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La posibilidad de presentar acciones legales contra Enrique Lacs Palomo, viceministro de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía, por haber autorizado el incremento de 0 a un 12.5 por ciento al arancel de importación de pollo, que entró en vigencia este año, anunció el diputado independiente Álvaro Velásquez.

La medida fue dada a conocer este viernes, después de una reunión con el funcionario y con Werner Ovalle, Intendente de Aduanas, de la Superintendencia de Administración Tributaria, importadores y comerciantes de pollo.

“He solicitado información técnica al ministerio y la confronté con los importadores y consumidores; la idea es determinar la razón de ese 12.5 por ciento aumentado discrecionalmente, pues debería estar en un cero por ciento, y ello está afectando a la población en general”, informó el congresista.

Durante la reunión Lacs informó que tomó posesión del cargo el 26 de enero del año pasado y en ese momento tenía que atender los temas internacionales. “Se nos presentó el asunto de la clasificación arancelaria y las importaciones de cuadriles de pollo, y el caso se dio a conocer públicamente; ya existían los criterios del gobierno de tomar la decisión de aumentar el arancel”, manifestó.

Según Velásquez, el funcionario no logró dar mayor explicación a pesar de que fue cuestionado acerca de la base legal de la resolución emitida. “Estaré indagando por esa medida y de no haber mayor información presentaré una denuncia penal contra el viceministro Lacs Palomo”, aseveró.

Jaime Girón, importador de pollo, dio a conocer que la medida afecta a su sector y a la población consumidora. “Están violando varias leyes nacionales y el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica”, afirmó.

Por José Castellanos.

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Con la intención de conocer el estado de las carreteras del departamento de San Marcos, los diputados de la Unión del Cambio Nacional (UCN) se reunieron con Armando Castillo, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

El cuestionamiento fue encaminado a conocer el trabajo que se han realizado en diferentes tramos que comunican los municipios, especialmente donde se han registrado hundimientos, como en El Tumbador.

“El tema de las carreteras es importante para la movilización de miles de personas, para el turismo y la economía del departamento, por lo que las autoridades de Covial deben mantener un monitoreo para determinar el estado de la red vial”, destacó la diputada Viviana Preciado.

Al concluir la reunión, Castillo aseguró que se ha iniciado el monitoreo de la red vial del país en general, con la intención de verificar las condiciones actuales e iniciar las reparaciones respectivas.

Por Karla Herrera

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Diputados de la Comisión de Probidad, que preside el parlamentario Amílcar Pop, presentaron el informe de labores 2016 ante Carlos Mencos, titular de la Contraloría General de Cuentas, líderes indígenas, sindicatos y representantes de la Escuela de Ciencias de Políticas de la Universidad de San Carlos.

Durante la presentación, el diputado Pop se refirió al “enorme reto” que presenta lograr probidad y transparencia en el Estado. “Existen 12 mil 395 unidades ejecutoras, distribuidas en 402 instituciones de la administración pública objeto de fiscalización; de estas solamente 137 presentan informes a la Comisión de Probidad, lo cual constituye apenas 1.1 por ciento”, aseveró.

Destacó que el año pasado continuó la lucha contra la corrupción y realizaron 24 reuniones ordinarias, 10 convenios para el fortalecimiento de la cultura de transparencia, 18 citaciones a funcionarios públicos, 3 denuncias penales, 9 dictámenes a iniciativas de ley y 5 diplomados sobre auditoria social, entre otras actividades.

“Los temas de la Empresa Portuaria Quetzal, los cobros ilegales de Energuate y la conflictividad agraria en el país fueron muy importantes para esta sala legislativa en el marco de la fiscalización”, indicó el diputado.

“Entre los objetivos para este año se encuentran trabajar en la creación de modelos municipales de ejecución transparente, así como en la propuesta de una nueva Ley de Contrataciones del Estado”, concluyó.

Mencos coincidió con la necesidad de avanzar en la discusión de la nueva normativa y sugirió que tenga apartados por capítulos. “Hemos estado en pláticas con el diputado Pop y con la junta directiva de este Organismo, para que se pueda establecer una comisión interinstitucional que aborde este proyecto, ya que es necesario apartar, por ejemplo salud de infraestructura y de servicios”, detalló.

Por Rosemary Recinos

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Una acción de amparo contra el Congreso de la República, por la aprobación de los Acuerdos 6-2017 y 7-2017, mediante los cuales se crearon 16 comisiones extraordinarias de trabajo y se nombran a los presidentes, fue presentada en la Corte de Constitucionalidad (CC) por la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Los legisladores argumentaron que se incumple lo dispuesto el año pasado en las reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República, pues se decidió la disminución de las salas de trabajo por considerar que existía una sobrecarga laboral, administrativa y financiera.

