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La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República acordó la creación de una mesa técnica que reciba propuestas, analice y revise integralmente el Código Procesal Penal, en vez de continuar conociendo la propuesta 5148, que buscaba reformas parciales.

“Entendemos la necesidad que existe de las modificaciones al Código Procesal Penal pues hay grandes falencias en materia de justicia y debemos legislar en ese sentido”, dijo el diputado Cornelio Gonzalo García, de la bancada Todos, quien preside la sala de trabajo, la cual acordó iniciar la recepción de propuestas el lunes 27 de este mes.

La intención de reformar el Código Procesal Penal surgió después de que el congresista Juan Ramón Lau retirara la iniciativa 5148, con la cual se pretendía modificar algunos artículos, por lo que se buscan los consensos con el Ministerio Público, Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Movimiento Pro Justicia, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, cuyos delegados expresaron interés en presentar propuestas.

El calendario de análisis contempla el inicio de la recepción de propuestas el último lunes de marzo y se espera que antes de que concluya el primer periodo legislativo del año se cuenta con una iniciativa que sea conocida por el pleno.

Por Fernando Bolaños

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La Comisión de Transporte y Obras Públicas del Congreso, coordinada por Oscar Roberto Fernández, se reunió con Williams Mansilla, ministro de la Defensa; Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y con el comisario Mauricio Yax, de la Policía Nacional Civil (PNC), entre otros funcionarios, para conocer el plan de seguridad de Semana Santa 2017.

Como parte del Sistema Nacional de Prevención de Semana Santa, Cabañas informó que el plan se activará el 7 de abril, declarando alerta amarilla, y concluirá el 17; contará con 7 puestos de control y prevención, y 20 campamentos que darán servicios de información, seguridad, atención vial y primeros auxilios, ubicados en las principales carreteras.

El Ministerio de la Defensa tendrá presencia con más de mil elementos de seguridad, Marina, Fuerza Aérea, Reservas Militares y Unidad Humanitaria de Rescate, que auxiliarán a la población, informó Mansilla.

“La Marina cubrirá Puerto Barrios, Lívingston, Bahía de Amatique, Río Dulce, Amatitlán y Puerto de San José, entre otros puntos, con marineros y embarcaciones para control de tráfico marítimo y cualquier accidente que pueda ocurrir con motos acuáticas y lanchas rápidas”, precisó.

Por su parte, el comisario Yax declaró que habrá un despliegue de 37 mil 300 agentes en los 340 municipios. “Nuestro plan consta de 4 fases; la primera empieza hoy con una campaña de concienciación y orientación hacia los ciudadanos, para que tomen las medidas pertinentes durante las actividades religiosas, recreativas y de convivencia en las que participen”, aseveró.

También informó que durante estas fechas la PNC suspende permisos y vacaciones, con el objetivo de integrar a todo su personal para que apoye los dispositivos.

Jorge Mario Chajón, director del Instituto Guatemalteco de Turismo, dijo que imprimirán mantas para los puestos y 35 mil marbetes, y se entregará material promocional. También se realizará un conteo de ingresos en fronteras y destinos turísticos, se sancionarán hoteles y servicios que violen los reglamentos y tarifas, y se contará con quioscos para información y atención de quejas.

“En papel todo suena bien, pero veremos cómo se desenvuelve todo; al finalizar la Semana Santa nos reuniremos nuevamente para verificar los resultados, compararlos y ver en qué se puede mejorar para el siguiente año”, concluyó el diputado Fernández, de la bancada Todos.

Por Rosemary Recinos.

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Con 92 votos a favor, este miércoles el pleno del Congreso aprobó consultar a la Corte de Constitucionalidad (CC) si es procedente el veto del Organismo Legislativo al Decreto 3-2017, que establece el 19 de mayo de cada año como el Día de la Dignificación Nacional de la Yon y/o Rati´t Ak´al Comadrona Indígena de Guatemala.

Dicha norma identifica la dignificación por medio de la educación, instruyendo a las carteras de Educación y de Salud Pública para que se promueva el papel relevante que tienen las comadronas en la práctica de traer la nueva vida, mediante diversos instrumentos.

Asimismo, se otorga un incentivo económico de Q3 mil anuales que deberán ser pagados en 2 fases: en los primeros días de mayo y durante la primera quincena de diciembre de cada año, a no menos de 22 mil 700 comadronas que hay en el país.

Según las autoridades gubernamentales, entre otras cosas se contravienen los principios contenidos en los artículos 4 (libertad e igualdad) y 240 (fuentes de inversiones y gastos del Estado) de la Carta Magna.

El razonamiento dice que la ley contempla aspectos como la discriminación, pues excluye a las comadronas de los pueblos Xinca, Garífuna y mestiza, además de aducir que no existe el espacio en el presupuesto del Ministerio de Salud.

