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La diputada y jefa de la bancada Convergencia, Sandra Morán, informó que presentará una iniciativa de ley para tipificar el delito de discriminación contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), mediante la reforma al decreto 57-2002, en su artículo 202 bis, donde se establece ese tipo de ofensa.

“A pesar de que Guatemala es firmante de la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas y ha apoyado diversas resoluciones de la Organización de los Estados Americanos sobre Derechos Humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género, la discriminación social e institucional sigue siendo muy frecuente en el país”, afirmó.

El proyecto se discutió durante la tercera mesa de trabajo para prevenir la violencia y bullying hacia las personas LGBTI, en la cual participan representantes de los ministerios de Educación (Mineduc) y de Desarrollo Social (Mides), Secretaría de Bienestar Social (SBS), la Procuraduría de los Derechos Humanos y varias organizaciones que velan por los derechos de este sector de la población.

Debi Linares, representante de la Organización Transgénero, manifestó: “La discriminación hacia la comunidad LGBTI se da principalmente por los prejuicios en centros de salud y educativos”. Agregó que ven con beneplácito el proyecto de ley que impulsa la diputada Morán, pues “busca que se respeten los derechos todas las personas, dado que muchas no asisten a los centros de atención de salud por miedo al rechazo, mientras que otras abandonan la escuela”.

 

La iniciativa, además de tipificar el delito de discriminación, también buscará que se agrave la pena cuando la misma sea contra personas LGBTI.

Los representantes del Mineduc, Mides y Salud, así como la SBS se comprometieron a implementar mecanismos para capacitar a sus trabajadores en el trato hacia las personas LGBTI y que estas sean atendidas como se merecen; el Ministerio de Salud señaló que instalarán mesas de atención e información en cada centro de salud y hospitales para estas personas, y así evitar que sean discriminadas.

Por Byron Ramírez.

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La congresista Alicia Dolores Beltrán, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, se reunió este jueves con María Eugenia Barrios Robles, viceministra administrativa de Educación, para trasladarle denuncias que padres de familia hicieron por falta de escritorios, docentes y equipo, así como quejas contra directores de escuelas públicas.

“Líderes comunitarios y padres de familia se han acercado a la comisión para manifestar su inconformidad y quejas de centros escolares en malas condiciones, así como pocos maestros, y piden que el Ministerio de Educación resuelva la situación difícil que afrontan”, aseveró la parlamentaria Beltrán, subjefa de la bancada Movimiento Reformador (MR).

La funcionaria se comprometió a darle seguimiento a las anomalías denunciadas y ofreció resolver la conflictividad escolar que afrontan diferentes comunidades de los departamentos y la capital. “Estamos haciendo esfuerzos en la institución para controlar la crisis, ya que no contamos con presupuesto”, aseguró.

Por José Castellanos

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Como parte de la discusión y análisis de la iniciativa 5125, Ley de Personas con Discapacidad, se acordó que el Ministerio de Salud aportará un 3 por ciento de su presupuesto anual a los programas de ayuda para personas con invalidez.

Asimismo, se determinó que la cartera de Educación destinará, a partir del próximo año, un 1 por ciento de su asignación para el mismo fin, porcentaje que aumentará de manera gradual un 0.25 por ciento anual hasta llegar a un 3 por ciento, rubros que serán consensuados con el Ministerio de Finanzas Públicas.

Lo anterior fue informado por el diputado Christian Boussinot, de la bancada Todos, quien participó en la discusión de la propuesta de ley con representantes de las referidas carteras, Superintendencia de Administración Tributaria y organizaciones que abordan el tema de personas con discapacidad física o mental.

En la propuesta se establece que el Estado tiene la obligación de mantener un censo de las personas con discapacidad y otorgar espacios para su atención y oportunidades de empleo.

La discusión del tema del bono de ayuda para quienes padecen de más del 66 por ciento de discapacidad fue pospuesta para la próxima semana, cuando el Ministerio de Finanzas presente sus propuestas con base en los recursos monetarios con los que se puede contar.

El congresista Boussinot indicó que se espera concluir la semana próxima el análisis de los 170 artículos que contiene la iniciativa, para presentarla en la Dirección Legislativa y que sea conocida por el pleno.

Por Karla Herrera

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La obra que crearía el hospital nacional en Ixcán, Quiché, está estancada desde el año 2015, cuando caducó la fecha que las clausulas establecían como fecha límite para finalizar el trabajo. Por tal motivo, el presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, que preside el diputado Amílcar Pop, se reunió con los pobladores afectados y con funcionarios del Ministerio de Salud, Contraloría General de Cuentas (CGC) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

El parlamentario Pop, de la bancada Winaq, lamentó que más de Q36 millones invertidos en la obra desde el año 2013 “se estén perdiendo”, pero sobre todo el abandono que tienen 102 mil habitantes de Ixcán y 50 comunidades de Alta Verapaz que esperaban un lugar para atender a los enfermos.

