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Los integrantes de la Comisión de Salud del Congreso convocaron a funcionarios del Ministerio de Salud, Gobernación y Policía Nacional Civil (PNC), así como a los directores de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, debido a las amenazas de bomba que trascendieron la semana pasada.

Ante tal situación, la diputada Karla Martínez Hernández, presidenta de la referida sala, solicitó a cada uno de los directores de los nosocomios que explicaran las medidas de seguridad implementadas y si habían recibido instrucciones directas de las autoridades del Ministerio de Salud.

Carlos Soto y Juan Villeda, directores del Hospital Roosevelt y San Juan de Dios, respectivamente, dijeron que cada uno tomó las decisiones que consideraron pertinentes, entre ellas cerrar la Consulta Externa, tomar medidas para proteger a los estudiantes que realizan su práctica, restringir el número de acompañantes de los pacientes y reforzar las entradas y salidas de los edificios.

“Considero que contamos con la confianza de la ministra para tomar decisiones en estos casos; sin embargo, no existe un plan general para afrontar estas situaciones”, dijo Soto.

Williams Mansilla, ministro de la Defensa Nacional, indicó que no recibieron la solicitud de las autoridades de la Gobernación o de la PNC para reforzar la seguridad de los hospitales. “No podemos actuar por cuenta propia; nos apegamos a lo establecido en el Decreto 40-200, Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil, donde se establecen las reglas para que podamos apoyar cuando se requiera”, detalló.

Los diputados lamentaron que no hayan asistido los funcionarios del Ministerio de Gobernación y de la PNC, quienes tienen responsabilidad directa en la seguridad de la población.

“Volveremos a citarlos y esperamos que esta vez vengan los funcionarios; de lo contrario tomaremos medidas legales, tal como lo solicitaron mis compañeros diputados”, afirmó la parlamentaria Martínez.

Por Mayra Recinos

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El diputado Walter Félix, de la bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz), se reunió con viceministros de Finanzas y Agricultura, representantes del Instituto Nacional de Bosques (Inab) y beneficiarios del Programa de Incentivos Forestales, con quienes se acordaron los cronogramas de pagos de las personas que se dedican a reforestar y proteger los bosques.

En la reunión se mencionó que los primeros desembolsos se harán, según el calendario del Ministerio de Finanzas, a partir de junio y finalizarán en noviembre, siempre y cuando las personas cumplan con los requisitos establecidos por el Inab y las certificaciones de los proyectos que reforestan y protegen, dijo Víctor Martínez, viceministro de esa cartera.

Para ello se cuenta con un presupuesto de Q487 millones, los cuales fueron destinados mediante la Ley Probosque, y se prevé un traslado para el Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra (Pinpep), y se espera sea aprobado por la Junta Directiva la próxima semana, con un monto inicial de Q110 millones, indicaron representantes de dicha entidad.

Actualmente hay no menos de 28 mil personas que se dedican a la reforestación y protección de los bosques, y en muchos casos familias completas trabajan en dicha actividad agrícola que abarca los 22 departamentos, con un aproximado de 85 mil hectáreas bajo el cuidado de los beneficiarios del programa de incentivos forestales.

El diputado Félix destacó que por la mediación entre ministerios y beneficiarios se acordó iniciar una mesa técnica, en la cual se discutirán las reformas a las leyes Nacional Forestal y del Programa de Incentivos Forestales (Pinfor), así como la instancia que trabajará el presupuesto para el año 2018.

Por su parte, los representantes de la Red Nacional de Programas de Incentivos Forestales mencionaron que el año anterior se obtuvo 2 logros importantes: la institucionalización de la Red y la ejecución de Q258 millones presupuestados, con lo cual se eliminó la deuda de arrastre de los programas Pinpep y Pinfor.

Por Fernando Bolaños.

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El presidente del Organismo Legislativo, Óscar Chinchilla, atendió la mañana de este martes a directivos de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), quienes plantearon la necesidad de aprobar nuevas normas legales en el tema del servicio de electricidad que se brinda a la población.

Edwin Escobar, presidente de la Anam, solicitó que el Congreso convoque en los próximos días a la mesa técnica para que formule una iniciativa de ley que regule el arbitrio del alumbrado público, “en la cual se establezca un porcentaje justo y equitativo sin violentar la autonomía municipal”.

