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Con la intención de conocer los proyectos para fortalecer políticas de género que hay en distintas dependencias del Estado, la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, realizó la segunda mesa de trabajo con representantes de ministerios y secretarías del Ejecutivo, donde se reconoció la importancia de ampliar el número de unidades de atención a la mujer.

Durante la reunión hubo consenso en que se debe fortalecer los ministerios y las secretarias estatales para lograr la creación de más unidades de atención a las mujeres como política de género, tomando en consideración que aún hay entidades que no cuentan con estas dependencias.

“Las políticas de género son importantes para que se beneficie a las mujeres guatemaltecas en los temas de salud, educación, vivienda, oportunidades de trabajado equitativo, seguridad y desarrollo, entre otros temas, por lo que cada dependencia del Estado debería de tener un plan estratégico para apoyar a la mujer”, afirmó Morán.

Ana Leticia Aguilar, titular de la Secretaria Presidencial de la Mujer, destacó que las unidades de género dentro de los ministerios y secretarías son el brazo y los ojos de las mujeres dentro del Estado, por lo cual es importante darles apoyo moral y económico.

Se acordó que en septiembre próximo se convocará a una tercera mesa de trabajo para evaluar los avances que se han tenido para crear o mejorar las unidades de apoyo a las mujeres en las dependencias del Estado.

Karla Herrera

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Integrantes de la Comisión de Educación, que coordina la diputada Dolores Beltrán, se reunieron este jueves con funcionarios del Ministerio de Educación (Mineduc), para conocer las carencias de la educación especial en Huehuetenango, Retalhuleu y Baja Verapaz.

Entre los cuestionamientos resaltan la falta de infraestructura adecuada en centros educativos para niños con capacidades diferentes, presupuesto asignado para este sector de la población estudiantil y el déficit de docentes especializados.

Óscar Hugo López, titular del Mineduc, explicó que la cartera tiene a su cargo no menos de 20 mil edificios escolares, de los cuales el 95 por ciento no es propiedad del Estado, por lo cual no pueden hacer inversiones en remozamiento ni acondicionamiento. Dijo que este año tienen una partida de Q35 millones destinada a ese rubro.

Asimismo, el funcionario dio a conocer que se efectúa un censo como parte de la estrategia de infraestructura escolar. “Se prevé que el registro finalice en noviembre, lo que permitirá identificar las carencias a detalle”, aseguró.

En el tema de presupuesto manifestó que para educación especial disponen de Q39 millones, lo cual incluye funcionamiento de los diferentes centros, pago de planilla y 4 mil 587 becas que otorgan todos los años a niños con capacidades diferentes asociadas o no con discapacidad.

“Este año se ha implementado un programa de capacitación que adiciona educación especial, dirigido a los maestros; en el número de docentes el problema radica en la mala distribución, sumado a que cada año se pierden no menos de 3 mil plazas, por congelamiento”, aseveró López.

Por aparte, las congresistas atendieron a maestros de la aldea Bethania, de Coatepeque, Quetzaltenango, quienes se quejaron de que la Dirección Departamental no ha formalizado el registro de una escuela por cooperativa.

Mangel Castañón, supervisor educativo de los institutos por cooperativa de Coatepeque, informó que no se han llenado los requisitos de cotejo y los docentes no tienen las calidades pedagógicas establecidas por el ministerio.

Al finalizar la reunión, la diputada Beltrán, del Movimiento Reformador, dijo: “Daremos seguimiento a los diferentes temas abordados hoy y pedimos al Mineduc que trabaje en los mecanismos para cumplir con las 87 recomendaciones que se le dieron al Estado de Guatemala, referentes a educación a personas con discapacidad, en Ginebra, Suiza”.

Por Karen Mendoza

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Debido al retiro de las interpelaciones programadas para este jueves a los ministros de Salud Pública y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Lucrecia Hernández Mack y Aldo García, respectivamente, los diputados avanzaron con la agenda legislativa.

