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Distintas asociaciones del sector agropecuario del país se reunieron con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con el objetivo de solicitar el apoyo y la aprobación de la iniciativa Ley de Facilitación Tributaria para la Formalización del Sector Agropecuario de la República de Guatemala.

El jefe del referido bloque, Orlando Blanco, indicó que es un tema complejo y lo se busca mediar para encontrar las soluciones y alternativas pertinentes.

Resaltó que también se debe analizar la entrada en vigencia, a finales de este mes, de la Ley del Secreto Bancario, y dijo que sería prudente aprobar una prórroga para que haya tiempo para la regularización.

El proyecto crea un régimen especial tributario para dicho sector, que integra el cultivo y comercialización de café, cardamomo, hule, cereales, caña de azúcar, tubérculos, hortalizas, legumbres, frutas, plantas ornamentales, productos lácteos, así como la cría y comercialización del ganado vacuno, porcino, ovino, cabras y caballos, entre otros.

La propuesta ofrece el incentivo de exoneración del Impuesto al Valor Agregado y sustitución del mismo por un impuesto único del 1 % del valor de la venta bruta, a las personas individuales o jurídicas que ejercen estas actividades, cuya venta anual sea menor de Q50 mil, y de Q50 mil hasta Q10 millones el 3 por ciento para los contribuyentes inscritos en este régimen.

“De no aprobar esta ley, al momento de tener que pasar a la formalidad el 95 porciento del sector que antes no pagaba impuestos va a tener que pagar 19 por ciento de carga impositiva, y eso se va a tener que trasladar a la canasta básica”, indicó Luis Leal, representante del sector ganadero.

Adrián Zapata, Intendente Jurídico de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), afirmó: “Se necesita tomar una decisión que permita un parámetro de justicia, ya que el aprobar un régimen así como se plantea para el agropecuario sería injusto para los demás sectores; sin embargo, la SAT tendrá que aplicar esta ley, si el Legislativo la aprueba”.

Además, dijo que existen deficiencias serias en la parte técnica, lo cual implica un riesgo en materia de recaudación.

Por Rosemary Recinos.

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El primer vicepresidente del Organismo Legislativo, diputado Felipe Alejos, recibió este jueves la visita del magistrado César Ernesto Salazar, titular de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).

Durante la reunión intercambiaron opiniones respecto de los diferentes procesos judiciales que se efectúan en el Istmo. “Los casos que están en manos de la justicia en toda la región son importantes, debido a que están marcando precedentes para fortalecerla en nuestros países”, afirmó Alejos.

También manifestó que estas reuniones sirven para fortalecer las relaciones con la región centroamericana, lo cual calificó de “vital”, especialmente por “la coyuntura que se vive en los países del norte” del continente.

La CCJ fue creada por los Tratados de Paz y Amistad de Washington mediante la Convención para el Establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana, suscrita el 20 de diciembre de 1907 en Washington, Estados Unidos, por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Dicha Convención entró en vigor el 11 de marzo de 1908.

Inició sus funciones el 12 de octubre de 1994 y su sede permanente está en la ciudad de Managua, Nicaragua.

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En el marco de una reunión con autoridades ancestrales, el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, ratificó su compromiso con los pueblos de este país, cuyos dirigentes solicitaron este miércoles que se aprueben las reformas a la Carta Magna referentes a la jurisdicción indígena.

La reunión se llevó a cabo con la coordinación del diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq, a quien acompañaron el presidente Chichilla, el cuarto secretario, Jaime Lucero, y Pablo Ceto, diputado al Parlamento Centroamericano.

El presidente del Legislativo dijo que para el primer semestre del año ha priorizado en su agenda las reformas a la Constitución, por lo que se reunido con distintos sectores de la sociedad y ha acudido a diferentes entrevistas en los medios de comunicación, para socializar su contenido.

Además dijo: “Hemos obtenido importantes propuestas que se han tomado en cuenta; ya contamos con diferentes cambios que se podrían hacer, siel pleno las aprueba”.

Jose Santos Sapón, representante indígena, agradeció a los legisladores la apertura, pero dijo que no cesarán sus esfuerzos para hacer valer sus derechos. “Con estas reformas se daría un paso más en la democracia del país, en un ambiente de respeto”, aseveró.

