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Parlamentarios que integran la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad, dirigida por Christian Boussinot, presentaron el informe de las actividades realizadas este año.
En el documento se dio a conocer que durante este periodo de trabajo se efectuaron 32 sesiones y se recibieron a delegaciones nacionales e internacionales que velan por los derechos de las personas con distintas discapacidades físicas y mentales.
La comisión resaltó la ratificación del tratado de Marrakech, el 28 de enero de este año, con el cual el Estado se compromete a crear mecanismos que garanticen el acceso a la lectura para las personas con problemas visuales.
Asimismo, destacó que las iniciativas 5125, Ley de Personas con Discapacidad, y la 4149, que dispone aprobar reformas al Decreto 33-98, Derechos de Autor, cuyo trámite está en segunda lectura.
“Nos sentimos satisfechos por el trabajo de este año, por lo que esperamos que las propuestas de ley que se encuentran en segundo debate se puedan aprobar lo antes posible”, destacó el diputado Boussinot, del bloque Todos.
Durante la reunión se entregaron reconocimientos a las distintas organizaciones que velan por los derechos de las personas con distintas discapacidades, las cuales brindaron apoyo a los diputados para la elaboración de las leyes.
Antes de concluir la cita, Sebastián Toledo, del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, agradeció a los congresistas las gestiones realizadas y los instó a continuar con el trabajo para ayudar a facilitar la vida social, educativa y laboral de quienes tienen capacidades diferentes.
Por Karla Herrera

 

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De enero a finales de noviembre, la Dirección General de Migración (DGM) tiene registrado el ingreso de 3 millones 53 mil turistas extranjeros por vías marítima, aérea y terrestre, lo cual, para el presidente de la Comisión de Turismo del Congreso, Santiago Nájera, “es muy satisfactorio porque denota que miles de personas vienen a disfrutar de nuestro territorio y hay que seguir apoyando a las instituciones que promueven a Guatemala como lugar de vacaciones o distracciones”.
“Esperamos que en lo que resta del año más personas extranjeras ingresen para disfrutar de nuestro bello país, y eso reflejaría que se está trabajando para que la promoción de lugares, costumbres y tradiciones sea vista y conocida por miles de personas; esperamos que las cifras aumenten cada año”, manifestó Najera, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Irene Hernández, subtitular de la DGM, comentó que el turismo por la vía aérea podría aumentar al tener contemplado varios aeropuertos en el país, como los del puerto de San José, Escuintla; Quetzaltenango y Retalhuleu. “Solo este año por esa vía ingresaron 1 millón 73 mil personas y esperamos que este flujo aumente”, expresó.
Según la institución, en todo el año 2015 ingresaron 3 millones 77 mil 22 visitantes, cifra que este año se puede superar pues se espera el arribo de al menos 50 mil personas este mes.
Uno de los problemas que afrontan los visitantes que ingresan por el Aeropuerto Internacional La Aurora “son los cobros ilegales y retiro de sus pertenencias por parte de personal de Aeronáutica Civil y de Migración”, según lo denunciado por el parlamentario German Velásquez, del Partido Patriota (PP) e integrante de dicha comisión.
“Nos preocupa que a los turistas nacionales e internacionales les quiten objetos y les pidan dinero para ingresar; es algo injusto, ya que decenas de personas ingresarán por la fiestas de fin de año y muchas de ellas desconocen la corrupción de las autoridades”, dijo Velásquez.
Por Selvin Rustrián.

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Integrantes de la Unión Universitaria Guatemalteca, en la cual participan estudiantes de las universidades de San Carlos, Rafael Landívar y Francisco Marroquín, entre otras, se reunieron con el diputado Carlos Fión, jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo) para firmar un convenio por medio del cual se facilite su participación e incidencia en la agenda legislativa 2017.
Los estudiantes buscan el apoyo de esa bancada y de los diferentes bloques legislativos para generar una agenda en común, que permita el cumplimiento los acuerdos que se alcancen, principalmente en materia de juventud.
El convenio de incidencia ciudadana es un proyecto de fiscalización y auditoría social de líderes universitarios, que pretende fortalecer la participación de los jóvenes estudiantes al fomentar una participación activa en el sistema político guatemalteco.
“Celebramos el interés por involucrarse y ser protagonistas del acontecer nacional; como bancada estamos abiertos al diálogo, a discutir y a apoyar las iniciativas que como Unión Universitaria presenten a este organismo”, expresó el parlamentario Fión.
Añadió que la juventud es y ha sido muy importante para lograr cambios trascendentales, como se ha demostrado a lo largo de la historia. “La Revolución de Octubre de 1944, que abrió las puertas al proceso democrático moderno, fue empujada por un grupo de jóvenes universitarios cansados de la tiranía del entonces presidente Jorge Ubico”, afirmó.
Por su parte, Carlos Alemán, presidente de la organización estudiantil, expresó: “Los jóvenes somos la mayoría en el país; por lo tanto, es muy importante que estemos comprometidos con los problemas que lo afectan, y proponer soluciones ante estas demandas”.
Por Rosemary Recinos.

