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En la sesión plenaria de este jueves, los diputados al Congreso de la República, mediante una moción privilegiada verbal, propuesta por el congresista Carlos Enrique Chavarría, del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), aprobaron el Acuerdo 9-2017, mediante el cual solicitarán a la Corte de Constitucionalidad (CC) su opinión en cuanto a la reforma del artículo 98 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, iniciativa 5111, que está en segundo debate.

La propuesta, que contó con el voto de 82 parlamentarios, según argumentos de Chavarría, “está orientada en pedir la opinión consultiva a la CC, si lo contenido en este artículo es o no constitucional en lo referente a la integración y los estatutos de los comités ejecutivos municipales y departamentales en materia de deporte”.

Asimismo, durante la sesión convocada para este día, los legisladores pasaron en primer debate el decreto que dispone aprobar reformas al decreto número 1441, Código de Trabajo (5198), y en tercer debate pasó el proyecto para aprobar la Cobertura Universal y Financiamiento para la Atención Integral en Salud a las y los guatemaltecos, iniciativa 4216.

En otro punto, los diputados conocieron las iniciativas Ley de Actualización Tributaria,
Ley Contra Actos Terroristas y la Ley de Apoyo a la Actividad Turística, las cuales pasaron a las comisiones de trabajo para estudio y dictamen.

Punto resolutivo genera debate

Posteriormente fue presentada otra moción privilegiada, a solicitud del parlamentario José Rodrigo Valladares, del bloque Todos y tercer secretario de Junta Directiva, para que se alterara el orden del día y aprobara un punto resolutivo encaminado a rechazar la llegada a las costas del país de un barco de la organización Women on Waves, que tiene como fin realizar abortos a mujeres guatemaltecas en aguas internacionales.

Dicha propuesta desencadenó discusión en el hemiciclo parlamentario con opiniones encontradas, como las de los diputados Oliverio García Rodas y Alejandra Carrillo, ambos de la bancada del Movimiento Reformador (MR).

El primero recordó a los representantes que “el aborto está prohibido, según el artículo 134, capítulo III del Código Penal, por lo que cualquier acción que lo estimule es considerado una falta, razón por la cual esta medida es ilegal bajo las leyes del país”.

Mientras tanto, que Carrillo aseguró: “Antes de preocuparse por la llegada de este naviero deberíamos preocuparnos por generar los mecanismos que garanticen una educación integral en sexualidad y evitar así los miles de abortos clandestinos que a diario se practican, por lo que no podemos dejarnos llevar por rumores, cuando las autoridades no tienen conocimiento que esto realmente este sucediendo”.

“Ya los diputados que tomaron la palabra advirtieron de todos los delitos que se incurría de ser cierto, por lo que no podemos correr el riesgo de que este hecho llegara a suceder en el país; de tal cuenta, hemos realizado las llamadas necesarias a los ministros de Gobernación y de la Defensa, para pedirles el apoyo, e interrumpir la llegada de este barco al país”, aseveró Valladares.

Tras el debate, el referido punto fue sometido a votación, contando solamente con el voto de 79 parlamentarios, por lo que la propuesta fue improbada; en ese momento se rompió el quorum para continuar con los puntos restantes de la agenda.

Por ello, la Junta Directiva levantó la sesión y convocó a sesión el día martes 28 de febrero, a las 14:00 horas, y para los días miércoles 1 y jueves 2 de marzo, a partir de las 10:00 horas.

Por Karen Mendoza

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El presidente del Congreso de la República, Oscar Chinchilla, viajó a este jueves a Nicaragua, donde participará en la XXXIV Reunión Ordinaria del Foro de Presidente y Presidentas de Poderes Legislativos de Centro América y la Cuenca del Caribe (Foprel).

El parlamentario entregará la presidencia pro tempore de ese organismo, la cual ostenta, a la honorable Laura Tucker- Longsworth, presidente de la Cámara de Representantes de Belice.

La reunión se celebrará en la ciudad de Managua, en la sede de la Asamblea Nacional de Nicaragua, este viernes 24.

Por Nery Morales

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Diputados del bloque Alianza Ciudadana, encabezado por el diputado Francisco Tambríz y Tambríz, citaron este jueves a integrantes del Directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap), para que aclararan dudas sobre el contrato 55-2008, suscrito con la empresa Easy Marketing, S.A., para la impresión del documento personal de identificación, por un monto de Q1 mil millones y que vence en diciembre de este año.

Según Brenda Gramajo, directora ejecutiva en funciones del Renap, han hecho gestiones para que se suspenda el convenio y sean devueltas 3 máquinas especializadas para la impresión del documento, y aseguró que el proceso está en suspenso “luego de que la Corte de Constitucionalidad fallara en favor de Easy Marketing”.

