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En conferencia de prensa, el diputado Edwin Maldonado Lux, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se refirió a la iniciativa 4781 que dispone aprobar la Ley del Arbitrio del Alumbrado Público Municipal, la cual se encuentra en su primera lectura.
El proyecto fue presentada en 2013 y tiene como propósito establecer un arbitrio del alumbrado público en favor de todas las municipalidades del país, eliminar la discrecionalidad de los alcaldes para establecer el porcentaje de cobro, determinar con claridad el procedimiento de recaudación y distribución del arbitrio y fijar un proceso de renovación de luminarias por un período de 3 años.
El parlamentario indicó que la bancada uneísta da seguimiento a esta iniciativa, pues en muchos municipios están cobrando un 300 por ciento del valor del servicio del consumo a las comunidades rurales. “Tenemos un ejemplo donde a una pobladora del municipio de San Andrés Villa Seca, en el departamento de Retalhuleu, paga Q79 de alumbrado público y Q30 de su consumo domiciliar”, explicó.
“Es importante resaltar que en esa comunidad de 30 viviendas solo hay 7 luminarias, de las cuales solo funcionan 3 y pagan al mes Q 1 mil 500. Queremos normar el cobro del alumbrado público, y en esta iniciativa se propone una fórmula donde usuario va a pagar porcentualmente de acuerdo con el uso de la energía domiciliar”, explicó el congresista.
Por Elizabeth Linares

 

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Con el fin de minimizar los efectos del cambio climático, los diputados de la bancada Todos presentaron la iniciativa de Ley Marco para la Reducción de Contaminación Ambiental Producida por el Plástico (Pet) en Guatemala, la cual pretende que se dé la regulación y normar los desechos producidos por el Tereflato de Polietileno y sus derivados, empelados en la fabricación de envases plásticos de alimentos, textiles y bebidas.
El principal fin es obligar a los productores, fabricantes y usuarios del plástico a creer campañas de responsabilidad social empresarial y de reciclaje.
Felipe Alejos, integrante de la bancada Todos, señaló que la iniciativa se desarrolló con el objetivo de combatir los efectos del cambio climático que afectan al país. “Es una lucha ambiental y sobre todo para inculcar el tema de reciclaje”, en el cual se tendrá la participación de los diferentes ministerios y entidades que velan por el ambiente, afirmó.
Entre las sanciones se establece la multa de Q50 mil a los productores, fabricantes y usuarios del plástico que no cumplan con la normativa; además, se deberá entregar un informe circunstanciado sobre el manejo de los desechos de Tereflato de Polietileno y su reciclaje, y multa de Q75 mil al incumplir con la entrega de 3 reportes.
El diputado Eugenio Moisés González expresó que el interés es contribuir al ambiente con políticas que establezcan una cultura de reciclaje, responsabilidad empresarial y educación sobre el trato de los desechos sólidos.
“Las botellas de plástico de gaseosas y agua demoran entre 100 y 1,000 años en descomponerse, pues la mayoría está hecha de un material muy resistente”, concluyó Alejos.
Por Byron Ramírez.

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La Comisión de Probidad del Congreso de la República que preside el diputado Amílcar Pop, realizó este miércoles un Conversatorio sobre Gestión de Recursos Genéticos Patrimonio Biocultural y Acceso, con el propósito de conocer los avances que se tienen en materia de conservación de la biodiversidad del país en cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por el Estado guatemalteco.
El objetivo de estos convenios es el de desarrollar estrategias para mejorar las condiciones del medio ambiente global, los cuales fueron incorporados a los programas de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Durante la actividad se contó con la presencia de autoridades de los Ministerios de Economía, Agricultura, Ambiente y Recursos Naturales, Cultura y Deportes, Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y Procuraduría General de la Nación, quienes dieron a conocer los avances que cada entidad tiene en relación a la aplicación del Convenio sobre Diversidad Biológica en Río de Janeiro, Brasil ratificado en el año de 1992.
En ese contexto el país ha asumido algunos compromisos derivados de la firma de este convenio, de tal forma que se designó al Conap como ejecutor de las acciones pertinentes que coadyuven al cumplimiento del instrumento internacional, el cual promueve las acciones necesarias para cumplir con los mandatos generados en el mismo. (Decreto 110-96 del Congreso de la República)
El parlamentario Pop dio a conocer que se analiza una Iniciativa de Ley para la Protección y Manejo de Recursos Genéticos, ya que los temas que se están planteando en el continente revisten gran relevancia, especialmente  en el aspecto de propiedad intelectual de los pueblos indígenas y de cara a los Tratados Intencionales y comerciales que pueden generar un riesgo de pérdida  del patrimonio cultural de la nación y de la propiedad de pueblos indígenas.
“En principio es el Conap el que está impulsando una política pública sobre el tema  y está  proponiendo también la iniciativa de recursos genéticos que es responsabilidad del ministerio de Agricultura. Vemos un desconocimiento total en el tema y esperaríamos que las instituciones pudieran aportar sus conocimientos y cumplir el mandato que está en la ley”, refirió el congresista.
José Luis Echeverría Tello, director de la Dirección  de Conservación  y Valoración de la Biodiversidad Biológica de Conap, señaló que la reunión fue para socializar las propuestas que dicha institución ha trabajado en relación a promover un acceso adecuado de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados.
“Creemos en la importancia de trabajar en una posible propuesta de ley que aborde estos temas de conservación de uso sostenible y reparto justo y equitativo de los beneficios que se derivan de su utilización”, comentó Echeverría Tello.
Por Elizabeth Linares

