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Con la intención de ampliar los temas a tratar en la Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País, su presidente, diputado Álvaro Velásquez, anunció la intención de cambiarle el nombre por el de Reformas del Estado.
La solicitud fue consensuada en el seno de la sala de trabajo y fue enviada a la Junta Directiva; se espera que sea conocida en los primeros días del año 2017, antes de que se elijan a los nuevos miembros de la Comisión.
“Uno de los motivos para el cambio es ampliar los temas que le competen a la comisión y ver reformas para el Estado en general, es decir, ayudar a los ministerios, secretarías y todas las dependencias gubernamentales a buscar estrategias para hacer que Guatemala salga adelante en asuntos de salud, educación, seguridad y economía, entre otros”, argumentó Velásquez, de la bancada Convergencia.
El congresista agregó que la comisión fue creada después de diversas reuniones de diálogo con el sector empresarial y partidos políticos, en las cuales se priorizaron las leyes marco de salud, educación, desarrollo rural y seguridad, por lo que se estima conveniente tratar otros asuntos.
Se espera que la propuesta sea aceptada y ampliar los temas de competencia de la sala de trabajo, con la finalidad de mejorar el sistema del Estado en general.
Por Karla Herrera

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Una de las Comisiones del Congreso de la República que tuvo relevancia y trabajo continuo debido a los temas que abordaron en el  año 2016, fue la sala legislativa de Finanzas Públicas y Moneda, en la que se dictaminaron iniciativas de Ley relacionadas con la economía y finanzas de la nación.
Entre las leyes más importantes que pasaron por sus manos están la readecuación presupuestaria solicitada por el Organismo Ejecutivo a principios de año; la Ley para la Viabilización de la Ejecución Presupuestaria; Sustitución de Fuentes de Financiamiento al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Gestión de Pasivos de la Deuda Pública.
Su presidente, Jairo Flores, destaca además las reformas a la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria; Exoneración de impuestos a Motobombas para las cuerpos de socorro, varios convenios de transparencia con instituciones privadas y del Estado; y la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.
“Las discusiones dentro de la Comisión sobre temas económicos y financieros se vieron reflejados en la buena voluntad que existía para que el país no entrara en crisis, tal y como sucedió en el tema de salud. Las reformas a la ley Orgánica de la SAT servirán para que cuente con más controles y herramientas para lograr una mayor recaudación fiscal. Hubo un sinfín de temas que trabajamos y con los que buscamos siempre un beneficio para la población”, manifestó el presidente de la Comisión de Finanzas, Jairo Flores.
A juicio del legislador, entre lo más importante que se logró fueron que las discusiones del presupuesto de la Nación del 2017 fueran públicas con la participación de tanques de pensamiento, organizaciones, instituciones financieras del país, sociedad civil, “debido a lo cual el presupuesto aprobado es bastante equilibrado y justo para la economía del país”, dijo el legislador.
La gestión 2016 de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda se resume en nueve iniciativas de Ley que fueron dictaminadas por sus integrantes. Así mismo se firmaron convenios con el Ministerio de Finanzas, Acción Ciudadana y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
Cabe destacar la firma de una carta de entendimiento con la Contraloría General de Cuentas y Acción Ciudadana, para mejorar los mecanismos de transparencia en el presupuesto de la nación.
El diputado Flores auguró que a los integrantes de la Comisión para el próximo año les esperan retos y compromisos por cumplir con un legado de transparencia y sobre todo de apertura a la población.
Por Selvin Rustrián.

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Mediante una iniciativa de ley presentada en la Dirección Legislativa, la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, pretende establecer el 26 de febrero de cada año como Día Nacional de las Víctimas de la Violencia Sexual, Esclavitud Sexual y Esclavitud Doméstica.
Según lo informado, esta iniciativa responde a una medida de reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado interno, ocurrido en los años 1982-83 en el área del Polochic, específicamente en las comunidades Sepur Zarco, La Esperanza, Poombac y San Marcos, localizadas entre los departamentos de Izabal y Alta Verapaz.
El proyecto de decreto está orientado a que los tres organismos del Estado realicen actos conmemorativos pertinentes, coordinados por el Programa Nacional de Resarcimiento, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala y la Defensoría de la Mujer Indígena, además de la difusión de los hechos ocurridos en Sepur Zarco y comunidades aledañas.
“Después de un largo proceso judicial, el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo A emitió sentencia condenatoria contra Esteelmer Francisco Reyes Girón y Heriberto Valdez, reconociendo que sí existió la violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica durante el conflicto armado interno. Además, emitió sentencia condenatoria, obligando al Estado a una reparación digna y transformadora”, aseveró la parlamentaria.
Por José Luis Hernández