Según el diputado Pop, este es “el momento preciso en que todos los pueblos mayas deben estar al pendiente y avanzar con sus propuestas”, así como lo han hecho otros sectores, por lo que solicitarán una reunión con los jefes de bloque.

Jurisdicción indígena:

La propuesta de la reforma constitucional reconoce la facultad de las autoridades indígenas ancestrales de ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, normas, procedimientos y costumbres, siempre que no contravengan derechos constitucionales y derechos internacionalmente reconocidos.

Establece la obligación de realizar las coordinaciones y cooperaciones entre ambos sistemas, de conformidad con la ley, y un mecanismo de resolución de conflictos de competencia a través de una reforma a la Ley del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.

Tales modificaciones están pendientes de ser aprobadas por el pleno; se espera que el miércoles 8 de febrero los congresistas entren a conocerlas durante una sesión especial y específica convocada para el efecto.

En otro punto de la reunión, el titular del Congreso aprovechó la oportunidad para manifestar su preocupación por el asesinato del alcalde de Rabinal, Baja Verapaz, Ángel Amado Pérez Xitumul. “Son tres alcaldes ya asesinados en los últimos días, situación que nos preocupa, por lo que citaremos a las autoridades de Gobernación para que nos expliquen qué acciones han realizado al respecto”, aseveró.

Por Mayra Recinos

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El diputado Álvaro Velásquez hizo un llamado para que las elecciones de Secretaría General en la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) “no se sigan retrasando y sean transparentes”.

El llamado lo realizó por solicitud de estudiantes de distintas facultades, quienes requieren apoyo para verificar que el proceso eleccionario “sea pronto y se evite cualquier acto de anomalía”.

“Esperamos que el padrón no sea manipulado y ya no se atrasen las fechas, por lo que hacemos este llamado a quienes actualmente están al frente de la asociación universitaria”, destacó el congresista.

Por su parte, José Monzón, representante estudiantil, aseguro que las elecciones estaban programadas para los días 2 y 3 de este mes, “pero repentinamente se suspendieron”, por lo que solicitan que se efectúen lo más pronto posible.

Por Karla Herrera

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Un conflicto que data de ocho años, relacionado con la inscripción de una finca en Sayaxche, Petén, llevó al diputado Carlos Fión, a convocar a una reunión conciliatoria entre los miembros de la Cooperativa Nueva Guatemala Tecún Umán, de San Francisco Petén, y las autoridades del Fondo de Tierras (Fontierras); Registro de Información Catastral (RIC) y Registro General de la Propiedad (RGP) para encontrar una solución.

El presidente de la cooperativa, Edwin Willy Revolorio, indicó que hace 8 años iniciaron las gestiones para adquirir una finca que sería distribuida equitativamente entre 122 familias; sin embargo, encontraron resistencia en las autoridades y esperan que el problema pueda resolverse “lo más pronto posible y contar con el documento que legaliza la propiedad, para beneficio de los pobladores”.

La representante del RGP, Lucrecia Ortiz, señaló que el 21 de noviembre del 2016 fue autorizada la escritura, pero que por motivos de forma se suspendió y solicitaron a las partes la presentación de una escritura de aclaración de 2 cláusulas referentes al asiento de desmembración de la finca y la renovación del código de clasificación catastral.

“Los cooperativistas deberán presentar las modificaciones a dicha escritura y la renovación de la vigencia del plano de la finca, y nos comprometemos a que en menos de un mes estará la autorización de la escritura de la finca”, resaltó.

El diputado Fión, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (creo), valoró la actitud propositiva de las autoridades de Fontierras, RIC y RGP para solucionar ese conflicto de legalización de tierras, en el que él se involucró desde hace aproximadamente un año.

La finca en cuestión, identificada con el número 2226 según el RGP, está ubicada en el municipio de Sayaxché, Petén, y tiene una extensión de 8 caballerías y 23 manzanas.

Por Nery Morales

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Los diputados Orlando Blanco, Carlos Barreda, Thelma Ramírez y Julio Ixcamey, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), citaron este miércoles a autoridades de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) a quienes cuestionaron por el contrato de usufructo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que se encuentra en litigio, a la espera de la resolución judicial correspondiente.