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El Comisionado Presidencial para la Resolución de Conflictos Agrarios, Rokael Cardona y dirigentes de comunidades de campesinos de Alta Verapaz e Izabal, se reunieron con el diputado Leocadio Juracán, Subjefe de la bancada Convergencia, para darle solución a los conflictos sobre la tenencia de la tierra.
Según se conoció en el encuentro, de 145 casos registrados solamente 23 han sido priorizados, y de éstos solamente 7 presentan avances, mientras 138 casos aún no han sido abordados, los cuales incluyen denuncias de invasiones, amenazas de desalojos, certeza jurídica sobre las propiedades, capturas de líderes y amenazas contra las familias asentadas en comunidades situadas en Alta Verapaz e Izabal.
Según el parlamentario Juracán, los campesinos poseen las tierras, unos desde el año 1962 y otros desde años posteriores, por lo que se requiere de voluntad política para darle solución a estas diferencias.
El parlamentario anunció que con este propósito continuarán las reuniones para darle cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 181-2015 que se refiere a dar respuesta a las demandas de tierra y resolver la conflictividad agraria.
Luego de la reunión se acordó elaborar un documento conjunto para que el gobierno y sus instituciones se comprometan a resolver la problemática, conformar una comisión local de seguimiento y que agilice los casos.
Se acordó también elaborar una legislación agraria actualizada ya que se ve la necesidad de crear tribunales agrarios y de retomar la reforma agraria, por medio de una revisión del decreto 900 que puso en marcha el segundo gobierno de la revolución en los años 50, resaltó el legislador.
El Comisionado presidencial, Rocael Cardona hizo un llamado a todas las instituciones de gobierno a que hagan esfuerzos para dar respuesta a las demandas de los campesinos.
“No solo deben recibir un salario sino que tienen que ganárselo bien, con honradez y eficacia”, enfatizó el representante del mandatario.
A la cita acudieron representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Energía y Minas, Registro de Información Catastral, Fondo de Tierras y de la Secretaría de Asuntos Agrarios, así como los representantes de 23 comunidades liderados por Crisanto Chuy Lorenzo Pop.
Por José Luis Hernández.

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El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el 2017, por un monto de Q76.9 mil millones, dio su primer paso de aprobación en el hemiciclo del Congreso, aunque los diputados no apoyaron la propuesta de ser declarado de urgencia nacional.
“Se buscó la forma de contar con los votos necesarios para que el pleno lo conociera de urgencia nacional, pero los diputados no apoyaron la decisión; lo que no entiendo es que la propuesta tiene el visto bueno del Ministerio de Finanzas y el apoyo de la Unidad Nacional de la Esperanza”, manifestó el presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena Diaz-Sol
“Felicitamos a la Comisión de Finanzas por el arduo trabajo sobre el presupuesto, pero lo lamentable de la situación serán los problemas que traerá el retiro de fondos a los ministerios de Agricultura y el de Desarrollo, determinando la importancia que tienen para el país; ahora dependerá de nosotros tratar de devolverles esos fondos, porque urgen el desarrollo social y las carreteras”, expresó el diputado Carlos Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
Para el martes 22 se agendará nuevamente para que se conozca en segundo debate; el Congreso tiene hasta el 30 de este mes para aprobarlo, pues de lo contrario quedará vigente al actual.
Hoy estaba previsto que se conocieran en segundo debate el proyecto de reformas constitucionales al sector justicia y La Ley de Competencia pero se sacaron del orden del Día por falta de quórum (10'5 votos).
“Las reformas van por qué van y daremos un poco de tiempo más para el análisis de tres artículos que tienen algunos problemas; es por eso que se agendará para su segundo debate en la sesión del jueves 24”, comentó Taracena Díaz-Sol.
Asimismo, dijo que el lunes se reunirá con el presidente Jimmy Morales para tratar ese tema, en busca de llegar acuerdos para su pronta aprobación.
Por Selvin Rustrián.

