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La comisión legislativa Plan Visión de País presentó una iniciativa de ley orientada a controlar, erradicar y sancionar a quienes contaminan el ambiente.
El proyecto Reciclaje y manejo sostenible de desechos, residuos contaminantes sólidos y líquidos para la defensa de la vida, la economía y el medio ambiente está dirigido a corregir fallas que provienen del abusivo uso de productos contaminantes, junto con el mal manejo de los recursos naturales y ambientales, explicó el diputado Álvaro Velásquez, presidente de la referida instancia.
A criterio del legislador Velásquez, del bloque Convergencia, hace falta aplicar el principio de que “el que contamine que pague”, pero al mismo tiempo es necesario incentivar las mejores prácticas de reciclaje mediante un fondo público que impulse esta práctica como actividad económica.
Se pretende disminuir la generación de residuos fomentando la reutilización, reciclaje y manejo de desechos para darle otro tipo de valoración, así como disminuir progresivamente hasta sustituir o eliminar productos incapaces de ser reutilizados.
“El país es el principal exportador de basura a la región, pero no va manejada ni tratada como sería deseable, sino como desechos nocivos y de degradación acuífera y ambiental; por lo tanto, se necesita una pronta y bien sustentada norma jurídica, que sea de aplicación severa, al tiempo de motivar mediante incentivos económicos un manejo sostenible que permita la descontaminación”, afirmó el parlamentario.
Finalmente dio a conocer que se creará un fondo público para el reciclaje, que manejará el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para financiar proyectos, programas y acciones orientados a prevenir la generación de residuos dañinos y fomentar su reutilización. Además todos los contaminantes serán sancionados con multas que fortalecerán el fondo.
Por José Luis Hernández


 

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Diputados de la bancada de Unión del Cambio Nacional (UCN) y de la Comisión de Gobernación, se reunieron con la directora de la Dirección de Migración, Carolina Miranda y la delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jessica Rebeca Ramírez, para abordar diversas denuncias de supuestas extorsiones a turistas extranjeros en el área de migración en el Aeropuerto Internacional la Aurora.
“Se dan cobros ilegales a turistas que intentan ingresar al país, en pocas palabras tienen libre albedrio para hacer lo que les da la gana en esa área conocida como ‘el cuartito’, donde todos sabemos que se pide dinero y es su discrecionalidad a quienes detiene y con el cual hacen negocio”, manifestó el jefe de bancada de UNC Julio Lainfiesta.
Las autoridades de Migración en dicha reunión indicaron que llevan poco tiempo en sus puestos por lo que desconocen que ocurran esta clase de ilícitos dentro de la terminal aérea. Pero ante ello la directora de Migración, Carolina Miranda anunció que colocaran cámaras de seguridad y audio en dicha oficina para que existan pruebas grabadas de todas las entrevistas que se realicen.
“La primer denuncia que nosotros conocemos es del mes de junio donde los delegados de migración solicitaron a los turista hasta mil 200 dólares para dejarlos ingresar y al no tener el efectivo, la persona es retornada a su país natal”, expresó Jessica Ramírez de la PDH.
Les damos a las autoridades de Migración de 10 a 15 días para que entreguen un informe sobre las supuestas extorsiones en dichas instalaciones. “Nuestra percepción es que existe una red dentro de las instalaciones y es necesario investigar para determinar quienes están extorsionando o realizando cobros ilegales”, dijo el presidente de la sala legislativa de Gobernación Napoleón Rojas.
Por Selvin Rustrián.