El diputado Orlando Blanco, jefe del bloque uneísta, indicó: “Nos estamos oponiendo a la creación de las nuevas comisiones de trabajo aprobadas en la sesión del día martes 17 de enero. En promedio anual, cada sala de trabajo le estará costando al Congreso no menos de Q449 mil en funcionamiento, pues implica tener 1 ujier, 1 asistente, 1 secretaria y 1 asesor, como mínimo, más el pago del alquiler de la oficina y el pago de las prestaciones del personal que labora en esas instancias”.

“Consideramos que no es pertinente el tema de la creación de salas de trabajo únicamente para distribuir cuotas de poder dentro del Parlamento”, agregó.

Según dijo, varias de las comisiones extraordinarias tendrán duplicidad de funciones. “Existen otras instancias que tienen un mandato similar a las nuevas; esto es interferir en la labor legislativa, como la fiscalización al Organismo Ejecutivo y a otras dependencias del Estado”, manifestó Blanco.

Por José Castellanos.

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Durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves, antes de empezar la sesión plenaria ordinaria, el presidente del Congreso de la República, Óscar Chinchilla, dio a conocer su rechazo a la creación de 16 comisiones extraordinarias, lo cual ocurrió el martes con los acuerdos legislativos 6-2017 y 7-2017.

“Estoy en total desacuerdo con la creación de estas comisiones extraordinarias, pues algunas de ellas duplican las funciones, y esto creara más gastos económicos”, expresó Chinchilla, quien explicó que durante la aprobación del asunto él no estaba dentro del hemiciclo parlamentario y el tema tampoco fue consensuado en la Instancia de Jefes de Bloque, que se reunió el lunes.

Carlos Fión, jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), informó que durante la próxima sesión plenaria, convocada para el martes 24, presentará una moción privilegiada para que sean derogados los acuerdos que dan vida a las 16 comisiones extraordinarias.

En la sesión plenaria de este jueves el asunto no fue discutido, debido a que se suspendió, por falta de quórum, después de conocer las iniciativas y despacho calificado.

El presidente del Legislativo remarcó su postura para que se dé marcha atrás “lo antes posible”, y dijo esperar el apoyo de los legisladores de otros bloques para obtener los votos necesarios y lograr la aprobación de la propuesta.

Por Karla Herrera

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En la segunda sesión ordinaria del año, celebrada este jueves, los diputados al Congreso de la República conocieron seis iniciativas de ley que fueron trasladadas a las comisiones respectivas para su estudio y dictamen.

Entre las propuestas se encuentran la iniciativa de Ley contra la Contaminación Visual, que pretende regular la colocación de rótulos publicitarios en las carreteras; el convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de US $60 millones, para el fortalecimiento del Ministerio Público, y las reformas al Código Penal para castigar la creación y uso de perfiles falsos en las redes sociales considerados como “delitos cibernéticos”.

Asimismo, declarar el Quinquenio Nacional de las Personas con Discapacidad 2017-2021, en atención de observaciones de las Naciones Unidas (UN), sobre los derechos de las personas con discapacidad y que tienen por objeto promover acciones que permitan el apoyo, desarrollo integral e inclusión de dicho sector de la población.

Otro de los proyectos conocidos por los congresistas es de reforma al Código Penal, para sancionar delitos de odio, intolerancia social y aquellos motivados por prejuicios o fobias que inciten al odio o a la violencia contra grupos o personas determinadas por varios motivos, entre ellos por razones de género. Los cambios a este estatuto están encaminados a la agravación de la pena en caso de que dichos delitos se cometan a través de internet u otros medios de comunicación social.

Por otra parte, se presento la iniciativa de ley para que el Aeropuerto Internacional La Aurora cambie de nombre por Monseñor Juan José Gerardi Conedera, como un homenaje póstumo y reconocimiento a su labor pastoral dentro de la Iglesia.

En otro tema, los legisladores aprobaron el retiro de la aprobación por artículos y redacción final de la iniciativa 4944, Ley de Alimentación Escolar, por considerar que necesita mayor estudio y análisis. “Esta es una ley muy importante para el país y constituiría la primera normativa social de la octava legislatura, por lo que consideramos debe de ser afinada para que los términos incluidos no generen confusión”, expresó el diputado Víctor Manuel Estrada, del bloque Movimiento Reformador (MR).

El presidente del Organismo Legislativo y diputado de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), Óscar Chinchilla, procedió a levantar la sesión plenaria por falta de quórum y convocó a sesiones los días martes 24 y jueves 26 a las 14:00 y 10:00 horas, respectivamente, y a reunión de Jefes de Bloque el día lunes 23, a las 12:00 horas.

