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Las diputadas Delia Bac y Eva Nicolle Monte, del bloque legislativo Alianza Ciudadana, citaron a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para que explicaran por qué no han hecho efectivo el pago de Q20 millones que adeudan desde el año 2014 a transportistas que brindaron servicios al programa del adulto mayor.
La diputada Bac cuestionó a los funcionarios porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en resolución del 18 de agosto de este año respecto del Amparo 663-2015, dio 5 días al Mides para que pagara lo que se debe a las empresas que brindaron el servicio de transporte gratuito a las personas de la tercera edad durante el 2014.
Sin embargo, César Aguirre, viceministro de Protección Social, dijo que esta resolución quedó sin efecto pues en marzo de este año la CSJ les dio una resolución que dejó sin efecto el amparo en mención, debido a que en el Presupuesto General del 2015 no quedó establecida una partida específica para ello.
Durante la reunión transcendió que la cartera solo ha ejecutado un 50 por ciento del presupuesto asignado para el presente año, por lo que la diputada Monte aprovechó para pedir que se hagan las gestiones necesarias a fin de que avancen los diferentes programas.
Las parlamentarias manifestaron su descontento en cuanto al funcionamiento del Mides, con el argumento de que “han desaparecido” diversos programas de ayuda. “Prácticamente han anulado los comedores sociales, las becas estudiantiles y, sobre todo, la atención a los ancianos, a quienes dejaron en el abandono”, concluyó Bac.
Por Mayra Recinos

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Los diputados de la Comisión del Migrante, presidida por el representante Paul Briere, se reunieron para continuar con la depuración de los aspirantes a optar al cargo de Secretario y Subsecretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), y dar paso a la siguiente fase que consistirá en realizar entrevistas personales a los 10 candidatos que pasaron la primera depuración.
El congresista dio a conocer que al finalizar la depuración se espera quedar con 10 expedientes de personas  a ocupar este cargo, en la cual a través de una carta, oficio o correo electrónico, se solicitará que se presenten el día y hora establecidos para la entrevista correspondiente.
“Queremos que durante la entrevista presenten su plan de trabajo. Esto será a través de un proceso abierto en uno de los salones del Congreso de la República para que sociedad civil o personas que deseen llegar a escuchar puedan hacerlo”, comentó el diputado de la bancada Todos.
Agregó que dependerá de los resultados de las entrevistas para dejar a los 5 aspirantes que pasarán a la última fase, en la que el pleno del Legislativo será quien elija a los representantes de Conamigua.
Por Elizabeth Linares.

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La diputada Alejandra Carrillo, del bloque legislativo Movimiento Reformador (MR), acompañada por representantes del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, Save The Children Guatemala, Plan Internacional Guatemala y la Embajada de Suecia, presentó una propuesta de reforma al artículo 82 del  Código Civil, en el cual se establece la “excepción de edad”, la cual consiste en elevar de 16 a 18 años la edad mínima para autorizar el matrimonio de menores de acuerdo a las regulaciones del Código.
El decreto 8-2015, establece en su artículo 82 que “de manera excepcional y por razones fundadas podrá autorizarse el matrimonio de menores de edad, con edad cumplida de 16 años”.
Martin Hessel, consejero de la Embajada de Suecia, indicó que son preocupantes las cifras que registra el país. “Como país hermano nos preocupan los altos índices de mujeres asesinadas, que suman un promedio de cuatro al día, así como las denuncias por violación sexual que ascienden a no menos de 8 mil en el 2016 y más de 39 mil embarazos en niñas y adolescentes en edades comprendidas entre los 10 y 17 años”, expresó.
Agregó que es necesario generar los mecanismos mediante los cuales se pueda lograr la igualdad entre los géneros, pero aún más importante  desarrollar oportunidad de empoderamiento e inclusión de las mujeres.
“Aplaudimos y apoyamos los esfuerzos de Guatemala en el cumplimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente en materia de los derechos de niñas y adolescentes”, dijo Hessel.
Por su parte la congresista de MR, aseguró que se debe trabajar en alianzas estratégicas entre las dependencias del Organismo Ejecutivo y organizaciones de la sociedad civil, a fin de crear un clima de desarrollo y de mayor oportunidad para este sector de la sociedad que representa una gran mayoría de la población guatemalteca.
“Los derechos de las mujeres no son negociables, es responsabilidad del Estado ser garante de los mismos, por lo que con esta reforma, esperamos que esos derechos queden protegidos y así erradicar el matrimonio infantil en el país”, concluyó Carrillo.
Según datos  del Fondo de Población de las Naciones Unidas , el 26 por ciento de los partos atendidos en Guatemala son de niñas y adolescentes de 10 a 19 años que se convierten en madres, comprometiendo sus oportunidades educativas, laborales y poniendo en riesgo su salud y su vida.
Por Karen Mendoza.