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Diputados de la bancada Alianza Ciudadana, que preside Francisco Tambríz y Tambríz, se reunieron con Lucrecia Hernández, ministra de Salud Pública y Asistencia Social; Édgar González, viceministro administrativo, y Adrián Chávez García, viceministro técnico, para conocer los avances del plan de trabajo y ejecución presupuestaria de los distintos programas de salud.
La funcionaria fue cuestionada por la problemática en diferentes hospitales y centros de salud, especialmente en departamentos como Huehuetenango, Chiquimula, Alta Verapaz y Sololá, entre otros. También se cuestionó la situación de los médicos cubanos que deberán regresar a su país próximamente.
La ministra Hernández dio a conocer que Guatemala tiene un sistema de salud precario. “El país cuenta con al menos 161 puestos de salud, 353 centros y 44 hospitales, y entre estos se tiene una red de servicios que atendería a un 6.5 millones de personas, población que tenía Guatemala en 1975”, agregó.
Indicó además: “Estamos haciendo el esfuerzo en términos de planificación para mejorar y fortalecer los servicios y los distintos programas. De acuerdo con la asignación presupuestaria, por sustitución por fuentes de financiamiento se ha efectuado una reorientación y con el aumento de transferencias interinstitucionales, de Q230 millones, se han acumulado al menos Q700 millones dirigidos a los hospitales y centros de salud”.
Por su parte, el parlamentario Tambriz y Tambriz informó que algunos temas quedaron pendientes de explicar, por lo que solicitó a la jefa de la cartera de salud un informe de los cuestionamientos efectuados por la bancada que representa.
“Hay algunos informes que no aclaró, como el del hospital de Huehuetenango, que ha sido tomado. Asimismo, los programas de salud, la situación en los temas de VIH, tuberculosis y los médicos cubanos que prestan sus servicios en las áreas rurales, por lo que esperamos que el día lunes envíe el informe correspondiente por cada departamento para conocer en qué se invierte el dinero de los guatemaltecos”, refirió el congresista.
Por Elizabeth Linares

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Los diputados miembros de la Comisión Legislativa de Asuntos Sobre Discapacidad  emitieron dictamen favorable a la iniciativa que dispone aprobar la Ley de Personas con Discapacidad, a la cual le corresponde el número 5125.
Con el dictamen favorable se enviará, ahora corresponde nuevamente que llegue al Pleno del Legislativo para que sufra los trámites que señala la ley.
El proyecto de ley contempla la ratificación y adhesión del Estado de Guatemala de pactos, convenios y protocolos internacionales que contemplan todas las formas de protección efectiva de los derechos y libertades sociales, políticas, culturales y laborales de los niños-niñas, jóvenes, adolescentes y toda persona que se encuentre limitada físicamente.
Según los legisladores de la mencionada comisión, a pesar de la existencia y vigencia de la legislación no existen en nuestro país los instrumentos que faciliten el efectivo ejercicio de los derechos y libertades de las personas con discapacidad, no hay igualdad frente a las personas que no la padecen.
Nuestra Constitución señala el tema de discapacidad en el artículo 53 para su desarrollo en leyes ordinarias. Otras leyes relacionadas son: la Ley de Educación Nacional, Ley de Atención a las personas con Discapacidad; Ley de Educación Especial para personas con Discapacidad, a las cuales se suman los reglamentos de las municipalidades que se relacionan con el tema de la accesibilidad.
Para la implementación de la ley vigente, es necesario ampliar y reformar la nuevos instrumentos que permitan su desarrollo integral, por lo que la propuesta busca que sea creada la Secretaría Presidencial sobre Asuntos de Discapacidad SEPREDIS; Crear un Comité Consultivo adscrito a la SEPREDIS; fortalecer al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad; para proteger los derechos Civiles y Políticos.
Además, establece que las municipalidades emitan reglamentos que contengan especificaciones técnicas mínimas para la construcción de viviendas para este sector, obligando a la vez, a los propietarios del transporte público a acondicionar las unidades para que tengan acceso a los buses.
En cuanto a la comunicación se hace relación a la adopción del lenguaje de señas, el sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, la visualización de textos, los dispositivos multimedia, el lenguaje escrito y sistemas auditivos.
También se obligaría a las autoridades públicas y privadas de educación superior y que presten información al usuario, que cuenten en sus páginas web accesibles a personas con cualquier tipo de discapacidad bajo pena de sanción pecuniaria. Además se obliga al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a prestar servicios de salud sexual y reproductiva. Que disponga del 3 por ciento de su presupuesto para proveer de ayuda técnica a las personas con discapacidad, entre otras disposiciones.
Por José Luis Hernández.

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Los integrantes de la Comisión de Asunto Municipales se reunieron con el alcalde de Mixco, Ernest Bran Montenegro, y el viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonso, y acordaron firmar un convenio interinstitucional para la creación de una oficina de Ambiente en la comuna mixqueña.
El propósito es facilitar expedientes de licencias de construcción, licencias de ambiente o contaminación en aéreas importantes del municipio.
“Estos convenios son importantes entre las instituciones porque permiten agilizar los procesos; estaremos vigilantes porque esto ayudará a la población que busca beneficios, y la creación de esta dependencia será una de varias que esperamos se abran en otras municipalidades”, manifestó el diputado Luis Alonzo, del Frente de Convergencia Nacional.
Se explicó que en la oficina estará un delegado del ministerio para dar viabilidad a los procesos, pero las autorizaciones y firmas se realizarán en la cartera de Ambiente.
“Se firmó un preacuerdo con el alcalde Bran y el diputado Alonzo, de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso, y se espera que en quince días se realice la firma del convenio en la municipalidad, donde los diputados serán testigos de honor”, expresó el viceministro Alonso.
Bran agradeció a las autoridades de Ambiente y al Congreso por llevar a cabo este proceso que beneficiará a miles de personas. “Sin estar creada la oficina ya fueron autorizados 13 expedientes y ahora será más rápido”, comentó.
La firma del acuerdo se espera realizar en la Municipalidad de Mixco entre el 21 y 26 de este mes.
Por Selvin Rustrián.

