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Con el propósito de verificar el avance de la construcción de un Hospital en San Pedro Necta, Huehuetenango, diputados al Congreso de la República instalaron este miércoles una mesa técnica con diferentes instituciones gubernamentales.
La decisión de integrar dicha instancia nació después de comprobar que existe una diferencia entre el avance físico y financiero de la obra en manos del Fondo de Desarrollo (Fodes) y el acuerdo es que se avance a un 49.5 por ciento la edificación para trasladar el proyecto al Ministerio de Salud Pública.
Julio Ambrosio Ramírez, jefe edil de la localidad, indicó que la finalización del hospital regional resolvería la falta de centros de asistencia en esa región, debido a que la obra, gestionada desde el 2009, atenderá a no menos de 265 mil usuarios de 16 municipios.
Lucrecia Hernández, titular de la cartera de Salud, explicó la importancia de que se agilice la liquidación del Fodes, a fin de encargarse de finalizar la construcción , para lo cual hay asignados Q20 millones en 2017.
Agregó que son necesarios al menos Q91 millones, con lo cual concluiría la construcción, equipamiento y personal para que el centro asistencial inicie funciones. “Debemos tomar en cuenta que el proceso ha tenido retrasos que han provocado que se tengan drenajes tapados y paredes rajadas, por lo que el ministerio debe contar con más fondos que permitan hacer el estudio geotécnico que recomienda la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, con lo cual se estarían cumpliendo las normas de mitigación y seguridad”, concluyó la funcionaria.
Julio Lainfiesta, jefe de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN) e integrante de la Comisión Extraordinaria de Fiscalización de Compras del Sector Salud, se comprometió a que esa instancia daría acompañamiento al proceso, “a fin de concretar la obra que será de beneficio para un departamento que registra los más altos índices de vulnerabilidad en materia de salud”.
Al finalizar el encuentro, la diputada Karla Martínez, del bloque Alianza Ciudadana y representante del departamento de Huehuetenango, pidió a funcionarios de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres que en un plazo de 12 días elaboren un dictamen de la situación del entorno de la obra, para constatar que los suelos son los adecuados.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, Huehuetenango es el departamento que registra las tasas más altas de mortalidad materna y desnutrición en Guatemala y sitúa al país con la desnutrición crónica más elevada de América Latina y la cuarta en el orden mundial.
Por Karen Mendoza

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Diputados de la Comisión del Menor y la Familia, que preside el parlamentario Walter Félix, con el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos y organismos internacionales, promueven el lanzamiento de un diálogo nacional para atender los problemas de la niñez y la adolescencia.
Con ello se pretende la participación de actores políticos y sociales para el análisis de estos conflictos y el establecimiento de una hoja de ruta que permita brindar soluciones viables a todo nivel.
Entre las temáticas que se discutirán se encuentran el funcionamiento del Sistema de Protección Integral, así como la inversión que se destina y todos los programas dirigidos a este sector vulnerable de la sociedad.
“Las propuestas generadas durante este diálogo podrían aterrizarse en políticas públicas, iniciativas de ley o reformas a las leyes vigentes, incluyendo el tema del presupuesto”, indicó el diputado Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
“Existe debilidad institucional para atender estas necesidades y muy poco presupuesto. Guatemala es uno de los países de la región centroamericana que menos invierte en niñez y adolescencia”, comentó Marillis Barrientos, directora de Advocasy de World Vision.
Agregó que esta “es una gran oportunidad” para involucrar a todos los sectores, para que en conjunto se pueda construir un sistema que responda y garantice sus derechos y mejore sus condiciones de vida.
Por su parte, el presidente de la sala legislativa señaló que se está definiendo a un grupo de organizaciones para que funja como garante de los acuerdos alcanzados. El lanzamiento de este diálogo nacional se realizará el 8 de febrero de 2017.
Por Rosemary Recinos.

