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El Organismo Legislativo cerrará el año 2016 con un ahorro de Q68.9 millones y una reducción de Q115 millones en la asignación de 2017, lo cual es atribuido por su presidente, Mario Taracena, a los controles y disposiciones establecidas para la contratación de personal en los renglones 011, 022 y 029.
“En 2015 hubo 3,518 personas contratadas y en el presente año solo hubo 1,124 empleados nuevos, lo cual provocó que los ahorros del Congreso aumentaran y no se tuviera a gente sin hacer nada. Eso ayudó a contar con fondos para cubrir a quienes optaron por el retiro voluntario, pues en ello se erogaron al menos Q73.8 millones”, explicó el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Datos oficiales al 31 de octubre dan cuenta de que el ahorro en el renglón 022 fue de Q40.6 millones y Q38 mil en el 029; en horas extras hubo Q5.4 millones menos y una reducción de Q22.8 millones en el pago de cuota patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Según dijo, se procedió de esa manera “para poder contar con personal capacitado en las diferentes áreas y no contratar por solicitudes, como se hacía en otros años”.
En otro tema, Taracena informó que a partir del 1 de enero de 2017 las comisiones de trabajo se reducirían de 52 a 35, pues desaparecerían las extraordinarias, que tienen plazos específicos establecidos, “y se podrá mantener algunas, con el aval de 80 diputados”.
Entre las salas extraordinarias que podrían ser suprimidas están:
• Asuntos Sobre Discapacidad.
• Estudio y Análisis del Cambio Climático.
• Frontera Norte.
• Frontera Sur.
• Seguimiento y Apoyo a las Comisiones de Postulación.
• Juventud
• Recursos Hídricos
• Seguimiento al Plan Visión de País.
• Catastro y Ordenamiento Territorial.
• Estudio y Análisis para la Deslegislación.
Por aparte, los periodistas cuestionaron al titular del Legislativo por las no menos de 900 efectuadas por presidentes de comisiones a autoridades gubernamentales, a lo cual respondió: “Vergüenza ajena; se pasaron, fue exceso lo que se dio en el Congreso y es por eso que ya se presentó una iniciativa, que tiene dictamen favorable, para regularizar y normalizar las citaciones de diputados a funcionarios de Gobierno”.
Acerca de posibles sesiones plenarias, Taracena informó que se tiene prevista una el jueves 12 de enero, para dar la bienvenida a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, quien hará una visita oficial al país, y la otra el sábado14, para efectuar el cambio de Junta Directiva.
Por Selvin Rustrián.
 

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El pasado 19 de diciembre, el Organismo Legislativo, recibió el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, el cual fue remitido por el  presidente de la República, Jimmy Morales, para su consideración y aprobación.
Dicho convenio fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en abril del 2005 y suscrito por Guatemala en septiembre del mismo año.
El documento establece como delito quien ilícita e intencionalmente posea material radioactivo, fabrique o posea dispositivos con el propósito de causar la muerte o lesiones corporales graves, o cause daños considerables a los bienes inmuebles o medio ambiente.
También se señala a quien obligue a una persona natural o jurídica, organización internacional o un Estado a realizar o abstenerse de realizar algún acto.
Los Estados partes, deben adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar en su legislación nacional, las figuras de delito de Terrorismo Nuclear y sancionarlos con penas que se ajusten a la gravedad de dicho delito.
Así mismo implementarán medidas de salvaguardia en el territorio nacional, respecto a la realización de actividades ilegales que promuevan y organicen este tipo de delitos, entre otros puntos.
Respecto a la conveniencia o inconveniencia  de que se suscriba y posteriormente se ratifique este convenio, la Procuraduría General de la Nación, señala que sí es  procedente que el Estado de Guatemala suscriba el convenio, porque a su juicio no contraviene normas fundamentales de orden constitucional.
Por su parte el Ministerio de Energía y Minas emitió también una opinión favorable al contenido de dicho proyecto.
Luego de ser entregado al congreso este documento, le correponde al Legislativo conocerlo en el Pleno, para que sea remitido a las comisiones de su interés y que siga su trámite correspondiente.
Por Rosemary Recinos.
 