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Con el propósito de modernizar al Ministerio Público y dar certeza jurídica a los allanamientos, diputados de la bancada Todos presentaron este jueves una propuesta de modificación al Decreto 51-92, Código Procesal Penal, para que se grabe por cualquier medio audiovisual las diligencias desde el momento en que se inicie el procedimiento de investigación.
“En el cumplimiento del derecho punitivo del Estado y de las garantías a las cuales tiene derecho una persona sometida a investigación, es necesario considerar el proceso con que se desarrolla actualmente este ejercicio de registro, a fin de asegurar la protección de los involucrados y los bienes, así como garantizar y transparentar el proceso”, aseguró el congresista Juan Manuel Lau, jefe del referido bloque legislativo.
La propuesta está encaminada a agregar un artículo 187bis., con lo cual al momento de realizar la inspección y registro en el lugar señalado, el ente investigador tendría la responsabilidad de grabar, por cualquier medio audiovisual, todo el proceso, desde el momento de su inicio hasta su finalización. La grabación será continua, sin alteración o edición alguna, con el objetivo de garantizar el derecho a un debido proceso.
Según lo contemplado en el Código Procesal Penal, allanamiento es el ingreso en un domicilio con fines de investigación, el registro del lugar, en búsqueda de objetos o personas relacionadas con un delito, o con motivo de algún otro acto procesal. La orden de allanamiento debe emanar de un órgano judicial, mediante resolución escrita, fundada y determinada, tanto en cuanto al domicilio como en relación al fin perseguido.
Por Karen Mendoza

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Mediante la intervención de la Comisión Extraordinaria Frontera Norte, que preside el diputado Byron Chacón, fueron solucionados 2 antiguos conflictos sobre tenencia de la tierra en los municipios El Estor y Morales, en el departamento de Izabal.
El diputado Chacón explicó que en el año 1969, le fueron adjudicadas 10 hectáreas de terreno al señor Agustín Cardona Velanzuela y por error el Registro de la Propiedad Inmueble registró a su nombre 109 caballerías en donde se asentaron posteriormente 22 comunidades en el municipio de Morales, Izabal.
Después de tantos años de lucha, los campesinos apoyados por el diputado Chacón y autoridades de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, los comuneros contarán con un instrumento legal que les permita obtener las escrituras de propiedad.
Mientras que en el municipio de El Estor se gestionó la legalidad de las tierras que ocupa una Compañía Explotadora de Níquel.
En este caso, las autoridades de la Compañía aceptaron entregar las tierras a cambio de se les renueve la concesión en usufructo del sitio donde está la mina por 25 años más.
En total, serán beneficiadas mas de 15 mil familias, quienes a corto plazo contarán con los documentos de propiedad que les permitirán contar con fondos económicos para invertir en el desarrollo agrícola, puntualizó el diputado Byron Chacón.
A la reunión, asistieron líderes comunitarios de Izabal y autoridades de los Ministerios de Energía y Minas y Finanzas Públicas, Fondo de Tierras, Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República y Registro de Información Catastral.
Por José Luis Hernández.

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Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), que realizaron una caminata desde el Obelisco hasta el Congreso de la República, se reunieron con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), para exponer sus demandas antes de la aprobación del presupuesto del próximo año.
“Fue una reunión cordial donde comentaron que es necesario apoyar a la educación y darle más recursos al ministerio de Educación para los programas y proyectos educativos; ahora será de defender los incrementos que hay, entre ellos el de la cartera educativa, de más de Q1 mil millones”, manifestó el diputado Carlos Barreda, del bloque uneísta.
Los dirigentes magisteriales dijeron que responsabilizan al Gobierno de que el próximo año se continúe como hasta ahora, “dejando por un lado a niños y niñas y no darle más énfasis a lo educativo”.
“Necesitamos más cobertura educativa; los niños ya no van a clases porque no existe motivación. Necesitamos un presupuesto que pueda cubrir los programas y proyectos para docentes y estudiantes, o seguiremos teniendo un educación mediocre”, enfatizó el dirigente sindical Eduardo Herrera.
Si el martes no es aprobado el presupuesto adecuado para educación, los dirigentes amenazaron con no dar inicio al ciclo escolar el próximo año, y responsabilizar al Congreso de las acciones que se podrían dar.
Por Selvin Rustrián.

