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Con la intención de reducir el número de hechos delictivos cometidos por grupos pandilleros, diputados de la bancada Todos, representados por el primer vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, presentaron una iniciativa de ley para prohibir la integración de las maras en el país, mediante una reforma al artículo 394 del Código Penal.

La propuesta pretende impedir la integración y permanencia en las maras, con sanciones de hasta 12 años de cárcel y multas de Q250 mil a quienes integren y recluten personas, cabecillas y a quienes adjudiquen ilegalmente bienes muebles o inmuebles a grupos pandilleros.

Según datos de las fuerza de seguridad, actualmente se registran 62 pandillas criminales del Barrio 18 y 34 de la Mara Salvatrucha, que suman al menos 15 mil integrantes, aunados a quienes les apoyan provenientes de El Salvador y Honduras.

“Ante esta situación tan alarmante es necesario que tengamos una ley que prohíba la integración de las estos grupos que han sido los responsables del cobro de extorsiones, asesinatos y asaltos”, destacó el diputado Alejos.

Después de haber entregado la propuesta en la Dirección Legislativa para su trámite, no se descarta solicitar que sea conocida y aprobada de urgencia nacional.

Por Karla Herrera

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En la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque efectuada este lunes, la diputada Sandra Patricia Sandoval González, del Frente de Convergencia Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, entregó a la Junta Directiva del Congreso las tres ternas de candidatos a relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

Los integrantes de la sala legislativa evaluaron los méritos académicos, profesionales, éticos y proyección humana, entre otros, de 16 aspirantes. El Pleno del Congreso deberá elegir a 3 titulares y sus respectivos suplentes para que asuman sus funciones.

Sandoval González explicó que la conformación de las nóminas obedece a la aplicación de la tabla de gradación aprobada por los integrantes de la comisión.

“Me permito hacerle la entrega oficial de las nóminas conforme los méritos constitucionales de idoneidad, capacidad, y honradez, para que sean sometidas a consideración y votación por el órgano superior del Congreso de la República”, dijo la parlamentaria.

Con la entrega de las ternas se concluyó el trabajo de la comisión y corresponderá al Pleno la designación de los relatores.

Primera terna Puntaje

Javier Ernesto Fidel Monterroso Castillo 76

Cecilia Ilusión Barrios Ortega 66

Óscar Leonel Solís Corzo 46.6

Segunda terna

Miriam Andrea García Aguilar 75

Danilo Antonio Tager Castellanos 64.02

Otto José Paz Kroell 45

Tercera terna

Héctor Oswaldo Samayoa Sosa 68

Mario Roberto Veras Pappa 60.55

Carlos Eduardo Woltke Martínez 45

Por Byron Vásquez

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Los presidentes de los tres organismos del Estado atendieron este lunes una invitación efectuada por el Grupo de los Cuatro (G4), con el propósito de tratar temas de la coyuntura nacional, entre estos las reformas constitucionales al Sector Justicia y la gobernabilidad.

La cita se efectuó a partir de las 7:00 horas en el Palacio Arzobispal, y asistieron Jimmy Morales, del Ejecutivo; Nery Medina, del Judicial, y Óscar Chinchilla, del Legislativo.

Los anfitriones fueron Jorge De León Duque, de la Procuraduría de los Derechos Humanos; César Vásquez, de la Alianza Evangélica; Julio Vian, arzobispo de la Arquidiócesis de Guatemala, y Carlos Alvarado, de la Universidad de San Carlos.

Según explicó Chinchilla, estos encuentros se celebran con frecuencia para conocer asuntos de coyuntura y “alcanzar acuerdos que beneficien a la población guatemalteca”, por lo cual esperan que se mantenga la apertura.

El mandatario Jimmy Morales expresó: “La reunión con el G4 fue para hablar de asuntos de gobernabilidad y reformas al Sector Justicia, y llegamos a muy buenas conclusiones para poder mantener una reunión cuando menos mensual”.

Los presidentes de los tres organismos del Estado también acordaron realizar una reunión semanal para tratar temas de interés nacional y de beneficio para la población.

El presidente del Legislativo agregó que a largo plazo, si es necesario o a solicitud del G4, se podría tener una reunión con los jefes de bloque.

Por Byron Ramírez.

Fotos interiores: Cortesía OJ.

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La Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloque definieron el contenido de las agendas para las sesiones plenarias de los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27.

Los parlamentarios se proponen avanzar con la discusión en primer debate del dictamen y proyecto de decreto que aprueba la Convención Sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, así como las reformas al decreto 2-70 del Congreso de la República, Código de Comercio. También se abordará en tercer debate la iniciativa 50-82, ley marco para la defensa del consumidor.

Asimismo, continuará la discusión y aprobación por artículos de las reformas constitucionales en materia del Sector Justicia.

En otro punto, los congresistas recibieron la visita de integrantes del Consejo de la Carrera Judicial, quienes solicitan se reforme el decreto 32 -2016, Ley de la Carrera Judicial, para viabilizar la integración de esa instancia. “Esto permitiría que las nuevas autoridades electas democráticamente, a través de las asambleas de cada cuerpo electoral, puedan tomar posesión de sus cargos”, expresó la magistrada Vitalina Orellana.