Durante el encuentro los legisladores manifestaron su rechazo debido a que las autoridades de EPQ accedieran a recibir la primera fase de los trabajos de TCQ, proyecto que es investigado desde el 2016 por el supuesto pago de sobornos por US $30 millones (Q225 millones).

“Pudimos constatar con la documentación a la cual se tuvo acceso que los informes de recepción de la obra fueron enviados en menos de 24 horas, lo que nos parece una anomalía total y que pone en riesgo las investigaciones del Ministerio Público, por lo que estamos pidiendo prudencia, porque consideramos que no existen las condiciones, ya que no existen los estudios técnicos ni financieros, con lo que se mantiene un contrato que la propia PGN dijo que era un fraude de ley”, aseguró el congresista Barreda.

Enrique Gil, gerente general de la Portuaria, explicó a los parlamentarios que el contrato no se ha declarado ilegal, razón por la cual no darán marcha atrás para que TCQ reanude sus funciones. “El contrato está vigente, lo cual legamente no le impide a la Terminal trabajar”, afirmó.

Por su parte César Elías, subcontralor de Control de Gasto, indicó que están en el proceso de solicitar la documentación, “debido a que este caso no solo tiene indicios sino que existen pruebas de que todo el proceso tiene irregularidades”. Por ello se comprometió a realizar una auditoría y presentar el informe con las opiniones del ente fiscalizador a más tardar el próximo miércoles.

Orlando Blanco, jefe de la referida bancada, manifestó que harán las consultas sobre si procede hacer las denuncias en contra de las autoridades de EPQ, ante la insistencia de no frenar el proceso. “Hemos pedido a los funcionarios de la Portuaria que pidan las opiniones al juez competente, a la Procuraduría General y a la Contraloría General de Cuentas, pese a que a todas luces se conoce que el acuerdo contractual se dio de manera espuria”, aseveró.

Antecedentes

La adjudicación, que data del 11 de julio de 2012, fue cuestionada por diputados y organizaciones de la sociedad civil; incluso, la PGN recomendó la nulidad del contrato al descubrir una serie de anomalías, que van desde la evasión de la observancia contenida en la Ley de Contrataciones del Estado hasta la figura legal, que en este caso debería de ser la de concesión.

La EPQ suscribió el contrato de usufructo con TCQ, por medio del cual le otorgó 348 mil metros cuadrados por un plazo de 25 años para la construcción de una terminal especializada, pagando US$0.20 centavos por cada metro cuadrado, lo cual contrasta con el precio del mercado nacional, que es de US $20 por metro cuadrado.

El Puerto Quetzal fue construido en la década de 1980, con una estimación de vida productiva de 35 años; se constituye como una importante ventana al comercio internacional, donde hay un tránsito de no menos de 300 mil millones de contenedores al año. El 80 por ciento de las operaciones del puerto es por carga a granel y el 20 por ciento por contenedores.

Por Karen Mendoza

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La comisión pesquisidora, integrada por el Congreso para conocer el expediente de antejuicio promovido contra Blanca Aída Stalling Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por supuesto tráfico de influencias, presentó esta tarde el informe final en la Dirección Legislativa, en el cual recomienda que sea puesta a disposición de la justicia común.

El diputado Julio Longo, quien presidió dicha instancia, en breve conferencia de prensa informó que la decisión fue unánime y dependerá de la Dirección Legislativa programar el día que el pleno conozca el informe, así como establecer si con mayoría calificada (105 votos, según la Ley en Materia de Antejuicios) se aprueba o imprueba lo recomendado.

La comisión fue integrada por los diputados Longo, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación); German Velásquez, de Partido Patriota (PP); Eva Nicolle Monte, de Alianza Ciudadana (AC); Mario Velásquez, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), y Oliverio García Rodas, del Movimiento Reformador (MR).

Stalling Dávila es señalada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de haber incurrido en el delito de tráfico de influencias, al querer favorecer a su hijo, Otto Molina Stalling, involucrado en el caso IGSS-Pisa.

Escucharon a secretario general de la CSJ

En horas de la mañana, los miembros de la pesquisidora escucharon al secretario general de la CSJ, Rony Eulalio López Contreras.