En la sesión de hoy pasaron en primera lectura los dictámenes y proyectos de decreto de ley para el desarrollo de las juventudes (iniciativa 5208) y el acuerdo sobre promoción y protección recíproca de inversión entre Guatemala y el Gobierno de la República de Turquía.

Para la aprobación en segundo debate del proyecto de ley que exonera de toda carga tributaria a la Asociación Amigos por la Salud y la Vida, los diputados Carlos Chavarría, de Compromiso Renovación y Orden (Creo); Oliverio García Rodas y Álvaro Velásquez (independientes), manifestaron su preocupación por eventuales inconstitucionalidades y la redacción del dictamen, e indicaron que para la discusión en tercera lectura deberán hacer modificaciones.

Cuando inició la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al decreto 67-95, Ley de Arbitraje, el parlamentario ponente, Luis Pedro Álvarez (independiente) solicitó la verificación del quorum.

Al no existir el número necesario de 80 diputados para continuar con la plenaria, el presidente Oscar Chinchilla dio por finalizada la sesión y convocó a los jefes de bloque a reunión el lunes 3 de abril.

Este jueves los diputados recibieron la visita de estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Mariano Gálvez y de representantes de trabajadoras domésticas.

Por Nery Morales

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Los congresistas Édgar Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Eduardo Zachrisson, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), presidente y secretario de la Comisión Legislativa de Trabajo, en conferencia de prensa informaron sobre la participación en la 329ª Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en Ginebra Suiza, efectuada del 20 al 24 de marzo del presente año.

“Se le dio seguimiento a la hoja de ruta y a los compromisos con la OIT y el Estado de Guatemala. La Comisión de Trabajo del Congreso dio a conocer en la asamblea que fue aprobado el decreto 7-2017, el cual confiere facultades sancionatorias a la Inspección General de Trabajo, lo que permitió que se aplazará el envío de una comisión de encuesta al país, lo que da la oportunidad para quitar la sanción del caso´´, dijo Sandoval.

Asimismo, informó sobre los avances de la iniciativa de ley 51-99, reformas en materia de libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. ``El llamado es para que las partes se pongan de acuerdo y se logren consensos para que el país sea el mayor beneficiado”, indicó.

El diputado Zachrisson expresó: “Nosotros vemos que hay oposición a la norma. Esperamos ver la decisión del Ejecutivo respecto a la ley, y en base a ello analizaremos qué pasos dar para corregir y enmendar el error que tiene la ley para cumplir con los objetivos.´´

En el encuentro internacional, en el que también participaron representantes del Ejecutivo, de empleadores y trabajadores, la delegación de diputados de la Comisión de Trabajo presentó el informe de progresos alcanzados por Guatemala para fomentar la cultura de cumplimiento de los derechos laborales en el país.

Como resultado, el 21 de marzo el Consejo de Administración de la OIT decidió aplazar para noviembre del presente año la consideración de establecer una Comisión de Encuesta en Guatemala para verificar que se promociona en el país la generación de empleo decente.

José Castellanos

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La Comisión Legislativa de Finanzas Públicas y Moneda tiene previsto para la próxima semana conocer y emitir su dictamen acerca de un préstamo de US$300 millones, equivalente a Q2 mil 208 millones, destinados a seguridad y justicia.

Ervin Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y presidente de la comisión, indicó que previo a someterlo al pleno del Congreso se analizarán las apreciaciones de los ministerios de Finanzas y Gobernación. También de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo.

“Creemos que es necesario y entendemos que los niveles de delincuencia son muy altos en Guatemala. Las personas en nuestro país deben tener acceso a la justicia”, dijo Maldonado.

El diputado Marco Aurelio Pineda, de FCN-Nación, procedió a entregar un informe elaborado por expertos en finanzas y que contiene un análisis del plazo y la tasa de interés.

Mientras tanto los diputados Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG); José Domingo Trejo de la Roca, de FCN-Nación, y Aníbal Estuardo Rojas, de Visión con Valores (Viva), manifestaron estar conscientes de otorgar recursos para seguridad y la justicia, pero afirmaron que harán un análisis detallado para determinar en qué sentido emitirán el dictamen.

