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En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este miércoles la diputada Sandra Morán y representantes de por lo menos 23 organizaciones sociales y dependencias de gobierno presentaron una propuesta de Política Pública de Reparación Digna y Transformación para Casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes, que incluye estándares de reparación específicos para cada condición.
La propuesta, entre otras cosas, está encaminada a desarrollar una serie de acciones que garantizan los derechos de quienes han sido víctimas de violencia sexual, para lo cual se enfoca en cuatro ejes principales: salud, desarrollo humano, seguridad y educación.
“Con este documento se provee de los mecanismos de respuesta pronta y eficaz a instancias como los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Relaciones Exteriores, Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Instituto de la Defensa Pública Penal, Organismo Judicial, Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos e Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que por la temática están vinculados a este tipo de casos”, aseguró la congresista de la bancada Convergencia.
La titular de la Seprem, Ana Leticia Aguilar, se comprometió a la instalación de una mesa técnica especializada, que estudie el proyecto a fin de presentar el documento final a la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres, dependencia del Organismo Ejecutivo que sería la encargada de darle continuidad y velar por su implementación.
Al finalizar la presentación, la legisladora indicó: “Hoy es una día sumamente importante para la dignificación de todas esas víctimas que todavía se encuentran en el anonimato debido al impacto que este flagelo que, según estadísticas de los entes de investigación, son cada día más frecuentes, razón por la cual no descansaremos a que esta Política se lleve a la realidad”.
Según estimaciones del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, de 2009 a 2016 se registraron no menos de 25 mil niñas que han enfrentado un embarazo forzado como consecuencia de una violación sexual sin acompañamiento. De esta cifra, no menos de 780 de los embarazos ocurrieron en niñas de entre 10 y 13 años.
Por Karen Mendoza

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Diputados de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, se reunieron con funcionarios de los ministerios de Finanzas Públicas y de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), así como con autoridades de la Intendencia de Recaudación y Gestión, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y representantes de la Cámara del Agro, para analizar las modificaciones a la iniciativa 5182, Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería Bovina, Ovina, Caprina y Porcina de la República de Guatemala.
Este proyecto tiene como finalidad contribuir a la seguridad alimentaria por medio del incremento de la producción y productividad agropecuaria a un tres por ciento sobre la venta bruta. Asimismo, con el objetivo de promover el desarrollo ganadero se establecen incentivos, como la exención de derechos arancelarios para las importaciones, exoneración del Impuesto al Valor Agregado de la actividad ganadera y exención del pago del Impuesto Sobre la Renta para las personas individuales o jurídicas que realicen proyectos de desarrollo pecuario, entre otras.
El presidente de la referida sala, Gabriel Heredia Castro, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), explicó que se está proponiendo una modificación en el pago de los gravámenes y que se integre todo el sector agropecuario en un solo bloque, en la búsqueda que el Estado tenga una política pública que garantice la soberanía alimentaria.
“Con la iniciativa estamos tratando de formalizar a más de 100 mil agricultores dedicados a las diferentes ramas. Estamos buscando que cada persona individual y jurídica que se dedique a la actividad agropecuaria este formalmente establecida e inscrita en la SAT”, comentó.
Por su parte, Mario Méndez, titular del MAGA, se refirió al interés de fomentar el tema agropecuario en el país. “Veo que con un impuesto de 3 por ciento que se está manejando se va a integrar a la economía formal a los pequeños productores y se dará competitividad a nivel internacional”, aseveró.
Agregó que se debe tener el apoyo del Estado, lo cual haría que Guatemala pueda ser por fin un país competitivo en el sector agropecuario.
Por Elizabeth Linares