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“Para el próximo año, el pleno del Congreso tendrá uno de los retos más grandes: continuar con la discusión de las reformas constituciones en materia de justicia”, expresó el diputado Álvaro Velásquez, de la bancada Convergencia, quien afirmó que esta es una de las iniciativas que más discusión ha generado, debido a lo “delicado de querer acabar con un esquema corrupto”.
El parlamentario dijo que este año “se dio un paso importante” al incluir la propuesta en la agenda y aprobarla en tercer debate, aunque expresó que temas como permitir la investigación penal del Ministerio Público a los funcionarios que gozan de inmunidad y reconocer el derecho ancestral en materia de justicia “no se lograron aprobar y dejan una deuda y decepción a la ciudadanía”.
Entre los temas pendientes de discutir en 2017 están el artículo 205, que regula las garantías al Organismo Judicial, reforma para incluir independencia funcional y económica, carrera profesional en las instituciones de justicia y asistencia legal gratuita.
A la Corte Suprema de Justicia se pretende separarla de las funciones administrativas, y para ello se propone la creación del Consejo de Nacional de Justicia, cuyos integrantes serán seleccionados por medios públicos y méritos para un período de seis años.
Velásquez expresó que “otro de los grandes retos para el país” será dar la información adecuada cuando se realice la consulta popular, pues “la última palabra la tendrá el pueblo de Guatemala”.
Es el “procedimiento consultivo de todos los ciudadanos” que deberá ser convocado por el Tribunal Supremo Electoral, a iniciativa del presidente de la República o del Congreso, quienes deberán fijar “con precisión” las preguntas que se harán, según el artículo 173 de la Constitución, recordó el parlamentario.
El 16 de mayo de 1999 en Guatemala se realizó una consulta popular para tratar 50 reformas a la Constitución Política de la República en materia de Nación y Derechos Sociales, Organismo Legislativo, Organismo Ejecutivo, Organismo Judicial y Administración de la Justicia, como parte de varios puntos establecidos en la firma de los Acuerdos de Paz, cambios que fueron rechazados.
Por Byron Ramírez
 

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Hasta el 19 de este mes, en la Dirección Legislativa ingresaron 203 iniciativas de ley, de las cuales 63 fueron remitidas a las diferentes salas de trabajo y se les dio dictamen favorable, y 50 fueron conocidas y aprobadas por el pleno del Congreso.
Datos de esa dependencia reportan que del 1 de agosto al 23 de noviembre se recibieron 91 proyectos, y las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Convergencia, Todos, Movimiento Reformador (MR) y Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) fueron las que más presentaron.
El trabajo de las 52 salas legislativas ha sido arduo, afirmó Marleni Lineth Matías, diputada de la UNE. “Son varias las que ingresan en la Dirección Legislativa, pero no a todas se les puede dar dictamen favorable, pues se requiere un estudio y análisis técnico-jurídico acerca de la viabilidad de una ley. Sería una irresponsabilidad aprobar leyes solo por aprobarlas”, afirmó.
Entre las iniciativas presentadas este mes están:
• El proyecto de ley que busca autorizar la producción, comercialización en farmacias y administración “limitada” para fines medicinales y terapéuticos del cannabis.
• El proyecto de ley que dispone reformar la Ley del Organismo Ejecutivo, decreto 114-97, para suprimir el Ministerio de Desarrollo Social.
• Reformar el Código Civil, para el reconocimiento de la biodiversidad sexual y que se reconozca como legalmente a las personas transgénero.
• La iniciativa de ley que busca legalizar la unión de hecho o unión civil, con el propósito de legalizar los bienes adquiridos durante el tiempo que la pareja vivió unida para que, al fallecer uno de los dos, pasen automáticamente a favor del sobreviviente como un derecho patrimonial.
Qué son las comisiones de trabajo?
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, las comisiones de trabajo constituyen órganos técnicos de estudio y conocimiento de los diversos asuntos que les someta a consideración el pleno del Congreso de la República, o que sean promovidas por su propia voluntad, encaminados esencialmente a la realización del bien común de los guatemaltecos, en cumplimiento al mandato constitucional.
Tipos de comisiones de trabajo
Para el cumplimiento de sus funciones, el Congreso del a República integra comisiones ordinarias, extraordinarias y específicas. Por su parte, la Comisión de Apoyo Técnico brinda apoyo para el fortalecimiento de todas las comisiones, y se integra con un diputado o diputada de cada uno de los bloques legislativos. En la Ley Orgánica, del artículo 21 al 45 se regula lo relacionado con su naturaleza, funciones, clasificación, integración, dictámenes e informes que deben emitir las mismas. En forma específica se regula lo relativo a la Comisión Permanente y de Derechos Humanos, en los Capítulos IV y V, respectivamente.
Si desea saber más acerca de las comisiones de trabajo ingrese a esta dirección:
http://www.congreso.gob.gt/comisiones-de-trabajo.php
Por Byron Ramírez.
 

