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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, del Congreso de la República, en sesión de trabajo con la Contraloría General de Cuentas (CGC) y Acción Ciudadana (AC), finalizó las audiencias públicas con diferentes instituciones gubernamentales y civiles para analizar los techos presupuestarios sugeridos para el año 2017.
“El ejercicio fue positivo porque se escuchó a la ciudadanía, funcionarios y tanques del pensamiento, para elaborar un presupuesto apegado a la realidad”, manifestó el presidente de dicha sala legislativa, Jairo Flores, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Carlos Mencos, de la CGC, y Manfredo Marroquín, director de AC, felicitaron a los integrantes de la Comisión de Finanzas por el trabajo realizado. “Es algo que nunca se había hecho y se buscó llevar la transparencia en el análisis y la elaboración del anteproyecto”, afirmó el primero.
Sin embargo, las dos instituciones entregaron un pliego de sugerencias:
- Prohibir a las instituciones de gobierno que contraten a empresas para supervisas obras.
- Antes de impulsar programas asistencialistas que se instalen mesas de diálogo, para mejorar las buenas prácticas y garantizar que la ayuda llegue a la población necesitada.
- Que las transferencias de fondos del Ejecutivo no se hagan a organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, fundaciones o entidades de lucro sin antes ser aprobadas por el Congreso.
- Antes de realizar pagos de deudas de arrastre se conformen mesas técnicas coordinadas por el Ministerio de Finanzas.
Según Mencos y Marroquín, lo que se pretende con ello es promover la transparencia en todos los procesos.
Antes de la entrega del anteproyecto se conoció que a ministerios como el de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Desarrollo Social y de la Defensa Nacional tendrán reducciones, mientras se darán aumentos a Educación, Salud y Gobernación, y así como al Ministerio Público, Organismo Judicial e Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
El Tribunal Supremo Electoral tendría más recursos, para efectuar la consulta popular en el caso de las reformas constitucionales, y al Instituto Nacional de Estadística por el censo poblacional que se realizará en 2017.
La próxima semana se espera que la comisión se reúna para conocer cómo quedará redactado el anteproyecto y obtener las firmas respectivas para darle dictamen favorable, con la intención de que el jueves 10 sea entregado a la Junta Directiva para que sea agendado y llevado al pleno.
Por Selvin Rustrián.

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Con el objetivo de resolver la problemática agraria e iniciar un plan de desarrollo en áreas protegidas de Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, en los municipios de San Andrés, La Libertad y Las Cruces, departamento de Petén, quedó instalada la mesa técnica interinstitucional convocada por el diputado Leocadio Juracán Salomé, de la bancada Convergencia.  
Participan el jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque; el comisionado presidencial del Sistema de Diálogo Permanente, Rokaél Cardona; el comisionado presidencial en Derechos Humanos, Víctor Hugo Godoy; el secretario de Asuntos Agrarios, Carlos Morán Pop; el ministro de Energía y Minas, Luis Chang; el director del Fondo de Tierras, César Augusto Martínez; el titular del Consejo Nacional de Areas Protegidas, Mynor García, así como el Bufete de Juristas de Derechos humanos y representantes de las comunidades de la Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, Raúl Ruano y Cándido Reyes, respectivamente.
En la reunión se conocieron los problemas de al menos 60 mil personas que residen en las áreas protegidas mencionadas, a quienes las autoridades pretenden desalojar.
Los dirigentes campesinos exigieron al gobierno que les permita seguir trabajando las tierras que poseen “desde hace mucho tiempo y que les han costado sudor y lágrimas”.
Expusieron que necesitan seguridad y certeza jurídica de sus tierras, desarrollo integral en sus comunidades, incorporación al desarrollo de la nación y que el Estado se comprometa a promover, planificar, autorizar y ejecutar proyectos sostenibles en ambiente, agua, explotación de la naturaleza, salud y educación.
Acordaron solicitar al Vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, que se  integre a la mesa de diálogo interinstitucional, a efecto de que coadyuve a solucionar el conflicto en el menor tiempo posible, a lo cual Cardona se comprometió a solicitar personalmente su participación.
Finalmente, el diputado Juracán Salomé señaló, de común acuerdo con los participantes, fijar para el lunes 7 de los corrientes la instalación de un comité y el martes 15 la primera reunión de trabajo en Casa Presidencial.
Por José Luis Hernández