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“Ha sido un año sumamente satisfactorio para esta instancia”, expresó la diputada Eva Nicolle Monte, presidenta de la Comisión Extraordinaria de la Juventud, quien realizó un recuento del trabajo desempeñado de enero a noviembre de este año.
Entre las funciones de la referida sala y legisladores están la mediación, fiscalización y legislación, y por ello la diputada de la bancada Alianza Ciudadana destacó las siguientes actividades:
• Reunión sostenida con Clara Ordóñez, titular de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, y Luis Enrique Morales Castillo, auxiliar departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Retalhuleu, para dar seguimiento al caso de violación de la menor en el Instituto Adolfo V. Hall en dicha región.
• Integración de mesas de trabajo para proponer programas conjuntos entre las instituciones gubernamentales y organizaciones civiles, en busca de ayudar a las niñas y adolescentes que resultan embarazadas luego de ser víctimas de violencia sexual.
• Abrir el debate y confirmar mesas de diálogo para discutir la iniciativa 3896, Ley Nacional de la Juventud, que se encuentra pendiente de aprobación por artículos y redacción final.
• Se propuso a Silvia García, magistrada de la Cámara de Amparos y Antejuicios, una iniciativa de reformas al Código de Trabajo, la cual tiene como fin promover las pasantías en el sector público y privado para generar mayores oportunidades de empleo.
• La visita del viceministro de Juventud de Costa Rica, José Ricardo Sánchez Mena, quien intercambió experiencias con legisladores, alcaldes y representantes de agrupaciones de jóvenes, con el objetivo de implementar un viceministerio similar en Guatemala que abra las oportunidades a los jóvenes.
La parlamentaria afirmó que su trabajo al frente de la comisión lo realizó “con ética y compromiso, con el fin de trabajar por los jóvenes del país”, y aseguró que el resto de integrantes “estuvo trabajando por el bien de la juventud”.
Monte afirmó que el próximo año, sin importar quien la dirija, la referida sala “estará bien representada y dará pasos importantes en pro de la juventud del país”.
Por Byron Ramírez.

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Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala, citó este jueves al presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras, y al jefe de la Contraloría General de Cuentas, Carlos Mencos, para aclarar dudas que surgen a raíz de la ampliación del contrato con la empresa Intellego, S.C. Sucursal Guatemala, que les brinda el servicio de Solución Integral de Sistemas Informáticos (SAP), con el cual pretendían agilizar los servicios de los afiliados y optimizar los recursos.
La diputada Montenegro mostró su preocupación pues considera que el servicio de software que brinda Intellego, S.C. desde el año 2014 al IGSS fue ampliado “de forma anómala” este año. “Es increíble que se paguen Q250 millones por este servicio cuando hubo otras empresas que licitaron con montos mucho más bajos”, explicó.
Además, dijo que desde el 2015 la Contraloría había hecho observaciones sobre el mismo, pero las autoridades del IGSS “hicieron caso omiso y ampliaron el contrato”. “Otra ilegalidad que presentamos es que el IGSS pagó de forma anticipada el 50 por ciento del total de este contrato, cuando la Ley de Contrataciones establece únicamente un 20 por ciento”, recalcó.
Contreras aseguró que todo fue hecho con apego a ley. “Antes de ampliarlo, la Junta Directiva solicitó un informe técnico a la gerencia”, dijo el funcionario, al explicar que con ello les daban “luz verde” para ejecutar el contrato del sistema en gestión.
“El único que razonó su voto en esta negociación fue Edgar Balsells, representante de la Universidad de San Carlos, quien solicitó un diagnóstico sobre el precio y funcionamiento; sin embargo, tampoco fue un obstáculo para que realizaran la ampliación con la compañía mexicana”, concluyó Montenegro.
Por Mayra Recinos