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Debido a la duplicidad de funciones de algunas salas de trabajo del Congreso de la República, el diputado Luis Pedro Álvarez, de la bancada Encuentro por Guatemala, dio a conocer que presentará una propuesta para eliminar al menos 26 de ellas.
“Hay 52 comisiones legislativas y somos 158 diputados; entonces no hay que hacer ser muchas matemáticas para saber que es muy complicado que las comisiones que deben tener 7 integrantes logren juntar el quórum necesario en los días de trabajo”, argumentó.
Según dijo, no se trata de reducir la labor, sino buscar que sea más eficiente y evitar la mora legislativa, pues cada iniciativa de ley que ingresa en la Dirección Legislativa debe ser conocida en 45 días hábiles, “algo que es difícil de hacer”.
Entre las comisiones que se buscaría eliminar están:
• Extraordinaria de Cooperación Internacional y Organismos Internacionales.
• Extraordinaria de Estudio y Análisis del Cambio Climático.
• Específica de Asuntos de Seguridad Nacional y de Inteligencia.
• Extraordinaria de Fiscalización de Compras del Sector Salud.
• Previsión y Seguridad Social.
• Extraordinaria del Programa de Reconstrucción Nacional.
• Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País.
A criterio del parlamentario, estas salas son un ejemplo de la duplicidad de funciones y pueden ser absorbidas por otras instancias.
La Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en su artículo 28, establece que cada diputado tiene la obligación de formar parte y trabajar en un mínimo de 2 y un máximo de 4 comisiones vigentes, algo que según Álvarez “es bueno, pero debería de ser congruente con el número de salas”.
Por Byron Ramírez.

 

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La diputada Sandra Nineth Morán, jefa de la Bancada de la Dignidad Convergencia, impulsa tres iniciativas de ley para proteger a la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero e Intersexuales (LGBTI), las cuales serán objeto de análisis en una mesa técnica para verificar si son viables.
“Esta clase de iniciativas se impulsan para evitar la estigmatización y rechazo de la sociedad, lo cual provoca que varias personas no expresen su preferencia sexual y que no se atreven a luchar por su reconocimiento”, explicó Moran.
La mesa técnica de prevención de la violencia contra la comunidad LGBTI, estará conformada por varias entidades entre las que están el Viceministerio de Prevención del Delito del Ministerio de Gobernación.
“Se quiere profundizar sobre la problemática del acoso escolar motivado por que algunas personas son diferentes, prácticas que se dan en centros escolares no solo de la capital sino que además en el interior del país. Se busca una legislación adecuada y consensuada para hacer frente a estos estigmas de la sociedad”, dijo la parlamentaria.
Las iniciativas buscan mecanismos para hacer frente a esta constante, que enfrentan algunos sectores de la población.
Otro proyecto de ley se refiere a la legalización de la unión de hecho o unión civil, cuyo propósito es el de la legalización de los bienes adquiridos durante el tiempo que la pareja vivió unida para que al fallecer uno de los dos, dichos bienes pasen automáticamente a favor del sobreviviente como un derecho patrimonial.
Otra de las iniciativas que se buscará aprobar se refiere a reformar el Código Civil, la cual va encaminada al reconocimiento de la biodiversidad sexual y que se reconozca como legalmente a las personas transgénero.
“Aunque se vaya cuesta arriba seguiré luchando contra una sociedad y un Congreso conservador, no me detendré hasta lograr obtener los derechos que les corresponde a estas comunidades”, concluyó Moran.
Reconocimiento
La labor legislativa promovida por la diputada Sandra Morán, de la Bancada de la Dignidad Convergencia, en favor de la comunidad de la diversidad sexual guatemalteca fue reconocida en un Encuentro realizado en Washington, Estados Unidos de Norteamérica  entre miembros de la Comunidad de la Diversidad Sexual Internacional.
El movimiento reconoció los esfuerzos legislativos que impulsa en el Congreso guatemalteco en favor de la diversidad sexual  a pesar de que la sociedad ha mantenido la estigmatización de este género, lo cual hace más difícil la lucha, sin embargo dijo, “mantengo firme el propósito de continuar trabajando, desde este Alto Organismo Legislativo guatemalteco, hasta lograr el reconocimiento de estos grupos”.
Por José Luis Hernández.

