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Diputados y asesores de la Comisión de Apoyo Técnico, que preside el diputado Manuel Conde Orellana, se reunieron para continuar el análisis de la iniciativa 5064 que dispone aprobar reformas al Decreto 63-94, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que busca regular las citaciones a funcionarios.
En la reunión de este miércoles se conoció un cuadro comparativo con propuestas hechas por diferentes diputados, que podrían mejorar el texto de la iniciativa, la cual, según indicó el diputado Marco Antonio Orozco, del Movimiento Reformador (MR), debe ser aprobada antes de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones 2016, respetando los plazos establecidos en ley.
Entre las propuestas que se conocieron este día figura que las citaciones solo se podrán realizar a través de los bloques legislativos y no de forma individual; además, que se realicen con cuatro días de antelación a la fecha en que deberá asistir el funcionario.
Otro de los cambios sugeridos es que las reuniones de bloque se realicen estrictamente dentro de las instalaciones del Organismo Legislativo, salvo que tengan la debida autorización de la Junta Directiva.
“Al escuchar las opiniones de los parlamentarios y las recomendaciones de los asesores consideramos conveniente invitar el próximo miércoles a los ponentes de la iniciativa, para que escuchen las diferentes propuestas y las tomen como propias”, indicó Conde, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), con el fin de no rebasar el 30 por ciento de enmiendas que se permite hacerle a un proyecto de esta naturaleza.
Por aparte, la Comisión de Apoyo Técnico anunció que durante los últimos días de noviembre realizará un encuentro parlamentario para que los congresistas tengan la oportunidad de conocer temas como manejo y técnicas parlamentarias, discurso y medios de comunicación e imagen pública, entre otros.
Por Mayra Recinos

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La mesa de trabajo para el análisis de la iniciativa 4712, que dispone aprobar la Ley para la Disposición y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas, abrió la convocatoria para que personas jurídicas o individuales presenten sus observaciones.
Quienes deseen hacer aportes a la discusión de dicha iniciativa tienen hasta el viernes 18 de este mes para entregarlos en la 10ª calle 7-43 zona 1, edificio Torin, segundo nivel, oficina 23.
Según se informó, la audiencia pública se realizará el martes 22 a las 10:00 horas en la 8ª avenida 9-85 zona 1, segundo nivel, salón de la jefatura de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN).
Esta instancia está integrada por los congresistas Sandra Morán, Nineth Montenegro, Alejandra Carrillo, Álvaro Arzú, Julio Lainfiesta, Javier Hernández y Fernando Linares Beltranena.
La iniciativa 4712, que fue presentada en 2014 por los diputados Roberto Kestler y Guillermo Sierra, busca crear el Consejo Nacional de Trasplantes, una entidad nacional que dependería del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y que se encargaría de regular, controlar, dar seguimiento, registrar y evaluar acciones que se desarrollen en los procesos de trasplante de órganos y tejidos en los hospitales públicos y privados a nivel nacional.
Esta ley persigue reformar el Decreto 91-96 del Congreso, que contiene la Ley para la Disposición de Órganos y Tejidos Humanos, y adaptarla al Código de Salud aprobado en 1997 (Decreto 90-97).
El texto de la iniciativa explica que “estadísticamente, en los países donde existe legislación apropiada, la probabilidad de tráfico ilegal de órganos es menor”, con lo cual justifican la razón de dicha propuesta.
Uno de los aspectos importantes que incluye la iniciativa es que la donación de órganos, tejidos o células humanas para trasplante será siempre gratuita, y prohíbe su venta o comercialización dentro del territorio nacional y la exportación con fines de lucro.
La Comisión de Salud del Congreso, presidida en 2014 por Kestler, ya había emitido dictamen favorable, pero ha sido retomada en la actual legislatura.
Por Antonio Ordóñez

