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El Congreso de la República sesionó este sábado, y con quórum reducido conoció las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad en la cuales deja en suspenso los nombramientos de los directivos de Conamigua, así como representantes del Congreso ante el Renap y la Junta Monetaria.

La primera resolución deja de forma provisional en suspenso el Acuerdo 4-2017 del Congreso de la República por medio del cual se declararon electas la Secretaría Ejecutiva y Subsecretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante, y otorga un plazo de 48 horas para reencausar el procedimiento de dichos nombramientos. Tras ser leída ante el pleno fue remitida a la Comisión del Migrante para su trámite correspondiente.

En las otras resoluciones, la CC mandata al Legislativo iniciar un nuevo procedimiento público y transparente de elección del miembro titular y suplente ante el Registro Nacional de las Personas (RENAP) y ante la Junta Monetaria

“Hemos dado cumplimiento a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en su parte resolutiva”, indicó el Presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, a los medios de comunicación.

Para el próximo martes 14 fueron a las 14:00 horas fueron convocados los diputados a sesión plenaria y en ella deberán constituir las comisiones que inicien el proceso para la elección de los representantes del Legislativo ante el Renap y la Junta Monetaria.

El 17 de enero pasado, el Pleno del Congreso eligió a Melanie Marié Müller Cabrera y a Elizabeth Nicté Paz como Secretaria y Subsecretaria del Consejo Nacional de Atención al Migrante, respectivamente.

En esa misma sesión, fueron electos Calixto Raúl Monzón Pérez y Elvia Yolanda Álvarez Véliz, como representantes titular y suplente de Congreso ante el Registro Nacional de las Personas; y los diputados Flor de María Chajón del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Marco Antonio Orozco del Movimiento Reformador (MR), como representantes titular y suplente ante la Junta Monetaria.

Por Nery Morales

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El presidente del Organismo Legislativo, Oscar Chinchilla, condena la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción” y se solidariza con las familias de las víctimas; al mismo tiempo exige a las autoridades competentes que el hecho sea investigado y se deduzcan responsabilidades.

“Estamos consternados por este hecho que enluta de nuevo a la sociedad guatemalteca, y puedo garantizar que el Congreso de Guatemala trabajará para que se aclaren las muertes de las menores y que esto no se repita. Exigimos a las autoridades competentes una investigación inmediata, profesional y certera para llegar al fondo del asunto”, aseguró.

El diputado Chinchilla recordó que al conocer la trágica noticia, el Congreso emitió el punto resolutivo 1-2017 por medio del cual condena el suceso y exige al Ministerio Público y a la Procuraduría de los Derechos Humanos la investigación inmediata, así como la deducción de responsabilidades a quienes resulten involucrados.

Además, se exige a los funcionarios implicados que presenten su renuncia inmediata y se sometan a los procesos administrativos y legales respectivos.

El presidente del Congreso, recordó que en la sesión plenaria del martes también se constituyó una comisión específica para contribuir a esclarecer los acontecimientos, y a mejorar la protección a la niñez y adolescencia. Dicha instancia, en la cual el participará, está integrada por los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, del Menor y la Familia, Transparencia y Probidad, la Mujer, de la Juventud y Gobernación.

“El Pleno de los Diputados citará al Procurador de los Derechos Humanos para que el martes 14 presente un informe circunstanciado de la investigación y denuncia realizada por los hechos”, informó Chinchilla.

El titular del Organismo Legislativo asistió el jueves al Palacio Nacional de la Cultura, donde el presidente Jimmy Morales informó de las acciones gubernamentales y del cierre del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

En sus declaraciones dijo: “Condenamos esta situación y quiero manifestar que es un luto para Guatemala. Es tiempo de unir esfuerzos y trabajar como nación para garantizar que hechos lamentables como este no se repitan”.

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La Comisión de Discapacidad del Congreso de la República, que preside el diputado Juan Carlos Salanic, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y el Consejo Nacional de Atención para las Personas con Discapacidad, presentó los resultados de la segunda Encuesta Nacional de Discapacidad en Guatemala, elaborada durante el segundo semestre del año anterior.

La investigación de campo detalló que un 10.2 por ciento de la población tiene algún tipo de discapacidad, es decir, cerca de 1.6 millones de personas, siendo el área central y el nororiente las más afectadas, con alrededor del 15 por ciento en cada una de las regiones; también se mostró un aumento de discapacidad debido a accidentes.

En la exposición de los resultados de la encuesta se remarcó el hecho de que para una persona discapacitada hay acceso casi nulo al trabajo, pocos servicios de salud y mucho menor poder adquisitivo de bienes formales, sin que exista un apoyo real de instituciones del Estado; la principal preocupación de los discapacitados es la pobreza y no poder salir de ella, indicaron los expertos en el tema.

