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Los legisladores de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN) se reunieron con el presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras; el gerente Vidal Herrera; la delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Jalapa, Cecilia Aguirre, y representantes de los jubilados y pensionados de aquel departamento.

Aguirre señaló que hace más de un año que el hospital del IGSS “se encuentra en total abandono”, tanto en infraestructura como en desabastecimiento de medicina, y que ello conlleva a una mala atención a los pensionados y jubilados.

El jefe de bancada, Julio Lainfiesta, recriminó a Contreras la poca o nula respuesta que han dado para resolver dicha problemática. “Los jalapanecos se quejan constantemente de la falta de atención y de medicinas, y esto está constando vidas, sin que ninguna autoridad ponga cartas en el asunto”, aseveró.

Aunado a ello, el diputado dijo que existe un estudio realizado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres que indica que el edificio no es habitable.

Contreras reconoció que han tenido problemas para abastecer a los centros hospitalarios y destacó tres factores, como la modificación a la Ley de Compras aprobada el año pasado, que incrementa el número integrantes de juntas licitadoras; el temor del personal de participar en ellas, y la cultura burocrática de adquisición de medicamentos por contratos abiertos sin que se cumplan los plazos de entrega y abastecimiento en los hospitales.

Las autoridades del Seguro Social se comprometieron a que antes de abril resolverán el desabastecimiento y corregirán el problema de contratación de personal temporal 011, como sugieren las autoridades del Ministerio de Trabajo.

Por Nery Morales

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Una mesa de trabajo, coordinada por el diputado Manuel Giordano, presidente de la Comisión de Juventud, se instaló con el objetivo de buscar soluciones a la problemática de la contaminación y extracción ilegal de la laguna de Ipala.

En la instancia participaron autoridades de los departamentos de Jutiapa y Chiquimula, y funcionarios del Consejo nacional de Aéreas Protegidas (Conap)

El alcalde de Ipala, Chiquimula, Esduin Jerson Javier Javier, denunció que la Municipalidad de Agua Blanca, Jutiapa, instaló bombas de diesel en la orilla de la laguna de Ipala para extraer de forma ilegal el agua y así abastecer a los vecinos de su localidad.

En su defensa Julio Cesar Guerra, alcalde del municipio de Agua Blanca, Jutiapa dijo que: “La laguna es muy importante, pero también lo es la vida de más de mil personas que necesitan de este liquido vital para su subsistencia”.

Daniel Portillo, presidente de la Comisión Extraordinaria de Revisión y Propuesta para los Procesos de Adquisición Pública informó que este problema viene de hace muchos años, y consideró que “ha sido una irresponsabilidad del Estado no haberle dado una solución”.

Julio Medrano, delegado ambienta del Conap, explicó que existe un plan maestro y un plan operativo que consta de varias fases, y que en este momento se está trabajando la parte de concientización en la población, para posteriormente ejecutar proyectos de beneficio social.

En la reunión también estuvieron presentes los diputados Patricia Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y Édgar Montepeque, presidente de la Comisión de Ambiente, quienes manifestaron su total interés porque se proteja este recurso natural.

“Hemos solicitado que nos presenten una propuesta concreta sobre cómo solucionar este conflicto, por lo que realizaremos una visita en la laguna este 24 de febrero, con todas las autoridades involucradas”, indicó el diputado Giordano, quien requirió al Conap que se tomen las medidas necesarias ya que esa construcción no está autorizada y se encuentra dentro de una zona protegida.

Javier Javier, sugirió que mientras se establece una solución definitiva, podrían colocarse contadores en esa área, para que se cuide más el agua ya que debido a esto la laguna ha disminuido su cauce y teme que se seque por completo. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) reconoce que parte la disminución de la cantidad de agua de este sitio se debe al drenado.

Por Rosemary Recinos.

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Con la intención de conocer los planes de trabajo definidos para este año y en qué fue gastado el presupuesto asignado para 2016, los diputados que integran la Comisión Extraordinaria de Catastro y Ordenamiento Territorial se reunieron este martes con las autoridades del Registro de Información Catastral (RIC).

En la reunión dirigida por la diputada Sofía Hernández, presidenta de la sala de trabajo, se les cuestionó sobre los planes definidos para realizar los trabajos de catastro, pues según el director del RIC, Manuel Álvarez, a la fecha hay 5 municipalidades catastradas, por lo que se espera que durante este año se amplíe la cifra.

Se informó que durante el 2016 la institución funcionó con Q90 millones, de los cuales Q12 millones están destinados a pago de personal y el resto para pagos fijos y operaciones.

“Es preocupante saber que durante un año tan solo 5 de 340 municipalidades han sido catastradas; es mucho tiempo, por lo que esperamos que durante este año puedan agilizar los trabajos”, aseguró la diputada Hernández, de Alianza Ciudadana.

Por Karla Herrera

 

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Integrantes de la Comisión de Salud, presidida por la diputada Karla Martínez, se reunieron este martes con la titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia Hernández, quien les presentó el plan de trabajo 2017, Modelo Incluyente de Salud, y el financiamiento de los diferentes programas, entre otros temas.

Juan Carlos Verdugo, viceministro estratégico, explicó que los principios incluidos en el plan de trabajo de salud se enmarcan en los fundamentos de derecho a la salud, equidad, pertinencia intercultural, respeto y armonía con la naturaleza, transparencia y participación ciudadana.