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El diputado Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, se reunió con representantes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), para indagar sobre el estado de los proyectos de carreteras que están por ejecutarse en diferentes municipios de Sololá.
Representantes de las comunidades de San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna y San Juan, entre otros, dieron a conocer su preocupación por el mal estado de las vías, lo cual ha provocado daños en los vehículos y asaltos, pues son transitadas por pobladores y turistas.
El congresista Juracán manifestó su interés en finalizar la construcción de un tramo de 3.5 kilómetros entre Santiago Atitlán y San Pedro, y la carretera entre San Lucas Tolimán y Patulul, en Suchitepéquez, las cuales están deterioradas.
“Nos preocupa que estén en abandono mientras que se construye una ruta entre Atitlán y Chicacao, la cual no es transitada. Tenemos la sospecha de que podría ser por la construcción de una hidroeléctrica o actividades de minería en el lugar”, comentó el legislador.
Agregó que debido a estos atrasos efectuarán una visita de fiscalización el 18 de este mes, con el acompañamiento de las autoridades de la cartera, Covial y alcaldes municipales.
Por su parte, Manuel López, coordinador del Fondo Social de Solidaridad, indicó que realizan las asignaciones presupuestarias para finalizar proyectos viales durante este año, así como la planificación de diferentes tramos que se llevarán a cabo en 2017, con un costo estimado de Q160 millones.
“Ha sido una reunión de trabajo y nos hemos puesto de acuerdo para ir a verificar los tramos pendientes en ese departamento”, explicó López.
Por Elizabeth Linares

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Diputados de la comisiones Extraordinaria de Asuntos Sobre Discapacidad y de Trabajo se reunieron este jueves con Ana Peláez Narváez, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, a quien le presentaron un informe sobre los avances en materia legislativa, entre los cuales resalta la ratificación del Tratado de Marrakech, que facilita el acceso de obras públicas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto.
Peláez Narváez reconoció el compromiso del país en el cumplimiento de los derechos humanos para este sector, como Estado parte de la Convención; otros aspectos positivos que resaltó fue la creación de una comisión ordinaria en el Congreso, la apertura de oficinas municipales y la ratificación del Tratado.
Sin embargo, indicó que a los integrantes de la Comisión les preocupa el atraso en la implementación de políticas que impulsen los derechos humanos de este colectivo, los cuales están enfocados en tres ejes: obligaciones del Estado, derechos y obligaciones específicas.
Asimismo, llamó a la reflexión sobre la necesidad de darle celeridad a la aprobación de la iniciativa 5125, Ley de Personas con Discapacidad, que fue conocida por el pleno en agosto y que, según la experta, “armoniza perfectamente” con la Convención.
Durante su intervención, el congresista Christian Boussinot, titular de la sala Extraordinaria de Asuntos Sobre Discapacidad, dijo que es prioridad para el país atender dichas recomendaciones. “Hemos sido evaluados y se han encontrado varias debilidades; las instituciones del Estado deben de ser fortalecidas para seguir la hoja de ruta que nos permita tener mayores avances”, afirmó el parlamentario de la bancada Todos.
Agregó que en 2015 y 2016 hay avances sustanciales en el trabajo legislativo pues se envió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales una opinión sobre la iniciativa 5125, y espera la respuesta para emitir el dictamen correspondiente.
Sebastián Toledo, director ejecutivo del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, manifestó su agradecimiento por la atención de los diputados e indico que el 9 de este mes presentarán una ruta de acción que genere los mecanismos para la reformulación de acciones orientadas a atender de manera adecuada a la población con algún tipo de discapacidad.
Al finalizar la reunión, el congresista Ovidio Monzón, presidente de la Comisión de Trabajo, dio a conocer que en los próximos días entregarán en la Dirección Legislativa el dictamen favorable a la iniciativa 3932, Ley de Lengua de Señas de Guatemala, para que pueda seguir el trámite de aprobación.
Por Karen Mendoza

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Diputados que integran la Comisión del Migrante se reunieron para continuar con la depuración de expedientes de los candidatos a optar para el cargo de Secretario y Subsecretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), que presentaron documentación que acredita experiencia mínima comprobada de 3 años en el tema migratorio.
El diputado Manuel Giordano, vicepresidente de esta sala de trabajo, dio a conocer que en esta ocasión se revisaron 26 expedientes de los cuales se efectuó el mismo proceso donde cada uno de los integrantes verificó los mismos ante la presencia de la delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para transparentar el proceso.
“Hoy terminamos con este proceso de depuración, tenemos contemplado crear un cuadro para calificarlos donde vamos a comparar la experiencia de cada candidato, cuántos idiomas dominan y algunos otros factores para pasar a la siguiente fase”, refirió el congresista.
El proceso inició con 47 expedientes de los cuales dos decidieron retirarse. La semana anterior se revisaron 19 expedientes de los cuales 14 quedaron eliminados ya que no cumplían con los requisitos mínimos que la ley contempla y 5 deberán presentar este viernes los documentos que acrediten su experiencia y conocimientos, de lo contrario quedarán fuera de contienda.
La sala legislativa espera finalizar este proceso a finales de este mes para que sean 5 los expedientes presentados al pleno del Congreso de la República, quienes deberán elegir al Secretario y Subsecretario Ejecutivo de Conamigua.
Por Elizabeth Linares