 

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El Congreso de la República está por cerrar el año 2016 con un balance de 44 sesiones plenarias efectuadas, entre 29 ordinarias y 15 extraordinarias, y la aprobación de 50 decretos.
Según los registros de la Dirección Legislativa, en el primer período de sesiones ordinarias (del 14 de enero al 15 de mayo) se aprobaron 41 decretos, mientras que en el segundo (1 de agosto al 30 de noviembre) fueron 9.
Además, durante los 2 recesos parlamentarios el Organismo Legislativo efectuó 15 sesiones extraordinarias, incluyendo la convocada para este miércoles 14.
“Al hacer un comparativo entre los 2 periodos de sesiones se puede observar una disminución en el trabajo legislativo durante el segundo”, afirmó Juan José Porras jefe de la bancada Visión con Valores (Viva), quien lo atribuyó a “la elección a la nueva Junta Directiva para el periodo 2016-2017, pues debido a que no se alcanzaron los consensos necesarios la discusión se extendió y se tradujo en que no caminara la agenda”.
Álvaro Velásquez, diputado de la bancada Convergencia, aseveró que lo realizado este año se debe al compromiso de los parlamentarios “que se han comprometido a legislar en favor del pueblo”.
Marleni Lineth Matías, de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que el trabajo fue productivo y aseguró: “Hubo leyes que demandaron más trabajo que otras, debido a la coyuntura política del país”.
Entre las iniciativas aprobadas están:
 Reformas a la Ley del Ministerio Público.
 Reformas a la Ley de la Carrera Judicial.
 Reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
 Reformas a la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo.
 Cambio de nombre al Estadio Nacional Mateo Flores por el de Doroteo Guamuch Flores.
 Estados de Calamidad.
 Acuerdo de París, el cual contribuye a hacer frente a los efectos del cambio climático.
 Protocolo al Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para someter el Reclamo Territorial, Insular y Marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia.
 Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial.
 Código de Migración.
Por Byron Ramírez

 

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Diputados de la Comisión de Salud y Asistencia Social, la cual preside el parlamentario Luis Hernández Azmitia, se reunieron  con Carlos Barillas, viceministro de Vivienda, para verificar el nivel de avance en la construcción y entrega del proyecto habitacional "Mi Querida Familia", destinado a los afectados por el alud en la colonia El Cambray ll, ocurrido en octubre del 2015.
“En total son 181 familias que a la fecha no han recibido la vivienda que se les prometió, quienes además de la pena de haber perdido a algún familiar, se quedaron sin sus pertenecías y sin un techo donde vivir”, indicó el diputado Azmitia.
“Tenemos funcionarios sin sensibilidad social para atender a las víctimas de esta tragedia”, añadió el parlamentario.
“El proyecto se encuentra paralizado desde el mes de marzo. No nos han entregado ni títulos de propiedad, mucho menos las casas. Hay muchas familias necesitadas y sin recursos. Teníamos la esperanza de recibir apoyo, sin embargo seguimos esperando”, indicó César Gonzáles presidente  de la Asociación de Vecinos Unidos por el Cambray ll.
Por  su parte el viceministro Barillas, adujo que el retraso se debe a malos procesos administrativos relacionados con el proyecto, los cuales se llevaron a cabo durante la administración pasada.
“No se realizó el contrato en el marco del Estado de Calamidad, nosotros tuvimos que iniciar un nuevo proceso para completar toda la documentación pendiente”, aseguró el viceministro.
El funcionario explicó que se detectó falta de capacidad de la empresa que originalmente había empezado la construcción, por lo que en junio de este año,  se tomó la decisión de lanzar un proceso de licitación el cual se firmó en noviembre.
“Es realmente lamentable que a más de un año de este suceso en el cual fallecieron cientos de guatemaltecos, por negligencia y falta de voluntad,  no se haya cumplido con este compromiso”, comentó el diputado Fernando García.
“Como comisión exigimos que, si ya se tienen algunos títulos de propiedad listos, se entreguen lo antes posible. Daremos todo el seguimiento necesario y vamos a culminar el proceso hasta que se le entregue a cada familia afectada su propia casa”, concluyó el parlamentario Azmitia.
Por Rosemary Recinos
 

