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Integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso citaron este martes a funcionarios del Ministerio de Gobernación (Mingob), y de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes cuestionaron sobre las acciones y el plan estratégico de combate a la criminalidad, ello debido a la ola creciente de violencia de la que fueron víctimas dos mejores edad, un agente del orden público y cinco taxistas, la semana pasada.

Según Francisco Rivas, titular de la cartera del Interior, se trabaja en un monitoreo diario que refleja las estadísticas de los actos de violencia en el país, que se concentran en un 15 por ciento en el área metropolitana y en un 11 por ciento en la rural, “siendo estas cifras bajas en comparación a otros años”. Sin embargo, aceptó que los hechos de violencia homicida tuvieron un repunte del 6 por ciento.

Además, el funcionario explico que del 2016 a la fecha han desarticulado 90 estructuras delictivas y 300 personas vinculadas a la extorsión han sido capturadas. En el tema de los últimos ataques registrados contra la PNC, que cobró la vida del agente policial Alex Obdulio Mencos López, la semana pasada, Rivas aseguró que tienen indicios de que ello obedece a una “reestructuración del crimen organizado”, que se ha visto golpeado en su estructura por los operativos de la fuerza policial.

“No vamos a claudicar, a pesar de los escasos recursos con lo que contamos, porque estamos convencidos de que todos nuestros esfuerzos están al servicio y prioridad de la seguridad de los guatemaltecos”, aseveró el titular del Mingob.

Por su parte, el diputado Óscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuestionó a los funcionarios por la fuga de 4 pandilleros de alta peligrosidad de un centro carcelario, en noviembre de 2016. Asimismo, habló del proceso de depuración en las líneas policiales, porque existen “estructuras criminales enquistadas” en la institución.

Nery Ramos, director de la PNC, indicó: “No se puede hablar de falta de acción en tanto los agentes trabajan con precariedad; es preciso mencionar que necesitan estar mejor equipados para que su trabajo sea más eficaz. En el caso de la depuración, ha sido una tarea permanente, de tal cuenta que se ha fortalecido la Inspectoría, a razón de identificar a esos malos policías que tanto daño le hacen a la institución”.

Al finalizar el encuentro, Napoleón Rojas, presidente de la sala legislativa y representante del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN), mostró su preocupación en el tema. “Estamos en total disposición de apoyar al Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil, por lo que hemos fijado una reunión mensualmente, para que sus autoridades no den cuenta de los avances en materia de seguridad ciudadana”, manifestó.

Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en lo que va del año se ha registrado un repunte de muertes violentas del 6 por ciento, en comparación con el mismo período del año anterior. Los municipios con mayor criminalidad son Guatemala, Mixco, Villa Nueva y Villa Canales.

Por Karen Mendoza

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La bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) citó al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, y a su equipo de trabajo, con el fin de aclararan dudas sobre el funcionamiento de la cartera.

Orlando Blanco, jefe del bloque, centró su interrogatorio en preguntas encaminadas a definir los criterios utilizados para priorizar el pago de deudas y, por ende, la ejecución presupuestaria 2016.

El ministro explicó que la institución solicitó un monto de Q1 mil 817 millones para el año 2016, de los cuales Finanzas autorizó Q1 mil 408; sin embargo, pudieron ejecutar Q985 millones.

“De estos Q985 millones pagamos Q119 millones en supervisores, Q669 millones fueron para pago de contratos y Q196 millones para funcionamiento”, aseveró García.

No obstante, el diputado Blanco dijo que después de analizar rubro por rubro descubrieron que no se respetó el Plan Operativo Anual del CIV, y se dio prioridad a empresas que no figuraban en él, sin importar si tenían señalamientos legales.

“Por ejemplo, a la empresa Sigma Constructores, S. A. le desembolsaron Q17 millones; la constructora Solel Boneh tenía programado un pago de Q32 millones y terminaron dándole Q140 millones, y a Constructora Nacional, S. A. le erogaron Q148 millones”, argumentó el congresista.

Ante los señalamientos el ministro dijo: “Había proyectos que había que liquidar y otros ya estaban avanzados, por lo que se decidió hacer los pagos”.

Sobre la constructora Odebrecht, el funcionario se abstuvo de brindar declaraciones, con el argumento de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad le informó que el caso fue declarado en reserva.

García deberá enviar un informe circunstanciado de los proyectos pagados el año pasado, pero los diputados adelantaron que pudo haber incumplido el artículo 477 del Código Penal, el cual sanciona a quienes den uso diferente a fondos predeterminados.

Durante la citación, los diputados Jairo Flores, Marleni Matías y Haroldo Quej aprovecharon para pedir información sobre el avance de diferentes tramos carreteros de cada uno de sus distritos.

Por Mayra Recinos

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Durante una reunión sostenida con diputados de la Comisión de Salud y Asistencia Social, que coordina la diputada Karla Martínez, se acordó instalar una mesa de trabajo, con el objetivo de aclarar el incendio ocurrido el 18 de enero en las oficinas de los Departamentos de Regulación de Productos Farmacéuticos y Regulación y Control de Alimentos.

