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El parlamentario Óscar Chinchilla, del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso, presentó una iniciativa de ley con el objetivo de exonerar del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a todos los insumos que utiliza el programa de combate a la Mosca del Mediterráneo (Moscamed).
Explicó que es una plaga exótica con alto poder destructivo en la horticultura, lo cual ocasiona que se impongan severas restricciones a la comercialización de frutos hospederos y se limite la actividad agrícola en la exportación y consumo nacional.
La exoneración del IVA abarcaría a todas las compras nacionales y/o locales cuyo destino sea Moscamed y cualquier otro programa de la Comisión Moscas de la Fruta que se establezcan en Guatemala, coordinados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, refirió el legislador.
Los beneficios fiscales que establece la norma planteada serán objeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Administración Tributaria.
El Programa Moscamed dejó de funcionar hace más de un año, por lo que se hace necesario restablecerlo con el objetivo de evitar el deterioro económico del país mediante el combate de estos insectos.
Resaltó que su funcionamiento se debe a los convenios internacionales que el gobierno suscribió con los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América, y tienen sustento legal por Acuerdo Gubernativo que declaró de emergencia nacional el control de la plaga del 19 de mayo de 1975.
Por José Luis Hernández

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Diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), que coordina Julio Lainfiesta, se reunieron con Aura Palala gobernadora de Escuintla y  representantes de la gobernación de Santa Rosa, con el objetivo de atender denuncias sobre contaminación supuestamente producida por empresas camaroneras en las playas de Monterrico e Iztapa.
“Este es un problema que viene desde hace varios años, muchas camaroneras envían sus desechos al mar y es preocupante  porque no solo se afecta el medio ambiente sino también la salud de los pobladores”. indicó el diputado Napoleón Rojas
La Gobernadora Palala indicó ella misma recibió la denuncia. “Los deshechos se descargan  por medio de una tubería al puerto de Iztapa, cuando la marea esta alta y así nadie se da cuenta”, señaló la funcionaria.
Mencionó que después de una verificación en el lugar se pudo observar un tubo de PVC conectado que va de las piletas de crianza de camarón hacia la playa pública, instalación que no cuenta con el permiso ambiental aprobado.
Por su parte Mario Mejía, alcalde del municipio de  Iztapa, declaró que es una mala  práctica que se sospechaba, pero que hasta ahora se tiene evidencia de este hecho.
Mejía informó que existen 4 camaroneras que trabajan en el área. “Ellos deben tener plantas de tratamiento para evitar estos problemas, ya que  es muy irresponsable que se tire esta agua contaminada al mar”, expresó el jefe edil.
“Nuestro objetivo es encontrar soluciones, no se trata de cerrar empresas, es una actividad que da sustento a muchas familias, pero deben apegarse a la ley”, comentó el diputado Lainfiesta, quien anunció que convocará nuevamente el miércoles 9 de noviembre para establecer una ruta de trabajo con las autoridades involucradas.
Por Rosemary Recinos.