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Representantes del Movimiento Voces y de la Organización para el Desarrollo Integral y Sostenible De Oriente y Guatemala (ODISOG), se reunieron este miércoles con diputados de la Comisión del Menor y la Familia, para solicitar su apoyo para promover y divulgar los programas en favor de la niñez y la adolescencia.
Uno de los programas esta relacionado a una aplicación para teléfonos móviles inteligentes que tiene como fin prevenir delitos en contra de los menores de edad por medio de denuncias en tiempo real.
María Alejandra Morales, coordinadora de Voces explicó que la  aplicación móvil VozApp, consiste en una plataforma por medio de la cual la ciudadanía podrá hacer reportes y denuncias de actos ilícitos en las escuelas y en el seno de las poblaciones. En su disertación recordó el caso de Ángel Ariel Escalante Pérez, un niño de 12 años, quien fue lanzado por supuestos pandilleros desde el puente Belice, por no acatar la orden de asesinar a un piloto del servicio de transporte urbano.
“El Movimiento Voces es un llamado a la sociedad guatemalteca para garantizar entornos seguros con el uso de una alerta temprana que permitirá evitar casos como el de Ángel Ariel así como que estos no se repliquen.  VozApp es una manera de concientizar a los guatemaltecos y fomentar una cultura de denuncia en las comunidades”, aseguró Morales.
La plataforma busca reducir la violencia y fomentar la participación de la comunidad educativa, con énfasis en las mujeres y jóvenes. Las quejas son recibidas por el centro de operaciones a cargo de la Unidad de Género con Pertinencia Cultural y Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ministerio de Educación.
El proyecto se ejecutará en coordinación con el Ministerio de Gobernación y será una herramienta fundamental, pues fortalecerá el Programa de Escuelas Seguras y permitirá que al tener sistematizados los reportes en una base de datos, las fuerzas del orden inicien la persecución de los responsables de amenazas en los centros educativos y presentarlos ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.
Por su parte la iniciativa presentada por Ricardo Hernández de ODISOG, está dirigida a apoyar a niños, niñas y adolescentes, hijos de servidoras sexuales, a través de un programa de reforzamiento y acompañamiento escolar en las áreas de matemática, idioma español y desarrollo de valores.
Para lograr sus objetivos ODISOG ha lanzado la campaña “Cajitas para el Presente”, con la cual se convoca a la ciudadanía a que done toda clase de material escolar (cuadernos, lápices y crayones, entre otros).
“Actualmente apoyamos a 30 jóvenes brindándoles la lista completa de útiles, para que puedan continuar su educación en función de garantizarles un mejor futuro. Por esa razón hemos pedido a la Comisión del Menor y la Familia del Congreso, que sea el eco que nos ayude a que sean más los menores que se beneficien con estas acciones”, dijo Hernández.
Al finalizar el encuentro el presidente de la sala legislativa y diputado de la bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Walter Félix felicitó a ambas organizaciones por el trabajo a favor de este sector de la sociedad.
“La inversión que hagamos hoy por la niñez es una inversión estratégica para el futuro de este país, de tal cuenta exhortamos a mas organizaciones y a la sociedad civil  a que se unan a estos esfuerzos y sean agentes de cambio”, exclamó el diputado Félix.
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en Guatemala muere al día un niño por causa de la violencia, sobre todo, la provocada por las pandillas juveniles que acosan a los centros educativos.
Por Karen Mendoza.

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Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) cuestionaron este miércoles que las autoridades de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) hayan sido excluidas de la negociación para establecer el memorándum de entendimiento que dio vida a la iniciativa de ley para dar en concesión directa, enviada por el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República.
El presidente de la junta directiva, Bernardo López, y el gerente José Gil Natareno, acudieron a la bancada y dieron a conocer que la negociación la hizo la Procuraduría General de la Nación (PGN) sin tomar en cuenta la opinión de la junta directiva.
Orlando Blanco, jefe del bloque uneísta, señaló que al no contar con la opinión de EPQ la PGN habría incurrido en el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad, debido a que “no tiene las facultades ni las calidades para realizar esta clase de negociones”.
Afirmó que el propósito de la citación fue dar seguimiento al tema, pues a pesar de todo lo que ha sucedido en torno a TCQ “el puerto no puede quedarse sin ser utilizado y en el olvido, como un pueblo fantasma”.
Carlos Barreda, integrante de la bancada UNE, afirmó que se pretendía conocer detalles del contrato del que se habla en la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo; sin embargo, López afirmó que no existe y se debe de elaborar cuando sea aprobada por el Congreso. El congresista respondió que ello es “ilógico”, pues “sería como dar un cheque en blanco o firmar algo con los ojos vendados”.
César Armando Elías, subcontralor de Calidad del Gasto Público, manifestó que harán una auditoría para determinar los términos de memorándum y quién lo realizó, pues la EPQ debe de negociar y definir todo a lo que se refiere con la portuaria por ser los administradores de los bienes del Estado.
La bancada solicitó una auditoría y advirtió que de haber alguna anomalía se procedería a denunciar a las personas que resulten involucradas.
Por Byron Ramírez.

