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En la sesión ordinaria de este jueves, el pleno del Congreso de la República procedió a constituir la Comisión de Derechos Humanos para el período 2017-2018.

Según la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se integra por un diputado de cada partido político representado en el Parlamento.

La sala de trabajo quedó integrada de la siguiente manera:

  • Sandra Patricia Sandoval, de Frente de Convergencia Nacional, quien la preside.

  • Sandra Morán, de Convergencia.

  • Carlos Rafael Fión Morales, de Compromiso, Renovación y Orden.

  • Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala.

  • Raúl Romeo Segura, de Fuerza.

  • Roberto Villate, de Libertad Democrática Renovada.

  • Eduardo Zachrisson Castillo, del Partido de Avanzada Nacional.

  • Germán Velásquez, del Partido Patriota.

  • Ronald Estuardo Arango, de Todos.

  • Vivian Beatriz Preciado Navarijo , de Unión del Cambio Nacional.

  • José Inés Castillo Martínez , de Unidad Nacional de la Esperanza.

  • Álvaro Enrique Arzú Escobar, del Partido Unionista.

  • Walter Rolando Félix López, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

  • Juan José Porras Castillo, de Visión con Valores.

  • Amílcar de Jesús Pop, de Winaq.

Mociones privilegiadas

Posteriormente, el tercer secretario de la Junta Directiva y diputado del bloque Todos, José Rodrigo Valladares, presentó una moción privilegiada para alterar el orden del día e incluir en la agenda la prórroga de la entrada en vigencia del Código Único de Identificación (CUI); la intención era que fuera aprobada de urgencia nacional y se dispensara el dictamen correspondiente.

La propuesta estaba encaminada en aplazar la utilización del CUI como identificación única, para lo cual el Registro Nacional de las Personas (Renap) tendría que extender un certificado con el código incluido a todos los ciudadanos que tramiten el Documento Personal de Identificación, de forma gratuita y con validez temporal. Sin embargo, su iniciativa solo contó con 68 votos.

Manuel Conde Orellana, representante del Partido de Avanzada Nacional (PAN), sugirió citar al Directorio del Renap para reunirse con la Instancia de Jefes de Bloque y explicar el estado de la institución.

Asimismo, durante la sesión fue presentada una segunda moción por el congresista Jaime Regalado, del bloque Movimiento Reformador (MR), orientada a que el Pleno emitiera un punto resolutivo en solidaridad con Israel, después de que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenara la presencia israelí en territorio palestino; sin embargo, no fue conocida por falta de quórum.

Por ello, el presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, levantó la sesión y convocó para el martes 31 de enero y jueves 2 de febrero, a las 10:00 y 14:00 horas, respectivamente, y el lunes 30 de enero a sesión de la Instancia de Jefes de Bloque.

El 23 de diciembre del año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2334 contra los asentamientos de Israel en territorio palestino. Según el documento, la actividad israelí en ese lugar supone una violación del derecho internacional y un grave obstáculo para solucionar el conflicto a través de la creación de dos Estados independientes.

Por Karen Mendoza

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Después de que el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), anunciara la reducción de la tarifa social, debido a problemas en sus finanzas, los diputados de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), decidieron citar a diversas autoridades encargadas del tema, ya que no menos de 1 millón 300 mil usuarios saldrían afectados.

“Estamos realmente preocupados; esta situación puede causar una crisis de conflictividad social y no podemos quedarnos de brazos cruzados, pues los guatemaltecos pagarán el doble en sus facturas mensuales de energía eléctrica”, dijo el diputado Carlos Chavarría.

Las autoridades plantearon el aumento de forma escalonada; por ejemplo, quienes consumen de 1 a 60 kWh al mes pagaban Q0.50 por kWh, y ahora subirá a Q0.53; en febrero serán Q0.55 y en marzo Q0.57.

De 61 a 88 kWh se pagaba Q0.75; Q0.79 costará en enero, Q0.83 en febrero y Q0.87 en marzo, y en diciembre alcanzará el precio de Q1.22 por kWh.

Y de 89 a 100 kWh, en enero pagará Q1.05, en febrero Q1.12, y en marzo Q1.20; pero en octubre alcanzará Q1.72.

Durante el conversatorio, el ministro de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang, explicó: “Realmente es insostenible para el Inde mantener su aporte para la tarifa social, puesto que sus ingresos han disminuido por la merma de la producción eléctrica”.