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Con la presencia de 82 diputados, el Congreso de la República conoció la designación de las profesionales Silvia Liliana Castillo Martínez y Adriana Estévez Clavería para integrar el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), nombradas por el presidente Jimmy Morales.
El oficio No. 47 fue remitido por el gobernante al titular del Organismo Legislativo, Mario Taracena Díaz-Sol, el 2 de este mes, acompañado del Acuerdo Gubernativo 117, de la misma fecha.
El asunto fue incluido en la orden del día para la sesión extraordinaria de este miércoles 14, convocada para que los diputados también conocieran la prórroga para homologación del Código Único de Identificación, pues el Decreto 90-2005 establece que ello debe hacerse a partir del 1 de enero de 2017.
El otro tema previsto era la reforma al Decreto 9-2012, Ley de Vivienda, para prorrogar la vigencia de la Unidad de Desarrollo de la Vivienda Popular, pues la fecha de cierre es el 31 de enero de 2017.
Sin embargo, estos dos puntos quedaron pendientes debido a que para aprobarlos se requiere del voto de al menos 105 congresistas, por lo cual la sesión fue suspendida, por falta de quórum.
“No es culpa nuestra que no se haya aprobado lo enviado hace apenas una semana por el Registro Nacional de las Personas; nosotros intentamos conocerlo, pero se necesitaban 105 votos y no se obtuvieron. Si existen problemas, esto tiene nombre y se llama Renap, por hacer todo a última hora”, manifestó Taracena Díaz-Sol.
La Comisión Permanente ya no convocará a sesiones en lo que queda del año, por lo cual los temas que quedaron pendientes se deberán conocer en 2017.
Por Selvin Rustrián.

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Durante  el foro “20 años de la Firma de los Acuerdos de la Paz”, organizado por la Secretaria de la Paz, el cual se celebró en el Congreso de la República, diputados de las bancadas URNG-Maíz y de la Unidad Nacional de la Esperanza coincidieron en que su contenido sigue vigente y que el cumplimiento de varios de los compromisos asumidos aún está pendiente por parte del Estado.    
“Este es un espacio de reflexión acerca del trabajo realizado en la comisión de Paz y Desminado, con el acompañamiento del bloque URNG y la SEPAZ. Aquí hicimos un análisis estructural de los Acuerdos de Paz y los cumplimientos. Comprendemos que sí hay avances significativos, pero hay mucho por cumplir. Nos están reportando el cumplimiento de una tercera parte de los compromisos, pero lo que se ha cumplido es lo más fácil. Pasaron 20 años para llegar a este nivel, esperemos que no pasen otros 20 años y se cumpla otra tercera parte”, refirió el diputado Edwin Maldonado, presidente de la sala de Paz y Desminado.     
El diputado Walter Félix, jefe del bloque URNG –MAIZ, indicó que es necesario darle una segunda oportunidad a Guatemala.
“Así como van las cosas, Guatemala es un país inviable, ya que si hay un gran rezago en una gran mayoría de los compromisos, por ejemplo existe mayor pobreza y pobreza extrema, y en temas de la reforma constitucional si se debería de cumplir en la su totalidad. Definir cuál va a ser el papel del Ejército de Guatemala en la construcción de una sociedad democrática, entre otros temas”, dijo el diputado Félix.
“Hemos trabajado durante estos cuatro meses un informe completo en el cual hacemos una resignificación de los Acuerdos de Paz y consideramos que hoy es un momento muy oportuno para darlo a conocer en el Organismo Legislativo y ver donde esta la brecha y focalizar donde está ese incumplimiento. Nosotros vemos que hay avances positivos y que nos han dado una nueva mirada para el país, creemos que todos tenemos que continuar buscando que se cumplan todos los compromisos pendientes para una nueva nación”, comentó Lourdes Xitumul, Secretaria de la Paz.    
Al concluir el evento autoridades de la Sepaz anunciaron que para el 29 de diciembre del presente año harán entrega oficial en el Palacio Nacional de la Cultural del informe de la “Agenda Política de la Paz 2017- 2026 Compromisos por Cumplir”.
Por José Castellanos.  
 

