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La iniciativa de Ley para Prevenir la Inducción a la Delincuencia de Niños, Niñas y Adolescentes, por medio de la cual se establece prisión de 3 a 5 años y multa de hasta Q10 mil a quienes inciten a los menores a delinquir, fue presentada en la Dirección Legislativa por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ronald Arango, de la bancada Todos.
“La idea es que la pena sea dirigida a los adultos y hacer un llamado de atención a las bandas delincuenciales a que se abstengan de incluir a menores para la realización de cualquier ilícito”, explicó Arango.
Asimismo, indicó que según el artículo 23 del Código Penal especifica que los menores de edad son considerados penalmente inimputables, es decir que no pueden ser juzgados por jueces penales ordinarios ni se les debe aplicar las sanciones previstas en las leyes penales, razón por la cual muchas bandas del crimen organizado buscan con frecuencia involucrar a niños y adolescentes en actos fuera de la ley.
Estadísticas de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia señalan que dentro de los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal permanecen actualmente 1 mil 87 menores (932 hombres y 155 mujeres).
Los delitos más recurrentes de los menores recluidos en estos centros correccionales son: asesinato, 22.4 por ciento; extorsión, 18.8 por ciento, y portación ilegal de arma de fuego, 14.8 por ciento, mientras 486 adolescentes mayores de edad son atendidos dentro de los Centros Especializados de Privación de Libertad.
Por Karen Mendoza

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El diputado Álvaro Velásquez, de la bancada Convergencia, anunció que planteará a la presidente de la República, Jimmy Morales, que se suprima el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) debido a la poca ejecución presupuestaria que ha tenido en los primeros 10 meses del año, según el informe de hallazgos del Observatorio del Gasto Público Evaluación sobre la Política General de Gobierno y los Resultados de País y la Inversión Pública.
El documento detalla que el Mides, de la asignación presupuestaria de Q1 mil 25 millones 180 mil solamente han ejecutado el 48.72 por ciento, a octubre, lo que se traduce en una “mala administración”. El parlamentario señaló que hace doble función en educación, agricultura y salud, por lo cual se debería suprimir y trasladar los fondos a las carteras correspondientes.
El informe destaca que en el rango de ejecución se tiene una ejecución total del 72.53 por ciento; entre los ministerios con menor ejecución están Mides y el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), este último con un 35 por ciento, algo que se atribuye a la deuda de arrastre y a las normas de la Ley de Contrataciones del Estado, que ha complicado una buena ejecución para asignar proyectos, según explicó Raúl Bolaños, asesor del Observatorio del Gasto Público.
“El Gobierno prioriza la asignación y ejecución de su presupuesto a partir de sus resultados estratégicos y prioridades políticas”, afirmó Velásquez.
El informe detalla que la inversión de los Consejos de Desarrollo prioriza la construcción de carreteras, agua y saneamiento, educación y desarrollo rural, algo que se podría tomar como una doble función con el CIV, por lo cual debería ser analizado, afirmó Bolaños.
Entre las carteras que más ejecución mantienen están Educación, Salud, Gobernación y Defensa, aunque se atribuye al pago de salarios de los empleados que a inversión en proyectos.
Por Byron Ramírez.

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El diputado Edwin Maldonado, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), realizó una reunión con pobladores de Santa Cruz Mulua, Retalhuleu, quienes plantearon una serie de problemas que tienen  por fallas en el servicio de energía eléctrica a personeros de Energuate y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica  (CNEE).
César Ramos, representante de los pobladores, explicó que desde el año 2000 han planteado de forma pacífica sus denuncias, debido al mal servicio eléctrico que reciben por parte de la distribuidora, sin embargo, hasta la fecha no han visto ninguna mejoría.
“Actualmente somos más de 225 usuarios los que nos vemos perjudicamos con cobros excesivos y cortes de luz de más de 24 horas”, denunció el vecino.
Alex Valenzuela, Gerente de Nuevos Suministros de Energuate, argumentó que la mayoría de problemas de esta índole son generados por poblaciones en conflicto, quienes de forma ilegal interfieren las redes y las sobrecargan, además estas mismas personas bloquean el ingreso de los técnicos cuando llegan a revisar las redes.
“No puede ser que a estas alturas Energuate aún afronte este tipo de problemas, por otra parte aplaudo la actitud pacífica de los señores de Santa Cruz Mulua, sin embargo es necesario que se atienda sus demandas lo antes posible, por lo que daremos el acompañamiento preciso”, dijo el representante de CNEE, Byron Azurdia.
Al concluir la reunión el diputado Lux explicó que los acuerdos alcanzados fueron satisfactorios para ambas partes, ya que acordaron  que el martes próximo realizarán una visita de campo al lugar y el 6 de diciembre se reunirán nuevamente para analizar el informe de Energuate que incluirá  propuestas para solucionar una problemática que viene desde hace más de una década.
Por Mayra Recinos.