Por Karen Mendoza

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Una iniciativa de ley orientada a reformar el artículo 22 del Decreto 11-97, Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), con el fin de que se tome en cuenta la carrera policial al momento de escoger a sus autoridades, fue presentada por el parlamentario Eduardo Zachrisson Castillo, de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

“Vemos con preocupación que el artículo 22 de la actual Ley de la PNC brinda potestad total al Ministro de Gobernación para nombrar al Director General y subdirectores de la dependencia, lo que demerita la experiencia de muchos agentes que llevan años en la institución”, explicó el diputado.

Zachrisson dijo que solo pretenden regresar a la ley original, pues con las modificaciones hechas hace 19 años se dejó de tomar en cuenta el buen comportamiento, conocimiento y preparación sobre seguridad que se adquiere con el tiempo, lo cual desmotiva a los agentes.

“Esperamos que los congresistas apoyen esta propuesta y le den luz verde lo antes posible, con el fin de reforzar una dependencia tan importante para la ciudadanía guatemalteca”, concluyó el parlamentario panista.

Por Mayra Recinos

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Con el objetivo de prohibir los registros cibernéticos falsos, que afecten la intimidad, privacidad y dignidad de las personas o puedan ser usados para fines sexuales ilícitos, el jefe del bloque Todos, diputado Juan Ramón Lau, presentó la iniciativa de ley que reforma el Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal.

Con este proyecto se busca modificar el artículo 274, inciso “D”, del Código Penal, Registros Prohibidos. “Lamentablemente este artículo ha quedado obsoleto debido al avance tecnológico; ahora estamos ampliando las penas y estableciendo prisión de 4 a 8 años”, explicó.

Agregó que es importante regular el uso de las redes sociales en el país, debido a que se han cometido delitos contra los menores de edad. “Es necesario crear la figura delictiva que evite la utilización de perfiles falsos para contactar a la población más vulnerable”, aseveró.

Según dijo, por medio de Facebook los delincuentes localizan a sus víctimas para cometer extorsiones, secuestros y violaciones. “Cuando exista una denuncia el Ministerio Público deberá realizar la investigación para determinar a los responsables por medio de la dirección IP de los dispositivos y deducir las responsabilidades que correspondan”, concluyó Lau.

Por Rosemary Recinos.

 

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Con el voto favorable de 102 diputados al Congreso de la República, en sesión plenaria se aprobó el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el cual se dio vida jurídica al Decreto 2-2017, con el que se fijan los estándares para el empleo a tiempo parcial, basado en los principios de proporcionalidad y de no discriminación.

Dicho convenio establece la implementación de medidas por parte del Estado con las cuales se pretende asegurar que los trabajadores a tiempo parcial sean beneficiados con la misma protección de la que gozan los de tiempo completo, y que incluye derechos primarios, como seguridad y asistencia social en salud, entre otros.

Sin embargo, diputados de los bloques Winaq, Encuentro por Guatemala, Todos y URNG-Maíz, rechazaron la ratificación, argumentando que el convenio atenta contra los derechos laborales contenidos en la Constitución Política de la República. “Con este tipo de tratados se están violando los derechos de la clase trabajadora, y peor aún, estamos contribuyendo a la precarización del trabajo en el país; solo se ve beneficiado un pequeño grupo de empresarios”, expresó el congresista Walter Félix.

Asimismo, se aprobó en tercer debate y redacción final el Decreto 1-2017, que ratifica el Protocolo del Acuerdo de Marrakech por el que establece la Organización Mundial del Comercio, suscrito en Ginebra, Suiza, en noviembre del 2014.

Por otra parte, 14 iniciativas fueron conocidas en la primera sesión ordinaria del 2017, entre las cuales destacan la propuesta para legalizar el consumo de Cannabis para tratamientos médicos, reformas al Código Civil referentes a la regulación de la edad para contraer matrimonio, la propuesta para la supresión del Ministerio de Desarrollo Social y el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, por un monto de US $300 millones, para el fortalecimiento de programas del modernización del Sector Justicia.

Posteriormente, la Junta Directiva dejó en suspenso conocer el antejuicio 441-2016 promovido contra la ministra de Trabajo y Previsión Social, Aura Leticia Teleguario Sincal, a raíz del amparo otorgado a la funcionaria por la Corte de Constitucionalidad.

Durante la larga jornada, los legisladores guardaron minutos de silencio en memoria de familiares que fallecieron recientemente de los diputados Laura Franco, de Alianza Ciudadana (AC); María Cristina Quinto, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y Leonardo Camey Curup, independiente.

Por Karen Mendoza

 

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