A pesar de que se recibió un informe remitido por la CSJ, que argumentaba que López Contreras estaba suspendido por el Seguro Social, debido a quebrantos de salud, el funcionario acudió a la cita.

Al ser cuestionado por García Rodas sobre cuál fue el motivo que le hizo girar la instrucción a la oficial mayor de la Secretaría, Carla Lorena Santizo Arreaga, para que propiciara una reunión entre el juez Carlos Giovanny Ruano y la magistrada Stalling, López Contreras explicó: “La magistrada Blanca Stalling me abordó directamente y me dijo que con anterioridad el juez Ruano le había dicho que quería hablar con ella, y que le hiciera el favor de hacerlo llegar a su despacho”.

Agregó que para dar cumplimiento a la instrucción de su superior, realizó las gestiones correspondientes.

Por Mayra Recinos y Nery Morales

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Autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda acudieron este miércoles a una citación que diputados distritales de la bancada Alianza Ciudadana les hicieron con el fin de conocer detalles de la ejecución de proyectos de infraestructura del año pasado.

Además, la inversión del plan de trabajo de este año y la priorización de proyectos carreteros en los municipios priorizados de Huehuetenango, Sololá y Retalhuleu, entre otros.

La diputada Sofía Hernández, representante por el departamento de Huehuetenango, comentó que se verifican los trabajos que realizaron las autoridades de la Dirección General de Caminos, Fondo Social de Solidaridad y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial). “Hemos solicitado un informe del estado del proyecto de Cuatro Caminos para Huehuetenango, que está en malas condiciones, así como el resto de carreteras del departamento”, precisó.

Agregó que las comunidades le solicitan que intermedie para que se solucione la problemática. “El ministro Aldo García se comprometió a atender los tramos y estaremos dándole seguimiento”, expresó.

El jefe de la bancada, Francisco Tambríz y Tambríz, solicitó que “se le ponga más atención a las carreteras de Sololá, pues existe una gran cantidad de personas que visitan los lugares turísticos”.

El ministro García explicó que Huehuetenango es prioritario por los temas de seguridad alimentaria y pobreza extrema. “Vamos a trabajar en 29 de los 33 municipios y contemplamos construir 400 kilómetros, entre Caminos y Covial”, aseguró.

Al finalizar la reunión, los diputados distritales solicitaron informes y documentación de las carreteras que serán construidas, para darle seguimiento y fiscalizar los diferentes procesos y etapas.

Por José Castellanos.

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Durante la segunda reunión de la mesa interinstitucional para tratar la seguridad del ascenso a los volcanes en el país, los diputados Manuel Giordano y Eva Monte discutieron la propuesta de elaborar un decreto para normar todo lo relacionado con las agencias de turismo que ofrecen tours con esa modalidad, para que cumplan con los protocolos y las normas internacionales requeridas.

En la instancia participan funcionarios del Instituto Guatemalteco de Turismo, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Instituto Nacional de Bosques, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, representantes de la Federación de Andinismo y las comunas de Ipala, Jutiapa, y Acatenango, Chimaltenango; el objetivo es trabajar en la seguridad, accesibilidad y generación de recursos económicos en los volcanes con más afluencia turística.

“La propuesta es presentar un decreto que regule el tema de los guías, para que sean los únicamente los locales quienes se encarguen de llevar a los visitantes locales y extranjeros, y que todos tengan las misma oportunidad de trabajar”, comentó la diputada Monte, de Alianza Ciudadana.

También dijo que se establecerá una tarifa estándar y el ingreso deberá ser dirigido a las municipalidades.

Por su parte, Isaías Marroquín, alcalde de Acatenango, comentó que se trabaja en la seguridad de los visitantes, por lo que implementan brazaletes de identificación. “Además, estamos trabajando en la electricidad de la garita y en un depósito de abastecimiento de agua”, señaló.

El diputado Giordano, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), expresó que el 25 de febrero, en compañía de la diputada Monte subirá el Volcán de Acatenango. “El propósito será identificar las condiciones y necesidades de información, señalización, acompañamiento, guías, cobro, rutas, etc. que enfrentan los turistas al momento de escalar”, manifestó.

Por Rosemary Recinos

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