Ovidio Monzón, de Todos, manifestó estar en desacuerdo con la aprobación del préstamo, porque desde su punto de vista se está endeudando más al país. “Tenemos una deuda de Q120 mil millones, el doble del presupuesto”, afirmó. Claude Harmelin de León, de FCN-Nación, expresó: “Ya no podemos seguir haciendo obras de mala calidad”.

Francisco Rivas, ministro de Gobernación, detalló que los recursos serán invertidos en la compra de mil 500 radiopatrullas, mil motocicletas, así como en la construcción de tres cárceles, entre ellas una de máxima seguridad, además de 24 sedes policiales en el interior del país.

Los representantes de la CSJ detallaron que se construirán 23 juzgados, cuatro sedes administrativas e igual cantidad de complejos judiciales, entre otros proyectos para ampliar la cobertura del Organismo Judicial en el territorio nacional.

Nydia Arévalo de Corzantes, directora del IDPP, indicó que con parte del crédito se construirán tres sedes departamentales, cuatro oficinas municipales, tres defensorías indígenas y el edificio de la sede central.

Byron Vásquez

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El Foro de Diputadas al Congreso de la República definió la agenda de trabajo bajo la responsabilidad de las parlamentarias, con la finalidad de impulsar un grupo de al menos seis iniciativas de ley que beneficien a su género.

Algunas de las propuestas ya están en discusión, pero no han avanzado, por lo que buscan retomarlas con variaciones que puedan ser de beneficio, o conocerlas desde la comisión correspondiente e impulsarlas en la Instancia de Jefes de Bloque.

La presidenta del Foro, Sandra Morán, de la bancada Convergencia, mencionó que la agenda se basará en tres ejes: institucionalidad, participación ciudadana y autonomía económica de las mujeres.

Para ello cual buscan que se aprueben leyes como:

  1. De la coordinadora nacional para la prevención de la violencia intrafamiliar y en contra de la Mujer.

  2. Ministerio de la Mujer.

  3. De la Defensoría de la Mujer Indígena.

  4. Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, incluyendo el principio de paridad y alterabilidad.

  5. De cooperativas.

  6. Aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente para las trabajadoras domésticas.

    En la reunión se trataron otras iniciativas importantes que buscarán sean aprobadas, incluyendo las reformas al Código Civil en lo que concierne al matrimonio con menores de edad, lo cual pretenden que sea totalmente prohibido, y un proyecto que proteja a las mujeres durante los meses del pre y pos parto.

    La legisladora Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza, afirmó que no solo es necesario crear leyes sino sociabilizarlas, principalmente en el interior del país o con mujeres de escasos recursos, pues dijo que hay menos divulgación y se desconocen por completo las leyes.

    Por Fernando Bolaños.

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El diputado Mike Ottoniel Mérida Regalado, del Movimiento Reformador (MR), dio a conocer que el precio del diésel en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, supera los Q24 por galón y denunció que hay carburantes “de mala calidad” que ingresan de contrabando procedentes de México, lo cual “constituye un abuso para los consumidores”.

Por tal razón se reunió este miércoles con Juan Francisco Solórzano, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); Karina Donis, subjefa de la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco), y Luis Ayala, director de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), a quienes pidió que controlen la venta de combustibles en el norte de ese departamento.

Mérida Regalado explicó a los funcionarios que retornó “indignado” del referido municipio, porque el precio del diésel es de Q24.50 por galón, mientras en la cabecera departamental es de Q17.50.

“Hay un camión que llega a vender combustibles frente al mercado local y el precio del diésel es de Q22, pero representa un peligro para los vecinos porque no tiene las medidas de seguridad establecidas para una gasolinera”, aseveró.

Después de escuchar al legislador, Ayala se comprometió a iniciar acciones el lunes, en conjunto con la Diaco y la SAT, para tener un cruce de información que permita evidenciar a las ventas de combustibles que cometen abusos.