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Debido a que la primera iniciativa presentada por el diputado Álvaro Velásquez sobre la regulación del Cannabis recibió dictamen desfavorable de las comisiones de Salud y de Legislación y Puntos Constitucionales, se reformaron aspectos en relación con la producción y comercialización.
Con estas acotaciones, el proyecto de ley autoriza la producción, comercialización en farmacias y administración “limitada” para fines medicinales y terapéuticos; autoriza también su investigación con objetivos científicos.
Además, contempla el respeto al derecho y la libertad de consumidores con enfermedades a recibir tratamientos terapéuticos y sicológicos, mediante la administración recetada de este producto y su ingrediente activo el THC.
“Se mantiene el 10 por ciento de impuesto, pero un 50 por ciento será destinado exclusivamente al funcionamiento del sistema hospitalario nacional, y el otro 50 por ciento a prevención y rehabilitación en materia de drogadicción”, explicó el diputado de la bancada Convergencia.
En relación con el proyecto de ley que dispone reformar la ley del Organismo Ejecutivo, decreto 114-97, para suprimir el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y traslado de sus programas a otros despachos ministeriales, el parlamentario argumentó: “El Mides se pervirtió en sus fines, en su misión y visión, y se convirtió en un ministerio de corrupción social”.
Agregó: “Es una institución innecesaria que está consumiendo recursos de manera inadecuada; su burocracia la ha hecho inútil y su ejecución presupuestaria es maliciosa”. Por lo tanto dijo que se pretende que su liquidación no dure más de un año, para buscar la coordinación de todos los programas sociales que existen en el Ejecutivo.
El congresista indicó se han manifestado en favor del cierre los sectores sociales, empresariales y académicos, así como diputados. “Sin embargo, todo depende de la voluntad política del Gobierno para combatir a fondo la corrupción”, afirmó.
Por Rosemary Recinos.

 

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El diputado Leocadio Juracán, Sub jefe del bloque Convergencia,  se reunió  con Oscar Leonel Galindo y Juan Carlos Ortiz, subdirectores de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) y de la Dirección Técnica del Presupuestado del Ministerio de Finanzas (Minfin), para analizar el traslado de 4 mil 182 maestros de telesecundaria al renglón permanente 011.
La propuesta fue presentada por el congresista Juracán Salomé, a los funcionarios citados con la finalidad de que no sean perjudicados en sus condiciones, tanto laborales como económicas, así mismo contempla que las finanzas del Estado no se vean perjudicadas.
En la reunión participaron representantes del sindicato de técnicos de telesecundaria y maestros, quienes ven que la propuesta del congresista es oportuna y creen que es necesario buscar mecanismos para que esto sea posible.
“A petición de los maestros se nos solicitó a principios del mes de enero que interviniéramos para que se solucionara la problemática que afrontan cada año. Hemos realizado varias reuniones con las autoridades involucradas. Hoy solo analizamos una propuesta y nos reuniremos con funcionarios del Ministerio de Educación para conocer su punto y opinión en el tema la próxima semana”, dijo el diputado Leocadio Juracán.
“Debemos analizar más a fondo la propuesta porque implica el traslado de recursos financieros cuando se formalicen las nuevas contrataciones. Esto conlleva un aumento en el rubro de pago de salarios a los maestros lo cual ya fue aprobado por el Organismo Legislativo el Presupuesto General de la Nación del año 2017”, dijo Juan Carlos Ortiz, Sub director de la Dirección Técnica del Presupuesto del Minfin.
Oscar Leonel Galindo, Sub director de ONSEC, resaltó que de su parte deben encontrar una vía legal para realizar el traslado, ya que no pueden hacerlo sin tomar en cuenta los procedimientos administrativos del caso.
Por José Castellanos.

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Con la intención de ampliar los temas a tratar en la Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País, su presidente, diputado Álvaro Velásquez, anunció la intención de cambiarle el nombre por el de Reformas del Estado.
La solicitud fue consensuada en el seno de la sala de trabajo y fue enviada a la Junta Directiva; se espera que sea conocida en los primeros días del año 2017, antes de que se elijan a los nuevos miembros de la Comisión.
“Uno de los motivos para el cambio es ampliar los temas que le competen a la comisión y ver reformas para el Estado en general, es decir, ayudar a los ministerios, secretarías y todas las dependencias gubernamentales a buscar estrategias para hacer que Guatemala salga adelante en asuntos de salud, educación, seguridad y economía, entre otros”, argumentó Velásquez, de la bancada Convergencia.
El congresista agregó que la comisión fue creada después de diversas reuniones de diálogo con el sector empresarial y partidos políticos, en las cuales se priorizaron las leyes marco de salud, educación, desarrollo rural y seguridad, por lo que se estima conveniente tratar otros asuntos.
Se espera que la propuesta sea aceptada y ampliar los temas de competencia de la sala de trabajo, con la finalidad de mejorar el sistema del Estado en general.
Por Karla Herrera

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