derecho colectivo que tiene la población sobre el agua”, refirió el congresista.
Según el diputado Juracán, es importante declarar esta montaña como área de reserva porque en ese lugar se aglutina la biodiversidad de flora y fauna local con lo cual se brindará un gran aporte a todas las comunidades que habitan a su alrededor.
Por Elizabeth Linares

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En el análisis de la propuesta de presupuesto 2017 que realizan los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso a través de las audiencias públicas, este día fue el turno de los ministerios de Salud Pública y de Educación de defender su proyección de gastos.
Según se conoció en la reunión, la cartera de Educación solicitó Q500 millones más de lo que está reflejado en el anteproyecto presupuestario presentado por el Ejecutivo.
Varios diputados cuestionaron la decisión de la ministra Lucrecia Hernández de mantener el presupuesto asignado en el anteproyecto(Q6,819 millones), pese a las precariedades y las necesidades actuales que ha provocado una crisis que casi ha llevado a colapsar el sistema de salud.
“Sabemos que hay crisis en la red hospitalaria, pero esperamos asegurar estos recursos. Confiamos salir adelante con el presupuesto asignado, que tiene aspectos para detener el colapso en salud. Creemos que es un presupuesto que podríamos ejecutar bien. Al solicitar más fondos estaríamos dándonos un tiro en el pie si no logramos ejecutarlo”, manifestó la ministra Hernández.
“Reestructuremos la salud, díganos como lo quieren, hasta estamos dispuestos a mejorar el presupuesto, la mesa esta libre para su petición, pero es cuestión de ustedes”, cuestionó el presidente de la Comisión de Finanzas, Jairo Flores al conocer que la funcionaria de Salud no solicitaría más fondos.
Flores también comentó que con Educación y Salud  estarían dispuestos a ayudarlos.
Por esta medida los integrantes de la sala legislativa analizarán si a Educación y Salud se les aumenta más su presupuesto de lo que se estableció en el anteproyecto, determinando que son temas de prioridad para el país.
“Estamos consientes que tenemos que llevar más niños a las escuelas y tener más cobertura a nivel nacional y para ello se necesitan recursos. Sin el aumento tendríamos dificultades y si hay posibilidades solicitamos Q500 millones más de lo que ya está proyectado, con lo cual sumarían 14,262 millones de quetzales”, dijo el encargado de la cartera de Educación Oscar Hugo López.
A los dos ministros se les entregó una carta por parte de la Comisión de Finanzas para que ellos decidan a cuales ONG´s se les asigna y a quienes se les retira del presupuesto del 2017.
Por Selvin Rustrián.

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Integrantes de la Mesa Técnica de Seguridad y Justicia, coordinada por el diputado Oliverio García Rodas, continúan el análisis de la iniciativa 5179, que establece reformas constitucionales en la materia con las ponencias del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el consorcio de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) con las universidades Rafael Landívar y San Carlos.
El proyecto de ley consta de 25 artículos que establecen modificaciones en temas de función pública, prerrogativas de los diputados, independencia del Organismo Judicial, requisitos para ser magistrado, carrera judicial y elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otros puntos.
Durante la reunión se escucharon las distintas inquietudes de los asistentes. “Hay necesidad de reformas, pero no solo del sector justicia; nuestra Constitución es un todo y la reforma debe ser integral”, manifestó Marco Antonio Sagastume, presidente del CANG.
Por su parte, Javier Monterroso, consultor del IeCCP, externó: “De lo que se trata es de lograr el mayor acuerdo posible, porque siempre van a haber diferencias; creemos que esta propuesta es la suma del proceso de diálogo que se realizó con anterioridad y ahora le corresponde al Congreso debatir este tema”.
Añadió que es urgente abordar y aprobar las reformas antes de que concluyan su periodo los actuales magistrados de la CSJ, por el tiempo que conlleva el proceso que incluye una consulta popular.
“Es importante el tema de la carrera judicial para que los jueces que comenzaron desde abajo y que tienen un alto conocimiento en la materia tengan la oportunidad de optar a altos cargos”, señaló German Velásquez, subjefe del bloque del Partido Patriota (PP).
García Rodas comentó que la próxima mesa será el miércoles 9 de noviembre para recibir los aportes de representantes de la Corte de Constitucionalidad y de la Asociación de Jueces y Magistrados. “Con esa reunión concluiremos para empezar a redactar el informe correspondiente, que se entregará al pleno antes del 20 de noviembre”, aseveró.
Por Rosemary Recinos.

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Diputados que integran la Comisión del Migrante se reunieron este miércoles para depurar los expedientes de los candidatos a optar para el cargo de Secretario y Subsecretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).
Durante la reunión el diputado Paul Briere, presidente de esta sala de trabajo, se inhibió de continuar participando en la sesión de trabajo ya que es uno de los aspirantes para optar el cargo a secretario ejecutivo de Conamigua.
El congresista Manuel Giordano, vicepresidente de la comisión referida, quedó con la responsabilidad de llevar a cabo este proceso de elección, el cual se realiza con la presencia de un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar la transparencia del mismo.
Los asesores de esta sala legislativa efectuaron un pre chequeo de los 45 expedientes presentados, de los cuales quedaron 19 para ser revisados por los integrantes de la comisión. El resto de ellos no cumplían con los requisitos solicitados en la Ley de Conamigua.
El diputado Giordano dio a conocer que de los expedientes revisados 14 quedaron fuera y 5 expedientes pasarán, la próxima semana a la siguiente fase.
“Tomamos  la decisión de convocar para el otro miércoles a las 2 de la tarde  para revisar los expedientes que según los asesores de esta sala de trabajo si pasan y cumplen con los requisitos”, dijo el parlamentario Giordano.
Los nombres de las personas que quedaron fuera del proceso de elección a Secretario y Subsecretario Ejecutivo de Conamigua son:
Edwin Noel Peláez Cordón
Guido Estuardo Albani Maldonado (Declinó).
Ana Lucia Jiménez Raudales.
Estuardo Waldemar Alvarado Pelaez.
Arturo Alfredo Herrador Sandoval.
Iris Orfilia Villegas.
Nery Alejandro Marín Marroquín.
Marlyn Jeazbeth Cano Marroquín.
Carlos Humberto Mancúr Milián.
Héctor Raúl Hernández Figueroa.
José Roberto Hernández Guzmán.
Freddy  Ramón Sánchez Gaitán.
Fernando Esteban Calvillo Calderón.
Hilda Margarita Franco Hernández.

Por Elizabeth Linares.

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