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El diputado Marvin Orellana, tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, de Alianza Ciudadana, informó este lunes que este alto organismo del Estado prepara el procedimiento para la selección de 31 profesionales para ocupar igual número de plazas de dirección, subdirección y coordinación de sus distintas unidades.

“Estamos esperando la convocatoria oficial de parte de Dirección General, la cual nos la hace llegar a Junta Directiva y nosotros la publicamos en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor o menor circulación”, dijo el congresista.

Según Orellana, el Congreso adquirió un sistema de evaluación psicométrico con el fin de realizar una selección técnica de las personas que ocuparán estos cargos. “Las evaluaciones fueron adquiridas a una entidad privada, ya que el Congreso no contaba con ese sistema”, explicó.

El parlamentario aclaró que cuando la convocatoria se abra nuevamente, las personas que presentaron su papelería anteriormente serán tomadas en cuenta y recibirán más expedientes nuevos durante el mes que esté abierta la invitación a participar.

Las plazas que ofrece el Congreso son:

  1. Director General

  2. Director Legislativo

  3. Subdirector Legislativo

  4. Subdirector Financiero

  5. Director Administrativo

  6. Director de Recursos Humanos

  7. Director de Auditoría Interna

  8. Subdirector de Protocolo y Atención Ciudadana

  9. Director de Comunicación Social y Relaciones Públicas

  10. Director de Estudios e Investigación Legislativa

  11. Subdirector de Formación Legislativa

  12. Subdirector de Estudios e Investigación Legislativa

  13. Subdirector de Apoyo Técnico Legislativo

  14. Coordinador de Formación Legislativa e Intercambios Académicos

  15. Coordinador de Técnica Legislativa

  16. Coordinador de Estudios Constitucionales y Derechos Humanos

  17. Coordinador de Política Fiscal y Análisis Presupuestario

  18. Coordinador de Política Económica, Social y Desarrollo

  19. Coordinador de Análisis Estratégico y Estadísticas

  20. Coordinador de Estudios sobre Seguridad y Justicia

  21. Coordinador de Asistencia Técnica al Pleno de Diputados

  22. Coordinador de Asistencia Técnica a Comisiones y Estudio de Antecedentes

  23. Coordinador de Diálogo y Debate Ciudadano

  24. Director de Informática y Comunicaciones

  25. Director de Asuntos Jurídicos

  26. Jefe de la Unidad de Jardín Infantil

  27. Coordinador del Área Maternal

  28. Coordinador de Área Educativa

  29. Coordinador del Área Médica Psicológica

  30. Psicólogo Infantil

  31. Médico Pediatra

Por Antonio Ordóñez

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El Congreso de la República publicará el lunes 10 la convocatoria a los abogados y notarios interesados en optar al cargo de titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para el período 2017-2022.

La diputada Patricia Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, informó que entre los profesionales aspirantes se propondrá al pleno una terna para elegir al próximo Magistrado de Consciencia.

Los integrantes de la referida sala definieron que la recepción de documentos será del 17 al 28 de este mes, de 8:30 a 16:30 horas, en la Dirección Legislativa. Después se entregará el listado final de candidatos a la Junta Directiva para que sea sometido a consideración del Pleno el 31 de mayo.

“Hoy aprobamos la convocatoria, la cual saldrá en los diarios para que la población y los aspirantes estén enterados y puedan acercarse a entregar sus expedientes”, manifestó la parlamentaria del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Los requisitos son:

  1. Ser guatemalteco de origen.

  2. De reconocida honorabilidad.

  3. Estar en el goce de los derechos ciudadanos.

  4. Ser abogado y notario colegiado activo.

  5. Ser mayor de 40 años.

  6. Haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años.

Por aparte, la parlamentaria informó del procedimiento de elección de relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. “El proceso estuvo un poco lento, debido a que algunos aspirantes fueron sindicados por el Ministerio Público y después se recibieron las pruebas de descargo; sin embargo, como los señalamientos corresponden a delitos menores y algunos expedientes ya están archivados, se tomó la decisión de que continúen participando”, indicó.

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, secretaria de la sala de trabajo, comentó que quedan 16 aspirantes y el viernes 21 se retomará el proceso con la aplicación de la tabla de gradación, que valorará créditos académicos y meritos éticos, para después entrevistar a los candidatos elegibles y entregar 3 ternas.

Por Rosemary Recinos.

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Durante una reunión con diplomáticos de Canadá y Suecia, y representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como delegados de las comunidades campesinas afectadas por desalojos, contaminación de ríos y proyectos hidroeléctricos, el diputado Leocadio Juracán, de Convergencia, indicó que propondrá una reforma a la Ley de Extinción de Dominio para que los bienes extinguidos se pueda utilizar para solventar la conflictividad agraria.

“Estamos conscientes que para buscar soluciones a estos graves problemas se necesita hacer reformas a algunas leyes, entre ellas la de Extinción de Dominio, para que los bienes incautados, especialmente los bienes inmuebles, se puedan trasladar al Fondo de Tierras, porque estamos hablando que hay 90 mil hectáreas, equivalente a 2 mil caballerías, las cuales pueden ser una buena alternativa para resolver los conflictos agrarios en lugar de perseguir a la población indígena y campesina que demanda acceso a la tierra”, afirmó Juracán.