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La Instancia de Jefes de Bloque acordó priorizar la discusión en segundo y tercer debate, así como aprobación por artículos y redacción final del proyecto de reformas constitucionales al sector justicia y del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2017, con la intención de avalarlas a más tardar el 30 de este mes.
Ambos proyectos fueron conocidos la semana pasada por el pleno en primer debate; el primero fue discutido el martes 15 y el segundo el jueves 17.
“Es necesario retirar la propuesta de las reformas; es necesario enfocarnos y concentrarnos en ese tema, solicitando que se traten en una sola sesión y, si quieren, que sea miércoles o viernes, pero es necesario tratarlas solas, en una sesión”, expuso el diputado Eduardo Zachrisson Castillo, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).
Sin embargo, el presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que esa decisión no le corresponde a los jefes de bloque “sino al soberano pleno”, por lo cual  se debe de hacer esa petición en las próximas sesiones.
“Que se siga la ruta, pero debemos contar con un camino de guía para seguirlo; además, debe de colocarse en los primeros puntos para su agilización y estudio correspondiente”, afirmó Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Acerca del presupuesto del próximo año, por un monto de Q76.9 mil millones, Taracena Díaz-Sol dio a conocer que existen acuerdos con la bancada oficial, de manera que si se consiguen los votos necesarios se buscará que sea declarado de urgencia nacional.
“Es un acuerdo y esperamos tener los votos; si no es así seguirá su trámite normal”, enfatizó el jefe del bloque FCN, Javier Hernández. Por mandato constitucional, el presupuesto del Estado debe ser aprobado a más tardar el 30 de este mes, pues de lo contrario el actual seguirá vigente por un año más.
Otras iniciativas que seguirán el trámite normal son las de Competencia, Arbitrio del Alumbrado Público y del Sistema Nacional de Política Criminal.
Por Selvin Rustrián.

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Con la presencia de autoridades indígenas de diferentes municipios de Sololá, Baja Verapaz y Totonicapán, integrantes de la Comisión de Probidad, presidida por el diputado Amílcar Pop, desarrollaron el foro Pluralismo Jurídico, en el cual se presentó una muestra fotográfica de la historia de la autoridad indígena y su relación con el Estado desde hace 300 años.
Durante el foro se presentó una investigación efectuada por la antropóloga Lina Eugenia Barrios, directora del Centro de Estudios Étnicos de la Universidad de San Carlos, con el propósito de visualizar el tema y recrear la autoridad indígena a través de la historia.
“Agradezco la invitación al Congreso de la República por este espacio, donde doy a conocer el resultado de mis investigaciones sobre la resistencia histórica de las autoridades indígenas, que va desde la llegada de los españoles hasta la actualidad”, comentó Barrios.
Por su parte, el parlamentario Pop indicó que a petición de las autoridades indígenas del país se efectuó este foro para conocer la relación que han tenido con el Estado en los últimos 300 años. “Traen una exposición fotográfica que presenta no menos de 100 años de historia, donde muestran la relación de la autoridad indígena con el Estado guatemalteco”, señaló.
“La alcaldía indígena de Sololá ha pedido este espacio; la próxima semana tendríamos la participación de la autoridad indígena de Totonicapán. Existe todo un surgimiento y una necesidad de las autoridades indígenas de evidenciar su presencia, su práctica y su trabajo en los últimos 100 años”, comentó el diputado de la bancada Winaq.
Por Elizabeth Linares