 

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Por considerar que “incurre en cobros indebidos, mal servicio en distribución de energía eléctrica y atenta contra los intereses de la población y del mismo Estado”, el presidente de la Comisión de Probidad del Congreso, Amílcar Pop, exigió al presidente Jimmy Morales la intervención de la empresa Energuate.
“Hemos recibido miles de denuncias de la población y de las municipalidades, porque se han dando cobros indebidos; estamos hablando de Q50 hasta Q80 de cobros ilegales, y es por eso que exigimos al presidente Morales la intervención lo más pronto posible”, manifestó el titular de la sala legislativa, de la bancada Winaq.
Maynor Amézquita, vocero de Energuate, dijo que “los concejos municipales son los encargados de fijar los montos que debe pagar cada vecino”, de acuerdo con los pliegos autorizados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
Al ser consultado acerca de si el Congreso podría tratar el tema de nacionalizar la energía eléctrica, el congresista comentó que en el Organismo Legislativo “no hay interés por conocerlo y poca probabilidad de que eso se dé en esta legislatura”.
También recordó Pop que hace seis meses interpuso una denuncia en el Ministerio Público contra Energuate por los cobros ilegales.
Por Selvin Rustrián.

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Los miembros de la Comisión Extraordinaria Visión de País, se reunieron con el  Viceministro de Desarrollo Social, José Mauricio Rodríguez, para recibir información relacionada con diversos programas sociales y datos sobre la utilización de los recursos para pago de salarios, informó el diputado Álvaro Velásquez, presidente de dicha sala legislativa de trabajo.
Según el parlamentario del bloque Convergencia, el Ministerio de Desarrollo Social ha utilizado recursos del presupuesto para cancelar pasivos laborales en lugar de ser invertidos en programas sociales. Otros casos son los que se relacionan al apoyo de la población más necesitada.
Según el diputado Velásquez, “los programas asignados al área social en el interior del país, han sido utilizados como botín político”.
De acuerdo a una propuesta del diputado Manuel Conde Orellana, la comisión dará un compás de espera, hasta el 14 de enero para que los funcionarios presenten el informe sobre la ejecución del presupuesto general de la nación, para tomar una decisión final.
La propuesta de suprimir el Ministerio de Desarrollo, establece que los programas sociales que están a su cargo sean asumidos por los ministerios de Educación, Agricultura y Salud, según sea el caso.
El parlamentario admitió la necesidad de estos programas para el país, ya que Guatemala tiene un 50 por ciento de su población en condiciones de desnutrición y se registra hasta un 75 por ciento de deserción escolar por motivos de pobreza y falta de vivienda.
Por José Luis Hernández

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Este miércoles quedó instalada formalmente la Comisión Permanente, luego de que el Pleno del Congreso de la República cerró el segundo periodo de sesiones ordinarias, cumpliendo con lo establecido en la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
La Comisión Permanente convocó a 2 sesiones extraordinarias para llevarse a cabo durante el receso legislativo, las cuales fueron programadas para el viernes 2 y sábado 3 de diciembre, a partir de las 10:00 horas.
El diputado Mario Taracena, presidente de la Comisión Permanente, señaló que se tratará de avanzar en la agenda durante las sesiones extraordinarias, para concluir un periodo de cambios que se dieron en la actual legislatura.
La Comisión Permanente quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente                                     Mario Taracena Díaz-Sol
Primer Vicepresidente                 Oswaldo Iván Arévalo Barrios
Segundo Vicepresidente             Felipe Alejos Lorenzana
Tercer Vicepresidente            Rudy Roberto Castañeda Reyes
Primer Secretario                     Carlos Alberto Barreda Taracena
Segundo Secretario                     Luis Alberto Contreras Colindres
Secretario                                 Aníbal Estuardo Rojas Espino
Datos
La Comisión Permanente del Congreso es la encargada de dirigir las funciones del Organismo Legislativo mientras este no celebre sesiones ordinarias establecidas por la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley del Organismo Legislativo. El periodo de sesiones extraordinarias inicia el 1 de diciembre y concluye el 13 de enero, según el artículo 158 de la Carta Magna.
Carlos Contreras, primer secretario de la Comisión Permanente, informó que se decidió congelar por un periodo de 5 años la contratación de personal 011, con la intención de reducir "el exceso de personal que se tiene en el Congreso".

Por Byron Ramírez.
 