En la reunión también participaron representantes de la Agencia Católica de Cooperación Irlandesa y el Foro de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales.

El legislador refirió que en la Laguna del Tigre y en la Sierra Lacandón, Petén, hay alrededor de 60 mil habitantes que son afectados por los desalojos, por supuestamente estar asentados en áreas protegidas, pero contrariamente hay tala de bosque para construcción de pistas clandestinas para el uso del narcotráfico y en este caso el Consejo Nacional de Áreas Protegidas no se pronuncia.

Rubén Domínguez, del bufete de Derechos Humanos, explicó que desde 2010 acompaña a más de 50 comunidades de la Laguna del Tigre y la Sierra Lacandón, donde varias familias viven allí desde antes de la aprobación de la declaratoria de áreas protegidas, en 1989.

“Ya se desalojaron ocho comunidades, las cuales han quedado en abandono y desprotegidas, a tal grado que viven a la orilla de la carretera y donde se mueren por el hambre, desnutrición y la violencia”, dijo Domínguez.

Marcelo Sebuc, del Comité Campesino del Altiplano, también mencionó que hay 108 demandas de conflictividad, especialmente en las verapaces, por casos relacionados con la contaminación de ríos por proyectos hidroeléctricos y de acceso a la tierra.

Máximo Bac Tiul, en representación de comunidades de Baja Verapaz, señaló que los indígenas y campesinos son afectados por los proyectos de cultivo de palma africana e hidroeléctricas, y que actualmente hay cuatro amenazas de desalojos en este región del país.

Por Byron Vásquez

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El diputado Juan Manuel Giordano se reunió con autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Policía Nacional Civil (PNC) y bomberos voluntarios, con el fin de impulsar una iniciativa de ley para sancionar las llamadas, mensajes y alertas maliciosas realizadas a las instituciones y centros públicos de emergencias.

La propuesta contiene 22 artículos y el propósito es disminuir las llamadas telefónicas, mensajes y alertas falsas. Se propone castigar con multa económica y una pena de prisión de 3 a 5 años a las personas por alarmar de forma irresponsable.

El congresista Manuel Giordano, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), manifestó: “Son preocupantes las estadísticas que se reportan todos los años, por ejemplo, que el 90 por ciento de muertes de bomberos se debe a esas llamadas que han realizado personas irresponsables, en su mayoría menores de edad”.

Enio Lorenzana Ramos, comisario de la PNC, explicó que la norma sería beneficiosa para las instituciones que invierten recursos técnicos y humanos. “Nosotros recibimos 7 millones de llamadas y de ellas 5 millones fueron de falsas emergencias; eso quiere decir que tenemos un gran gasto económico innecesario, gracias a esas personas que de forma irresponsable engañan a las instituciones”, aseguró.

Durante la reunión se hizo un llamado a tomar en cuenta a otras entidades, como el Cuerpo de Bomberos Municipales, Bomberos Municipales Departamentales, Cruz Roja y compañías telefónicas para que opinen sobre el registro de llamadas, se fortalezca la iniciativa y se obtenga consenso.

Por José Castellanos.

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Las diputadas Marleni Matías, de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Sandra Morán, de Convergencia, presidenta y secretaria de la Comisión de la Mujer del Congreso, respectivamente, llevaron a cabo en Salamá, Baja Verapaz, una visita de campo para conocer de primera mano los programas que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) implementa en este departamento a favor de la mujer indígena.

A la reunión asistió la viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Maga, Rosa Elvira Pacheco, quien indicó que uno de los problemas que han encontrado para llevar a cabo la distribución de alimentos, para combatir la desnutrición, es que el presupuesto 2017 tiene algunos candados que limitan su accionar.

Pacheco explicó que los artículos 15 y 23 del Decreto 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, obligan a regirse a un censo que debe realizar el Instituto Nacional de Estadística, para realizar la distribución de asistencia alimentaria.

De acuerdo con el Maga, cuentan con 2,500 raciones de alimentos para brindar asistencia a los niños con desnutrición en dicho departamento.

Los datos oficiales de este ministerio estiman que el presupuesto total para la implementación de programas en el departamento de Baja Verapaz es de Q8 millones.

El interés de la diputada Matías está en los programas de desarrollo dirigidos a mujeres rurales en Baja Verapaz, departamento por el que fue electa por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La parlamentaria lamentó la ausencia del ministro de Agricultura, Mario Méndez Montenegro, quien se excusó de asistir a dicha reunión, pese a que se le convocó con 15 días de anticipación.

“Vamos a realizar una citación formal en el seno del Congreso para que responda a nuestros cuestionamientos”, dijo la congresista Matías. Las diputadas también pidieron un informe detallado de los programas del Maga y sobre un préstamo de US$20 millones para proyectos de desarrollo agropecuario en todo el país, el cual se debe presentar el 19 del presente mes.