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Los diputados de la Bancada Unidad Nacional de la Esperanza realizaron una citación al titular de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), con el objetivo de corroborar la información acerca de las reuniones sostenidas entre varios diputados de diferentes bloques legislativos en la Finca Santo Tomas y el Presidente de la República Jimmy Morales.
El jefe de la Bancada de la UNE, Orlando Blanco, señaló que con la información entregada por Orlando Ramírez, director de la Secretaria de SAAS, “se corrobora que el cuatro de noviembre Óscar Chinchilla se reunió con Morales en casa Presidencial, acompañado de Roberto González secretario del Partido CREO”, afirmó el parlamentario.
El diputado Chinchilla, al ser abordado por varios medios de comunicación, señaló que los listados de ingreso a Casa Presidencial se pueden manipular afirmando que no se reunió con el Presidente Morales.
Por su parte, Orlando Blanco expresó que esta información denota que las reuniones se dieron para negociar la elección de Junta Directiva, ya que “un día después varios diputados se reúnen para buscar el apoyo y los votos de los parlamentarios”, lo cual calificó como ilegal debido a como se dieron los hechos para negociar la presidencia del Congreso.
En la reunión el Secretario de la SAAS confirmó la asistencia del ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, en la reunión en la finca presidencial Santo Tomás, asegurando que el registro del encuentro no se tiene debido a que no fue requerido por la persona que organizó la reunión.
Los diputados de la bancada UNE expresaron que se debe de investigar estos hechos ya que no se debe tener injerencia de otros organismos en las decisiones que realiza el Congreso de la República, por lo cual afirmaron que continuarán con las denuncias presentadas ante el MP.
Antecedentes
El pasado 11 de noviembre los diputados Orlando Blanco y Carlos Barreda, de la UNE, ratificaron una denuncia presentada contra el presidente de la República, Jimmy Morales, por los delitos de tráfico de influencias y violación a la Constitución Política de la República, por considerar que tuvo injerencia en la elección de la nueva junta directiva del Organismo Legislativo.
Por Byron Ramírez.

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Este jueves la diputada Alejandra Carrillo, del bloque Legislativo Movimiento Reformador, agradeció en conferencia de prensa a los diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, haber incluido en las normas del Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, un monto de hasta 20 millones de quetzales para que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), adquiera la vacuna para la prevención del Virus del Papiloma Humano (VPH), principal causa del cáncer cervicouterino (CCU) en mujeres.
“Es importante destacar que actualmente Guatemala es el único país de la región centroamericana en el cual su Ministerio de Salud no cuenta con un plan o política de prevención  del CCU, razón por la cual nos es satisfactorio enterarnos que la comisión ha incluido en el presupuesto del próximo año este rubro, con el objetivo de que en el primer cuatrimestre del 2017, se garantice la adquisición de estas vacunas por parte del Ministerio mediante un convenio”.
Con la propuesta presentada por la parlamentaria se prevé que serán beneficiadas no menos de 180 mil niñas de entre los 9 y 10 años de edad. “Con este planteamiento visibilizamos la necesidad de que el Estado cuente con los mecanismos de prevención de esta enfermedad, ya que conocemos que es el único tipo de cáncer que puede ser prevenido mediante la administración de la vacuna VPH en una etapa primaria”, concluyó Carrillo.
Por su parte la doctora Rebeca Guiza Ruiz de la Instancia por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres (ISDM) explicó al contar con esta medida de prevención 7 de cada 10 niñas en este rango etario, puedan ser vacunadas. “Como sociedad estamos invirtiendo en la prevención de este mal; prevención que puede extenderse hasta 20 años”, dijo la profesional de la salud.
Según estadísticas del MSPAS en Guatemala el cáncer de útero es la primera causa de muerte de mujeres en el país, registrándose un promedio de 60 muertes por este mal anualmente. Cada año se diagnostican no menos de un mil 200 casos de cáncer cervical y el costo de la atención para el Estado es un promedio de  de 20 mil quetzales mensuales por paciente, mientras que la inversión de cada vacuna es entre 8 y 10 dólares.
El cáncer de cuello uterino o cáncer cervical se origina en las células que revisten el cuello uterino, la parte inferior de la matriz. Es causado por algunas cepas de una infección de transmisión sexual frecuente del virus del papiloma humano (VPH). Se puede prevenir mediante detección temprana y tratamiento.
Por Karen Mendoza.