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Como una “fructífera labor” fue calificado lo hecho durante los últimos 12 meses, según congresistas de los bloques Fuerza y Convergencia, quienes destacaron que en el primer año de la octava legislatura (2016) hay 15 decretos aprobados más que en el mismo período de la séptima legislatura (2012).
A criterio del diputado Raúl Romero Segura, jefe del bloque parlamentario Fuerza, el Congreso de la República superó las expectativas.
En 2012 fueron aprobados 35 decretos, mientras que este año el pleno avaló 50, incluyendo la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para “autodepurar” el Congreso, y las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
“Así como he criticado algunas actuaciones de la Junta Directiva, también es digno reconocer y felicitarla por la decisión de entrarle a problemas álgidos, como los antes descritos, y que legislaturas anteriores no se atrevieron a conocer”, resaltó el parlamentario Romero.
Para el próximo año anticipó que impulsarán iniciativas de carácter social y “se apoyarán todas aquellas que vayan en beneficio de la población”, como la Ley de Servicio Civil del Estado, leyes de transparencia y del cambio climático. “La población debe entender que este sí es un congreso diferente”, acotó.
Por su parte, Álvaro Velásquez, del bloque Convergencia, quien preside la Comisión Extraordinaria Visión de País, manifestó su complacencia por el trabajo realizado en el primer año de labores.
Coincidió con Romero en cuanto al “trabajo productivo”. “Se hizo una labor no solo cualitativa sino cuantitativa comparada con años anteriores”, subrayó.
Según dijo, el hecho de que el Presupuesto General de la Nación para 2017 haya sido aprobado como decreto número 50 indica la “alta productividad”, además de las 206 iniciativas pendientes de análisis.
Los congresistas dejan pendientes proyectos de leyes en materia económica, laboral, deberes y derechos sociales, así como de seguridad, justicia y transparencia. “Esto significa que durante el periodo 2016 las comisiones tuvieron una labor intensa, lo cual es satisfactorio para el Congreso y la ciudadanía; por lo tanto, la desconfianza que la población ha tenido contra el legislativo se ha ido desvaneciendo con los hechos enunciados”, puntualizó Velásquez.
Por José Luis Hernández

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Tras haber presentado la iniciativa de ley 5206, con la que se prohíbe la participación de menores de edad y mujeres embarazas en manifestaciones, el diputado ponente, Eduardo Zachrisson, explicó que el trabajo de la Procuraduría General de la Nación (PGN) será vital para hacer que se cumpla la normativa.
El diputado Zachrisson explicó que el artículo 2 de la normativa propuesta establece que “será el personal de la PGN el que tendrá que encargarse de apartar a los menores de edad de las manifestaciones y llevarlos a lugares seguros”, dijo el legislador.
Añadió que cuando los padres se presenten a reclamar a los menores recogidos por la PGN, se les impondrán las sanciones por llevarlos a este tipo de concentraciones en las que quedan expuestos a una multitud potencialmente violenta y resultar lesionados.
El legislador presentó el 14 de noviembre una propuesta de ley para evitar que los menores de edad y las mujeres embarazadas participen en manifestaciones con el propósito de mantenerlos alejados de cualquier foco de violencia al ser utilizados por los organizadores de las manifestaciones como escudos humanos.
Además se espera que la Procuraduría de Derechos Humanos,  Gobernación Departamental y el Ministerio de Gobernación estén involucrados en las acciones que hagan valer la normativa de ley que se encuentra en análisis en las comisiones del Menor y la Familia y de Legislación y Puntos Constitucionales.
Las sanciones para quienes sean identificados como organizadores de las manifestaciones y que no cumplan con la ley serán multas con cinco salarios mínimos por cada menor de edad que se encuentre presente en la protesta y si reincide, se aplicarán sanciones de cárcel por el delito de exposición de menores.
La normativa también busca cumplir con el artículo 3 de la Constitución Política de la República que reza que “el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así  como la integridad y la seguridad de la persona”.
El diputado Zachrisson espera que la propuesta de ley sea conocida en las primeras semanas de enero del 2017.
Por Karla Herrera
 

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