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En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Probidad del Congreso, Amílcar Pop, informó de los resultados de una investigación y opiniones vertidas por diferentes sectores que adversan la adjudicación en usufructo de una porción de terrenos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) en favor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Los miembros de la sala de trabajo legislativa, después de entrevistarse con funcionarios de Estado e instituciones privadas y de efectuar investigaciones y estudios al Acuerdo Gubernativo 151 de la Presidencia de la República, determinaron emitir un dictamen técnico-jurídico en el cual se hace constar una serie de ilegalidades en la forma en que se suscribió el contrato.
En opinión de la Contraloría General de Cuentas, hay evidencias de anomalías relacionadas con una simulación de la concesión obviando la Ley de Contrataciones del Estado.
Otra anomalía encontrada en el Acuerdo 151-2016, a la Procuraduría General de la Nación se le adjudican funciones que no le competen y violentan el Estado de Derecho al otorgar privilegios a favor de empresas privadas.
En concreto, dijo el diputado Pop, al dar en concesión por más de 20 años el servicio de la EPQ “se violenta el artículo 130 de la Constitución Política y se generan beneficios de un monopolio, se elimina el servicio estatal y se violan los artículos 95 y 96 de La ley de Contrataciones del Estado, que señala que el Estado no puede concesionar un servicio que le representa utilidades”.
Actualmente, la EPQ genera utilidades de aproximadamente Q100 millones, pero con la concesión se reducirían a Q20 millones para el Estado.
En conclusión, enfatizó el legislador, el Congreso no debe avalar ni aprobar la propuesta de iniciativa de ley, en virtud de las violaciones a la ley y se propiciaría un monopolio privado.
“El Congreso no debería prestarse a dar legalidad a un contrato que nació ilegal y, peor aún, se ventilan en los tribunales los mecanismos de corrupción utilizados para darle vida al contrato”, afirmó.
Por José Luis Hernández

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Miembros de la bancada Todos presentaron una iniciativa de ley orientada a reformar el Decreto 90-2005, Ley de Registro Nacional de Personas (Renap), relacionadas con la modificación de la fecha límite establecida para unificar el Código Único de Identificación (CUI).
De acuerdo con lo informado por el parlamentario Rodrigo Valladares, la intención es modificar la fecha establecida en el artículo 61 para que todas las instituciones adopten el CUI como número único de identificación de la persona natural, plazo fijado para el 31 de diciembre de este año, ampliándolo hasta el 30 de junio de 2017.
Se propone que a partir del 1 de julio del 2017 se obligará a las dependencias estatales, descentralizadas y autónomas a adoptar obligadamente el CUI como número único en todos los casos en que se tenga la obligación de llevar un registro.
El bloque de diputados Todos estima conveniente ampliar el plazo fijado porque les parece imposible que el Renap cumpla con ese plazo.
“Transitoriamente y con carácter provisorio, el servicio para la emisión del Documento Personal de Identificación será emitido por el Renap, y en forma gratuita, dentro del periodo de 4 meses, una certificación del Documento Personal de Identificación, la cual tendrá plena validez para identificarse en cualquier trámite y tendrá vigencia hasta por 6 meses”, indicó Valladares, quien junto a Ronald Arango y Juan Ramón Lau, hicieron la explicación de la iniciativa.
Por José Luis Hernández