Por su parte, el presidente del Organismo Legislativo, Oscar Chinchilla, aclaró: “Existe una iniciativa que resuelve este problema, la cual se ha venido trabajando en la Mesa de Seguridad y Justicia y en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la cual se podría dispensar de dictamen para que sea conocida a la brevedad”.

Por Rosemary Recinos.

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Con 85 votos en contra, el pleno del Congreso de la República rechazó, en la sesión ordinaria de este lunes, el Decreto Gubernativo 1-2017, por medio del cual el Organismo Ejecutivo declaró por 30 días Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional, debido a los incendios forestales.

Los argumentos planteados por diputados de las bancadas Encuentro por Guatemala (EG), Movimiento Reformador (MR), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Compromiso, Renovación y Orden (Creo) se enfocaron en lo que consideran “naturaleza contradictoria” para declarar calamidad en el país. Dijeron que el referido decreto “está mal redactado” debido a que en su articulado hace referencia de los términos de prevención y calamidad al mismo tiempo, “cuando lo correcto era decretar estado de prevención”.

Otro de los aspectos cuestionados por los legisladores fue que dicha norma “fue emitida a destiempo, pues los hechos ya habían ocurrido cuando fue emitida”.

Manuel Giordano, de la bancada Frente de Convergencia Nacional, indicó que la ratificación de este decreto era necesaria debido a la destrucción de “grandes hectáreas de la selva” en Petén. “Con la no ratificación del Estado de Calamidad Pública le estamos atando las manos al Presidente de la República para que pueda desarrollar acciones inmediatas orientadas a la mitigación de estos incendios”, aseveró.

Por su parte, Nineth Montenegro, de EG, aseguró: “Vemos contradictorio este decreto que declara Estado de Calamidad por la simple razón de que en su artículo 3 refiere que tiene vida para prevenir, cuando ya los incendios están consumados, y al mismo tiempo dice que será aplicado en áreas consideradas de alto riesgo, pero más adelante en su artículo 6 afirma que las compras por excepción serán en todas las dependencias”.

El presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, expresó que se cumplió con lo establecido en ley y afirmó que procederán a notificar al Ejecutivo sobre la improbación del Estado de Calamidad Pública. Después de haber agotado los puntos en agenda levantó la sesión y convocó a plenaria este martes 25, a las 14:00 horas.

El Decreto 1-2017 fue publicado el 19 de abril en el Diario de Centro América y, de acuerdo con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en su artículo 68 bis., este debía de ser conocido, ratificado, modificado o improbado.

Según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción del Desastres los incendios forestales registrados en los últimos días han consumido no menos de 26 mil 273 hectáreas de bosque.

Por Karen Mendoza

 

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Como parte de un paquete de iniciativas de ley que están dirigidas al endurecimiento de la persecución penal a la delincuencia en nuestro país, la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, del Congreso, recibió una propuesta de iniciativa de ley que incorpora al Código Penal la figura de terrorismo de orden público.

Los miembros de la sala, Raúl Romero Segura, de Fuerza; Aníbal Estuardo Rojas Espino, de Visión con Valores; Ana Victoria Hernández Pérez, de Todos; y Juan Adriel Orozco, del Frente de Convergencia Nacional, recibieron la iniciativa de ley de terrorismo de orden público del ciudadano Alejandro Giammatei.

“Vengo a proponerles la modificación al Código Penal, para introducir el artículo que contenga el terrorismo de orden público. Estos grupos delincuenciales (pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha), deben ser tratados como terroristas, porque sus efectos son de terrorismo; la cauda de muertos y las consecuencias económicas son graves”, dijo Giammatei.

Agregó que los pandilleros obtienen entre Q250 mil y Q300 mil semanales producto de las extorsiones al transporte público, comercios y personas individuales.

Romero Segura expresó: “Esto viene a contribuir con un paquete de iniciativas de ley que está dirigido al endurecimiento de la persecución penal a la delincuencia en nuestro país. Creemos que en este momento la mayoría de la población está clamando seguridad y no podemos seguir viviendo en un país donde pareciera que la delincuencia tiene de rodillas a la población”.

También mencionó que se busca que la próxima semana se pueda elaborar la iniciativa de ley respectiva, para presentarla en la Dirección Legislativa, con la intención que sea conocida lo antes posible por el pleno del Congreso.

Rojas Espino subrayó: “Me parece de suma importancia esta iniciativa y considero que es necesaria y precisa para este momento que vive el país”.

La parlamentaria Hernández Pérez manifestó que el tema de las pandillas se salió del control y que es el momento de retomarlo. “Esta propuesta tiene que convertirse en ley”, dijo la legisladora.

Por Byron Vásquez

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El diputado Leocadio Juracán, de Convergencia, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, solicitó en conferencia de prensa que se instale una mesa técnica de alto nivel y que una comisión específica verifique qué provocó los incendios forestales que devastaron gran cantidad de hectáreas de bosque en Petén.

“Como diputado estoy demandando que se pueda realizar una visita de campo a las áreas afectadas y se verifique el ecosistema dañado y toda la problemática de las comunidades que salieron perjudicadas por los siniestros en Petén”, refirió el parlamentario.

