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La Comisión Pesquisidora que estudia el expediente de antejuicio en contra de la Magistrada Blanca Stalling, se reunió ayer y aprobó el cronograma de actividades en el cual se establece la meta de entregar el informe final el próximo miércoles 01 de febrero.

Los integrantes de la pesquisidora Julio Longo, FCN-Nación, presidente; German Velásquez, PP, secretario; Eva Nicolle Monte, Alianza Ciudadana, vocal; Mario Velásquez, CREO, vocal; y Oliverio García Rodas, Movimiento Reformador; citaron para el próximo viernes 27 de enero a la magistrada Blanca Stalling, quien podrá acudir personalmente a presentar pruebas de descargo, o enviar a un informe al respecto. Ese mismo día escucharán a las autoridades del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.

El Presidente de dicha comisión pesquisidora, diputado Julio Longo declaró que en las próximas horas estarán enviando notas a una compañía telefónica y a la Corte Suprema de Justicia requiriendo información específica.

A la compañía telefónica le requerirán un desplegado de llamados de un número celular que aparece en el expediente y a la Corte Suprema información sobre el registro de visitas a la vocalía séptima, que ocupa la magistrada Stalling.

El Diputado Longo indicó que aunque no tenían un plazo específico esperan entregar el informe final el próximo viernes y cumplir de esa manera con el mandato que les diera el pleno del Congreso de la República.

Los legisladores deberán analizar la acusación en contra de la magistrada, señalada de haber incurrido en el delito de tráfico de influencias al haber pretendido que se favoreciera a su hijo, Otto Molina Stalling, implicado en el caso IGSS-Pisa, según denuncia del juez, Carlos Giovanni Ruano.

El artículo 17 de la Ley en Materia de Antejuicio establece que la Comisión Pesquisidora debe examinar el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la Comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.

Todos los funcionarios y empleados están obligados a prestar su plena colaboración a la Comisión. Al finalizar su investigación y consideraciones la Comisión emitirá un informe circunstanciado, del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria del Congreso.

Por Nery Morales

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Diputados del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunciaron que este miércoles se presentó una denuncia penal en el Ministerio Publico en contra de Aldo García Morales y María Alejandra Má, titulares del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por varios delitos que posiblemente han incurrido en el caso de la empresa constructora Odebrecht y de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

En el caso de la empresa constructora Odebrecht, los congresistas de la UNE informaron que a García le están imputando los delitos de tráfico de influencias, falsedad material, abuso de autoridad y omisión de denuncias, “porque él, como autoridad, ha pasado más de un año en el cargo y no ha hecho la denuncia correspondiente, y ha estado apareciendo en los medios señalando a exfuncionarios, pero tiene que señalar a las empresas que fueron subcontratadas”.

El jefe del bloque uneísta, Orlando Blanco, mencionó: “La acción legal se presenta contra la viceministra Alejandra Má Villatoro y Aldo García Morales, porque él la autorizo para alterar los precios en la licitación de varios proyectos de mantenimiento de la infraestructura vial”.

Después mostró un listado y fotografías, como medios de prueba para las autoridades judiciales, en las que aparece la funcionaria con personas que integran la junta de licitación. “Podemos ver que ella está en la reunión presentado el listado a los miembros de la junta licitadora”, aseguró.

Al concluir la conferencia de prensa, el parlamentario comentó que en los próximos días serán citados los funcionarios del CIV para que rindan detalles y expliquen los avances de los casos Odebrecht y Covial.

Por José Castellanos.

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La congresista Sofía Hernández Herrera, subjefe de la bancada Alianza Ciudadana (AC), citó a funcionarios de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) con el objetivo de conocer los detalles y el avance de los programas y la ejecución presupuestaria del año 2016.

Asimismo, requirió información del plan de trabajo para este año y específicamente de los programas destinados al departamento de Huehuetenango, al que ella representa.

“Estoy ejerciendo mi labor legislativa de fiscalización a las diferentes instituciones del Estado que manejan recursos y estamos evaluando el desarrollo institucional durante el año pasado, pues hemos realizado varias visitas a los centros de rehabilitación de los adultos mayores y de la niñez y hemos observado que la ayuda y el beneficio no han llegado a los municipios de Huehuetenango como debe ser”, expresó.

Agregó que Huehuetenango ocupa el quinto lugar de los departamentos con altos índices de desnutrición y pobreza extrema. “Por ese motivo logramos conocer que hay poca transparencia en el trabajo de la SOSEP, ya que a la población no se le ha informado, se desconocen los beneficios y no nos dieron a conocer los resultados de lo que se ejecuta”, puntualizó.

José María Godoy, secretario de la SOSEP: explicó: “Tenemos cuatro programas sociales que se ejecutan en varios departamentos, y en Huehuetenango se han atendido las necesidades; es un lugar bastante grande y no contamos con demasiado personal ni vehículos y tenemos bastantes limitaciones económicas”.