“A eso sumemos que aproximadamente 14 municipalidades le adeudan al Inde casi Q2 mil millones, lo que justifica la reducción del monto que brindan al subsidio”, agregó.

Una de las soluciones que plantearon en la reunión fue la necesidad de ordenar el cobro de la tarifa de alumbrado eléctrico, ya que debido a la autonomía municipal cada comuna tiene la potestad de cobrar de acuerdo a su propio criterio.

Por tal motivo, los diputados de la bancada Creo, Carlos Fión, Mario Velásquez y Chavarría, concertaron para el próximo mes una nueva reunión de trabajo con los funcionarios, para retroalimentar la información y analizar una iniciativa de ley que ordene de forma general el cobro de la tarifa de alumbrado.

Por Mayra Recinos

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El diputado Aníbal Rojas, de la bancada Visión con Valores (Viva), se reunió con Maximiliano Araujo, Viceministro de Cultura, y con funcionarios del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, para analizar en que se invertirá el aporte de Q10 millones asignado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2017 a dicha obra arquitectónica.

“Es muy difícil que se respalde a la cultura en este país debido a tantas necesidades existentes, pero lo logramos con el apoyo de 112 parlamentarios”, señaló el representante Rojas. “Este aporte fue aprobado para restaurar el Teatro Nacional, por lo que estaremos pendientes del uso que se le den a estos recursos”, indicó.

Por su parte, Álvaro Véliz, director del Centro Cultural, comentó que es “un momento histórico para el arte, pues se le está dando la importancia que merece esta joya diseñada por el gran Maestro Efraín Recinos”.

“Ahora estamos iniciado los procesos de licitación para comenzar, aproximadamente en seis meses, con los trabajos de reparación, para devolverle el esplendor que tenía originalmente”, expresó Véliz.

La primera fase incluirá equipamiento, iluminación, consolas, amplificación, acústica y protección del suministro de energía eléctrica, para luego avanzar en mantenimiento de la infraestructura, concluyó el funcionario.

Por Rosemary Recinos

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El Ministerio de la Defensa retirará los destacamentos ubicados en terrenos de la hidroeléctrica ubicada en Ixquisis, Huehuetenango, como parte de los acuerdos sostenidos durante una reunión convocada por los parlamentarios Amílcar Pop y Walter Félix, de las bancadas Winaq y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz), respectivamente.

Los congresistas citaron a las autoridades de los ministerios de Gobernación, Defensa Nacional y Energía y Minas, con el objetivo de conocer detalles de lo ocurrido durante la manifestación realizada en dicho lugar el 17 de este mes, cuando falleció un activista de los derechos humanos.

“Existe mucha conflictividad en el área desde hace varios años por la hidroeléctrica; además, la presencia policial y del Ejército ha generado desconfianza en la población, por lo que nos satisface la decisión de retirar estos elementos del lugar”, afirmó el diputado Pop.

Durante la cita se cuestionó a los funcionarios sobre posibles anomalías en la obtención de licencias, y pese a que Alfonso Alonso, viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, expresó que el proyecto cuenta con todos los instrumentos ambientales aprobados y que durante la verificación que realizaron el año pasado no encontraron nada ilegal, Pop dijo que pudo haber vicios en el proceso.

“Se violó el derecho de consulta de pueblos indígenas y hay que investigar si existieron mecanismos fraudulentos para cumplir los requisitos”, expresó el representante de Winaq.

Por su parte, el diputado Félix comentó que hay inconformidad en los pobladores, debido a que la generación de energía de estas empresas “ni siquiera será para el desarrollo de las comunidades, sino para llevarla fuera de Guatemala”.

“El pueblo tiene todo el derecho de proteger sus recursos naturales ante esta injusticia, porque al final solo se llevan las riquezas y las comunidades siguen hundidas en el subdesarrollo”, aseguró el legislador.

Según dijo, se trabajará en una mesa de diálogo interinstitucional para encontrar soluciones de consenso. “La idea es pedirle a la empresa que en el marco de la buena voluntad que hay se suspendan los trabajos”, concluyó.

Por Rosemary Recinos.

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Después de concluir el análisis de los gastos realizados por los distintos ministerios y secretarias del Organismo Ejecutivo, los diputados de la bancada Encuentro por Guatemala presentaron el informe final de la ejecución presupuestaria del año pasado.