“Creemos que fue un corto un corto circuito; debido a la falta de recursos financieros no se pudo contratar personal de seguridad para el resguardo de estos archivos”, indicó Ana Beatriz Cordero, jefa de la primera unidad citada.

Indicó que la investigación está en manos del Ministerio Público para determinar las causas.

Por su parte, Adrián Chávez, viceministro de Salud, expresó: “Desconozco cuál es el plan de emergencia y mitigación de riesgos que se tiene para proteger las instalaciones. A partir de esto revisaremos los planes, para evitar que se repita el suceso”.

El diputado Luis Hernández Azmitia, del Movimiento Reformador (MR), solicitó al Ministerio de Salud que le envié una propuesta de readecuación presupuestaria para el fortalecimiento de dicha unidad, y que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres evalúe las instalaciones.

El diputado Germán Velásquez, del Partido Patriota (PP) y secretario de la sala legislativa, comentó que los registros “son muy importantes”, pues son parte del archivo nacional del Ministerio de Salud, por lo que es indispensable proteger la información.

La diputada Martínez, de Alianza Ciudadana (AC), explicó que se analizará en una mesa técnica lo ocurrido en el incendio y los procesos para obtener los registros sanitarios y alimenticios, a fin de que se agilicen los trámites burocráticos para hacer más eficiente el abastecimiento en los diferentes hospitales en el país.

Por Rosemary Recinos.

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Tras haber realizado una serie de investigaciones sobre las contrataciones y salarios en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), el diputado Leonel Lira, de la Bancada Encuentro por Guatemala, se reunió con el subcontralor del Gasto Público, César Elías, a quien presentó una denuncia por duplicidad de contratos.

En el expediente se da a conocer que actualmente hay 12 personas que mantienen contratos en ambas dependencias, por montos de hasta Q25 mil en cada una, lo cual suma un monto de casi Q5.5 millones en salarios.

“La contratación de estas personas está generando el gastos de recursos innecesarios, pues las dos instituciones hacen un trabajo similar, por lo que han un doble gasto, que puede ser utilizado para otros rubros que son importantes para el deporte nacional”, destacó el parlamentario Lira.

Los documentos fueron entregados al subcontralor y se espera que se inicien las investigaciones y acciones necesarias para determinar si existe fraude en la duplicidad de salarios.

Por Karla Herrera

 

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La Comisión de Probidad, presidida por el diputado Amílcar Pop Ac, del bloque Winaq, citó al subcontralor General de Cuentas, Fernando Fernández, y al secretario del Ministerio Público, Rotman Pérez, a quienes consultó por denuncias presentadas por comunitarios contra del gobernador de Sololá, Alberto Chumil.

Dominga Vásquez, coordinadora de la Asamblea Social y Popular de Sololá, señaló al funcionario de abuso de poder, malversación de fondos en la construcción del mercado y plazas fantasma en diferentes instituciones.

Rotman y Fernández indicaron que desconocían las acusaciones expuestas, pero darán seguimiento e informarían a sus superiores.

Por su parte, el diputado Pop destacó la importancia de ofrecer acompañamiento a este tipo de denuncias por parte de la sociedad civil. “Es muy importante el anuncio de la creación de dos fiscalías que se encargarán de temas de asuntos municipales y locales, así como la creación de un ente de auditoría y fiscalización en la Contraloría General de Cuentas”, indicó.

Por Nery Morales

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La Mesa de Seguridad y Justicia, coordinada por el congresista Oliverio Gracia Rodas, reanudó este martes las reuniones orientadas a analizar las reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, así como al Código Procesal Penal, en lo referente al procedimiento abreviado y aceptación de cargos.

“Hoy iniciamos a discutir dos importantes proyectos de ley; seguiremos analizando y si llegamos a los consensos necesarios en la mesa técnica lo antes posible presentaré los dictámenes en el Congreso de la República”, refirió el parlamentario del Movimiento Reformador (MR).

El presidente del Organismo Legislativo, Óscar Chinchilla, participó en el acto y en su discurso destacó la importancia y beneficio para el país que se retome la discusión de las normas relacionadas con la seguridad y justicia.

Durante la reunión, los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia iniciaron el análisis de las reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de regular el amparo judicial pues consideran que es utilizado como mecanismo dilatorio en resoluciones judiciales y administrativas para lograr impunidad.

Asimismo, examinaron el contenido de la reforma al Código Procesal Penal, presentada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para que las personas ligadas a un proceso y que esperan el debate oral público puedan optar a la aceptación de cargos para acelerar el proceso penal.

La Mesa de Seguridad y Justicia es integrada por el Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Nacional, Organismo Judicial, Movimiento Pro Justicia, Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, Centro de Estudios de Guatemala, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, Misión Internacional de Justicia, CICIG, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Instituto Nacional Demócrata, entre otras.