Refirió que están en la mejor disposición de mejorar el trabajo en los centros y fortalecer los programas Mis Años Dorados, dirigidos a los adultos mayores; Hogares Comunitarios, para los niños; Creciendo Seguro, para mujeres, y Servicio Social, para la comunidad en general.

Por José Castellanos.

 

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El presidente del Congreso de la República, Óscar Chinchilla, se reunió este martes con representantes de siete organizaciones de la sociedad civil que integran Congreso Transparente, para gestionar un nuevo convenio que ratifique el compromiso de dar a conocer la labor legislativa.

El titular del Parlamento indicó que se continúa fortaleciendo los diferentes mecanismos para transparentar el trabajo de los diputados y las acciones administrativas, entre los cuales mencionó la página web, canal de televisión, radio y redes sociales.

María del Carmen Aceña, representante de Congreso Transparente, explicó que en los próximos días darán a conocer la fecha específica de la ratificación del nuevo convenio.

“Le indicamos al presidente Chinchilla que este año estamos muy interesados en dar seguimiento al trabajo de las comisiones, pues constituyen realmente el corazón del Congreso de la República y es donde realmente se toman las decisiones”, afirmó.

Las organizaciones que se presentaron son: Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Guatemala Visible, Acción Ciudadana, Congreso Transparente, Tuiteros por Guate, Levantemos la Voz y Fíjate Bien.

Por Mayra Recinos

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Durante una reunión con el diputado Luis Hernández Azmitia, presidente de la Comisión Extraordinaria de Desnutrición Crónica y Primer Nivel en Salud, dirigentes sindicales salubristas del Frente Nacional de Lucha solicitaron una reunión urgente con el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, para exponer sus demandas, y pedir el apoyo de las Comisiones de Salud y Desnutrición Crónica para participar en las mesas de diálogo.

Según los sindicalistas, afrontan “una crisis laboral y de demanda hospitalaria que no está siendo atendida en los hospitales departamentales”, por lo cual pidieron que se atiendan sus demandas con urgencia.

Hernández Azmitia, del Movimiento Reformador (MR), escuchó los problemas expuestos y ofreció intervenir en favor de resolver los temas laborales y de atención en salud. Indicó que es importante verificar el abastecimiento, pues las cuotas no llegan al 70 por ciento.

Agregó que en el tema laboral se sabe que hay 50 mil empleados, de los cuales a 32 mil no se les ha renovado contrato, “lo cual provoca desestabilización”.

Los sindicalistas dijeron estar de acuerdo con que se instale la Mesa de Diálogo propuesta por Organismo Ejecutivo; no obstante, solicitan la participación de comisión presidida por Hernández Azmitia y la de Salud.

El legislador cerró la reunión informando que será importante contar con datos reales de la situación en la red de salud. “Solo con información verídica se podrá enfrentar la crisis y proponer soluciones a los problemas”, aseveró.

Por Mayra Recinos

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Diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), que coordina el parlamentario Julio Lainfiesta, se reunieron con Rubén Morales, ministro de Economía; Néstor Guerra, director del Instituto Nacional de Estadística, y con expendedores de carne de pollo para analizar el arancel de importación.

Existe una confusión respecto de un incremento en el impuesto a las piezas de pollo, que podría deberse a un error en la inclusión de dos partidas arancelarias mediante una resolución del Consejo de Ministros de Centro América, explicó el parlamentario Rudy Castañeda.

“Esto tiene que ver con las negociaciones que se hicieron en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, pues esas partidas equivalían lo mismo que los cuadrilles de pollo que ya estaban contenidos en el Tratado de Libre Comercio”, expresó Castañeda.

Agregó que en el 2015 se manejaba cero por ciento de arancel; sin embargo, al tomar posesión las nuevas autoridades del Ministerio de Economía el año pasado se eliminaron esas partidas y se dejaron únicamente las 2 originales, por lo que el impuesto para este año es del 12.5 por ciento.

Édgar Méndez, vicepresidente de los expendedores, señaló que han absorbido el aumento en el costo, pero que ya no podrán seguir haciéndolo y si no se encuentra una solución, en febrero trasladarán el alza al consumidor.

Por su parte, Morales, expresó que les corresponde regularizar la aplicación del gravamen para una pieza en particular (cuadril), que es únicamente la importada de Estados Unidos, y recordó que el resto de piezas, incluyendo el pollo entero, entran sin pagar arancel.

“Solo es una pieza la que genera controversia y queremos comunicar que ya se inició un proceso de consulta con otras entidades de Gobierno, para definir qué mecanismos tenemos a la mano según el Tratado de Libre Comercio y nuestra legislación, en aras de encontrar alternativas que permitan una solución para Guatemala”, concluyó el funcionario.