A la reunión asistieron también representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, alcaldes del departamento de Baja Verapaz y varios representantes del Maga.

Antonio Ordóñez

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Preocupado por los hechos que se han registrado en la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de la a bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz), Walter Felix, hizo un llamado al gobierno de Guatemala para que asuma un postura dirigida a evitar una intromisión externa en el conflicto político interno del país sudamericano.

Hizo la solicitud durante una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales; el embajador de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos, Gabriel Aguilera, y el representante de la Coordinadora de la Solidaridad con Venezuela, Víctor Gudiel.

En la cita se afirmó que es necesario que los países del continente se solidaricen con el pueblo venezolano y se haga un llamado al diálogo para dar fin con la pugna interna.

El canciller Morales destacó que Guatemala se ha solidarizado con Venezuela por medio de un comunicado en el cual se hace un llamado al diálogo para evitar un conflicto mayor.

Ante dicha respuesta, el diputado Félix aseguro que Guatemala solo debe hacer un llamado a la paz y evitar una intromisión política externa en Venezuela que podría causar daños a futuro.

Karla Herrera

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Diputados que integran la Comisión de Cultura dieron dictamen favorable a la iniciativa de ley para implementar el día de amistad entre Guatemala y el Estado de Israel.

“La propuesta del día de amistad entre los dos países nació por la amistad entre ambas naciones desde 1948, cuando Guatemala dio su apoyo para que Israel fue declarada como nación”, destacó la diputada María Cristina Quinto, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), presidenta de la sala de trabajo.

Otro de los temas que se trató fue el análisis para aprobar una propuesta de integrar el Consejo Nacional del Cine, con la finalidad de apoyar al artista guatemalteco y promover las películas nacionales.

Impulsar el emprendimiento cultural en el país es uno de los temas que serán abordados en las próximas reuniones de la comisión, quienes esperan avanzar en diferentes aspectos antes de concluir el primer período de sesiones ordinarias.

Por Karla Herrera

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La situación y paradero de los niños con discapacidad que estaban en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción es un tema que preocupa a la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad del Congreso de la República, que preside Juan Carlos Salanic García.

Por tal situación, los legisladores citaron a representantes de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadi) y Procuraduría General de la Nación.

Mientras Zilpa Arriola, del Conadi, dijo que sus monitoreos dan cuenta de 183 personas de entre 0 y 34 años, Floridalma Herrera, subsecretaria de la SBS, habló de 184, y a la Comisión del Congreso llegó el dato de que eran 153.

“Es sumamente preocupante que no exista control de los menores ni lugares seguros a los que puedan llevar a los niños con discapacidad, por lo que exigimos a la Copredeh que se involucre de lleno en el caso y nos brinde respuestas”, dijo la diputada Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE),integrante de la comisión.

Beatriz De León, asesora legal de Copredeh, indicó que avanzan en 4 mesas de trabajo y 1 de ellas se centra en elaborar un registro fiable de los jóvenes, pues hasta el momento no existe.

“Nos preocupa que la misma representante de la SBS nos diga que no hay lugares adecuados al 100 por ciento para atender a los niños que presentan discapacidad”, dijo el diputado Salanic, también integrante de la UNE.

Los parlamentarios acordaron convocar a una nueva reunión para conocer qué medidas se están implementando y asegurarse del bienestar de los menores de edad.

Por Mayra Recinos

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Parlamentarios que conforman la Comisión de Seguridad Alimentaria, presidida por Mario Velázquez, de Compromiso Renovación y Orden (Creo), en reunión de trabajo conocieron detalles de la iniciativa de ley 5236, la cual contiene disposiciones para reducir de manera integral la desnutrición infantil.

La propuesta fue socializada entre los representantes de la sala de trabajo para ser analizada y posiblemente tener un dictamen favorable consensuado en la próxima reunión, con el fin de que sea elevada al pleno, informó el diputado Velásquez.

“La iniciativa contempla cambios al Código Municipal y a la Ley de Consejos de Desarrollo, con el fin de fortalecerlos en el tema de desnutrición infantil. Esto tomando en cuenta que dichas entidades son las que conocen la realidad de la falta de alimento, principalmente en el interior del país”, agregó el legislador.

Daniel Portillo, de la Alianza Ciudadana (AC), expresó: “Se deben implementar las herramientas necesarias, a través de la iniciativa, y así garantizar el derecho a la alimentación. Para ello debe involucrarse a varias instituciones que actualmente trabajan por separado y a la deriva. Se debe coordinar el trabajo de manera integral entre municipalidades, comités de desarrollo, Ministerio de Desarrollo Social y Secretaría de Seguridad Alimentaria.

En otra de las intervenciones, el legislador Luis Hernández Azmitia, de Movimiento Reformador (MR), manifestó su preocupación por la falta de consistencia y coherencia en datos que vierte el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), los cuales, indicó, “no reflejan la realidad de la desnutrición infantil ni en los municipios priorizados, mucho menos en los no priorizados”. Asimismo, advirtió que durante el presente año se pronostica una sequía prolongada que vendría a complicar el acceso a alimentos a las personas más necesitadas.

Por Fernando Bolaños

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