Chinchilla agradeció a las instituciones, sociedad civil, cooperantes y a la CICIG “por el esfuerzo de combatir el flagelo de inseguridad que se vive en el país y que tiene preocupada a la población en general, ya que este mes es uno de los más violentos de los últimos años”.

El diputado Raúl Romero, del bloque Fuerza y presidente de la Comisión de Asuntos Seguridad de Nacional, informó que está interesado en que se traslade a esa instancia la iniciativa de reforma policial para emitir el dictamen correspondiente.

Por José Castellanos.

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La diputada Eva Nicolle Monte citó al director departamental de Educación, Raúl Sánchez, y al titular interino de la Dirección General de Educación Física (Digef), Marco Antonio Velez, para que informaran de la suspensión de la construcción de la piscina de la Escuela Nacional de Educación Física de Chimaltenango.

El representante de la asociación de padres de familia, Alfredo Sarazúa, indicó que debido a que la obra quedó inconclusa los estudiantes deben trasladarse al Parque Nacional Los Aposentos en para usar las piscinas, pero han sido víctimas de asaltos por parte de pandilleros.

Velez informó que el Ministerio de Educación aprobó la reprogramación de 17 proyectos de arrastre, incluyendo la finalización de la piscina con sus respectivos vestidores y duchas, y se espera concluir a finales de este año.

La parlamentaria Monte, de Alianza Ciudadana, dijo que mientras termina la obra coordinará con la Gobernación Departamental, la Municipalidad de Chimaltenango y Policía Nacional Civil para que incrementen la seguridad a los estudiantes.

Por Nery Morales

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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República reunió este martes al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jorge De León Duque, para aclarar anomalías resaltadas en el informe anual que hizo contra los relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

La diputada Sandra Patricia Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), quien preside dicha sala legislativa, indicó que antes de iniciar un proceso de elección de nuevos relatores es importante conocer lo actuado por los actuales y los temas pendientes.

De León Duque señaló que actuaron con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y concluyeron en que se desvirtuó la razón de ser de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura; por ello, en su momento pidieron al Congreso que quedará sin efecto el nombramiento de los relatores y que fueron giradas denuncias específicas en el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas.

La Comisión otorgó un tiempo no mayor de 5 minutos para que cada relator tuviera la oportunidad de defensa y argumentara pruebas de descargo. En ese momento se evidenció la división existente, porque mientras la relatora Silvia Villalta se mostró en favor de lo dicho por De León Duque, el presidente relator, Carlos Solórzano, rechazó las acusaciones y afirmó que se trataba de una rencilla política.

Finalmente, la diputada Sandoval manifestó que discutirán el tema en el seno de la comisión y en la próxima sesión fijarán su postura.

Por Nery Morales

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En la décimo segunda sesión ordinaria de este año, celebrada este martes, los diputados al Congreso de la República avanzaron en la aprobación en tercer debate, por artículos y redacción final, del proyecto que dispone aprobar la Ley de Bienestar Animal (4554, 5025, 5034).

La normativa está encaminada en sancionar el maltrato, uso alimenticio de mascotas y el contrabando de animales silvestres, entre otros aspectos. La discusión quedó en suspenso y la aprobación por artículos proseguirá en la plenaria del jueves 23.

Además, los parlamentarios conocieron dos iniciativas de ley que fueron trasladadas a las comisiones respectivas para su estudio y dictamen correspondiente.

Con la primera de ellas, Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, que consta de 42 artículos, se pretende abrir espacios de oportunidades a nuevas, pequeñas y medianas empresas, así como modernizar y actualizar las herramientas legales del ordenamiento jurídico mercantil, para incentivar el aumento en la inversión de la economía y generar más y mejores empleos en el país; pasó a la Comisión de Economía para su estudio.

La segunda está encaminada a aprobar el préstamo número 8660 con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por un monto de no menos de $250 millones; los fondos están dirigidos a la implementación de políticas de desarrollo para la gobernanza, las cuales se centran en ejes como seguridad ciudadana, salud, y educación, entre otros. Pasó a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda.

Asimismo, los congresistas discutieron en segundo y tercer debate dos dictámenes y proyectos de decreto; uno, que dispone aprobar reformas al decreto número 132-96 del Congreso de la República, y el segundo, Ley de Tránsito (5033), que dispone aprobar Ley de Atención Integral a las Personas con Sospecha o Diagnóstico de Padecimiento de Enfermedades Raras, iniciativa 4672.

Las multas van desde 4 salarios mínimos hasta 12 a aquellas personas que cometan faltas leves, graves y muy graves en contra de los animales. Además, contempla la creación del Programa y Comité de Bienestar Animal, el cual estará representado por funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Municipalidad de Guatemala.

Finalmente, por no contar con el quorum requerido, el presidente del Organismo Legislativo, Óscar Chinchilla, levantó la sesión plenaria y convocó para este miércoles 22, a partir de las 10:00 horas, para continuar la discusión y redacción final del proyecto de reformas a la Constitución Política de la República en Materia del Sector Justicia.

Por Karen Mendoza

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