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En la antepenúltima reunión de los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República para analizar la propuesta de Presupuesto 2017, los 22 Gobernadores departamentales fueron cuestionados por la baja ejecución registrada durante el 2016.
Debido a la poca eficacia en el gasto, los legisladores acordaron que se incluirá una norma en el próximo presupuesto para que los gobernadores no toquen los fondos departamentales y sean las unidades ejecutoras quienes los administren.
“Detectamos baja ejecución y es pésima. Obras abandonadas y unos consejos de desarrollo incapaces. Además de eso, más de 2 mil 500 millones de quetzales sin comprometerse en obras. Sería más lógico y conveniente que los fondos ya no los toquen los gobernadores”, manifestó el presidente de la Comisión de Finanzas Jairo Flores.
Flores también comentó que el presupuesto del Congreso sufrirá una reducción de 115 millones que quetzales, y que se incluirán 300 millones de quetzales para la consulta de las reformas Constitucionales y 200 millones de quetzales para el censo poblacional en el cual se propone incluir la medición de indicadores de educación y salud.
A los gobernadores departamentales los diputados les realizaron preguntas concretas donde la mayoría respondió sobre su ejecución, obras de arrastre y obras abandonadas, y todos coincidieron que no llegan ni al 50 por ciento ejecutado, pero que esperan finalizar el año con más de 80 por ciento en ejecución.
Para la Contraloría General de Cuentas las cifras no coinciden ya que según los gobernadores existen 992 obras pendientes de ejecutar de años pasados, mientras el subcontralor César Armando Elías aseguró que la cantidad que ellos determinaron es de 1500 proyectos, por los cuales ya hay varias denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público entre ellas 13 en contra de los CODEDES, debido a que el avance financiero es mayor que la obra física.
“Incapacidad y mediocridad en el gasto. Un promedio de 47 por ciento a nivel nacional de lo ejecutado no es tolerable. Determinar que teniendo recursos y no los ejecuten en proyectos que realmente la población necesita es inaceptable”, comentó el jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco
Para el diputado integrante de la sala de Finanzas, Haroldo Quej Chen, el presidente de la República debería destituir a los gobernadores que no lleguen al 75 por ciento de su ejecución, porque se determina que tienen poco interés de ayudar a la población.
Por Selvin Rustrián.

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El ejecutivo a través del Secretario General de la Presidencia, Rodrigo Colmenares presentó al Congreso de la República la Iniciativa de ley que busca dar en concesión de forma directa de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Colmenares, señaló que la propuesta se elaboró con el equipo técnico que actualmente administra el puerto desde hace varios días y que debido a los cambios de “forma, más no de fondo que se dieron de última hora; hizo que fuera presentada hasta ahora”, concluyó el funcionario.
La propuesta establece que, de forma excepcional la concesión de los servicios portuarios a favor de la entidad mercantil Terminal de Contenedores, sea por un rango de los 20 a 25 años, además señala que luego de ser presentada la iniciativa, el Organismo Legislativo tendrá cuarenta días para aprobar la concesión.
“La iniciativa se va a leer y pasará a comisión,  este problema debe ser discutido de manera urgente, porque es un problema serio que no podemos dejar de lado. Sabemos que es una propuesta que traer problemas graves de corrupción pero lo que debemos hacer es  salvar la situación”, dijo el presidente del Congreso de la República, Mario Taracena Díaz-Sol, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El Secretario General de la Presidencia destacó la importancia que tiene que los congresistas aprueben la iniciativa que dará vida a la concesión de TCQ, para que esta terminal inicie sus operaciones y beneficie al país.
Dijo que en caso contrario esta terminal marítima tendría un futuro de abandono como ocurrió con la planta de papel Celgusa, que nunca fue vendida, representó pérdidas millonarias para la economía y no fue de beneficio para el país.
El diputado Raúl Romero, Jefe de bancada FUERZA aseguró que la iniciativa se debe analizar a profundidad y “no se deben tomar las cosas aceleradamente”, para no incurrir en errores que puedan perjudicar al país.
En 2015, el MP y la Cicig descubrieron una trama de corrupción que vincula al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, caso por el cual ambos están siendo procesados.
Según la investigación, TCQ pagó unos 30 millones de dólares en sobornos para lograr la ampliación del puerto Quetzal, de esta suma, 24.5 millones estaban destinados a los servicios locales.
En este caso también están involucrados los exmagistrados de la CSJ, Douglas Charchal y Vladimir Aguilar.
Por Byron Ramírez