También recordó que en febrero del año pasado hubo un operativo en 22 expendios de Huehuetenango y se logró establecer que algunos no vendían el galón completo, por lo que se sancionó a los infractores.

Por su parte, Donis se comprometió a sumarse a la fiscalización la próxima semana y dijo que enviará una comisión a Santa Cruz Barillas para verificar la calidad de los combustibles que se venden.

Solórzano precisó que se tomará en cuenta el inventario de los combustibles contra la emisión de facturas, y se controlará el pago del Impuesto Sobre la Renta.

Por último, el parlamentario Mérida informó que se sumará a la supervisión interinstitucional, pese a que algunos propietarios de gasolineras lo han amenazado de acciones en su contra, aunque no especificó de qué tipo.

Por Byron Vásquez

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La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso se reunió con directivos de la Asociación de Diplomáticos y Profesionales de Guatemala (Adiprogua), para analizar la iniciativa 44-85, ley orgánica del servicio diplomático de Guatemala, que se encuentra en tercera lectura y aprobación por artículos.

El proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Adolfo Garcia Silva, de Visión con Valores (Viva), busca institucionalizar la carrera diplomática para que el Ministerio de Relaciones Exteriores cuente con personal permanente, profesional, capacitado y estable.

La presidenta de la comisión, Eva Nicolle Monte Bac, de Alianza Ciudadana (AC), tras escuchar a los miembros Adiprogua, dijo que la reunión fue importante para analizar la pertinencia de hacer algunos cambios al contenido de la nueva ley, ya que la vigente es de hace 60 años y está desactualizada.

Rony Abiu, presidente de Adiprogua, expresó que conversar con los integrantes de la comisión permitió trasladarles puntos de vista acerca de la iniciativa para fortalecer la carrera administrativa y consular del servicio diplomático.

La diputada Monte Bac explicó que esperan reunirse con otras instituciones, como el Tribunal Supremo Electoral, para analizar la parte que se refiere al voto de guatemaltecos en el extranjero, por lo que esperan presentar las modificaciones a la iniciativa de ley en no menos de un mes.

Fredy López

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Como resultado de la reunión sostenida por la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional con Stu Velasco, subdirector General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), y Adela de Torrebiarte, comisionada Presidencial para la Reforma Policial, se acordó apoyar e impulsar dos iniciativas de fortalecimiento de dicha institución.

“La primera son reformas a su ley constitutiva, la cual ha trabajado la comisionada Torrebiarte, y será entregada próximamente por el Organismo Ejecutivo; la segunda será un proyecto de excepción a las normas de compras, para que puedan agilizar los procesos de adquisición de equipamiento, patrullas y motocicletas”, explicó el diputado Raúl Romero Segura, del bloque Fuerza, quien coordina la referida sala.

El comisario Mauricio Yax detalló que de 3 mil 166 vehículos que poseen, mil 787 están en mal estado, lo cual “ha significado la ausencia de la PNC en muchas área conflictivas”.

Comentó que el 90 por ciento del presupuesto asignado está destinado a sueldos y otros rubros, y el 10 por ciento sirve para funcionamiento, “lo cual es insuficiente para trabajar adecuadamente”.

Expresó que a pesar de la falta de recursos humanos y de infraestructura se logró en el 2016 una reducción en hechos delictivos a nivel nacional. “Tenemos una baja en la tasa de homicidios, pues actualmente es de 27.3 por cada 100 mil habitantes, la cual es incluso menor a los índices del año 2000”, aseguró.

“La Policía muchas veces está al vaivén de los eventos políticos, y la seguridad no es un tema político”, comentó el parlamentario Carlos Enrique Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo). Agregó que buscarán el consenso con las comisiones involucradas en el tema para conseguir más fuentes de financiamiento.

“Si queremos seguridad en Guatemala necesitamos que haya inversión y que se canalicen los recursos que se pierden en otras instancias; no podemos seguir teniendo una Policía débil, mientras los delincuentes nos sacan la delantera”, concluyó el parlamentario Romero.

Por Rosemary Recinos.

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