Guillermo Mejía, representante del Ministerio de Salud, explicó que la CGC interpuso una denuncia. “Hasta que el Ministerio Público resuelva el caso nosotros podemos avanzar con la construcción del nosocomio; de lo contrario caeríamos en ilegalidades”, aseveró.

Pop dijo que así como los comunitarios viajaron varios días para asistir a la reunión en el Congreso, ahora los funcionarios, con el acompañamiento de los diputados de la bancada Winaq y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), harán una visita de campo y esperan que la Contraloría les brinde información del avance de la denuncia.

“Al tener una conclusión sobre las investigaciones que haga el MP se podrán levantar de nuevo las licitaciones, pero sí tardan demasiado; esta obra, que lleva ya un 40 por ciento construida, podría convertirse en perdida total”, explicó el parlamentario.

El diputado Pop y los congresistas Edwin Maldonado Lux, de la Unidad Nacional de la Esperanza (URNG); Walter Félix, de la URNG, y José De la Cruz Cutzal, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), recibieron a comunitarios de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, quienes buscan el apoyo para resolver un conflicto surgido por la autorización de una hidroeléctrica sin consultar a la población, lo cual provocó disturbios en la comunidad Ixquisís, dejando una víctima mortal.

“No es posible que el alcalde haya cerrado la municipalidad y no se sepa de su paradero; es necesario que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y se busque la conciliación en el área”, manifestó Félix.

Los congresistas también acordaron que darán acompañamiento a la comunidad para que se realice una mesa de diálogo, con la participación de todos los involucrados.

Por Mayra Recinos

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Funcionarios de la cartera de Salud, encabezados por el viceministro Adrián Chávez, respondieron por segunda vez los cuestionamientos de la Comisión de Salud del Congreso respecto del incendio ocurrido en las bodegas donde se archivaban los registros sanitarios de alimentos y medicamentos, hecho que se suscitó en enero pasado.

La presidenta de la sala de trabajo, Karla Andrea Martínez, de la bancada Alianza Ciudadana (AC), mencionó que no hay registros de los documentos que se quemaron. “Aunque sabemos que los expedientes de regulación de alimentos y medicamentos estaban en la bodega consumida, ahora se pretende trasladar registros y recurso humano a otro edificio, adquirido por convenio con la Organización Panamericana de la Salud, por lo que fiscalizamos los montos financieros que esto representará”, explicó.

El parlamentario Julio Lainfiesta, de la Unión del Cambio Nacional (UCN), manifestó: “Llaman la atención los gastos que se derivan de las instalaciones físicas que serán prestadas, por lo que pedimos un informe circunstanciado, como seguridad, mantenimiento, internet, teléfono, seguro, planta eléctrica y aire acondicionado; con ello buscamos garantizar que los montos estén acorde a los precios de mercado y fiscalizar que los recursos se inviertan de una manera transparente”.

En la reunión se abordó también el tema de la tardanza en la emisión de licencias para medicamentos mediante las direcciones de Salud correspondientes, a pesar de que existe una nómina elevada de personal jurídico, administrativo y operativo que se encarga de dar la certificación de qué medicamentos pueden ser usado.

El diputado independiente German Velásquez explicó que el análisis de un medicamento por parte del Laboratorio Nacional tarda al menos 7 meses para emitir una licencia, mientras en otros países de Centroamérica es de 20 días para un medicamento nacional y 45 días para uno extranjero.

Por Fernando Bolaños.

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Después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejara en suspenso la creación de las comisiones extraordinarias de trabajo, el presidente Oscar Chinchilla informó este jueves al pleno que en la próxima sesión ordinaria presentarán un informe con los dictámenes favorables que dichas salas elaboraron para que sean remitidos a las comisiones ordinarias, a fin de que continúe el trámite correspondiente.

El 17 de enero el pleno aprobó la creación de 16 nuevas comisiones de trabajo, las cuales fueron suspendidas el 16 de febrero por la CC por un amparo presentado por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Por otra parte, la Junta Directiva propuso al pleno a los diputados Cristina Quinto, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación); Oscar Quintanilla, de Alianza Ciudadana, y Ronald Sierra, del Movimiento Reformador (MR), para instruirles la revisión de perfiles de aspirantes a ser electos como representantes titular y suplente del Congreso ante el Registro Nacional de las Personas (Renap).

