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Que de manera urgente se proceda a la elaboración de los protocolos para la atención y protección de los menores que tiene a su reguardo el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde perdieron la vida 41 niñas y adolescentes en un incendio, recomendó la Comisión Específica del Congreso, conformada para realizar una investigación del caso.

Previo a que el informe fuera entregado a Dirección Legislativa, para que lo elevara a discusión del pleno de diputados, la congresista Patricia Sandoval, coordinadora de la referida comisión, en conferencia de prensa amplió detalles del informe presentado y las recomendaciones a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que tiene a su cargo el Hogar Seguro.

En el informe se sugiere revisar y actualizar la legislación actual, a fin de que se mejore la atención a los niños en vulnerabilidad. Otra de las recomendaciones es que se fije un plazo al Ministerio Público (MP), para que informe del estado actual y avance de las denuncias presentadas en contra de este hogar, que datan desde el 2012.

Asimismo, los diputados integrantes de la Comisión solicitan a los entes involucrados que cumplan con su responsabilidad en virtud de esclarecer los delitos cometidos e identificar a los responsables de la tragedia.

“Pedimos al Congreso de la República que remita este informe al MP, para que el mismo pueda ser considerado en las investigaciones, por contener elementos importantes que consideramos puedan ayudar al esclarecimiento de este tema”, expresó Sandoval.

La Comisión Específica fue creada a raíz de un punto resolutivo, aprobado por el Congreso y solicitado por la parlamentaria del Movimiento Reformador (MR), Alejandra Carrillo. Quedó integrada por los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, Sandra Patricia Sandoval; de la Mujer, Marleni Matías; del Menor y la Familia, Walter Félix; de Gobernación, Napoleón Rojas; y de la Juventud, Juan Manuel Giordano.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción, situado en el municipio de San José Pinula, Guatemala, constituye el principal centro de acogida de menores en el país. Fue fundado por el Estado en 2010, con el fin de atender de forma integral a niños huérfanos o abandonados, víctimas de trata o de violencia intrafamiliar.

 

Desde 2012 decenas de denuncias han sido presentadas ante la fiscalía y la Procuraduría de los Derechos Humanos por abusos sexuales y vejámenes cometidos contra los niños en el hogar donde ocurrió la tragedia. Una denuncia menciona una organización criminal integrada por empleados de ese sitio, dedicada a la explotación sexual de las niñas recluidas, lo que ha dado como resultado que en múltiples ocasiones se registren fugas.

Por Karen Mendoza

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En el desarrollo de la sesión plenaria de este jueves, los diputados discutieron el informe elaborado por la comisión específica que el Pleno designó para investigar los sucesos trágicos registrados el 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Los parlamentarios pidieron a la Junta Directiva cursar al Ministerio Público (MP) el documento presentado, con la intención de que el contenido sea tomado en cuenta en la investigación del hecho que cobró la vida de 41 menores.

El diputado Oliverio García Rodas (independiente) resaltó que incluso la Fiscal General debería iniciar una investigación de su propio personal, pues dijo que el trabajo realizado por la Comisión revela que la Procuraduría de los Derechos Humanos había presentado denuncias desde el 2011 de las anomalías en el Hogar Seguro, sin que la fiscalía les diera seguimiento.

El presidente de la comisión de Finanzas Públicas y Moneda, Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), manifestó que se trabaja una propuesta para trasladar fondos del Ministerio de Desarrollo Social a la Secretaría de Bienestar Social (SBS), para mejorar la atención en los centros.

Sin embargo, el parlamentario Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), discrepó con dicha medida “No se trata de trasladar dinero a instituciones inoperantes; deben hacerse cambios de fondo”, señaló, en referencia directa a la SBS.

Por falta de quorum se levantó la sesión, y el presidente Oscar Chinchilla convocó a los jefes de bloque a la reunión del lunes 17, a las 12:00 horas.

Por Nery Morales

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El diputado Mario Taracena Díaz-Sol se refirió este jueves a la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fija un plazo de 30 días para que el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), desvanezca los supuestos hallazgos de financiamiento ilícito en los comicios del 2011, lo cual podría llevar a la cancelación.

“El Tribunal Supremo Electoral es la organización que más credibilidad debe de tener en el país; en él está sustentado el sistema democrático de Guatemala y los políticos debemos velar por su credibilidad. En ese sentido nos preocupa enormemente que por un tema administrativo hagan una conferencia, cuando lo que hemos recibido es un escrito que dice que tenemos 30 días para desvanecer”, expresó Taracena.

El parlamentario uneísta indicó que al recibir el referido informe se comunicaron con la secretaria general del partido, Sandra Torres. “La UNE es una organización política seria y responsable, y la secretaria general nos confirmó que se cuenta con la papelería en la que constan las erogaciones aludidas”, agregó.

Según el TSE, a la UNE le detectaron el pago de US $68 mil en 2011 por el uso de un helicóptero y le atribuyen Q21 millones 500 mil en pagos por campaña electoral a medios de comunicación, lo cual tendría inconsistencias en el origen de los recursos.