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La duplicidad de asociaciones integradas en el Consejo Superior de la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) llevaron a los diputados de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca a intervenir en el conflicto, al instalando una mesa técnica para resolver los problemas de las partes en pugna mediante una reforma legal.
El problema surgió cuando un notario faccionó las escrituras de dos asociaciones de agrónomos similares y con las mismas siglas, que integran el Consejo Superior de dicha casa de estudios: la Asociación Nacional de Peritos Agrónomos y la Asociación Nacional de Peritos Agrónomos Forestales, ambas con siglas Andepa.
Casualmente aparecen otras dos entidades denominadas Unión Nacional de Agrónomos con las mismas siglas: Unagro. En ambos casos con representación en el Consejo, los cual genera discrepancias.
Las duplicidades han llevado a acudir en consulta ante las autoridades del Ministerio Público, para que dictamine si se ha incurrido en algún delito que perseguir, declaró Gabriel Heredia Castro, presidente de dicha sala legislativa y diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Igualmente han solicitado a la Contraloría General de Cuentas practicar auditorías forenses de los últimos 30 años que tiene la escuela en su segunda época y 25 años que tienen esas entidades en sus funciones.
Actualmente, el Consejo Directivo está conformada por cinco instituciones: Unagro, Andepa, Cámara de Industria, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y claustro de catedráticos.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Peritos Agrónomos de Guatemala, Héctor Manuel Vásquez Ruano, dijo sentirse satisfecho con la reunión, en la cual se comprometieron a superar los problemas “que solamente vienen a perjudicar al centro de estudios”.
Por José Luis Hernández

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“Debido a la desinformación que existe en cuanto a la reformas, yo creo que una decisión de agarrarlas y aprobarlas lo más pronto posible no es sabio ni prudente”. Así se refirió el diputado Marcos Yax, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), quien preside la Comisión de Pueblos Indígenas, al referirse a las modificaciones propuestas para hacer a la Constitución Política de la República en materia de justicia.
El legislador afirmó que las reformas se deben aprobar en un plazo de “algunos meses debido a la desinformación” que, según expresó, existe a nivel nacional.
Édgar Ovalle, subjefe de la bancada oficial, afirmó que las reformas “deben ser más discutidas, debido a que no se tomó en cuenta al Colegio de Abogados, universidades y algunos magistrados, lo hace que se deban abrir los espacios para escuchar a todos los sectores”.
Esta postura surgió después de una reunión sostenida con Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público; Jorge De León Duque, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y representantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, a la cual también asistieron integrantes de la bancada oficial FCN, para tratar dudas como el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas de ejercer funciones jurisdiccionales.
Según los parlamentarios, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en materia de justicia es algo que se debe analizar más a profundidad, pues no se debe alterar la esencia de la constitución en materia legal. Patricia Sandoval, de FCN, expresó que una de sus dudas es “quién y dónde debería ser juzgada una persona indígena de Totonicapán, que cometió una delito o falta en la capital”.
Al respecto, Yax aseveró que el reconocimiento ancestral es algo que se debe de dar, pues “a veces en los departamentos se resuelve más pronto un caso y sin gastar un solo centavo”, lo cual fue compartido por los invitados a la mesa de diálogo.
Reformas al derecho de antejuicio
Aldana aseguró que el derecho de antejuicio es una figura que no debería existir porque viola el derecho de igualdad establecido en la Constitución Política de la República; sin embargo, expresó que tras una serie de discusiones se decidió dejarlo, aunque con modificaciones, “que abran los obstáculos que se tiene al momento de iniciar una investigación y no se entrampe por el antejuicio”.
A criterio de María Quinto García, diputada de FCN, el derecho de antejuicio “es una garantía de no ser señalado injustamente y que la investigación se dé apegada a derecho, pues muchos señalan a diputados y/o alcaldes con el único objeto de quedarse con el puesto”.
En la reunión también trataron temas como la eliminación de las comisiones de postulación y la separación de las funciones administrativas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Por Byron Ramírez.