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Como parte del trabajo de fiscalización que efectúan los diputados, integrantes de la Comisión del Menor y la Familia, que preside el congresista Walter Félix, acompañados de Sara Oviedo, Vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizaron un recorrido por las instalaciones del Hogar Seguro Virgen de la Asunción para verificar la situación en que son atendidos los menores.
Los parlamentarios constataron que son 800 los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en el hogar, quienes han llegado por maltrato, negligencia, fuga de casa, agresión sexual consumo de drogas, afiliación a pandillas, trata laboral, rebeldía, problemas familiares, orfandad y extravío, entre otros.
Miguel Ángel Herrera, director del hogar, indicó que al momento de que los niños o jóvenes ingresan son evaluados sicológicamente y enviados a diferentes módulos donde se les brinda ropa, zapatos y accesorios de limpieza para su higiene personal.
“Sabemos que son muchos niños y adolescentes los que tenemos que atender pero no contamos con el presupuesto adecuado por lo que considero se debería hacer una readecuación al mismo. Considero que es necesaria la intervención de los entes reguladores para dar más apoyo a este centro y mejorar las instalaciones”, informó Herrera.
Por su parte, el congresista Luis Alonzo, integrante de esta sala de trabajo comentó que algunas áreas de las instalaciones, entre ellas los servicios sanitarios necesitan reparaciones ya que considera que existe una sobrepoblación en las instalaciones.
“Hemos visitado alrededor de 5 centros, algunos de detención, otros anexos y como este que es hogar. Vamos hacer un estudio y dar una opinión al respecto para ver si se puede hacer algún mejoramiento”, refirió el diputado de la bancada FCN.
Finalmente, la Vicepresidenta Oviedo, externó su preocupación ya que considera que la institución no es un lugar de protección para los menores pues a pesar de los esfuerzos efectuados, la cantidad de niños y adolescentes imposibilitan que puedan atenderlos a todos y darles una educación y atención como corresponde.
“El Estado debe apuntar a crear un verdadero servicio de protección especial en este país, caso contrario esto es una trasgresión de derechos”, expresó la funcionaria de la ONU.
Por Elizabeth Linares

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Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, sostuvo una reunión de trabajo con líderes comunitarios de diferentes regiones y con representantes de distintas entidades, para tratar la baja ejecución presupuestaria de programas destinados a las mujeres en áreas rurales y del programa Tejiendo Alimentos, desarrollado de enero a septiembre por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
A la cita acudieron delegados de los ministerios de Economía y de Cultura y Deportes; de la Secretaria de Asuntos Agrarios y el Fondo de Tierras (Fontierras).
Juracán señaló que los programas y proyectos destinados para atender a las féminas en los ejes de desarrollo, equidad de género y combate a la discriminación no han tenido los resultados esperados debido a la poca inclusión, “porque no hay un seguimiento a quienes ingresan”.
Los delegados del MAGA reconocieron que en años recientes se tuvo el problema de seguimiento, pues las mujeres eran capacitadas para poner negocios pero no recibían acompañamiento y evaluación, lo cual, según dijeron, ha cambiado con la nuevo política.
Sandra Morán, jefa de la bancada, afirmó: “Apoyar a ese sector poblacional debe ser una prioridad para el Gobierno porque forma parte del desarrollo del país”.
Reunión con Fontierras
En otro de los temas abordados, las lideresas comunitarias solicitaron a Fontierras crear políticas para que las mujeres puedan tener acceso a la tierra para sembrar y poseer un lugar digno donde vivir, y aseguraron que uno de los problemas es la documentación requerida, especialmente cuando se trata de madres solteras.
Por Byron Ramírez.