“El Directorio ha incumplido sus funciones. No puede ser que por la incapacidad de los funcionarios del Registro, miles de guatemaltecos no cuenten con un documento de identificación, que les permita tener certeza jurídica y realizar los trámites que necesiten”, dijo el congresista Marvin Orellana.

Al finalizar el encuentro, los diputados aseguraron que en los próximos días presentarán una denuncia penal contra el Directorio del Renap y la empresa en mención, tomando en cuenta que la última no ha cumplido a cabalidad con lo pactado y las autoridades no han liquidado el proceso, lo que tiene en suspenso la emisión de no menos de 400 mil documentos.

Esta se sumaría a la denuncia presentada por los parlamentarios del bloque Encuentro por Guatemala, por la ampliación del referido contrato.

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La Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Patricia Sandoval, entrega en la Dirección Legislativa los expedientes de 32 aspirantes a ocupar los cargos de relatores titulares y suplentes en la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.

De igual manera aprobaron el cronograma de actividades, las guías para revisión de los expedientes y control de requisitos, y el perfil ideal de los candidatos.

Dicha instancia tiene la función de velar porque no se violen los derechos humanos de los privados de libertad.

La evaluación se propone de la siguiente manera: por méritos académicos, 35 puntos, incluyendo títulos, doctorados, maestrías y especializaciones extendidas por centros de estudios superiores reconocidos y acreditados; 60 puntos por experiencia profesional en el ramo, y 5 por valores humanos.

“La Comisión deberá entregar una propuesta con 3 ternas el 22 de marzo al pleno del Congreso, para su elección”, expresó la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), secretaria de la sala. Los diputados deberán elegir 5 relatores titulares y 3 suplentes.

“Esta tarde aprobaremos la tabla de gradación y luego procederemos a abrir los expedientes para dar a conocer los nombres de los postulantes”, indicó la parlamentaria Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Por Rosemary Recinos.

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Durante una reunión con el diputado Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, representantes de las autoridades indígenas de San Juan Sacatepéquez expresaron su desacuerdo con la construcción de un tramo del anillo periférico regional sin contar con un estudio de impacto ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

A la cita estaba convocado el titular de la cartera, Sydney Samuels, pero no asistió. “La intención de llamar al ministro era para darle a conocer los problemas en las comunidades desde que se inició la construcción de la ruta sin haber hecho estudios ambientales, por lo que al no asistir estaremos analizando si se efectúa una sanción legal contra él”, enfatizó el congresista.

Las autoridades indígenas aseguraron que desde que empezó la obra los ríos y árboles de San Juan Sacatepéquez han sufrido “cambios negativos que afectan a los pobladores de la región”.

Por Karla Herrera

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El Congreso de la República, presidido por el diputado Óscar Chinchilla, a través de la Comisión de Finanza y Moneda, suscribió un convenio de cooperación técnica con el Ministerio de Finanzas Publicas y organizaciones que se especializan en el análisis de temas fiscales en el país.

El presidente de la sala legislativa, Adim Maldonado, comentó que constituye “una herramienta más de transparencia en la labor de una de las comisiones más importantes del Congreso”.

Como resultado del convenio, organizaciones como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) y la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia, darán respaldo a la comisión legislativa con sus opiniones técnicas en materia de política fiscal.

“Aplaudimos la iniciativa del Congreso y esperamos contribuir en la construcción de un verdadera política fiscal que sirva para que el Estado pueda enfrentar los desafíos actuales”, dijo Mario García Lara, secretario ejecutivo de ATAL.

En similares términos se manifestaron el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, y demás firmantes del acuerdo.

Al finalizar, el presidente del Legislativo dijo: “Este convenio será un instrumento fundamental en la aprobación de un presupuesto general de la nación, eficiente y transparente, así como la aprobación de mejores leyes para el país”.

Además, Chinchilla anunció que en los próximos días habrá un nuevo acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con el fin de que brinde acompañamiento al Congreso en la elección del nuevo titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos y los relatores contra la tortura.

Por Mayra Recinos

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La Comisión de Cultura del Congreso de la República inició el análisis de las iniciativas 4885, Ley Nacional para la Celebración de la Independencia de Guatemala, y 5187, Ley de Creación y Funcionamiento del Consejo Nacional de Cine, las cuales se encuentran pendientes de dictamen.

El objetivo del primer proyecto es declarar de interés nacional la celebración de la independencia, para promover y enaltecer los valores patrios.