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El presidente de la Comisión Específica para la Integración y Desarrollo de Petén, Jaime Regalado, citó al ministro de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang, para conocer detalles de la negociación que se realiza para prorrogar por 18 meses el contrato del oleoducto con la empresa Perenco, previo al proceso de licitación que deben hacer, pues en febrero del próximo año concluye el actual.
El ministro explicó que según los análisis de los encargados, 18 meses son suficientes para sentar las bases de la negociación del nuevo acuerdo, licitarlo y adjudicarlo. “En este momento no podemos dar grandes detalles, pero estamos abiertos a escuchar sugerencias que nos puedan hacer, para mejor las bases”, afirmó.
“Vemos con preocupación que el contrato del oleoducto está a punto de caducar, lo cual causaría enormes pérdidas económicas al país, por lo que era necesario conocer los planes de la cartera en cuanto al tema, y estamos en toda la disposición de brindar nuestro apoyo como comisión legislativa, donde buscaremos que los beneficios y regalías para el país sean mayores”, mencionó Regalado, del Movimiento Reformador (MR).
Según el Decreto 71-2008, Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación, establece que del total recaudado en el país en materia de hidrocarburos se distribuirá de la siguiente manera:
El cinco por ciento es para los Consejos Departamentales de Desarrollo, proporcionalmente al número de habitantes que establezca anualmente el Instituto Nacional de Estadística para cada departamento.
Los departamentos que lleven a cabo operaciones petroleras reciben un 20 por ciento, con base en el porcentaje de producción anual que se realice en cada uno.
Y un tres por ciento del total recaudado es destinado a las entidades públicas responsables de la vigilancia y recuperación de las áreas protegidas establecidas por la ley.
Perenco opera en Guatemala desde el año 2001, en el Campo de Xan, ubicado en la región noroccidental de Petén; además, maneja la red de infraestructura de oleoductos que miden aproximadamente 477km, conectando así a los campos de Xan y Rubelsanto a la terminal de Piedras Negras, en la costa atlántica de Guatemala.
Por Mayra Recinos

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Con el objetivo de mejorar el proyecto de reglamento de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, la diputada Iliana Calles realizó una reunión de trabajo con los viceministros de Patrimonio, Cultura y Defensa Nacional, Juan Alberto Monzón, Maximiliano Araujo y Mynor Mus, respectivamente, en la cual se decidió conformar una mesa técnica que permita concluir un documento que armonice la legislación vigente.
“Tenemos una de las leyes más avanzadas y completas de Latinoamérica en materia de protección del patrimonio cultural; en ese sentido es necesario la elaboración de un reglamento que permita dar operatividad a la normativa que fue promulgada en 1997”, aseguró la parlamentaria Calles, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Araujo dijo que es importante la incorporación de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Guatemalteco de Turismo, “a fin de que el documento final contenga todos los aspectos que ayuden a la implementación de la ley de manera integral”.
Agrego que entre los puntos más relevantes contenidos destacan la declaratoria de patrimonios culturales, las instancias que deben de colaborar con la guarda y custodia de los diferentes bienes, principalmente aquellos que son tangibles, así como el procedimiento de registro de los bienes culturales y la autorización de registros alternativos para la inscripción del patrimonio cultural.
Al finalizar la reunión, la congresista indicó que la próxima semana convocaran nuevamente a las instancias involucradas para afinar los últimos detalles del documento, el cual prevé esté listo a finales de este mes para su aprobación.
Según registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Guatemala cuenta con tres lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad: Antigua Guatemala, en el departamento de Sacatepéquez; el Parque Nacional Tikal, ubicado en Petén, y el Parque Arqueológico y Ruinas de Quiriguá, en Izabal.
Por Karen Mendoza

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En conferencia de prensa el diputado Julio Antonio Juárez Ramírez, presidente de la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales, dio a conocer la importancia de la Iniciativa 4920, que dispone aprobar reformas al decreto número 82-78, Ley General de Cooperativas.
El proyecto, que se encuentra en segunda lectura en el Pleno del Congreso de la República, tiene como objetivo promover la participación de la mujer en el movimiento cooperativo. Además se contempla establecer el Consejo de Mujeres Cooperativistas de Guatemala, que funcionará de acuerdo a un reglamento específico y contará con la asignación presupuestaria anual para el cumplimiento de su plan de trabajo.
El parlamentario indicó la importancia de que todas las mujeres sean incluidas en las directivas de las cooperativas a nivel nacional. “Hemos tenido el consenso de los diputados al momento de incluir este proyecto en la agenda legislativa”, agregó.
“La iniciativa busca que las mujeres tengan voz y voto en las directivas de las cooperativas, algo que no sucede actualmente. Esperamos que se pueda aprobar en tercera lectura y redacción final en la sesión de este martes”, comentó el congresista de la bancada FCN.
Asimismo, Ananda Hernández, coordinadora general de la Alianza de Mujeres Cooperativistas de Guatemala, agradeció el apoyo de esta sala de trabajo y a la Comisión de la Mujer, por el apoyo brindado.
“Es un importante acontecimiento para las mujeres cooperativistas ya que por 38 años hemos solicitado la actualización de esta ley. Somos más de medio millón de mujeres cooperativistas que movemos la economía del país y el desarrollo, por lo que necesitamos que esa ley sea actualizada lo antes posible”, comentó Hernández.
Por Elizabeth Linares