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Diputados de la comisión de Probidad, presidida por el representante Amílcar Pop, se reunieron con Daniel Domingo, viceministro de Educación, para que informara sobre la ejecución presupuestaria de los programas de educación bilingüe intercultural.
Durante la reunión, el viceministro dio a conocer que en 2016 el presupuesto del programa de educación bilingüe intercultural fue de Q33 millones, monto que consideró insuficiente ya que dentro de la misma se incluyen los recursos para formación docente en servicio y la impresión de textos.
“En el compromiso con la educación bilingüe intercultural se hizo un reacomodo en el que se adecuó un monto de Q66 millones al presupuesto, para implementar acciones técnico-pedagógicas en las escuelas  que se encuentran en el interior del país”, comentó el viceministro Domingo.
El funcionario añadió que para el 2017 se espera contar con un presupuesto de    Q112 millones para la educación bilingüe, ya que es un compromiso que el ministro de educación y el Presidente Jimmy Morales, tienen con la educación.
Por su parte, el congresista Amílcar Pop, reclamó al funcionario que el gobierno tenga una baja ejecución presupuestaria en esta materia. Además de que existen denuncias de varios maestros que no se les ha efectuado el pago de su salario desde hace varios meses.
“Nos preocupa el tema pues estamos hablando que desde enero los maestros no han recibido su salario y creo que hay mucha irresponsabilidad burocrática en el ministerio”, refirió el congresista de la bancada Winaq,
Por Elizabeth Linares

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Con la participación de representantes del deporte federado, olímpico y escolar, los diputados de la Comisión del Deporte del Congreso de la República que preside el diputado Mario Velásquez recibieron la propuesta del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación (CONADER), para que se reformen y unifiquen en una sola norma las 3 iniciativas existentes.
Estas reformas provienen de la propuesta contemplada en el Plan Nacional del Deporte que surge en el año 2014.
Los objetivos de esta propuesta es que se masifique la cultura del deporte en las 44 federaciones deportivas existentes, que todas las personas tengan acceso a la práctica de cualquier disciplina y que además se incluya en la norma el deporte recreativo y el educativo, desde la infancia hasta el adulto mayor.
La idea es crear talentos deportivos en ambos sexos que permitan destacar al mas alto. Igualmente se norma el apoyo a los deportistas en materia educativa, económica y laboral.
Los incentivos irán dirigidos a quienes hayan sobresalido y sean considerados como talentos en cualquier disciplina y hayan sido seleccionados nacionales.
Al finalizar su carrera en competencias, estos personajes serán absorbidos como capacitadores, entrenadores y preparadores físicos, con el objetivo de lograr un mejor desempeño en los nuevos deportistas, explicó el ingeniero Carlos Ignacio González Lam, Director Ejecutivo de CONADER.
A la reunión con los diputados de la Comisión de Deportes asistieron el director ejecutivo de CONADER, Carlos Ignacio González Lam; Dennis Alonzo, Presidente de la CDAG; Luis Madrid, Gerente de la CDAG, y Marco Antonio Veliz, Director de Digef, entre otros funcionarios.
Por José Luis Hernández.

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Después de realizar diversas mesas de trabajo, este martes las comisiones de Cultura y Deportes, del Congreso de la República, dieron dictamen favorable a la iniciativa de ley 5138, la cual dispone declarar el juego de la pelota maya como deporte ancestral nacional de Guatemala.
Mario Velásquez, del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y presidente de la sala de Deportes, informó que el dictamen se da para promover el turismo mediante el juego de pelota maya, pues en varios países “se habla del juego ancestral, pero nunca lo han visto desarrollarse”.
El proyecto establece que el Organismo Ejecutivo, a través de sus instituciones, como el Ministerio de Cultura y Deportes, Educación y entre otras que promuevan el deporte y la recreación, están obligados a dar a conocer y defender el conocimiento y la difusión del juego de la pelota maya como deporte ancestral nacional, con el fin de su rescate, fomento, práctica y dignificación, tomándolo como una herencia a las nuevas generaciones.
Édgar Armando Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional (FCN) y vicepresidente de la comisión de Cultura, indicó que el proyecto de ley pretende motivar el interés de la ciudadanía, pero también “estudio y la práctica de este juego”.
La iniciativa busca dar a conocer que “en Guatemala conservamos la cultura y las tradiciones que enriquecen nuestro país”, destacó Sandoval.
Indicó que el proyecto se analizó entre ambas comisiones y se definió no asignarle recurso para su promoción, pues cada institución deberá promoverlo.
Por Byron Ramírez.