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Las diputadas de Alianza Ciudadana, Delia Back y Eva Monte, se reunieron con Carlos Barrillas, viceministro de Vivienda del Ministerio de Comunicaciones; el director del Fondo Para la Vivienda(FOPAVI), y Claudia Roldán, directora del Fideicomiso del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), para conocer de cerca los problemas que sufren miles de personas para recibir un subsidio que les permita tener acceso a una vivienda digna.
Las parlamentarias también indagaron acerca del tiempo de caducidad de los estudios socioeconómicos, trámite necesario para ser parte de los proyectos habitacionales desarrollados por el Estado.
“Miles de estudios socioeconómicos a personas de escasos recursos que buscan ser beneficiarios del Fondo para la vivienda podrían perderse ya que tiene una vigencia de tres años y no es justo para las personas hayan realizado sus trámites años atrás”, manifestó la parlamentaria Delia Back.
A lo que el viceministro Barrillas contestó que dentro de la junta directiva del viceministerio trabajan en la elaboración de un manual para contrarrestar esta medida dejada por la anterior gobierno.
“Estamos revisando todos estudios hechos en 2013 para que no se pierdan los trámites, y estamos proponiendo que ya no sea tres sino cinco años la vigencia del estudio”, dijo el funcionario.
Las congresistas coincidieron en que es necesario que las autoridades de Comunicaciones fortalezcan sus políticas para que no atrasen los trámites realizados, tanto por las desarrolladoras como por los mismos beneficiarios que buscan tener un hogar.
En lo que va del añó el Ministerio de Comunicaciones ha entregado 4,763 subsidios y espera llagar a 6 mil a finales de diciembre.
Por Selvin Rustrián.

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Con la participación de representantes de los Ministerios de Gobernación (Mingob) y Ministerio Público (MP), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la comunidad lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI), la diputada Sandra Moran, de la bancada Convergencia, instaló una mesa de trabajo interinstitucional que tiene el propósito elaborar políticas públicas encaminadas a disminuir las discriminación y violencia en contra de personas con una preferencia sexual e identidad de género distinta.
“La idea de esta mesa técnica, es que de esta surja una ruta crítica que permita disminuir los crímenes de odio en contra de la población LGTBI, ya que tenemos conocimiento que debido al clima de violencia en el país este sector es particularmente vulnerable, pues al no existir una respuesta adecuada por parte del Estado, la mayoría de delitos no son denunciados y de existir alguna denuncia no es abordada adecuadamente”.
Para Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito del Mingob “el problema de la violencia, radica en que vivimos en una sociedad sumamente conservadora en donde existe poca sensibilidad a estos temas, lo que tiene como consecuencia, la carencia de una cultura de prevención a la violencia. “Es importante que de esta mesa, salga un trabajo interinstitucional coordinado, a fin de alcanzar una ruta que nos lleve a un tratamiento integral en esta materia”, dijo el funcionario.
Gabriela Tuch de la PDH, aseguró que el enfoque debe estar dirigido a una visión de derechos humanos, con lo cual la persona se considere como un sujeto de derecho que genera una cultura de aceptación de identidad de género, por lo que es necesario que instancias como la Policía Nacional Civil, promueva los mecanismos que respondan a las necesidades de  esta comunidad.
Por su parte la congresista  Morán indicó que prevé se realicen tres reuniones mas, siendo la segunda  de estas a finales de enero del próximo año. “Sabemos que nuestra comunidad es invisible por lo que el abordaje del tema debe de ser orientado al respeto e integridad de a las personas y principalmente al derecho de ser”, concluyó.
Las orientaciones sexuales distintas no son ilegales en Guatemala desde la Reforma Liberal de 1871, sin embargo la comunidad LGBTI aún sufre diversas formas de criminalización. Actitudes machistas, homofóbicas, lesfóbicasy transfóbicas todavía están muy arraigadas en la sociedad.
Los crímenes de odio motivados por la orientación sexual o la identidad de género siguen siendo tolerados por el gobierno a pesar de numerosos informes nacionales e internacionales que alertan sobre esta problemática. Especialmente  esto se ve reflejado en las estadísticas de la violencia dirigida a las personas transgénero. Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) sólo entre 2001 y 2006 fueron asesinadas 17 personas transexuales.
Por Karen Mendoza.