Sin embargo, la Ley de Educación Nacional, decreto 12-91, establece programas permanentes de formación cultural, moral y cívica en todos los centros educativos. “Creemos que esto ya se encuentra regulado, por lo que continuaremos con el análisis para hacer un dictamen responsable”, indicó la diputada María Cristina Quinto, presidenta de la sala.

Y en relación con la Ley de Creación del Consejo Nacional de Cine manifestaron dudas, pues no se especifica cuál será la función y organización de la Comisión Fílmica de Guatemala y del Instituto Guatemalteco de Cinematografía, estipulados en el proyecto.

Externaron que es necesario investigar si el gremio cinematográfico está debidamente organizado y si existen escuelas de cine en Guatemala que estén registradas y en funcionamiento.

“El cine es un sector que no ha tenido regularización y queremos fomentar su fortalecimiento, darle un marco jurídico que permita su crecimiento también como movimiento económico”, expresó la parlamentaria.

Próximamente, la sala legislativa se reunirá con los actores involucrados para aclarar dudas en cuanto a la redacción y contenido, para hacer viable estas propuestas.

En la reunión de este miércoles se eligió a la Junta Directiva, integrada por los diputados Quinto, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación); Eduardo Zachrisson, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), vicepresidente, y Flor de María Chajón, de FCN-Nación, como secretaria.

Por Rosemary Recinos.

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Durante una reunión de trabajo, las congresistas Sofía Hernández y Karla Martínez, representantes del distrito de Huehuetenango, cuestionaron a Óscar Hugo López, ministro de Educación, por la contratación de maestros por parte de las corporaciones municipales, y argumentaron que no es obligación de los alcaldes pues son pagados con recursos del situado constitucional.

A la cita asistieron autoridades de la cartera, como María Eugenia Barrios de Mejía, viceministra administrativa; Walter Mérida, director departamental, y Edgar Montejo, alcalde de La Democracia, quien dio a conocer que el pago de docentes es superior a Q1 millón.

La diputada Hernández Herrera, subjefa del bloque Alianza Ciudadana, comentó: “Hemos identificado que hay varios alcaldes que han tenido que contratar docentes, pero esto no le corresponde. Hay lugares, como San Juan Ixcoy, donde se le paga a setenta maestros y hay municipalidades que se quejan por el pago excesivo”.

Montejo refirió que tiene 102 comunidades, 62 mil habitantes y 92 centros educativos, por lo que tiene que cubrir la demanda. “Pedimos que nos ayuden a solucionar la problemática”, manifestó.

El titular de la cartera de Educación explicó que hay jefes ediles que solicitan hacer convenios para contratar a los profesores que consideren necesarios, pero “hoy nos han hecho saber la conflictividad, por lo cual revisaremos los procesos, para evitar problemas”.

En la reunión se cuestionó al funcionario por la falta de escritorios e insumos escolares, escasa infraestructura, refacción, valija didáctica, textos y gratuidad; las parlamentarias y autoridades ediles requirieron apoyo a la población huehueteca.

Por José Castellanos.

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La Comisión de Educación, presidida por la diputada Dolores Beltrán, citó Áxel Romero, viceministro de Gobernación encargado de Prevención de la Violencia, y a José Moreno, viceministro de Educación a cargo de Calidad Educativa, para que informaran de acciones emprendidas ante el incremento de hechos violentos en establecimientos.

La parlamentaria del Movimiento Reformador (MR) mostró su preocupación por la vulnerabilidad de los estudiantes y maestros ante hechos de violencia y amenazas latentes dentro y fuera de los planteles.

Moreno informó que desde el 2014 existe una guía de identificación de la problemática para la prevención de la violencia y un protocolo de reacción en el que deben intervenir el personal docente, los padres de familia y autoridades locales.

Agregó que una de las acciones emprendidas en algunos establecimientos es la revisión de mochilas de los alumnos, pero se debe consensuar con los padres de familia y hacerse con respeto para no violentar los derechos humanos de los estudiantes.

Por su parte, Romero indicó que el Programa de Escuelas Seguras únicamente ofrece cobertura a 117 de 35 mil establecimientos existentes a nivel nacional, con 17 patrullas y un presupuesto de Q2 millones, por lo que se giró la orden 01-2017 a la Policía Nacional Civil para que priorice la atención; además, se reactivó el número telefónico 1510 para atender las emergencias y denuncias de posibles amenazas o hechos de violencia que atenten contra la comunidad educativa.

El diputado Víctor Cruz Clavería, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y vicepresidente de la sala legislativa, resaltó que “un problema integral como ese debe enfrentarse de la misma manera, por lo que es necesario hacer una cruzada nacional en la cual intervengan todos los sectores de la sociedad”.

Por Nery Morales

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