Por Karen Mendoza

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Con el objetivo de evitar accidentes en las diferentes áreas de trabajo, el Departamento de Bienestar Laboral del Congreso invitó a la Unidad de Seguridad y Prevención de Desastres del Cuerpo de Bomberos Voluntarios a impartir normas al personal.

El oficial Luis González dijo que es importante dar a conocer cómo dar los primeros auxilios y las reglas a seguir en casos de emergencia. Resaltó que todas las personas deben conocer conceptos elementales y estar preparadas para responder ante una eventualidad. “Mantener la calma nos ayuda a pensar, para que uno no se convierta en una víctima más”, explicó.

En dicha capacitación se aprovechó para concienciar a los participantes acerca de hacer buen uso de las llamadas de emergencia. “Si no tenemos una cultura del buen uso del teléfono muchas veces se afecta la respuesta efectiva; a diario se reciben más de tres mil llamadas y muchas de ellas son falsas”, precisó.

Por Fredy López

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Representantes de vecinos de las zonas 18, 21 y 7, de la ciudad capital, fueron escuchados por el diputado Carlos Fión, jefe del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo), quienes solicitaron que el ejército salga a las calles a realizar patrullajes para evitar que sigan siendo presa de la violencia por parte de pandilleros.

Entre las denuncias presentadas figuran asaltos y extorsiones a negocios, buses y peatones, lo cual, aseguraron, ocurren a diario en esas zonas. Es por ello que los vecinos han enviado varias cartas al Ministerio de Gobernación para solicitar mayor seguridad, indicaron.

En la reunión también estuvo presente el director adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Lemus, quien aseguró que hasta el momento no se ha retirado a miembros del ejército. “Será hasta diciembre cuando se empiecen a retirar los patrullajes conjuntos entre ejército y PNC”, indicó.

Asimismo, aseguró que para este año se estarán graduando cuatro mil nuevos agentes policiales, quienes saldrán a las calles a brindar la seguridad que la ciudadanía necesita.

“Tras haber escuchado las solicitudes de los habitantes de estas zonas, esperamos que sean atendidas y se incrementen los patrullajes de seguridad. No se puede permitir que más guatemaltecos sea afectados por la violencia”, afirmó el diputado Fión.

Karla Herrera

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Los enfrentamientos por la extracción de agua de la Laguna de Ipala, entre la municipalidad de Agua Blanca, Jutiapa, y las autoridades de la comuna de Ipala, Chiquimula, podrían culminar gracias a la intermediación del diputado Juan Manuel Giordano, presidente de la Comisión de la Juventud, quien citó nuevamente a las autoridades involucradas para dar seguimiento al caso y avanzar en la hoja de ruta marcada.

El problema dio inicio cuando el jefe edil de Ipala, Esduin Javier, denunció la extracción de agua de la laguna que se ubica en ese lugar.

Ante tal situación, Julio César Guerra, alcalde de Agua Blanca, explicó que “a pasos agigantados” lograron presentar el proyecto de excavación de pozos y red de agua potable para las comunidades de ese municipio, quienes desde hace más de 50 años se habían abastecido de la laguna. “Según nuestros análisis, el proyecto tendría un valor de Q6 millones”, aseveró.

El congresista Giordano, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), pidió que continúen trabajando al mismo ritmo y solicitó a los responsables que busquen los fondos para ejecutar la obra en no más de un año.

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jorge De León Duque, quien acudió a la reunión, dijo: “Es difícil trabajar un tema que involucra lo humano y lo legal; sin embargo, el equipo de trabajo logró la total concienciación de las comunidades y evitó un caso más de conflictividad en el país”.

El diputado solicitó que de forma bimensual le envíen un informe del avance del proyecto, con copia a sus diputados Patricia Sandoval y Eduardo Montepeque, ambos de FCN-Nación, y pidió que se disminuya el tiempo de extracción de agua. “El tema ambiental es sumamente importante y trascendental, por lo que le daré seguimiento hasta que podamos llegar a su fin”, expresó.

A la reunión fueron convocados representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Gobernación Departamental de Jutiapa, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Instituto de Fomento Municipal y PDH, entre otras dependencias.

Por Mayra Recinos.

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La iniciativa de ley 5259, que pretendía eximir de toda responsabilidad penal a los diputados, fue rechazada por unanimidad por los integrantes de la Comisión de Apoyo Técnico, y el dictamen desfavorable será presentado al Pleno en la próxima sesión ordinaria.

El 14 de marzo, durante el desarrollo de la sesión plenaria y mediante una moción privilegiada, diputados de diferentes bloques firmaron la iniciativa que pretendía reformar el artículo 100 de la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo, y con ello dar validez jurídica de todos los actos legislativos realizados del período 2008 a la fecha por el Congreso de la República.