La encuesta dio a conocer datos impresionantes de personas con capacidades diferentes, dijo el diputado Salanic, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). “Debemos poner atención especial en salud y seguridad. El compromiso de la comisión es apoyar las leyes en la materia y apoyar el presupuesto de los ministerios mencionados, por lo que en los próximos días se espera compartir información con dichas carteras para hacer una ley viable y funcional”, aseveró.

Por Fernando Bolaños Barillas.

 

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Los diputados fueron convocados a asistir a la sesión plenaria extraordinaria prevista para este sábado, con la intención de conocer resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que fueron notificadas la noche del jueves, informó el presidente de la Junta Directiva del Congreso, Oscar Chinchilla.

La primera resolución deja de forma provisional en suspenso el Acuerdo 4-2017 del Congreso de la República, mediante el cual se declaran electas a las autoridades del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, y otorga un plazo de 48 horas para corregir el procedimiento de dichos nombramientos.

En las otras resoluciones, la CC ordena al Legislativo iniciar un nuevo procedimiento público y transparente de elección de los miembros titular y suplente en el Registro Nacional de las Personas y en la Junta Monetaria.

El presidente Chinchilla y la Junta Directiva se reunieron este viernes con los jefes de bloques para hacer de su conocimiento las resoluciones notificadas.

Los diputados Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Javier Hernández, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) mostraron su rechazo a lo actuado por los magistrados de la CC; argumentaron que se excedieron en sus funciones y que es intromisión en un Organismo del Estado.

Chinchilla afirmó que el Congreso de la República lo constituyen los diputados y ellos determinarán los procedimientos a seguir en cada uno de los casos planteados.

Por Nery Morales

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El congresista Fernando Linares Beltranena, subjefe del bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN), presentó en la Dirección Legislativa la iniciativa de Ley de Libre Asociación del Diputado, que busca una reforma por sustitución total al artículo 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94.

Según dijo, se pretende la modificación porque se está violando “el principio de igualdad” consignado en la Constitución Política de la República. “La norma existente crea otra categoría de diputados y sanciona a los congresistas que cambian de bloque legislativo para ser independientes, negándoles pertenecer a otra bancada, presidir comisiones de trabajo o junta directiva”, afirmó.

“Lo que se estamos buscando es que se pueda reformar el artículo 50 por el mismo artículo como se encontraba en el año 2015, porque en la Ley Orgánica del Congreso hay una ilegalidad, que nosotros inadvertidamente aprobamos el año pasado; a los diputados se les está convirtiendo de segunda clase, porque no pueden trasladarse a otro bloque y se les prohíben varios derechos como parlamentarios, lo cual vulnera el derecho de libre asociación y expresión política”, aseveró.

Por José Castellanos.

 

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La Comisión de Pueblos Indígenas se reunió con representantes de varias comunidades de distintos departamentos para tratar el incremento a las tarifas de la energía eléctrica.

A la cita asistieron el viceministro de Energía y Minas, Rodrigo Rodríguez; el titular de la Dirección de Atención al Consumidor, Byron Sagastume, y Oscar Caceros, del Instituto Nacional de Electrificación, a quienes se entregó un memorial con la firma de representantes de las comunidades que solicitan rebaja en el costo del servicio e iniciar el diálogo.

“Estamos preocupados y esperamos que se realicen los análisis correspondientes para evitar más incrementos que afectan a las familias guatemaltecas; buscaremos realizar otras reuniones para abordar el tema”, aseguró el diputado Leocadio Juracán, presidente de la sala de trabajo de Pueblos Indígenas.

Los representantes de las comunidades indígenas de Totonicapán, Quiché, Sololá y Chimaltenango que asistieron a la reunión aseguraron que las alzas los perjudican, por lo que confían en que el diálogo sea en buenos términos antes de tomar medidas drásticas.

Por Karla Herrera

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Claudia López, procuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señaló ante los diputados Jaime Regalado y Alejandra Carrillo, de la bancada Movimiento Reformador (MR), que pudo evitarse la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pues desde octubre del año pasado esa institución pidió el cierre paulatino del lugar.

“Lo ocurrido es una especie de crónica de una muerte anunciada, pues ya se había dicho y no se hizo nada”, aseveró, en alusión al hacinamiento y las condiciones infrahumanas en que vivían las menores, más las denuncias de abusos por parte de los monitores del centro.

López compareció este jueves ante los parlamentarios junto a Carlos Lemus, subdirector adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC), y Harold Flores, Procurador de la Niñez, de la Procuraduría General de la Nación, para que ofrecieran detalles de las acciones tomadas por el suceso en San José Pinula, en el cual perdieron la vida al menos treinta menores.