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El presidente del Congreso de la República, Mario Taracena Díaz-Sol, y Óscar Chinchilla, electo para dirigir la Junta Directiva 2017-2018, junto al diputado Amílcar Pop, de Winaq, se reunieron este martes con autoridades indígenas y les informaron de la metodología de aprobación por artículos y redacción final que tendrán las Reformas Constitucionales al Sector Justicia, lo cual será un prioridad en las primeras sesiones ordinarias del próximo año.
El jefe del Legislativo explicó que uno de los temas que más discusión y descontento ha causado es el artículo tres, que incluye la jurisdicción indígena y reconoce la facultad de las autoridades ancestrales de ejercer funciones de acuerdo con sus procedimientos y costumbres si no contravienen los derechos plasmados en la Carta Magna.
“Con 116 votos se logró iniciar la discusión en su tercer debate del proyecto de Reformas Constitucionales. Logramos acuerdos importantes, pero no hemos conseguido nuestro objetivo, que es el reconocimiento de la justicia indígena, por lo que se convierte en un tema pendiente y por el cual seguiremos luchando, porque estamos conscientes de que tiene el respaldo de la población”, aseveró Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Por su parte, el congresista Chinchilla, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), se comprometió a consensuar con los jefes de bloque el tema en la primeras sesiones de 2017 y recordó: “Esto no es un tema exclusivo del presidente del Congreso ni de la Junta Directiva; concierne también a los jefes de bloque que serán los encargados de hacer el eco con los demás diputados, consensuar y debatir el tema, y quienes tendrán la decisión final. Por nuestra parte nos comprometemos a que será uno de los temas prioritarios en agenda para el próximo año”, aseguró.
Tomás Saloj Güit, alcalde indígena del departamento de Sololá, manifestó su agradecimiento a los parlamentarios por su disposición a continuar con el debate de este tema y rescatar las enmiendas improbadas, e indicó que estarán vigilantes a fin de que su aprobación sea una realidad.
Entre los puntos más relevantes y con más debate contenidos en las reformas se encuentran el antejuicio de alcaldes y diputados, la jurisdicción de la justicia indígena, la separación de funciones en la Corte Suprema de Justicia y la creación del Consejo Nacional de Justicia, que asume las funciones de formulación, aprobación y ejecución de la política administrativa, financiera y de modernización y fortalecimiento, en otros.
Por Karen Mendoza

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En la sesión plenaria de este martes y con el voto de 106 parlamentarios, el pleno del Congreso de la República aprobó, en tercer debate, la Ley de Competencia, aunque se pospuso la discusión por artículos y redacción final.
Con la normativa se garantiza la libre competencia mediante la prohibición de las prácticas anticompetitivas, constituye una autoridad de competencia, pone freno al abuso de precios, elimina la exclusividad de los proveedores y se da cumplimiento al artículo 130 de la Constitución Política de la República.
“Las señales están claras. Hemos cumplido con el compromiso legal y político de contar con el proceso legislativo; lo que queda es tranquilizar el acuerdo con Europa. Ha sido una forma madura y responsable la de abordar esta ley, que da derecho a la competencia, la cual no se ha desarrollado en Guatemala, y es por eso que se da el tiempo para estudiarla y analizarla”, manifestó el diputado Juan José Porras, de la bancada Visión con Valores (Viva).
Los congresistas del bloque Encuentro por Guatemala dieron a conocer que la decisión de dejar la norma en tercer debate “es lo más lógico”, para estudiar sus ventajas y desventajas. “Con esto tendremos tiempo para analizarlas con tanques de pensamiento y determinar los contra y pro; además, esto también dará tiempo para las enmiendas que se le podrían hacer para tener una Ley de Competencia muy apegada a la realidad del país”, enfatizó Leonel Lira, de esa bancada.
En la sesión plenaria de este martes también fue retirada de la agenda la iniciativa de Ley del Arbitrio del Alumbrado Público, debido a que no hubo consensos para seguir conociéndola en tercer debate.
Por Selvin Rustrián