“Este fue un mandato de la Corte Constitucionalidad y no podemos dejar de cumplir, para que se reinicien los procesos”, dijo el presidente del Parlamento.

El artículo 9 de la Ley del Renap establece: “La Junta Directiva del Congreso propondrá al pleno para su designación una Comisión conformada por tres (3) diputados de distintas bancadas, la cual se encargará de revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos de las postulaciones que fueren recibidas”.

Los jefes de bloque fueron convocados para sesionar el lunes 27, a las 12:00 horas, y los parlamentarios para las plenarias del martes 28, a las 14:00 horas, así como miércoles 29 y jueves 29, a las 10:00 horas.

Por Nery Morales.

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La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso dio dictamen favorable a las iniciativa 5174, que dispone aprobar reformas a la Ley de Zonas Franca, Decreto 65-89, reformado por el Decreto 19-2016, Ley Emergente para la Conservación del Empleo, y a las iniciativas 4904 y 5194, que disponen aprobar modificaciones al Código de Comercio.

El proyecto de Ley de Zonas Franca busca dar estabilidad jurídica a las empresas que actualmente están en el régimen, y que con ello no se pierdan fuentes de empleo. Además, tiene como objetivo incentivar y regular el establecimiento en el país de zonas francas que promuevan el desarrollo nacional, particularmente con acciones tendentes al fortalecimiento del comercio exterior, la generación de empleo y la transferencia de tecnología.

Con esta iniciativa se busca fomentar el número de empresas que trabajen y generen empleo, pues los registros presentados por la Asociación de Zonas Francas de Guatemala reflejan que en el 2016 estaban registradas 229 empresas y en el 2017 se han inscrito 199.

En la reunión los diputados también dieron dictamen favorable a las reformas al Código de Comercio con las iniciativas 4904 y 5194, que se enfocan en mejorar el acceso de los emprendedores guatemaltecos a la economía formal, reduciendo el tiempo, costo y procedimientos necesarios para la inscripción de sociedades en el Registro Mercantil General de Guatemala.

La presidenta de la Comisión, María Eugenia Tabush de Sánchez, resaltó que por lo menos 23 compañías se habrían quedado fuera y tuvieron que cancelar operaciones. “Con la iniciativa se les invita a quedarse en el país, y en cuanto al Código de Comercio, será un gran avance para los guatemaltecos que buscan crear una empresa”, aseveró.

Por Fredy López.

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La Comisión de Seguridad Alimentaria, después de una sesión de trabajo con funcionarios de entidades públicas y autoridades municipales de San Marcos y Quetzaltenango, acordó analizar el artículo 23 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, con el objetivo de agilizar la entrega de la asistencia social.

En la reunión participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y de la Defensoría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Los diputados Mario Velásquez, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo); Daniel Portillo, de Alianza Ciudadana (AC); Mario De León, de Todos, y Luis Hernández, del Movimiento Reformador (MR), integrantes de la referida comisión, coincidieron en la importancia de que el censo establecido en dicho articulado no permite facilitar el proceso de entrega de la ayuda, debido a que no se ha hecho.

La asistencia consiste en aportes económicos y alimentos por parte del Organismo Ejecutivo y con ello se afecta a las comunidades damnificadas por el hambre y la desnutrición.

En tal sentido, el diputado Velásquez, presidente de la comisión, dijo: “Lo más valioso de un país son sus habitantes, por lo que hay que fortalecer la inversión en nuestro capital humano. No podemos seguir perdiendo vidas por causa del hambre”.

Añadió que en Comitancillo, San Marcos, el año pasado hubo siete muertes por desnutrición crónica.

El diputado Hernández indicó: “Es preocupante que haya un artículo en la ley del Presupuesto que nos esté limitando las entregas de asistencia social y lamentamos que muchos guatemaltecos estén condenados a una muerte inmediata o a vivir con desnutrición crónica y que no podamos salvarlos”.

Rosa Elvira Pachecho, viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, justificó ante los diputados que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 hay un equipo que trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE), entidad responsable de llevar a cabo el censo. Sin embargo, admitió que se ha entregado la ayuda tomando en cuenta que son productos perecederos y que los proveedores se los entregan con seis meses de caducidad.

Germán González, jefe de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, afirmó que el artículo 23 tiene como objetivo la transparencia y la calidad del gasto. Y en el caso de los programas sociales, indicó que se debe contar con un registro de los beneficiarios para cada programa y por ello se ha coordinado con el INE para dar cumplimiento a la normativa.

Por Byron Vásquez

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