Según Lemus, la tarde del martes 7, después de haber sido alertados por el director del Hogar, Santos Torres, lograron ubicar a varios menores que se habían escapado y junto a las autoridades de la PDH intentaron ingresarlos de nuevo, pero las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, que administra el lugar, se negaron a recibirlos.

El comisario Wilson Maldonado, jefe de la Comisaría 13, señaló que a las 22:00 horas un funcionario de la Presidencia de la República, identificado como Carlos Beltetón, le comunicó por la vía telefónica al mandatario Jimmy Morales. “Le informé al Presidente sobre la situación y él me dijo que permaneciéramos en el lugar, para resguardarlo”, aseveró.

Lemus manifestó que por ello los elementos de la PNC se quedaron para cuidar el área perimetral.

“Cuando ya existe un proceso de protección no se puede llevar o cambiar a los niños de un lugar a otro sin la autorización judicial, y en este caso se pidió el acompañamiento del Organismo Judicial para realizar una exhibición personal, y esta tardó en llegar”, respondió Flores al ser cuestionado.

Según Flores, la PGN ya presentó una denuncia contra quienes resulten responsables. La PDH exigirá la renuncia del titular de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Antonio Rodas, por considerar que es responsable de esos centros.

El diputado Regalado afirmó que interpondrán las respectivas denuncias y darán seguimiento a todas las instituciones involucradas.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula, Guatemala, está bajo la administración de la SBS y atiende a niños y adolescentes de 0 a 18 años víctimas de violencia física, psicológica y sexual, con discapacidad leve, abandono, con problemática adictiva, víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial, laboral o económica y adopciones irregulares.

Por Nery Morales

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Un día después de los hechos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que dejaron no menos de 30 jovencitas fallecidas, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) exigieron la captura del director, subdirector y monitores, con el fin de avanzar en la investigación del hecho y deducir responsabilidades penales.

El jefe de bancada, Orlando Blanco, en reunión con representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), exigió a los entes correspondientes una investigación “clara y pronta”, la cual debe iniciar con la captura de los responsables del centro que estaban de turno.

El repudio y la consternación fue generalizado entre los parlamentarios al conocer algunos detalles del hecho, el cual no atribuyen “a una simple casualidad”. “No se utilizaron los protocolos de seguridad establecidos en un incidente de este tipo, ya que había iniciado con disturbios desde un día antes y no se actuó ante los acontecimientos que se podían prevenir”, dijo el legislador Jairo Flores.

Por su parte, la Procuradora Adjunta de Derechos Humanos, Claudia López, dijo que presentaron denuncias en el Ministerio Público por el desaparecimiento de niñas desde noviembre del año pasado, y se dieron a conocer las precariedades, hacinamiento y vejámenes.

Antes de finalizar la reunión, Blanco manifestó que también buscarán respuestas de parte de la Fiscal General en cuanto a “la pasividad del fiscal encargado del caso”, por lo que también se podría pedir su destitución al no actuar ante las denuncias recibidas desde el año anterior, y que no se descarta pedir el cese en funciones de autoridades de la Secretaría de Bienestar Social y de los Relatores Contra la Trata y la Tortura.

Por Fernando Bolaños

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Diputados que integran la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional informaron este jueves que analizan plantear reformas a la Política Nacional de Seguridad, con el propósito de actualizarla, pues data del año 2008.

  1. documento fue presentado por Marco Antonio Pozuelos, de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. El propósito de los congresistas es conocer detalles de cómo está funcionando el Sistema Nacional de Seguridad y hacerle cambios mediante mesas técnicas, que elaboren propuestas.

“Nos han dado a conocer el plan de trabajo de este año y cómo ha funcionado esa institución, y vemos que hay debilidades; por eso tenemos que hacer una alianza para cambiar la ley que fue aprobada en el año 2008. Debe de ser actualizada para que cumpla con sus objetivos, y buscar apoyo internacional para fortalecer el Sistema y resguardar a la ciudadanía”, indicó el diputado Raúl Romero, del bloque Fuerza, presidente de la referida sala.

Pozuelos dijo estar de acuerdo con hacerle modificaciones a la normativa, específicamente a las instituciones nuevas, como el Instituto de Migración, “porque es necesario que se integre al Consejo Nacional de Seguridad, pues entran y salen personas que han cometido ilícitos y hay que tener control sobre ellas”.

“Vemos que no tienen los recursos financieros necesarios y tenemos que buscar los fondos, para que realmente funcionen”, dijo Aníbal Rojas, de la bancada Visión con Valores (Viva), vicepresidente de la comisión.

De acuerdo con la información recabada, se estaría reformando la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto 18-2008; el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad, el Acuerdo Gubernativo 166-2011 y el reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, Acuerdo Gubernativo 177-2011.

Por José Castellanos.

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