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La Comisión específica para analizar la Disposición y Transplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas, que preside la diputada Sandra Morán, se reunió con representantes del sector salud y de la Iglesia Católica para analizar las reformas a la Ley 4712, relacionada con la Disposición y Transplante de Órganos, Tejidos y Células humanas.
Estas reformas plantean la oportunidad de beneficiar a pacientes en lista de espera con acceso oportuno a un trasplante renal, de hígado, de córnea, de células humanas o de algún otro órgano para procedimientos de trasplante de órganos, explicó el doctor José Vicente Sánchez, jefe de nefrología y trasplantes renales del Hospital General del Seguro Social.
Esta ley va a dar la oportunidad de mejorar el tratamiento y obtener los medicamentos necesarios para que las personas puedan mejorar su modo de vida, recordando que mediante el transplante las personas pueden ser útiles para su familia y la sociedad.
Se estima que al año se realizan alrededor de 40 trasplantes de órganos pero que hay de 14 mil pacientes a la espera de uno de estos procedimientos.
Las instancias representadas en la mesa de diálogo mostraron su preocupación porque en la actualidad no existe una cultura de donación de órganos, planteando la necesidad de crear políticas que promuevan entre los guatemaltecos una cultura de donación de órganos y así permitan que sus familiares, en caso de fallecimiento, puedan donar sus órganos.
En la cita también se abordó el tema del financiamiento, y se espera que quede plasmado en el presupuesto de 2017, una partida destinada a la creación de un Consejo Nacional, cuya función sería la de decidir sobre la clase de órganos a extraer y que necesite un paciente. La ley prohíbe a la vez el tráfico y comercialización de órganos.
El sacerdote José Luis Colmenares, representante de la Conferencia Episcopal, dijo que la Iglesia Católica está de acuerdo con la práctica de donación de órganos, siempre que hayan acuerdos con las familias de los donantes.
A criterio de la diputada Sandra Morán, los avances en la discusión y análisis van por buen camino ya que la ley que se discute no solo es importante sino que es urgente, ya que hay cientos de pacientes que necesitan ser atendidos en la red hospitalaria.
Al finalizar la reunión se acordó otra reunión para el 29 de lo noviembre con el propósito de profundizar en el tema para emitir un dictamen que permita agilizar el trámite antes que concluya el presente periodo.
Por José Luis Hernández.

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La iniciativa de Ley para Prevenir la Inducción a la Delincuencia de Niños, Niñas y Adolescentes, por medio de la cual se establece prisión de 3 a 5 años y multa de hasta Q10 mil a quienes inciten a los menores a delinquir, fue presentada en la Dirección Legislativa por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ronald Arango, de la bancada Todos.
“La idea es que la pena sea dirigida a los adultos y hacer un llamado de atención a las bandas delincuenciales a que se abstengan de incluir a menores para la realización de cualquier ilícito”, explicó Arango.
Asimismo, indicó que según el artículo 23 del Código Penal especifica que los menores de edad son considerados penalmente inimputables, es decir que no pueden ser juzgados por jueces penales ordinarios ni se les debe aplicar las sanciones previstas en las leyes penales, razón por la cual muchas bandas del crimen organizado buscan con frecuencia involucrar a niños y adolescentes en actos fuera de la ley.
Estadísticas de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia señalan que dentro de los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal permanecen actualmente 1 mil 87 menores (932 hombres y 155 mujeres).
Los delitos más recurrentes de los menores recluidos en estos centros correccionales son: asesinato, 22.4 por ciento; extorsión, 18.8 por ciento, y portación ilegal de arma de fuego, 14.8 por ciento, mientras 486 adolescentes mayores de edad son atendidos dentro de los Centros Especializados de Privación de Libertad.
Por Karen Mendoza

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