Otra solicitud que hicieron es la aprobación de un decreto que garantice el financiamiento del subsidio permanente de la tarifa social de la energía eléctrica, que actualmente está en proceso de ser eliminado y afectaría a la población.

El presidente Chinchilla, dijo que les preocupa la situación, por lo que incluirá el tema en la próxima reunión de Jefes de Bloque, para que se conforme la mesa técnica. “El subsidio a la tarifa social de electricidad es uno de los beneficios de los que gozan los guatemaltecos más necesitados, y consideramos no los podemos reducir”, aseveró.

Por otra parte, el presidente del Congreso informó que durante la sesión plenaria de este día leerán la renuncia de la subsecretaria del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Elizabeth Nicté Paz Pineda.

“Se someterá a discusión en el pleno la renuncia, para que la mayoría de diputados decida cuándo se realizará la elección del sustituto”, que saldrá de los tres restantes de la planilla planteada por la Comisión del Migrante.

Sin embargo, aclaró que acatarán a cabalidad las disposiciones de la Corte de Constitucionalidad en el caso de los amparos que presentaron las bancadas Encuentro por Guatemala (EG) y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por supuestas anomalías en el proceso de elección.

Por Mayra Recinos

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Diputados de la bancada Alianza Ciudadana se reunieron este martes con autoridades del Registro Nacional de las Personas (Renap) y de la Empresa Easy Marketing, con el fin de conocer cómo están los procedimientos de recepción de equipo que ésta tiene que entregar y así agilizar la impresión y entrega de al menos 500 mil documentos personales de identificación (DPI).

Rony Aguilar, representante legal de Easy Marketing, señaló que a partir de este martes está en la disponibilidad de proporcionar el equipo al Renap, debido a que concluyó el contrato suscrito con el Estado de Guatemala.

Por su parte, el diputado Sergio Celis manifestó que la bancada se mantendrá vigilante del cumplimiento de lo ofrecido, y por ello se convocó a las autoridades del Renap a una nueva reunión de trabajo, el martes 7 de marzo, para que presenten un informe sobre el avance en la entrega del DPI a los ciudadanos que se han visto afectados con los retrasos.

Por Wendy Sandoval

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Con el voto favorable de más de las 2 terceras partes de diputados que integran el Organismo Legislativo, este martes se aprobaron los decretos 5-2017, Ley de Bienestar Animal, y 6-2017, reformas al decreto 15-2009, Ley de Armas y Municiones, iniciativas 4554, 5025, 5034 y 5065.

El decreto 5-2017 entre otras cosas penaliza el maltrato de los animales y les concede especial protección; a la vez insta a diferentes ministerios a que se tomen las medidas necesarias para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra esos seres vivos.

Entre los puntos más relevantes del 6-2017 resalta la creación de un banco de datos a cargo de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, donde deberán tomar la huella balística de cada arma para su registro, salvo aquellas que sean obsoletas, inservibles o en desuso. También se amplía por 3 años el plazo para el registro de las armas.

Aceptan renuncia

Durante la sesión de este martes los diputados conocieron y aceptaron la renuncia de Elizabeth Nicté Paz Pineda, subsecretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, quien renunció a su puesto, aduciendo posibles vicios en el proceso de elección.

Citan a directora del Renap

Después, con el voto favorable de 83 legisladores, el pleno aprobó la solicitud del representante Ronald Arango, del bloque Todos, por medio de la cual se cita a la directora ejecutiva interina del Registro Nacional de las Personas (Renap), Brenda Gramajo, el 14 de marzo a las 14:00 horas, para que explique las razones por las cuales no se está entregando e imprimiendo el documento personal de identificación.

La citación se da en medio de críticas al Renap, debido a que hasta este martes se registraron no menos de 500 mil guatemaltecos que carecen del documento de identificación, cifra que va en aumento. En las últimas citaciones del directorio del Renap con congresistas de las bancadas Encuentro por Guatemala (EG) y Alianza Ciudadana (AC), indicaron que el problema radica en el contrato 55-2008, suscrito con la empresa Easy Marketing, S.A., y que vence en diciembre de este año.