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Este lunes se efectuó en el Congreso el foro público denominado Comida Chatarra, en el cual se discutió la iniciativa 5168, Ley Marco para la Promoción de la Alimentación Saludable para Niñez y Adolescencia, que promueve la Comisión Extraordinaria de Seguimiento Plan Visión de País, coordinada por el diputado Álvaro Velásquez.
En la actividad participaron expertos del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), Fundación del Azúcar (Fundazúcar) e Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap).
Édgar Balsells, del Ipnusac, habló de la necesidad del plantear e implementar políticas públicas que incluyan el plano económico, debido a que el gasto en la ingesta de bebidas carbonatadas es mayor en comparación con el de alimentos nutritivos, y citó el caso de  municipios como Nebaj, Quiché, donde la población tiene poco acceso a servicios de agua potable.
Por su parte María Silvia Pineda, directora ejecutiva de la Fundación del Azúcar, resaltó la importancia del enfoque antropológico y sociológico en este tema, ya que derivado a las costumbres de una población se puede definir su modelo de alimentación. Explicó que el país enfrenta dos panoramas distintos y perjudiciales: desnutrición y la obesidad. “Estamos convencidos de que a mayor educación habrá una mejor alimentación, por lo que seguimos comprometidos en continuar capacitando a mujeres, campesinos y alcaldes en este tema”, afirmó.
Mientras tanto, Carmen Sánchez, del Incap, expuso el impacto potencial que tienen los medios de comunicación en la promoción de alimentos considerados “chatarra”. “Hay países como Chile y México, donde a los productos con sustancias que en exceso pueden causar daños a la salud de forma irreversible se les colocan etiquetas como advertencia de su contenido, y otras aún más drásticas, como el aumento de los impuestos en ciertos ítems, lo cual ha repercutido en una reducción de no menos del 30 por ciento en el consumo”, concluyó.
Al finalizar el encuentro, el representante Velásquez, del bloque Convergencia, manifestó su satisfacción por el resultado del foro e indico: “Creemos que un debate multisectorial hace que iniciativas como la 5168 y la 4944 (Ley de Alimentación Escolar), pueden fortalecer el sistema de alimentación en el país”.
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 4 de cada 10 niños menores de 5 años presenta desnutrición crónica, condición que provoca menos retención escolar y productividad, propensión a adquirir enfermedades y hasta pérdida del coeficiente intelectual, efectos irreversibles durante toda la vida. La desnutrición crónica afecta a 8 de cada 10 de los niños indígenas. No menos de 3 millones de guatemaltecos carecen de acceso al agua potable y aproximadamente 6 millones no tienen acceso a servicios de saneamiento mejorado y a una alimentación nutritiva.
Por Karen Mendoza

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La Instancia de Jefes de Bloque acordó incluir en la orden del día de este martes la elección de la nueva junta directiva del Organismo Legislativo para el período 2017.
El presidente del Congreso, Mario Taracena, expresó que decidió someter a votación la votación de los nuevos directivos para no continuar afectando el progreso de la agenda legislativa, “la cual se había entrampado por este tema”.
Hasta ahora los congresistas Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Fernando Linares Bletranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Óscar Chinchilla, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), han expresado su intención de competir por la Presidencia. Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, anunció su declinación este martes,
Otra de las deposiciones de los jefes de bloque fue incluir el asunto en el cuarto punto, con el propósito de dar lectura a otros temas de la agenda establecida, como la aprobación, en tercer debate, del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de hasta US$150 millones, destinado al Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa.
Otros temas
A la reunión de los jefes de bloque asistió el embajador de la Unión Europea, Stefano Gatto, quien expuso las experiencias en otros países en cuanto al tema de competitividad, en alusión a la iniciativa de Ley de Competencia que se discute en el Congreso. El diplomático aplaudió que Guatemala esté dispuesta a dar el paso de acabar con el tema del monopolio en diferentes productos.
Por aparte, la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila, cuyas dirigentes asistieron al Legislativo, solicitó aprobar la Iniciativa 4981, que contiene la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las labores domésticas en Guatemala, que entre varias cosas fija un salario mínimo y mayores beneficios, como acceso a la seguridad social.
Además, por solicitud de la diputada Sandra Morán, de Convergencia, se decidió excluir de la agenda del jueves 10 la iniciativa que dispone aprobar la Disposición y Trasplante de Órganos, con el objetivo de analizarla y agregar enmiendas.
Por. Byron Ramírez