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La Comisión de Gobernación, la cual preside el diputado Carlos Napoleón Rojas, analiza modificaciones a la Ley de Tránsito y su Reglamento, con el objetivo de actualizar la normativa, en atención a las solicitudes hechas por conductores de motocicleta.
Dentro de las reformas se plantea la necesidad de regular el tipo de licencias de acuerdo al cilindraje de cada motocicleta y la experiencia del conductor. Según sea el caso los permisos de conducción serán A y B y cuando el vehículo sea de alto cilindraje, tendrán que pasar un examen en la propia moto.
La propuesta suprime la obligación del uso del chaleco con el número de matrícula en la región espaldar, solamente estarán obligados a usar una prenda que lleve una franja reflectiva, en horario de las 18 horas a las 07 de la mañana.
Los motoristas podrán circular libremente, sin restricciones, es decir que tendrán vía libre o sea pasar de un carril a otro rebasando a los autos por cualquier lado sin ser sancionados, suprimiendo la prohibición de rebasar por el lado derecho que prevenía los crímenes en motocicleta.
Para el conductor que no lleve casco, la multa será de 100 quetzales y si se conducen más de 2 personas a bordo de dichos vehículos, la sanción será de 500 quetzales y en el momento de imponerse la sanción, las personas serán bajadas de la moto.
Abogarán porque la municipalidad habilite espacios en cada esquina de la ciudad para que sean utilizados como estacionamientos, así también piden que los parqueos cobren una tarifa menor por ser vehículos que ocupan poco espacio.
En cuanto a los motociclistas  que están al servicio de empresas, éstos serán objeto de sanciones dobles o triples de las tipificadas en la ley vigente, y si el vehículo está reportado como robado, serán detenidos y consignados de acuerdo a las leyes penales.
En todos los casos, la Policía Municipal de Tránsito de cada departamento, será la responsable de velar por el cumplimiento de la ley.
Finalmente, se planteó la necesidad de continuar con las reuniones para agilizar las reformas de la Ley y su respectivo reglamento, y emitir el dictamen antes que concluya el presente periodo, expresó el diputado, Napoleón Rojas.
A la reunión convocada por la Comisión de Gobernación, presidida por el diputado Carlos Napoleón Rojas, asistieron la Subdirectora del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, Sharon Umaña; los dirigentes de la Asociación de Motociclistas de Guatemala, Víctor Hugo Hernández y varios asesores.
Por: José Luis Hernández

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Las diputadas Alejandra Carrillo y Eva Nicolle Monte, integrantes de la Comisión de la Juventud, presentaron la iniciativa de ley para el Desarrollo de las Juventudes, la cual crea un marco jurídico para garantizar, proteger y promover los derechos y deberes de los jóvenes guatemaltecos.
La congresista Carrillo, del Movimiento Reformador (MR), indicó que la finalidad es retomar el proceso que se ha llevado a cabo con la Ley de la Juventud, en la cual se busca fortalecer temas importantes que en iniciativas anteriores no se habían realizado.
“Nos referimos a temas como los de la participación y consejos de desarrollo que promueven la participación juvenil desde lo local, municipal, departamental, tradicional y a nivel nacional”, comentó.
“También se le dan derechos nuevos que no han sido reconocidos, como acceso a la ciencia y tecnología, educación integral en sexualidad, acceso a salud diferenciada y educación”, agregó.
Por su parte, la parlamentaria Eva Monte, de Alianza Ciudadana, refirió que el proyecto contempla la creación de una Secretaría de Estado, ya que actualmente está constituida en un Consejo y se requiere un marco jurídico que promueva el desarrollo integral a través de que se garanticen los derechos y deberes de los jóvenes.
“Como presidenta de esta sala de trabajo estoy comprometida para que se tome en cuenta el desarrollo de las juventudes guatemaltecas que se encuentran a partir de un rango etario que va desde los 13 años en adelante”, comentó.
Por Elizabeth Linares

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