En el documento se dio a conocer que durante 2016 las entidades gubernamentales efectuaron mayores gastos para salarios, con un 93 por ciento de la asignación presupuestaria, así como en pago de agua, energía eléctrica y teléfono, y postergaron la inversión en programas de beneficio para la población.

“Entre las conclusiones que podemos mencionar están que no se visualizó la ejecución de políticas públicas, o por lo menos la coordinación de programas existentes para resolver las problemáticas sociales, como pobreza, desnutrición, seguridad y educación”, destacó la diputada Nineth Montenegro, jefa del referido bloque.

Ante esto, los legisladores dijeron esperar que este año la prioridad de las dependencias del Estado sea la inversión “para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, por lo que continuarán fiscalizando la utilización de los recursos públicos.

Por Karla Herrera

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“Nuestro objetivo es establecer una agenda legislativa prioritaria, consensuada con la mayoría de organizaciones de la sociedad civil, lo que le brindaría legitimidad”, dijo el presidente del Organismo Legislativo, Óscar Chinchilla, en el marco de una reunión donde participaron no menos de 38 organizaciones sociales.

La mayoría de estas dijeron estar interesadas en el tema de las reformas constitucionales en materia del Sector Justicia, que actualmente aborda el Congreso de la República.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, agregó que otro de los temas que les interesa son las modificaciones a la Ley de Comisiones de Postulación, pues ello “es importante para la transparencia del proceso de elección de diferentes actores del Estado”.

La escogencia del nuevo jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos es un asunto que debe cumplir el Legislativo en agosto de este año, por lo que el presidente Chinchilla aprovechó la oportunidad para invitar a todos los presentes a participar activamente en el proceso. “También solicitamos a Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala que nos brinde el acompañamiento necesario, con el fin de transparentarlo”, agregó.

Las solicitudes de los representantes civiles incluyeron diversos temas, entre los cuales resaltan la segunda generación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, convenios internacionales en materia laboral, reforma policial, modificaciones a la Ley de Armas y Municiones, reformas a la Ley en Materia de Antejuicios, reformas a la Ley Contra el Femicidio y reformas a la Ley de Derechos de Autor, entre otras.

Carmen Rosa De León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, resaltó la importancia que tienen para la sociedad los cambios a la Ley de la Policía Nacional Civil. “Se deben ordenar las funciones de los agentes y del Ejército”, puntualizó.

“Vemos con buenos ojos la atención del presidente del Congreso e integrantes de la actual Junta Directiva, pues como sociedad civil podemos aportar nuestro conocimiento en temas específicos”, dijo Carmen López, de Convergencia de Mujeres.

Al concluir, Chinchilla anunció que propiciará la firma de un convenio público con los diferentes jefes de bloque, con el fin de establecer una agenda legislativa que tome en cuenta las propuestas de los diversos sectores y de los partidos políticos.

“Queremos dejar una línea de trabajo en la que podamos apoyarnos no solo durante este año, sino que pueda servir durante toda la 8a. Legislatura”, concluyó el titular del Congreso.

Por Mayra Recinos

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Los diputados Leocadio Juracán y Sandra Morán, de la bancada Convergencia, realizaron una mesa de diálogo con Francisco Rivas, ministro de Gobernación; Mynor Mus, viceministro de la Defensa Nacional, y con representantes del Ministerio de Energía y Minas y de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para aclarar los hechos violentos ocurridos en la aldea Ixquisis, Huehuetenango, después de una protesta pacífica contra una hidroeléctrica.

“El 17 de enero se registró un ataque en contra de los manifestantes, en el cual falleció un defensor de los Derechos Humanos”, comentó el legislador Juracán.

La llegada de esta hidroeléctrica ha generado confrontación, debido a que la comunidad se encuentra ubicada en medio de dos ríos que están siendo desviados, lo cual podría poner en riesgo la sustentabilidad del lugar por escases de agua.

Por su parte, el ministro Rivas, expresó: “Se destinaron 55 agentes de la Policía Nacional Civil para resguardar la seguridad durante la protesta, pero el conflicto se generó en un lugar distinto, cerca de donde había maquinaria de la empresa”.

El funcionario recordó que la investigación se realiza de oficio y que bajo la dirección de Ministerio Público se inició el proceso para deducir responsabilidades.