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Diputados del bloque Alianza Ciudadana (AC) citaron este jueves a miembros de la Junta calificadora de licitación para la compra de 5 puentes prefabricados, tipo Bailey, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y de la Dirección General de Caminos (DCG), para conocer detalles acerca de la adjudicación por un monto de Q21 millones 170 mil a la empresa Rega, S. A.
La diputada Delia Back dijo que pudieron haberse registrado anomalías en las bases de convocatoria, con el objetivo de beneficiar a una compañía en particular, que ofertaba a un precio mayor.
“Nos preocupa que las bases del concurso hayan sido elaboradas a la medida para que una sola empresa pudiera ser la beneficiaria, puesto que tenemos conocimiento que el monto de la adjudicación sobrepasa por no menos de Q5 millones en comparación con la oferta más baja, es decir, se estarían comprando puentes con una sobrevaloración del 25 por ciento”, aseguró la congresista.
Mientras tanto, Freddy Pinto, jefe de la Unidad Administrativa Financiera del CIV, dijo que este año se celebró un concurso en Guatecompras con la intención de prevenir y que se cuente con un inventario de puentes Bailey, los cuales frecuentemente se utilizan en las zonas de emergencia, como en Mayuelas, Gualán, Zacapa, en donde fue necesaria la instalación de una de estas estructuras de fabricación china, luego del colapso del puente Santa Rosa.
Por su parte, José Muñoz, subcoordinador de la DGC, insistió en que no existió ningún vicio en el procedimiento, ya que la adjudicación se basó en precio, con un 50 por ciento de calificación, y otros, como el tiempo de entrega, cumplimiento de las especificaciones y normas de calidad, que conforman el 50 por ciento restante, con lo cual se cumple con lo establecido en la ley; sin embargo, el titular del CIV, Aldo García, ha señalado que se analiza suspender el evento y hacer una nueva licitación el año próximo.
Entre las empresas ofertantes se encuentran Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S.A., con un monto de Q36 millones; Rega, S.A., con Q21.1 millones (empresa ganadora); CR Constructores, con Q19.4 millones; Construvías, con Q18.4 millones; Dragados y Construcciones, S.A., Q17.9 millones, y Puentes Bailey, con un monto de Q16.8 millones.
Al concluir la reunión, el jefe del bloque AC, Francisco Tambríz y Tambríz, indicó que darán seguimiento a este caso y advirtió: “No permitiremos que se invierta una suma tan alta en una compra que no es necesaria, pues existen prioridades, como la reconstrucción de la red vial y abastecimiento de hospitales; en los próximos días se citará al Ministro de Comunicaciones para que nos explique la decisión que tomará”.
El concurso se cerró el 31 de agosto con 7 participantes y el martes 27 de septiembre se publicó el nombre de la empresa ganadora.
Por Karen Mendoza

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Los diputados que integran la Comisión Extraordinaria de Asuntos Sobre la Discapacidad recibieron la visita de representantes del consorcio Rights Now, de Estados Unidos, a quienes se expuso los avances y proyectos en leyes para favorecer a las personas con distintas discapacidades.
El diputado Christian Boussinot, presidente de esta sala de trabajo, resaltó que trabajan en varios proyectos de ley para beneficiar a las personas con discapacidad:
• Iniciativa 5125, Ley de Personas con Discapacidad.
• Iniciativa 5128, Ley del Lengua de Señas.
• Ratificación del Tratado de Marrakech, reformas a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
“Con estos proyectos podemos ver que Guatemala avanza en su interés por los derechos de las personas con discapacidad”, enfatizo Deborah Sharp, representante del consorcio estadounidense que ha visitado países como México y Perú, entre otros.
Boussinot aseguró que estos son algunos de los proyectos que se trabajan desde 1996 cuando se aprobó el Decreto 135-96 para beneficiar a las personas con discapacidades físicas, verbales, visuales y psicológicas.
Se espera que en el 2017 se inicie el proceso de crear una base de datos oficial sobre la cantidad de personas con discapacidad por género, edad y nivel socioeconómico, así como dar capacitación a maestros de los distintos niveles educativos para atender a estudiantes con distintas discapacidades.
Por Karla Herrera

 

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Integrantes de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuestionaron a Mario Méndez, titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), “por la vigencia y viciado que se encuentra el programa de Subvención Económica para los Agricultores”.
“A mi criterio no debió haber nacido a la vida dicho programa, pues en pocos meses ya hay corrupción; se lo advertimos al ministro, pero no hizo caso y ahora que se atenga a las consecuencias. Era apoyo a los campesinos para su subsistencia, pero tienen que pagar Q20 para ingresar a las listas elaboradas por organizaciones que no son ni campesinas”, manifestó el jefe de bancada, Orlando Blanco.
Con un presupuesto de Q350 millones y con una nómina de 518,665 beneficiarios, el MAGA desconoce cómo fue elaborada.
“Negociar y politizar el programa realmente no llega y no llegará a la gente que lo necesita; nos preocupa que a varios municipios solo llegan 2 cupones y otros hasta 3 mil, lo cual es algo ilógico e injusto, determinando que muchas familias mueren de hambre y hacer esto es intolerable”, enfatizó el parlamentario Joel Domingo.
El ministro Méndez aseguró que a ninguna organización que participó en la elección se le dio cupón. “Estoy clarísimo que estoy bajo juramento; lo que digo acá es que trabajamos con transparencia, y está claro que el campesino está muriendo de hambre, por lo que se está rompiendo la politización de la entrega, como se realizó el año pasado”, dijo el funcionario.
La próxima semana se espera que en estas reuniones participe el Ministerio Público, para determinar responsabilidades en la mala distribución y supuestos actos de corrupción.
Por Selvin Rustrián.