Interpelación

Por otra parte, el Congreso ratificó para el martes 7 de marzo, a las 14:00 horas, la interpelación al ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Aldo Estuardo García Morales, por los casos Terminal de Contenedores Quetzal y Odebrecht, así como por la ejecución presupuestaria de la cartera; la solicitud fue planteada por el diputado Roberto Villate.

Iniciativas

En el punto de iniciativas fueron conocidas las reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (5252), la propuesta del diputado Romero del bloque Fuerza, que elimina el indulto presidencial (5250) cuando se haya emitido sentencia de condena de muerte, y la 5243, Ley para Prevenir la Violencia Obstétrica, las cuales fueron trasladadas a comisiones de trabajo para su estudio y dictamen. Asimismo, pasaron en segundo debate el decreto número 14-41, Código de Trabajo, y en tercer debate las reformas al decreto 132-96, Ley de Tránsito.

Minuto de silencio

Por aparte, los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria del exministro de Finanzas Públicas y ex diputado al Congreso, Eduardo Weymann, quien falleció el lunes.

Renap y reformas constitucionales

Finalmente, por falta quorum para agotar los puntos en agenda, el presidente del Parlamento, Óscar Chichilla, levantó la plenaria y convocó al desayuno que tendrá la Instancia Jefes de Bloque con la directora de Renap, este miércoles a partir de las 8:00 horas; y a la plenaria en la cual se contempla continuar la discusión de las reformas constitucionales en materia del Sector Justicia, a las 10:00 horas.

Por Karen Mendoza

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Edwin Lux, diputado de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), realizó una reunión de trabajo con autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) e integrantes del programa Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), para intermediar en la solicitud de incremento a las pensiones.

Ángel Vásquez, representante de la Asociación Guatemalteca de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, dijo que existen pensiones de Q100, que comparadas con el costo de la vida “son totalmente insuficientes e inhumanas”. “Por esa razón pedimos que nos autoricen un aumento de no menos de Q300 mensuales y que sea de forma retroactiva”, agregó.

Vidal Heriberto Herrera, gerente del IGSS, explicó que están conscientes de la situación y desmintió que este programa esté en crisis; afirmó que tienen asegurado el financiamiento hasta el año 2023 y cuentan con otras medidas que permitan la sostenibilidad.

“Sin embargo, es totalmente necesario que muchas instituciones hagan sus pagos, ya que el Estado ha dejado de pagar un aproximado de Q500 millones al Seguro Social”, agregó.

Por su parte, el presidente del IGSS, Carlos Contreras, aseguró que en mayo terminará el estudio técnico financiero anual y, combinado con otras acciones de austeridad que han planteado, esperan dar una respuesta positiva.

El diputado Lux aseguró su participación activa en el proceso y solicitó la integración de una mesa técnica que discuta la negociación de este incremento, que beneficiaría a un aproximado de 180 mil pensionados y jubilados; además, pidió que se discuta la contratación de médicos especialistas en el área de geriatría.

Por Mayra Recinos

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Congresistas del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se reunieron con autoridades de la Portuaria Quetzal (EPQ) para conocer detalles del acta suscrita en enero de este año, en la cual autorizaron el inicio de la primera fase de operaciones de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Además, fueron citados Anabella Morfín, titular de la Procuraduría General de la Nación; Cesar Elías, subcontralor de Probidad; Werner Ovalle, Superintendente de Aduanas, y Alexander Aizenstatd, interventor de TCQ, quien no acudió por motivos de trabajo.

El cuestionamiento surgió por el atraco del buque Safmarine Nokwanda, el domingo 26 de este mes a las instalaciones de TCQ en Escuintla, por lo que se cree es el inicio de las operaciones marítimas en medio de señalamientos de corrupción e irregularidades del contrato oneroso de usufructo.

El diputado Orlando Blanco, jefe de la bancada uneísta, indagó a los funcionarios de EPQ por la decisión tomada, pues existe una acción pendiente de resolver por parte de una sala de lo Contencioso Administrativo. “Hemos solicitado información para cotejarla y determinaremos si es necesario presentar una acción legal, ya que hay delitos cometidos en el caso”, aseguró.