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El pleno del Organismo Legislativo conoció, como iniciativa, una nueva propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, conocidas como de segunda generación, remitida por el presidente de la República, Jimmy Morales.
La ponencia del Ejecutivo, trasladada a la Comisión de Asuntos Electorales, entre otros aspectos busca una vez más la paridad en las candidaturas, propone los partidos regionales y modifica las elecciones municipales.
El proyecto de ley también pretende que la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sea para un período de 8 años y que la integración del Congreso de la República sea con 160 diputados, incluyendo una lista nacional de 25.
“La discusión tendrá el mismo tratamiento que otras iniciativas de ley que se conocen en este alto Organismo de Estado”, afirmó el presidente de la Junta Directiva, Mario Taracena Díaz-Sol, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Puntos de agenda
Por otra parte, el pleno rechazó una propuesta planteada por el diputado Fernando Linares Beltranena, de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN), que buscaba los mecanismos que permitieran solicitar al Departamento de Estado de Estados Unidos el retiro de su embajador en Guatemala, Todd Robinson.
La propuesta del congresista se conoció después que el diplomático emitiera comentarios sobre la labor de los parlamentarios en materia anticorrupción, lo cual para Taracena Díaz-Sol, no tiene fundamento, considerando el apoyo que Estados Unidos ha dado al país mediante sus diferentes agencias y organismos.
Los legisladores, cumpliendo con lo establecido en la orden del día aprobada para la sesión ordinaria de este jueves, avanzaron con la discusión de primeros y segundos debates, entre los cuales resalta la reforma al Decreto 40-2010, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes.
Sayda Galicia

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Los trabajos de la ampliación de la carretera CA-1 Occidente y el servicio del transporte extraurbano son las principales causas del caos vehicular que se registra en el departamento de Chimaltenango, razón por la cual los diputados Delia Bac, Alejandro De León,  Eva Monte y Alejandra Carrillo, representantes de dicho departamento discutieron posibles soluciones con Luis Fernando Villegas, Director General de Transporte (DGT); Juan José Cuá, alcalde del Tejar Chimaltenango; Julio Axel Figueroa gobernador departamental, y Percy Mogollón, director general de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL).
Según la congresista Delia Bac el retraso originado por largas filas de vehículos afecta a miles de personas que a diario transitan por la cabecera de Chimaltenango hacia departamentos como Sololá, Totonicapán, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango y Huehuetenango puesto que para recorrer un tramo de no menos de cinco kilómetros, los automovilistas deben hacer fila por dos horas, esto se agudizó el viernes pasado en donde el paso de la CA-1 Occidente colapsó por no menos de nueve horas.
“Como vecina de este departamento me preocupa que la falta de agentes de tránsito genere un desorden que alcanza hasta el kilometro 42 de la carretera hacia occidente, asimismo tenemos conocimiento de que existen algunas líneas de transporte a las cuales se les ha suspendido temporalmente a sus pilotos, sin embargo estos continúan circulando”, aseguró la parlamentaria.
Por su parte el jefe edil de El Tejar Chimaltenango indicó que se hacen las gestiones para implementar su propia Policía Municipal de Tránsito para regular el tránsito vehicular. Mientras se concreta dicha situación, los representantes de PROVIAL se comprometieron a enviar un contingente para dirigir el tráfico en dicho lugar y capacitar a los nuevos elementos.
Luis Villegas titular de la DGT, dijo que revisarán el tema de las sanciones y suspensiones a transportistas de servicio extraurbano, debido a que de corroborarse que siguen circulando pese a estar suspendidos, procederán  a suspender definitivamente a la empresa y al piloto, quienes a su vez deberán pagar multas de hasta 10 mil quetzales.
Al finalizar la reunión la diputada Eva Monte manifestó que darán seguimiento a este caso y dijo: “En un plazo no mayor de 15 días, estaremos recibiendo de PROVIAL, un informe de la situación y el avance de las acciones tomadas por todos los involucrados en este tema, lo cual nos permitirá tener los parámetros para generar un pronta solución a este problema”, concluyó.
Por Karen Mendoza.

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