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Mediante una moción privilegiada presentada por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el pleno del Congreso acordó tratar las reformas constitucionales al sector justicia en su tercer debate en sesiones exclusivas para ese fin, y se fijó el lunes 28 de este mes, a partir de las 10:00 horas.
Con la determinación de este martes, el tema de las modificaciones propuestas a la Carta Magna fue excluido de la agenda ordinaria; su discusión en tercer debate estaba prevista para la sesión plenaria del jueves 24. El presidente del Legislativo, Mario Taracena Díaz-Sol, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), apoyó la moción y propuso que la discusión fuera el 28.
“Antes de un tercer debate considero necesario que sea en una sesión única, exclusivamente para discutir las reformas, por lo que se necesita tiempo para discutir y hablar, porque es nuestro derecho para llegar a consensos y que no siga en esta agenda”, manifestó el diputado Adim Maldonado, del bloque oficial.
El congresista Amílcar Pop, de la bancada Winaq, expresó: “Hay varios diputados en contra del antejuicio y ojalá eso no sea un mecanismo para abandonar o no venir”.
“Si es necesario se tendrán que realizar 1, 2 o 3 sesiones extraordinarias, para una discusión profesional, y nosotros la vamos a discutir para que las reformas sean aprobadas”, aseguró el parlamentario Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).
Las modificaciones a la Constitución Política de la República fueron propuestas por los jefes de los tres organismos del Estado, con el acompañamiento del Ministerio Público, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un proceso que incluyó discusiones regionales; el objetivo es fortalecer al sector justicia en aspectos como derecho indígena y antejuicio.
El proyecto de Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, por un monto de Q76.9 mil millones, pasó en segundo debate y se prevé que siga su trámite en la plenaria del jueves 24. La intención es aprobarlo a más tardar el miércoles 30.
Por Selvyn Rustrián

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El pleno del Congreso aprobó este martes la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, la cual tiene como objetivo implementar el control telemático en el proceso penal, como herramienta eficaz para evitar la prisión preventiva.
Dicha norma está redactada para que no obstruya el debido proceso, ya que los dispositivos electrónicos, no solo ubicarán a los procesados o condenados por medio de un sistema de Posicionamiento Global (GPS) sino también coadyuvará en el descongestionamiento del sistema  penitenciario, la modernización del sector justicia y el cumplimiento del ordenamiento penal.
“No es un secreto que hay muchos privados de libertad que están esperando a que se dicte una sentencia y que están guardando prisión al lado de delincuentes peligrosos. Mientras en Guatemala no se garantice una justicia pronta y que haya un Sistema Penitenciario fuerte, la implementación de esta Ley, se convierte en una solución práctica  y realista que permitirá que no se aplique un castigo innecesario a quienes estén detenidos por delitos de carácter administrativo o menor”, manifestó el diputado Raúl Romero jefe de bancada de Fuerza.
La Ley establece lo siguiente.
• Regula la aplicación del control telemático en el proceso penal como medio
de control.
• Define el Arresto Domiciliar y Residencial y establece la facultad del juez
competente de delimitar el ámbito geográfico de desplazamiento de los
sancionados, sindicados o condenados.
• Instituye la forma de financiamiento del uso del dispositivo de control
telemático
• Faculta la discrecionalidad del juez contralor para la aplicabilidad del
dispositivo de control electrónico
• Establece en qué casos se revocará el uso de control telemático.
• Se ordena al Ministerio de Gobernación, la creación del Centro de Control
Telemático, definiendo su competencia, deberes y obligaciones
administrativas.
• Establece la competencia y facultades de los jueces contralores y la
obligación de la Corte Suprema de Justicia para la creación de un acuerdo
para la implementación de la iniciativa.
• Se reforma el Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Régimen Penitenciario y Ley contra la Narcoactividad.
Leonel Lira, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, resaltó la importancia de esta ley. “Hoy el Congreso ha cumplido una vez más para ayudar a las políticas públicas que buscan evitar el hacinamiento en las cárceles del país. Durante su discusión se evaluaron aspectos constitucionales para  evitar que haya señalamientos sobre su objetivo”, concluyó el diputado.
Los diputados entrevistados coincidieron en que es necesario aclarar que no hay intereses de sectores o de grupos políticos sobre esta ley.
Por Selvin Rustrián.

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Diputados de la bancada TODOS, coordinados por Felipe Alejos, Segundo Vicepresidente del Congreso presentó a los medios de comunicación y a Dirección Legislativa la Iniciativa que contiene Reformas a la Ley de Consejos de Desarrollo Rural y Urbano, Decreto 11-2002.
Las Reformas van encaminadas a impulsar la equidad de los cargos por condición étnica y de género, ya que desde su creación, hace más de una década, las mujeres del altiplano occidental han solicitado una mayor participación.
“Resulta innegable la desigualdad en la participación de las mujeres en este sistema que fue concebido como una herramienta de planificación y desarrollo integral del país, sin embargo  hemos constatado que los COCODES priorizan asuntos como la obra gris, dejando afuera temas que las mujeres demandan, como: salud y Educación, entre otros”, expuso el diputado Alejos.
Victorina Cuan, una de las mujeres líderes que participó en la actividad, pidió a los parlamentarios su apoyo para que hagan avanzar las demandas que hacen como mujeres comunitarias, cuyo único interés es brindar su aporte al desarrollo de una sociedad más incluyente.
La propuesta busca modificar 11 artículos del Decreto 11-2002, para impulsar la participación del sector de mujeres en las decisiones municipalistas. Los artículos que se busca modificar son 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32.
Por Mayra Recinos.

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