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Con el objetivo de conocer las acciones ejecutadas durante el año 2016 en los centros de atención a personas con discapacidad  a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), diputados que integran la Comisión Extraordinaria sobre Asuntos de  Discapacidad, citaron este jueves a la subsecretaria de Prevención Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario de dicha entidad, Dania Franco.
Durante la reunión los diputados solicitaron información de los proyectos implementados en el  Centro  de Educación Especial Alida España y el Centro de Educación de Capacitación Ocupacional (CCO), así como la forma en que se han ejecutado los fondos asignados al programa de Subsidio Familiares.
Franco indicó que hasta el 28 de noviembre se ha registrado una ejecución de un 89 por ciento en los programas encaminados en brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad ya que han logrado la contratación de personal profesional, jornadas médicas, implementación de un taller de carpintería y digitalización de los expedientes entre otros.
Asimismo, reconoció que se necesita una ampliación presupuestaria para el 2017 de no más de 5 millones de quetzales para remozar las instalaciones deterioradas de dichos centros de atención, la compra de un vehículo para realizar el monitoreo, así como dos buses para prestar el servicio de transporte a personas de escasos recursos.
La diputada Mirma Figueroa del bloque Alianza Ciudadana cuestionó a la funcionaria en relación a los criterios de priorización de los departamentos beneficiarios del programa de subsidio familiar, “debido a que es necesario que se tomen en cuenta los factores de necesidad y accesibilidad para hacer una distribución que responda a las necesidades de quienes sean atendidos”, puntualizó.
Sobre el tema, la Subsecretaria explicó que hasta el 2015, la SBS tenía concentrado el 63 por ciento del presupuesto en el departamento de Guatemala y sus municipios y el otro 37 por ciento en los departamentos restantes. Para este año iniciaron el monitoreo y visitas a las personas favorecidas e identificaron que muchas de ellas no llenan el perfil para recibir este beneficio, por lo que una parte fue dada de baja.
Ante esto, fue redistribuído el número de beneficiarios, en el que fueron priorizados los departamentos de Alta Verapaz y Huehuetenango que registran los más altos índices de pobreza del país.
Al finalizar el encuentro, la parlamentaria Marleni Matías de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), solicitó un informe que incluya el listado de los beneficiarios. “Sabemos de las necesidades en el interior del país, por lo que estaremos vigilantes a que el dinero llegue a quienes lo necesitan”, concluyó.
Los Centros Alida España y CCO promueven la creación y desarrollo de servicios de educación especial, en los cuales son atendidos niños, niñas y adolescentes, con necesidades educativas especiales, desde la infancia hasta la formación laboral para una vida digna, independiente y productiva.
El programa de subsidio brinda apoyo económico a las familias de escasos recursos, el cual consiste en 500 quetzales mensuales otorgados en un plazo determinado no mayor de 4 años, el cual debe ser utilizado en alimentación, nutrición, salud, terapias físicas, educación, vestuario y recreación de menores de edad con discapacidad.
Por Karen Mendoza.

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Con el propósito de verificar el avance de la construcción de un Hospital en San Pedro Necta, Huehuetenango, diputados al Congreso de la República instalaron este miércoles una mesa técnica con diferentes instituciones gubernamentales.
La decisión de integrar dicha instancia nació después de comprobar que existe una diferencia entre el avance físico y financiero de la obra en manos del Fondo de Desarrollo (Fodes) y el acuerdo es que se avance a un 49.5 por ciento la edificación para trasladar el proyecto al Ministerio de Salud Pública.
Julio Ambrosio Ramírez, jefe edil de la localidad, indicó que la finalización del hospital regional resolvería la falta de centros de asistencia en esa región, debido a que la obra, gestionada desde el 2009, atenderá a no menos de 265 mil usuarios de 16 municipios.
Lucrecia Hernández, titular de la cartera de Salud, explicó la importancia de que se agilice la liquidación del Fodes, a fin de encargarse de finalizar la construcción , para lo cual hay asignados Q20 millones en 2017.
Agregó que son necesarios al menos Q91 millones, con lo cual concluiría la construcción, equipamiento y personal para que el centro asistencial inicie funciones. “Debemos tomar en cuenta que el proceso ha tenido retrasos que han provocado que se tengan drenajes tapados y paredes rajadas, por lo que el ministerio debe contar con más fondos que permitan hacer el estudio geotécnico que recomienda la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, con lo cual se estarían cumpliendo las normas de mitigación y seguridad”, concluyó la funcionaria.
Julio Lainfiesta, jefe de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN) e integrante de la Comisión Extraordinaria de Fiscalización de Compras del Sector Salud, se comprometió a que esa instancia daría acompañamiento al proceso, “a fin de concretar la obra que será de beneficio para un departamento que registra los más altos índices de vulnerabilidad en materia de salud”.
Al finalizar el encuentro, la diputada Karla Martínez, del bloque Alianza Ciudadana y representante del departamento de Huehuetenango, pidió a funcionarios de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres que en un plazo de 12 días elaboren un dictamen de la situación del entorno de la obra, para constatar que los suelos son los adecuados.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, Huehuetenango es el departamento que registra las tasas más altas de mortalidad materna y desnutrición en Guatemala y sitúa al país con la desnutrición crónica más elevada de América Latina y la cuarta en el orden mundial.
Por Karen Mendoza

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