Los parlamentarios Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), coincidieron en señalar que el rechazo fue unánime porque representa un mal mensaje que el Congreso estaría enviando a la población.

La sala de trabajo citará para su próxima sesión al director legislativo, Luis Eduardo López, para que presente un informe sobre los dictámenes que las comisiones tienen pendientes de emitir.

Para el legislador Rudy Castañeda, de la Unión del Cambio Nacional (UCN), es importante que se establezca un mecanismo para que las comisiones cumplan con plazos y presenten los respectivos dictámenes de las iniciativas que les sean remitidas, sean favorables o desfavorables.

Por Nery Morales

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Con 105 votos a favor, diputados al Congreso aprobaron el artículo 5, que reforma el 207 de la Constitución Política de la República, en el cual se establecen los requisitos e incompatibilidades para los profesionales que aspiren a ser magistrados y jueces.

Dicha enmienda hace referencia a las calidades y requerimientos que un profesional debe llenar para optar a dichas funciones. Estas son: ser guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, ser abogado y notario, con colegiación activa y estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos.

En lo que respecta a las incompatibilidades establece: que el juez o magistrado no podrá tener otro empleo, cargo de dirección o asesoría a organizaciones políticas, sindicatos o entidades que reciban, administren o ejecuten recursos del Estado. Asimismo, no podrán ejercer la calidad de ministro de cualquier religión o culto, exceptuando el ejercicio docente.

La enmienda fue aprobada con el apoyo de los bloques Todos, Fuerza, Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Convergencia, Visión con Valores (Viva), Alianza Ciudadana (AC) y Encuentro por Guatemala (EG).

En la discusión de la reforma, la diputada Nineth Montenegro, de EG, una de las ponentes, argumento: “Dicha enmienda obedece a principios fundamentales y lógicos de modernidad y transparencia; con la elección de magistrados y jueces probos y calificados se garantiza la aplicación de justicia pronta y cumplida”.

El congresista por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena, dijo no estar de acuerdo con la referida reforma, por considerar que es limitante y excluyente. “Es suficiente que un juez o magistrado sea abogado, no tiene que ser notario y mucho menos colegiado activo. Pareciera que con este artículo se busca favorecer al Colegio de Abogados, al pedir esto como requisito indispensable. Por otra parte, es una enmienda represiva, pues limita y excluye a los profesionales del Derecho, además de no agregar algo sustancial a este artículo, por lo que es innecesaria”, expresó.

Por su parte, el presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, indicó: “Hemos tenido poca asistencia de diputados, por lo que lamentamos la salida del hemiciclo de la bancada oficial, cuando se iba a discutir el artículo 6. Sin embargo, hemos dado un paso importante en la aprobación de las reformas constitucionales, por lo que seguiremos trabajando en ello, porque es un compromiso de este Congreso con la población guatemalteca”.

Finalmente, al terminar la votación de la referida enmienda se rompió el quorum, lo cual impidió continuar con la plenaria de este día, por lo cual la Junta Directiva levantó la sesión y convocó a asamblea para este jueves, a las 10:00 horas.

La asistencia a la XXXI sesión de este miércoles fue la siguiente: Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), 30 diputados; Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 30; Todos, 14; Movimiento Reformador (MR), 16; AC, 10; Creo, 5; PAN, 3; Convergencia, 2; Viva 1; Unión del Cambio Nacional (UCN), 4; EG, 5; Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), 1; y 9 parlamentarios independientes.

Por Karen Mendoza

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Con el objetivo de trazar una hoja de ruta que propicie de mejor manera el cumplimiento de la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, los legisladores de la Comisión de Desarrollo del Congreso, que preside el diputado Hernán Morán, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), se reunieron con Luis Antonio Catalán, subsecretario de Inversión Pública, de la Secretaría General de Planificación y Programación, con quien discutieron los avances y retos.

Según lo expuesto por Catalán, el año anterior había 70 indicadores de desarrollo, 21 metas y 8 objetivos, de los cuales se logró cumplir únicamente el 44 por ciento, y para este año existen 231 indicadores, 169 metas y 17 objetivos de desarrollo, pero no cuentan con los recursos necesarios para cumplirlos, por lo que buscan fortalecer su presupuesto en pro de financiar programas que saquen de la pobreza y pobreza extrema a la población.

Los parlamentarios Rodolfo Castañón, de FCN-Nación, y Francisco Tambríz y Tambríz, de Alianza Ciudadana (AC), coincidieron en que es necesario crear programas de desarrollo tales como saneamiento de agua, drenajes, combate a la desnutrición crónica y sistemas de riego, pero no hay recursos ni programación adecuada, por lo que se debe buscar que los objetivos sean acompañados de presupuesto.

Por su parte, el congresista Morán resaltó la importancia de que exista una Ley de Planificación encaminada a la fiscalización, que contenga disposiciones legales que propicien el desarrollo del país. Para ello dijo que es necesario convocar a instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social, para definir la hoja de ruta a seguir, con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Por Fernando Bolaños

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