El parlamentario Juracán indicó que es necesario indagar dentro de la Policía Nacional Civil y Ejército Nacional, ya que existen destacamentos en el lugar, y de la seguridad privada de la hidroeléctrica, pues se sospecha que de ahí pudo provenir el ataque cometido.

Por Rosemary Recinos.

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Integrantes de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República se reunieron este miércoles con el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jorge De León Duque, y con representantes del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Universidad de San Carlos (Usac) y organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la niñez y sociedad civil organizada, a quienes presentaron la propuesta de un Diálogo Nacional por la Niñez y Adolescencia, con el objetivo de perseguir la creación de una Política Pública que busque solucionar la problemática de este sector etario.

De acuerdo con el parlamentario Walter Félix, quien preside la instancia, la propuesta está encaminada a trabajar en ejes como desnutrición crónica, adolecentes embarazadas, niñez migrante, altos índices de jóvenes en conflicto con la ley y víctimas de violencia sexual. “Esa problemática latente en nuestro país es la que sirve como fundamento para el lanzamiento de este diálogo, que tiene como objetivo que todas las instituciones del Estado trabajen en armonía en pro de encontrar las soluciones que permitan garantizar un futuro mejor a los niños y niñas guatemaltecas”, aseguró.

Por su parte, De León Duque manifestó su disposición y compromiso de apoyar esta iniciativa, que permitiría la suscripción de un compromiso por los tres poderes del Estado, a fin de visibilizar la problemática, proponer una agenda básica y promover un movimiento para la construcción de un plan de acción para ser implementado en el corto plazo.

Roberto Cabrera, de Save the Children, dijo que ven con preocupación que “los temas que han disparado todos los indicadores en el país no se estén tomando como una política primaria por parte del Ejecutivo”. A su vez aseguró que la única solución es el fortalecimiento de las instituciones que trabajan en el tema.

Al finalizar el encuentro, el presidente de la sala legislativa anunció que el lanzamiento de este diálogo será el 8 de febrero, a las 10:00 horas, y se prevé la presencia de autoridades del Grupo de los Cuatro, integrado por la PDH, Usac, la Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica.

Según datos de la organización no gubernamental Refugio para la Niñez, en el 2016 se registraron 7 mil 100 violaciones sexuales a menores de edad, 1 mil 100 decesos y 18 mil niños, niñas y adolescentes en situación de migración.

Por Karen Mendoza

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Los diputados Julio Lainfiesta y Vivian Preciado, de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), acompañados de los congresistas Mario León y Germán Velásquez, citaron a funcionarios del Ministerio de Educación (Mineduc) con el fin de discutir la situación que atraviesan diversas escuelas y maestros del suroccidente del país.

La diputada Preciado manifestó su malestar pues dichas autoridades no han autorizado el funcionamiento de la escuela del sector Las Palmas, caserío Trapiche, de Ocós, San Marcos, donde ya cumplieron los trámites correspondientes. “Además de no autorizarla, amedrentaron a los padres de familia, por lo que presento mi queja formal”, aseveró.

Además, confrontó al supervisor de Educación de Ocós, San Marcos, Fredy Orozco, a quien responsabiliza de no cumplir con los procesos legales en la asignación del nuevo director de la escuela del caserío El Platanar, del mismo municipio, pues la anterior encargada del plantel fue destituida, acusada de malos manejos.

El titular del Mineduc, Óscar Hugo López, dijo que hará las gestiones para que inicie labores la Escuela de Las Palmas, pues no menos de 50 niños serán beneficiados, y añadió que tomará las medidas necesarias en los casos administrativos que le presentaron.

Los diputados también pidieron información acerca de la situación de infraestructura de los establecimientos y la asignación de docentes, pues existen quejas sobre la falta de personal.

“Existen muchos maestros en el área urbana y tenemos déficit en el área rural; a esto debemos agregar que desde hace 5 años no se han contratado para las plazas que han quedado vacantes por jubilación o deceso”, explicó López.

Sin embargo, informó que este año, gracias al aumento presupuestario que brindó el Congreso, han contratado no menos de 2 mil 400 docentes, fondos que también servirán para asignar un aproximado de Q2 millones a cada Dirección Departamental, que priorizará los edificios en mal estado.

El diputado Lainfiesta dijo que apoyarán la solicitud del ministro López, quien considera necesaria una norma que traslade las propiedades donde se ubican las escuelas a dicha cartera, pues muchas veces este impase provoca que no se puedan realizar los trabajos.

Por Mayra Recinos

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