Morfín dijo que esperan la resolución de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo. “En su momento presentamos la acción de nulidad total del contrato oneroso de usufructo y aún no se ha resuelto por el órgano competente”, argumentó.

Al concluir la reunión, Javier Reyes, secretario general del Sindicato de la EPQ, refirió: “Los trabajadores seguimos en total oposición a la forma en que se han suscitado las cosas; creemos que hay abuso de poder por parte de la junta administrativa al haber recibido la obra bajo condiciones inadecuadas”.

Por José Castellanos.

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La Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloques acordaron este lunes el orden del día de las sesiones para la presente semana, y entre otras cosas definieron conocer este martes, entre las iniciativas de ley, la propuesta presentada por el diputado Raúl Romero, del bloque Fuerza, que pretende abolir el indulto presidencial (5250), en casos en los que se haya emitido como sentencia la pena de muerte.

El proyecto de ley está encaminado a reformar los artículos 102 y 105 del Código Penal.
El indulto presidencial es uno de los obstáculos para aplicar la pena capital, pese a que la ley sigue vigente, por lo que con estas modificaciones sería más práctico ejecutar las sentencias. Dicha propuesta será trasladada a la comisión de trabajo respectiva para su estudio y dictamen.

Asimismo, se conocerán en segundo y tercer debate las reformas al decreto 1441, Código de Trabajo (5198), y al decreto 132-96, Ley de Tránsito (5033), así como la Ley de Bienestar Animal (4554, 5025, 5034). Además, los congresistas continuarán con la aprobación por artículos y redacción final de las reformas a la Ley de Armas y Municiones (5065), y al decreto 40-2010, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Mientras tanto, el miércoles los legisladores retomarán la discusión por artículos y redacción final del proyecto de reformas a la Constitución Política de la República en materia del Sector Justicia.

Para ello, el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, invitó a los directivos y a los jefes de los bloques legislativos para visitar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y dialogar acerca de las modificaciones que están en debate y que han generado polémica, especialmente por el artículo relacionado con la jurisdicción indígena en la aplicación de la justicia. La reunión se efectuó este lunes a partir de las 14:30 horas.

“Tenemos como prioridad retomar la agenda de los días miércoles, y por ello hoy el pleno de magistrados nos ha dado audiencia a los jefes de bloque y miembros de la Junta Directiva, para que podamos tener insumos y observaciones sobre el tema de las reformas por parte del ente que imparte la justicia en el país”, aseguró Chinchilla.

Por otra parte, para el jueves 2 de marzo se tiene contemplado que los parlamentarios conozcan en primer debate el proyecto que dispone aprobar la Ley para Promover y Fortalecer la Actividad Chiclera (5114); en tercer debate, por artículos y redacción final, las iniciativas de reformas al Código de Trabajo (5198); a la Ley de Vivienda (5119); Leasing (4896) y Competencia (5074).

Las sesiones plenarias de esta semana están programadas así: martes, a las 14:00 horas; miércoles y jueves, a las 10:00 horas.

Por Karen Mendoza

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El presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, comunicó este lunes que se notificó a los diputados de los partidos Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Lider) que, de acuerdo con los artículos 46, 47 y 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, pasan a ser independientes, deberán dejar las presidencias de comisiones y no tendrán participación en la instancia de Jefes de Bloque.

Según dijo, el anuncio se hizo con base en la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), publicada en el Diario de Centro América el 6 de febrero, en la cual se hace oficial la cancelación de ambas organizaciones debido a anomalías en sus fuentes de financiamiento de campaña en el último proceso.

“El artículo 46 de la Ley Orgánica, reformada el año pasado, refiere que al momento de perder su calidad de partido político también se perderá la representación como bloque parlamentario. Es importante mencionar que no se están restringiendo sus derechos como diputados, y en el caso de la comisión que preside la diputada Stella Alonzo será el pleno el que decidirá cómo proceder en este tema”, explicó Chinchilla.

Hasta ahora el bloque PP está integrado por los congresistas Alonzo y German Velásquez, mientras que a Lider pertenecen los legisladores Roberto Villate, José Conrado García, Edgar Córdova, Hugo Fernando García y Gustavo Medrano.

Por Karen Mendoza

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