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El Organismo Legislativo inició el debate del informe de las reformas a la Constitución Política de la República en materia del sector justicia, propuestas por la mesa técnica conformada por el Ministerio Público, Organismo Judicial y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
“Nosotros no podemos modificar lo enviado por la mesa técnica; como comisión solo redactamos un informe que debe conocer el pleno y será el soberano pleno el que determinará qué reformas se aprueban y cuáles no, ya que los efectos pueden ser perjudiciales o beneficiosos para el país”, manifestó Oliverio García Rodas, del Movimiento Reformador (MR),  presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
El parlamentario también comentó que las modificaciones debieron tratarse en sesiones separadas “y no con las demás leyes ordinarias, por la importancia que tienen”.
Orlando Blanco, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), respaldó el informe entregado por la comisión al pleno y dijo que apoyarán las reformas al sector justicia. “Es algo histórico para el país y debemos fortalecer las instituciones; hay que modificar asuntos como el derecho de antejuicio y las comisiones de postulación, pues están copadas por la corrupción y se elige a los no idóneos”, expresó.
“Es buen debate el que estamos teniendo. No podemos decir que el sistema de justicia ha colapsado, pero la percepción del ciudadano es que no ha cumplido su cometido; por eso hay que reformar para ayudarlo para salir de donde está”, dijo el legislador Álvaro Pop, de Winaq.
Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN), expresó su respaldo a las modificaciones sugeridas y mencionó que al concluir el trámite parlamentario sean enviadas a consulta a la Corte de Constitucionalidad.
El dictamen continuará en segundo debate en la sesión programada para el jueves, a las 10:00 horas, según informó el presidente del Legislativo, Mario Taracena.
En la sesión de este martes se conocieron cinco dictámenes, incluyendo el de la ley de competencia y el del arbitrio del alumbrado público municipal.
La reunión se suspendió cuando los congresistas discutían, en tercer debate, la iniciativa 5083, que contiene la ley del Sistema Nacional de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.
Por Selvyn Rustrián

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Integrantes de la Comisión de Turismo del Congreso de la República se reunieron con César Aguirre, vicetitular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y funcionarios de las direcciones de Alimentación y Nutrición, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), para conocer detalles de los programas sociales en el municipio de Conguaco, Jutiapa, por denuncias de anomalías en la entrega de bonos, becas y fertilizantes.
“Ya no estamos pensando en este año porque ya se acabó; pensamos en el próximo, porque hay gente en las áreas rurales que no han recibido nada, cero ayuda, y lo que buscamos es trabajar en conjunto para que los programas lleguen a las personas que sí los necesitan y esperan la ayuda para sobrevivir”, manifestó el diputado Santiago Nájera, representante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Jutiapa y presidente de la comisión de Turismo.
Según el Mides, este mes se ha dado Q145 millones a nivel nacional en el bono seguro y se ha beneficiado a miles de personas que viven en pobreza y pobreza extrema.
“El patrón de beneficiarios está viciado y es necesario depurarlo para que llegue a la gente que sí lo necesita; actualmente tenemos 700 mil favorecidos que hasta la fecha desconocemos su estado de vida, y es por eso que se iniciará el proceso de depuración lo antes posible, para que los programas sean objetivos”, expresó el viceministro Aguirre.
Los vecinos de Conguaco dijeron que no es justo que las personas que mueren de hambre no aparezcan en los listados. Abel Cano, de la sociedad civil organizada de dicho municipio, espera que se realicen cambios para que la población pobre sea beneficiada.
Además, solicitaron a las autoridades y a los diputados que los programas ya no sean entregados por los alcaldes, porque “son clientelares”, y solicitan que sean los Consejos Comunitarios de Desarrollo o la sociedad civil organizada los responsables de hacer los listados.
Por Selvin Rustrián.

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