Por Rosemary Recinos.

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Autoridades de los 48 cantones del departamento de Totonicapán y alcaldes de San Marcos y Huehuetenango denunciaron cobros indebidos y anomalías en la prestación del alumbrado público a los congresistas que integran la Comisión de Transparencia y Probidad, que preside el diputado Amílcar Pop, del bloque Winaq.

A la cita acudieron Luis Chang, ministro de Energía y Minas; Jorge Guillermo Arauz, presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica; autoridades de la Procuraduría General de la Nación y de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Contraloría General de Cuentas y Dirección de Atención al Consumidor, quienes fueron cuestionados por las acciones que ejecutan en esa materia.

“Los pobladores nos hicieron entrega de memoriales y denuncias por cobros desmedidos en las comunidades y a nivel general de toda la población; evidenciamos más de 280 convenios ilegales que la Contraloría plantea que son lesivos y responsabilizan a las autoridades de la empresa Energuate y a corporaciones municipales pasadas”, refirió el parlamentario Pop.

El titular de la cartera de Energía y Minas indicó que se deben cumplir todos los procesos legales y respetar el estado de derecho. “La tarifa social estará vigente hasta el último día de enero, y la tarifa que corresponda al siguiente trimestre será una resolución directamente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica; yo no puedo hablar del precio porque no me corresponde a mí, sino a la Comisión”, puntualizó.

Fidel Adalberto Baquiax, presidente de la Junta de Alcaldes de los 48 cantones de Totonicapán, explicó: “Es una gran indignación para los pueblos indígenas y la población en general por los cobros ilícitos que están encareciendo a las personas; nos estamos oponiendo porque este mes los recibos para cancelar la energía eléctrica están alterados con el aumento desmedido, por lo que estaremos analizando las medidas a tomar en los próximos días”.

José Castellanos.

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En cumplimiento de la Ley en Materia de Antejuicios, el Congreso de la República eligió, mediante una tómbola, a los cinco diputados que integran la comisión pesquisidora que conocerá el expediente promovido contra la magistrada Blanca Aida Stalling, de la Corte Suprema de Justicia.

La instancia está integrada así:

Presidente:

Julio César Longo Maldonado (FCN-Nación)

Secretario:

Germán Estuardo Velásquez Pérez (PP)

Vocales:

Eva Nicole Monte Bac (AC)

Mario Velásquez Pérez (Creo)

Oliverio García Rodas (MR)

Los legisladores electos deberán analizar la acusación contra la magistrada, señalada de haber incurrido en el delito de tráfico de influencias al haber pretendido que se favoreciera a su hijo, Otto Molina Stalling, implicado en el caso IGSS-Pisa, según declaraciones del juez Carlos Giovanni Ruano.

“Este miércoles realizaremos la primera reunión de trabajo, por lo que esperamos avanzar en el tema y que en 2 o 3 semanas podamos tener un informe sobre el mismo”, enfatizó Longo.

Por Karla Herrera

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El pleno del Congreso de la República, en el punto cuarto de la tercera sesión ordinaria celebrada este martes, conoció el informe de los jefes de bloque, relacionado con los diputados que presidirán las comisiones legislativas ordinarias de trabajo para el período legislativo 2017-2018.

Asimismo, por no contar con mayoría y solamente 45 votos a favor, se rechazó la moción privilegiada propuesta por el congresista Carlos Enrique Chavarría, del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo), para alterar el orden del día y que se derogaran los acuerdos legislativos 6-2017 y 7-2017, que dieron vida a la creación y presidencia de 16 comisiones extraordinarias.

En este tema, el presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, indicó: “Emitimos nuestro voto en favor de la moción presentada por el diputado Chavarría y lamentamos que no haya sumado los votos necesarios para derogar esas salas de trabajo, las cuales duplican funciones de otras ya existentes, por lo que continúan vigentes”.

Por otra parte, con 75 votos a favor se improbó el proyecto de punto resolutivo dirigido al Ministerio de Economía y expresado contra el alza a la canasta básica, propuesto por Álvaro Velásquez, diputado independiente, y María Cristina Quinto, diputada del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

La propuesta tenía como propósito que dicha cartera implementara los mecanismos necesarios para protejan a los consumidores y evitar el alza en los productos de consumo básico.

Finalmente, por no contar con el quórum necesario, el jefe del Parlamento procedió a levantar la sesión y convocar para el jueves 26, a partir de las 10:00 horas, para continuar con los puntos del orden del día establecido para este martes, entre los que se encuentran la presentación del informe circunstanciado del presidente en funciones del Banco de Guatemala, Francisco Recinos Rivera, y la elección de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

Por Karen Mendoza

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