“Los argumentos presentados por el Ejecutivo denotan que no se le dio una lectura adecuada a la normativa. Da tristeza que de las pocas leyes que se han aprobado a favor de los más necesitados tengan un veto presidencial no justificado, pues esta ley no violenta ningún derecho y no promueve la exclusión, como demarca el presidente Morales”, indicó el ponente de la ley y representante del bloque Winaq, Amílcar Pop.

Congresistas de las bancadas Alianza Ciudadana, Winaq, Unidad Nacional de la Esperanza, Partido de Avanzada Nacional, Convergencia, Todos, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y del Movimiento Reformador (MR) se sumaron a la propuesta de que se consulte a la CC.

Oliverio García Rodas, del bloque MR, dijo: “La Constitución es el pacto social por el cual convivimos en armonía, por lo que el análisis simplista del Presidente de la República para vetar esta ley tiene contradicciones, y lo único que evidencia es la negación de lo que los constituyentes plasmamos en la Carta Magna, pues constituye la negación de los artículos 1, 2 y 3”.

Según el artículo 179 de la Constitución, si el Congreso rechaza el veto el Ejecutivo deberá sancionar y promulgar el decreto, y si no o hace, la Junta Directiva del Legislativo ordenará su publicación para que surta efecto.

Por Karen Mendoza

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“Hacemos un llamado a los congresistas para que los días miércoles asistan al hemiciclo parlamentario para continuar con la discusión y aprobación de las reformas constitucionales al Sector Justicia, y en especial a que se respeten los acuerdos suscritos en la Instancia de Jefes de Bloque”, manifestó el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla.

El congresista lamentó la “falta de voluntad de algunos bloques políticos” para aprobar las modificaciones a la Carta Magna. “No hay desconocimiento de los legisladores en cuanto a las reformas constitucionales; es más, han sido ellos quienes nos han manifestado su interés en querer avanzar con este tema”, afirmó.

Chinchilla se refirió al tema al levantarse la sesión de este miércoles, en la cual se contemplaba que los representantes iniciaran el debate del artículo 4, que enmienda el 205, relacionado con la Administración de Justicia y la Carrera Judicial.

La discusión se generó por una moción privilegiada presentada por el parlamentario Nery Samayoa, del Movimiento Reformador, para limitar el uso de la palabra, pero no fue aprobada.

El jefe del bloque Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Javier Hernández, aseguró que esa bancada firmó los consensos para que se conociera la enmienda al artículo 4. “No se tiene que estar hablando si hay consensos o no para pasar esta reforma, cuando lo que se estaba votando era la moción que limitaba el tiempo de intervención de cada legislador”, indicó.

La sesión se levantó por no existir el quorum necesario para continuar con el debate, y el presidente Chinchilla convocó para este jueves, a las 10:00 horas.

Por Karen Mendoza

 

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La Comisión de Vivienda, presidida por el diputado Julio Longo, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), aprobó solicitar que el pleno conozca la iniciativa 5119 que contiene enmiendas al Decreto Legislativo 09-2012, Ley de Vivienda.

El congresista señaló que el objetivo de dichas modificaciones es volver a darle a la Unidad para la Vivienda Popular (Udevipo) la función de legalización de las tierras, lo cual dejó de hacer desde el 31 de diciembre de 2016.

“Hasta el momento hay más de 25 mil casos de gente que no tiene la certeza jurídica de su terreno y no se pueden resolver si no aprobamos las reformas”, recalcó.

La enmienda por sustitución total del artículo 71, relacionada con programas y proyectos en ejecución, resalta que todos los archivos provenientes de las carteras de préstamos que fueron otorgados al Fondo para la Vivienda a partir del 31 de diciembre de 2016 deben ser entregados a Udevipo.

El diputado Víctor Cruz Clavería (FCN-Nación), integrante de la sala de trabajo, destacó la importancia de aprobar las reformas por la urgencia para miles de familias guatemaltecas.

Por Nery Morales

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Diputados que integran la Comisión de Apoyo Técnico iniciaron el análisis de 2 propuestas para modificar el Decreto 63-94, Ley Orgánica del Congreso de la República, sobre los procesos para conocer reformas a la Constitución y la entrega de informes de los presidentes de las distintas salas de trabajo.

La primera iniciativa (52-37), presentada el parlamentario Oliverio García Rodas (Movimiento Reformador), en su primer artículo cambia el enunciado 28 para que los informes de los titulares de las comisiones sean entregados directamente al sucesor, para evitar que se pierda la información obtenida durante el año de trabajo.

Una segunda iniciativa que será analizada es la 52-38, interpuesta por el diputado Claude Harmelin De León (Frente de Convergencia Nacional), con el propósito de dar una ruta a seguir al momento en que se presenten propuestas para reformar la Constitución Política de la República, tal como lo especifica el artículo 133, el cual manda a que toda propuesta debe ser analizada previamente por una comisión específica integrada por un diputado de cada bloque legislativo.