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Debido a la inasistencia, por tercera vez, del ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso, Carlos Napoleón Rojas, decidió suspender la reunión prevista para este martes y emplazó al funcionario para que se presente el lunes e informe acerca de las acciones de seguridad en el país.
Según lo informado por el legislador, el titular de la cartera del Interior decidió enviar al viceministro administrativo, Mario René Álvarez, y a sus asesores para presentar informes relacionados con las extorsiones, secuestros express, exacciones ilegales que se cometen en el Aeropuerto Internacional La Aurora y los planes operativos durante la época navideña.
El cuestionamiento se inició por denuncias de que agentes de la Policía Nacional Civil participan en extorsiones y secuestros. Además, se dijo que en la cárcel de Quetzaltenango se han encontrado routers y aparatos telefónicos prohibidos.
Los funcionarios se limitaron a comunicar de las capturas realizadas, pero no proporcionaron la información requerida. “Si el ministro no se presenta, se tomarán otras medidas”, advirtió el parlamentario del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN).
Por José Luis Hernández

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La titular de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Mareny Mérida, y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Ministerio Público (MP), fueron citados este martes por la diputada Nineth Montenegro, para conocer las acciones implementadas a raíz de la fuga de adolescentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y los supuestos maltratos físicos denunciados.
Mérida explicó que en lo que va del año unos cien menores han renunciado al proceso de protección al que tienen derecho, evadiendo ingresar al albergue; afirmó no tener conocimiento de los abusos  y aseguró que los jóvenes cuentan las condiciones idóneas, lo cual les garantiza “una buena convivencia dentro de este centro”.
En el tema de las desapariciones indicó que ocurren porque las jóvenes se rehúsan a estar en el albergue, “por lo cual se ha pedido a la unidad Alba Keneth que emitan las alertas, en virtud de conocer el paradero de estas niñas”.
Sin embargo, Gloria Castro, de la PDH, afirmó que en las visitas realizadas se constató la violación de los derechos humanos de los niños jóvenes y adolescentes. “Hemos podido ver las condiciones de hacinamiento y que muchos de los niños no contaban con zapatos ni ropa adecuada, por lo que hemos realizado las denuncias ante el MP”, concluyó la funcionaria.
Por su parte, Harold Flores de la PGN, aseguró que es importante la concienciación a los jueces de la niñez sobre la sobrepoblación que existe en el lugar, a fin de “desinstitucionalizar” a aquellos jóvenes que cuentan con el recurso idóneo, “es decir, con una familia de acogimiento que les pueda brindar la protección que necesitan”.
Al concluir la citación, la diputada Montenegro recomendó acciones interinstitucionales con los ministerios de Salud y Desarrollo Social para que se apoye a estos jóvenes con el programa de transferencias condicionadas, a fin de que su reinserción a la sociedad sea integral. “Vemos con mucha preocupación las condiciones de los menores que entran al sistema de protección del Estado y a quienes se les debería apoyar de forma integral. Estaremos vigilantes de los resultados de las investigaciones que los entes correspondientes han iniciado, con el fin de encontrar una solución a esta problemática que afecta a los más vulnerables”, enfatizó la jefa del bloque Encuentro por Guatemala (EG).
Antecedentes
En 2012, 2 jóvenes de entre 12 y 13 años fueron víctimas de abuso sexual por parte de un maestro, quien fue capturado tras la denuncia de la psicóloga del lugar.
En el 2013, 1 niña de 14 años, que fue rescatada por convivir con un hombre de 66 años, fue ahorcada con una bufanda por otras adolescentes dentro del hogar.
En 2014 se conoció el caso de 1 niño de 8 años que fue víctima de abusos sexuales dentro de las instalaciones del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
De enero a julio 2016, no menos de 127 niñas y adolescentes (65 hombres y 62 mujeres)  han escapado de hogares estatales.
El 30 de octubre, 4 adolescentes desaparecieron de este hogar, por lo que la PDH denunció que podría tratarse de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
La casa hogar a cargo de la SBS tiene resguardados a 759 menores, aunque su capacidad es para 400; de ellos, 308 son niñas de entre los 12 y 17 años, 54 niñas menores de 12 años, 221 niños de entre 13 y 17 años, 74 niñas menores de 12 años y 102 menores con capacidades diferentes.
Por Karen Mendoza

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