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En busca de establecer las herramientas que permitan una solución definitiva al diferendo entre Guatemala y Belice, este jueves el pleno del Congreso de la República aprobó el Decreto 47-2016 por medio del cual avala el Protocolo al Acuerdo Especial entre ambas naciones para someter el reclamo territorial, insular y marítimo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El protocolo contiene cuatro artículos y en uno de ellos se menciona que deberán de mantener completamente informados a sus ciudadanos acerca de las diferencias entre ambos países respecto del reclamo y la necesidad de resolverlos de manera total y definitiva. Además, se describe que se deben realizar todas las acciones y mecanismos idóneos dentro de la normativa y requerimientos internos, para someter la reclamación a la Corte a fin de que conozca, decida, resuelva y concluya de manera definitiva.
En otro artículo, el documento ratificado por los diputados modifica el Acuerdo Especial, en el sentido de que las consultas populares se llevarán a cabo de forma simultánea o separada, en las fechas más convenientes para las partes, y que cada una se deberá notificar al secretario de la CIJ, de manera conjunta o separada, el resultado de la consulta popular.
“Este es un acuerdo de tipo político internacional con Belice; con ello estamos cooperando para que el tema sea conocido por los guatemaltecos en cualquier fecha”, comentó el presidente de la Junta Directiva, Mario Taracena Díaz-Sol, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Sin embargo, aseguró que debido a los problemas económicos que podrían surgir por el costo de una consulta popular, se hacen gestiones para obtener apoyo financiero internacional, principalmente con Estados Unidos e Inglaterra.
Cambio climático
Por otro lado, los diputados al Congreso de la República aprobaron el Acuerdo de París, suscrito en París, Francia, el 12 de diciembre del 2015, que recoge la necesidad de una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza del cambio climático, considerando que este es un problema de la humanidad.
El diputado Raúl Romero, presidente de la Comisión de Cambio Climático, es de “suma importancia” porque permitirá que Guatemala presente una agenda priorizada en la próxima cumbre sobre el tema que se llevará a cabo en Marruecos, en noviembre.
“Este es un mensaje que estamos enviando del compromiso que tenemos para apoyar para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático”, concluyó el congresista de la bancada Fuerza.
Los parlamentarios fueron convocados para la sesión del jueves 3 de noviembre.
Sayda Galicia

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En reunión de trabajo sostenida en la Comisión de Deportes del Congreso de la República, fue acordado que se emitirá dictámen favorable a la  iniciativa de Ley 5138 que promueve la oficialización del Juego de Pelota Maya en todo el país.
De acuerdo a lo informado por el presidente de la sala de trabajo, diputado, Mario Velásquez, hay consenso para que la propuesta pase al Pleno para su aprobación en primera lectura.
Para los legisladores la ley permitirá la difusión y práctica de esa actividad ancestral y al mismo tiempo coadyuvar al impulso del turismo y la recreación en el país.
De acuerdo al criterio de los diputados Mario Velásquez, Julián Tesucún y Carlos Fión Morales, de la bancada Creo, la iniciativa de ley no riñe con la ley del deporte federado toda vez que será impulsado como deporte ancestral educativo, recreativo y cultural, cuya práctica será avalada por el Ministerio de Cultura.
Finalmente dijeron que el Juego de Pelota Maya ya se practica oficialmente en México, El Salvador y Honduras, pese a que la población Mayas que habitó Guatemala fue la que lo practicó inicialmente.
Por José Luis Hernández.

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