El congresista fue acompañado de líderes comunitarios de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, quienes expresaron su preocupación por la situación que les ha tocado vivir debido a los incendios forestales en Petén.

Lidia Ruana, lideresa comunitaria de Laguna del Tigre comentó: “Pedimos que se retome inmediatamente el proceso de negociación y diálogo alrededor de la propuesta de alternativa de desarrollo integral y sostenible presentada por las comunidades a las autoridades, y a través de una mesa de alto nivel se puedan solventar la problemática y se castigue a los responsables de los incendios forestales”.

El diputado Juracán indicó que las instituciones que estarían a cargo de la comisión verificadora serían el Ministerio de Agricultura, ejército, Policía Nacional Civil, Consejo Nacional de Aéreas Protegidas, Instituto Nacional de Bosques, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Sistema de Prevención y Control de Incendios Forestales, consejos de desarrollo y Congreso de la República.

El parlamentario y los vecinos también pidieron que se dé viabilidad a la propuesta de alternativa de desarrollo de la población petenera, presentada por las comunidades afectadas en el Congreso el 28 de septiembre de 2016 y enviada a las instituciones del Estado.

Por José Castellanos

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Integrantes de 50 familias residentes en cuatro aldeas de Cobán, Alta Verapaz, solicitaron la mediación del diputado Leocadio Juracán, de Convergencia, quien preside la Comisión de Pueblos Indígenas, para que ayude a resolver un conflicto de tierras.

Según indicaron, debido al diferendo han ocurrido incidentes violentos por parte de pobladores de Carchá, Alta Verapaz, sin que hasta el momento las autoridades correspondientes les hayan dado una solución.

También expusieron que en las últimas semanas han sido víctimas de intimidación que incluye la quema de viviendas y parcelas, matanza de animales y disparos de arma de fuego. Acusan de ello a miembros de la Cooperativa Agraria Chilté, de Carchá, por lo cual piden la intervención de las fuerzas de seguridad antes de que haya pérdida de vidas.

Lo anterior fue dado a conocer en reunión que sostuvieron los comunitarios con el parlamentario Juracán y el Subdirector de Operaciones de la Policía Nacional Civil, comisario Edwin Mayén, quienes se mostraron preocupados por la situación que se deriva de un conflicto eminentemente agrario y de jurisdicción de tierras, según lo manifestado por el comisario.

El legislador trasladó las inquietudes de las comunidades al representante de las fuerzas de seguridad. Entre las peticiones está la creación de una subestación de policía en el sector afectado, la pronta atención por parte de elementos policiales ante la solicitud de los vecinos, patrullajes constantes e iniciar las investigaciones de los hechos violentos.

Según lo explicado por el Comisario Mayén; como una de las acciones inmediatas se hará más patrullajes en los sectores afectados, mientras se pondrá una denuncia judicial para encausar una investigación que conlleve el girar las órdenes de captura en contra de las personas que salgan responsables de causar los ilícitos. También se estudiará con el departamento de planificación la solicitud construcción de una subestación policial en una de las aldeas en conflicto.

Las personas que se reunieron con el diputado Juracán son de las aldeas Choctún Basíla, Xyaal Kobe, Sokopur y Sajobche, ubicadas a 260 kilómetros de la ciudad capital.

Por Fernando Bolaños

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Este viernes se realizó la trigésimo sexta sesión ordinaria, en la cual el único punto en agenda era la discusión del Decreto Gubernativo 01-2017, que declara Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional por los incendios forestales, pero la discusión se truncó por falta de quorum, pues se requiere mayoría calificada (105).

Por tal razón, con 48 votos a favor, los congresistas aprobaron la convocatoria para sesionar el lunes 24, a partir de las 14:00 horas, para tratar el contenido de la norma, según propuesta del diputado independiente Oliverio García Rodas, para dar cumplimiento al artículo 68 bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece que cuando el Presidente de la República en Consejo de Ministros emita Decreto de Estado de Excepción deberán reunirse en forma inmediata y atender de manera privilegiada el trámite del mismo.

“Estamos todavía a tiempo para que el lunes aprobemos o improbemos el Estado de Excepción; lo más responsable en este momento es dejar aprobada la convocatoria y la agenda para el lunes, con este único punto”, aseveró García Rodas.

Por aparte, los diputados Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala; Raúl Romero, del bloque Fuerza, y Carlos Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden, expresaron que ello “se presta a que se sigan haciendo compras sin control por parte del Ejecutivo”.

“Es lamentable que se no se haya tenido el quorum necesario para ratificar, modificar o improbar el Estado de Calamidad. Se evidenció en la plenaria de hoy que la bancada oficialista fue la primera en no presentarse, por lo que esperaríamos que se pueda contar con la presencia del número suficiente de diputados dentro del hemiciclo, para conocer el tema el próximo lunes”, expresó el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla.

Asimismo, indicó que se analizará si se hace o no un descuento proporcional en el salario de los legisladores que no asistieron este viernes y que no presentaron excusa.

Por Karen Mendoza y Karla Herrera

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