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El Congreso de la República aprobó este martes, 115 votos, el el Decreto 50-2016, que contiene el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017, por un monto de Q77 mil 309 millones 451 mil, pese a que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda había dictaminado Q76.9 millones con baso en la propuesta enviada por el Organismo Ejecutivo.
La razón del aumento fue la presentación de 21 enmiendas, de las cuales solo 8 fueron aprobadas; entre las más importantes están que ahora los alcaldes recibirán los fondos y no los gobernadores departamentales, Q300 millones para que el Instituto Nacional de Electrificación mantenga la Tarifa Social y Q20 millones para el Ministerio de Trabajo con destino al programa de Atención al Adulto Mayor.
La Corte Suprema de Justicia, en su readecuación presupuestaria, deberá destinar Q2 millones 500 mil a la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, mientras el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia no podrán modificar sus asignaciones, entre otras.
“Se aprobó un presupuesto adecuado y no deja que nadie haga transas; se aprobaron las enmiendas discutidas y consensuadas con el Ministerio de Finanzas y la Comisión. Quisieron hacer piñata, pero se logró el propósito: un presupuesto acorde a la economía del país”, manifestó Mario Taracena Díaz-Sol, presidente del Organismo Legislativo.
La asignación de gasto para las dependencia de Gobierno quedaron de esta forma (cifras en millones):
 Presidencia de la República  Q207,051,968
 Relaciones Exteriores    Q442,676,000
 Gobernación     Q5,465,598,000
 Defensa Nacional    Q1,908,316,000
 Finanzas Públicas    Q359,577,187
 Educación      Q13,937,205,078
 Salud Pública     Q6,897,096,196
 Trabajo y Previsión Social   Q664,257,000
 Economía      Q679,738,727
 Agricultura     Q1,085,301,000
 Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda   Q4,098,142,764
 Energía y Minas     Q80,807,100
 Cultura y Deportes    Q559,258,000
 Desarrollo Social    Q923,000,000
 Otras dependencias
del Ejecutivo     Q1,312, 207,164
 Ambiente y Recursos Naturales  Q171,933, 660
 Obligaciones al
Cargo del Tesoro    Q26,019,014,944
 Servicios de Deuda Pública   Q12,096,019,988
 Procuraduría General
de la Nación     Q82,250,000
“No es el presupuesto que deseábamos, pero tendremos que acomodarnos y trabajar con calidad el gasto público”, expresó el Ministro de Finanzas Públicas, Julio Estrada, quien en su cuenta de Twitter publicó: “Gracias Congreso. Presupuesto abierto aprobado nos permite planificar y avanzar con orden finanzas publicas y transparencia!”.
Con esta sesión, el Organismo Legislativo cerró el periodo ordinario del año 2016. Sin embargo, los diputados fueron convocados para asistir a sesiones plenarias los días viernes 2 y sábado 3, a partir de las 10:00 horas, para concluir el trámite de diversas iniciativas.
Por Selvin Rustrián.

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El jefe de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), Julio Lainfiesta citó este lunes al presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras para, entre otros temas, dar seguimiento a los procesos de licitación de medicamentos para abastecer los Centros de Atención Médica Integral para Pensionados (CAMIP).
María de León, representante de la Asociación de Jubilados del Estado comentó que la  situación de los afiliados es cada día más complicada, debido a  que los pacientes tienen que esperar hasta cinco meses para recibir sus medicamentos.
“Sumado a esto muchos de los usuarios han sufrido maltratos por parte de médicos y personal del CAMIP”, aseguró de León.
Contreras explicó que los retrasos se deben a que han afrontado dificultades para la adquisición y compra de los medicamentos por las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, pues para comprar insumos tiene que existir un proceso de licitación, de lo contrario podrían ser sancionados.
“Hasta la fecha el IGSS tiene una abastecimiento de entre el 85 y el 87 por ciento de insumos. Para cubrir lo restante hemos convocado a juntas de licitación extraordinarias, con lo que esperaríamos que en la primera quincena de diciembre se podría iniciar el suministro de los 29 medicamentos más demandados, los cuales son utilizados en los tratamientos de presión alta, diabetes y enfermedades renales”, dijo el funcionario
En el tema del mal servicio indicó que trabajan en la incorporación de no menos de siete mil empleados que cuentan con contratos 011 temporales, de los cuales hasta el momento han sido incorporados de forma permanente unos tres mil trabajadores. “Con lo que esperamos brindar un mejor servicio, desde un enfoque en el que damos certeza laboral a nuestros servidores públicos”, concluyó.
Al finalizar la reunión el diputado Lainfiesta anunció que el próximo mes estará visitando las instalaciones de estos centros de atención médica, con el objetivo de constatar los avances en materia de abastecimiento y servicio.
Según datos de la Defensoría de Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de enero a la fecha se registran no menos de 495 denuncias por maltrato y abusos hacia los pacientes de las diferentes unidades del IGSS, de las cuales 130 (26 por ciento)  corresponden al CAMIP.
Por Karen Mendoza.

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