Durante la reunión se contó con la presencia de los ponentes, quienes aseguraron que dejan el estudio en las manos de la comisión.

El presidente de la sala de trabajo, Manuel Conde Orellana (Partido de Avanzada Nacional), aseguró que se ha iniciado el camino para el estudio de las dos propuestas que serán discutidas detenidamente en las próximas semanas.

Por Karla Herrera

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Con el objetivo de conocer detalles de la labor que realizan las instituciones participantes en el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese), la Comisión de Turismo, que preside la diputada Elza Cú Isem citó a funcionarios de las instituciones que velan por la seguridad de los turistas durante las festividades de Cuaresma y Semana Santa.

Los parlamentarios integrantes de la sala mostraron su preocupación ante autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y la División de Seguridad al Turista, de la Policía Nacional Civil, en temas como seguridad, movilidad de turistas en las fronteras, carreteras y divulgación de sitios turísticos a los visitantes extranjeros.

Las autoridades informaron que para garantizar una mejor cobertura y movilidad de instituciones que conforman el Sinaprese se estarán activando 7 puestos de control y 20 campamentos en las principales rutas, del viernes 7 de abril hasta el lunes 17, los cuales contarán con atención prehospitalaria, información, seguridad, servicios mecánicos y de grúas, además de monitoreo en playas, ríos, balnearios, centros turísticos y cortejos procesionales.

Según Jorge Mario Chajón, director del Inguat, su función principal es promocionar al país y sus destinos turísticos, pero también efectúan monitoreo de tarifas hoteleras, información a turistas en quioscos, conteo de ingreso de extranjeros en fronteras y apoyo logístico en traslados carreteros de los visitantes; indicó que se espera un crecimiento del 12 por ciento de ingreso de turistas al país, principalmente los que provienen de El Salvador.

Aunado a esto, el comisario Erick Tórtola, encargado de la Policía de Turismo, dijo que se tiene una fuerza activa de 37,500 elementos en alerta en todo el país para brindar seguridad al viajero, tanto en las carreteras como en los centros turísticos o de aglomeración de personas, como procesiones y playas, que son los lugares donde más ocurren hechos delictivos.

La diputada Aracely de Chavarría, de la bancada Movimiento Reformador, cuestionó la poca promoción de los lugares turísticos de su distrito, Santa Rosa, y el “pésimo estado de las carreteras, así como las largas filas que hacen turistas en las oficinas de Migración ubicadas en las fronteras con El Salvador”.

Finalmente, el congresista Santiago Nájera, de la Unidad Nacional de la Esperanza, exhortó a las autoridades del Inguat y Covial a realizar una planificación efectiva en sus áreas de trabajo, para mejorar la atención al turismo, tomando en cuenta que es uno de los mayores generadores de ingreso de divisas al país y que aumenta cada año.

Por Fernando Bolaños

 

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El diputado Walter Félix, presidente de la Comisión del Menor y la Familia, cuestionó a las autoridades por haber permitido que en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción estuvieran juntas menores que tienen conflicto con la ley penal y quienes están por otras causas consideradas no graves.

En reunión de este miércoles se escucharon los informes de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en aras de esclarecer los hechos.

El congresista de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz) resaltó que los informes serán analizados por los diputados y el equipo técnico de la comisión para emitir un dictamen con recomendaciones y hacer reformas a las leyes.

Asimismo, se cuestionó por los 42 adolescentes que aún están en el interior del Hogar Seguro y cómo se les está tratando, pues recordó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió recomendaciones que se deben cumplir.

Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, también mostró su preocupación por el “descontrol que hubo durante la tragedia”, pues dijo que cuando acudieron al lugar “un grupo de jóvenes estaba encerrado en el salón de usos múltiples, bajo llave, custodiado por policías antimotines y que no había personal de la Secretaría de Bienestar Social que los cuidara. Lo más difícil de la situación fue que no había nadie que dijera qué se podía hacer”.

En la reunión participaron organizaciones civiles locales e internacionales que velan por la protección de los menores y adolecentes, como Refugio de la Niñez, Acción Ciudadana, Plan Internacional y Save The Children, entre otras, quienes objetaron las acciones que las autoridades no ejecutaron antes ni después de la tragedia.

Las autoridades advirtieron que por lo delicado y complicado del caso fue declarado en reserva judicial.

Representes del CNA manifestaron dijeron que habían alertado sobre un cierre temporal del lugar porque se conocían las denuncias de los menores sobre los vejámenes y las violaciones que se cometían.

Por José Castellanos.

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Logistica del plan Nacional de Prevenciòn Semana Santa

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