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Un proyecto de Ley, presentado por el diputado Juan Ramón Lau Quan, busca reformar la Ley de Desarrollo Social para crear el Fondo de Reconstrucción para Desastres Naturales (Foreden) con el que se podrá apoyar a todas las víctimas de los daños provocados por fenómenos naturales.
La iniciativa propone otorgar a las familias damnificadas, un fondo inmediato equivalente al 75 por ciento del valor asentado en el Registra Nacional de la Propiedad de los inmuebles afectados.
El único requisito es que quienes hagan el reclamo documenten más de 10 años de poseer y habitar los inmuebles dañados.
Este apoyo económico es revolvente mediante cuotas que no excederán del 10 por ciento mensual del monto recibido y que éste no sobrepasará de los 50 mil quetzales. Este fondo no estará sujeto al pago de intereses.
Según el diputado Juan Ramón Lau Quan, Jefe de la bancada Todos, el Fondo respondería a una eventual necesidad de los ciudadanos registrados en los censos habitacionales que viven en áreas calificadas como de alto riesgo por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).
“Se ha visto en los últimos años que la gestión estatal no ha obedecido a criterios que tengan en cuenta el tamaño y la dinámica poblacional, las características socioculturales y las relaciones económicas, incluyendo los procesos de modificaciones del entorno natural como factores de desarrollo”, dijo el diputado Lau.
Como ejemplo citó los casos de desastres naturales como el de El Cambray II, Senahú, en Alta Verapaz y las crecidas de los ríos en Suchitepéquez, entre otros eventos naturales, los cuales han causado graves daños materiales e incluso cobrado vidas humanas.
El Foreden será financiado con las ejecuciones presupuestarias que van a parar al Fondo Común del Estado cuando finaliza el ejercicio presupuestario de cada año. El primer aporte sería el fondo común del presupuesto del presente año, resaltó el legislador.
Por José Luis Hernández.

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“No podemos apoyar una iniciativa que viole la Ley de Contracciones del Estado”, refirió Orlando Blanco, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), al señalar que la postura es no apoyar la propuesta enviada el jueves por el Organismo Ejecutivo y que pretende dar en concesión directa los servicios de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
El parlamentario señaló que se quiere “legalizar algo que a todas luces es ilegal y perjudicial para el país”, y destacó: “Lo que más llama la atención es que se habla de un contrato que será firmado, el cual no se adjunta a la iniciativa, y se desconoce qué contiene y qué establece”.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo consta de 6 artículos, de los cuales 4 requieren una explicación:
Artículo 1. Que la iniciativa será aprobada por razones de utilidad pública e interés nacional, el cual se aprobará con carácter de excepcional y de manera directa.
Artículo 2. Establece el plazo del contrato por un periodo de 21 años.
Articulo 3. La emisión de reglamentos que regulen la concesión.
Articulo 4. Las licencias y autorización de carácter administrativo emitidas previamente en favor de la entidad TCQ, para la operación de la Terminal de Contenedores, conservarán su vigencia y plena validez.
Julio Ixcamey, integrante de la bancada UNE, mencionó que la propuesta carece de respaldo legal, lo cual genera dudas sobre a quién se quiere beneficiar. Afirmó que en el artículo cuatro se pretende favorecer a los empresarios y no al Estado de Guatemala, ya que se establece la vigencia y validez de las licencias.
En cuanto al plazo de cuarenta días que se establece en el acuerdo firmado entre TCQ y el Ejecutivo para que el Congreso conozca y apruebe el proyecto de ley, los diputados afirmaron que nadie les puede fijar tiempo “y más aún con un tema tan delicado”.
Blanco mencionó que para buscar una salida al problema de la concesión se propone analizar una alianza público-privada, lo cual se estaría discutiendo la próxima semana con funcionarios de Gobierno y de la Procuraduría General de la Nación, quienes serán citados por la bancada para tratar el tema.
Por Byron Ramírez.

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