Asimismo, indicó que los ejes se basan en los preceptos de rectoría y gobernanza democrática y acceso universal a una atención de salud integral incluyente, con el cual se prevé la priorización de los departamentos de Petén, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Zacapa, Santa Rosa y Sololá, lo cuales cuentan con la asignación presupuestaria más baja en esa materia.

Verdugo agregó que el fortalecimiento de la red hospitalaria metropolitana será una de las prioridades “con la creación de una hoja de ruta para la recuperación de la relación laboral y fortalecimiento a la logística en cada uno de los nosocomios ubicados en la capital”.

Por su parte, la ministra Hernández solicitó a los parlamentarios el apoyo para la implementación del Modelo Incluyente de Salud en los departamentos, como parte de la política de salud, y propuso hacer una presentación cada tres meses de los avances de la cartera. “La idea es hacer una rendición de cuentas y someternos a una fiscalización transparente y ordenada”, manifestó.

Al finalizar el encuentro, la diputada Martínez dijo: “El trabajo de esta comisión es propositivo, y en los próximos días estaremos compartiendo con el ministerio un cronograma de rendición de cuentas y fiscalización, a fin de que exista un apoyo interinstitucional para aplacar los grandes flagelos que enfrenta la sociedad guatemalteca en el tema de salud”.

Por Karen Mendoza

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La bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y autoridades del Ministerio de Finanzas, Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y representantes del sector agrícola del país se reunieron para discutir la aprobación de la Iniciativa 5182, Ley de Facilitación Tributaria para la Formación del Sector Agrícola.

Dicha normativa dotaría al agro de una tasa impositiva especial, “un 3 por ciento para el sector ganadero”, dijo Luis Leal, quien los representa. “Ya no podemos competir con Nicaragua, en ganado de carne, y menos con Costa Rica y México, en lácteos. Los impuestos nos están ahorcando, mientras otros países tienen exoneraciones y trato especial que los impulsan a ser competitivos”, aseveró.

Orlando Blanco, jefe del bloque uneísta, consultó al jefe de la SAT, Francisco Solórzano Foppa, acerca de la implementación de la norma, quien explicó: “Como técnico no lo considero viable, ya que crearía un agujero fiscal de aproximadamente Q1 mil 255 millones”, lo cual repercutiría en la meta de recaudación y la reinversión de fondos. Tal criterio fue compartido por Julio Héctor Estrada, titular de Finanzas.

Sin embargo, el diputado Gabriel Heredia expuso: “Por el contrario, esta ley ampliará la base tributaria, generará empleo y nos convertirá en competitivos, ya que países como Colombia, Perú, Bolivia, Nicaragua y Estados Unidos protegen a sus productores nacionales”.

El diputado Blanco finalizó la reunión instando a los representantes del Ejecutivo y a la Comisión de Finanzas del Congreso, para que se integre lo antes posible una mesa de diálogo multisectorial, que impulse los cambios necesarios de manera consensuada.

Por Mayra Recinos

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La Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos, que preside el diputado Mike Mérida, del Movimiento Reformador (MR), efectuó su primera sesión de trabajo y enfatizó que retomarán las tres iniciativas de ley de aguas que tiene dicha sala legislativa.

Para ello invitarán a diversos sectores de la sociedad para participar en la discusión y presentar una propuesta consolidada ante el pleno, para su aprobación.

El diputado Mérida resaltó el compromiso de sus colegas para abordar el tema del agua, pues “hay épocas del año en las que sobra el vital líquido y otras con escasez y grandes sequías, por lo que es urgente armonizar un proyecto por el bien de todos los guatemaltecos”.

A esta primera sesión de trabajo asistieron el director de Recursos Hídricos y Cuencas, Álvaro Aceituno, y el director de Cambio Climático, Alex Guerra, ambos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), quienes plantearon detalles que son incluidos en la iniciativa que el Organismo Ejecutivo presentó para El Manejo Integral Sostenible y Eficiente del Recurso Hídrico en Guatemala.

Según Guerra, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 127 y 128 de la Constitución Política de la República, que trata sobre el Régimen de Aguas y Aprovechamiento de Aguas, lagos y ríos, urge aprobar una ley específica que regule esta materia, en la cual destaquen tres principios: acceso al agua para consumo humano, prevención y desarrollo transgeneracional, que trata el agua como un recurso estratégico para el desarrollo social y económico del país.

El diputado Jaime Regalado, del MR, pidió que para la próxima reunión se invite al canciller Carlos Raúl Morales y a Elisa Colom, especializada en legislación del agua, para que les presenten sus aportes sobre la problemática fronteriza de nuestro país con vertientes fluviales que se internan en territorio de México, Honduras, El Salvador y Belice.

Las fuentes superficiales de agua de Guatemala están distribuidas en tres vertientes hidrográficas que comprenden 38 cuencas fluviales, 7 lagos, 49 lagunas, 109 lagunetas y 3 embalses.

Por Nery Morales

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Congresistas del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN) se reunieron con Óscar Humberto Conde, secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), con la finalidad de discutir la reforma al artículo 40 del Decreto 55-2010, que se refiere al procedimiento del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio para adjudicar a personas interesadas en concepto de donación o subasta los bienes extinguidos a grupos delictivos o mafias organizadas que operan al margen de la ley.

La propuesta pretende que los bienes inmuebles que cuenten con vocación agropecuaria forestal y/o hidrobiológica sean trasladados al Fondo de Tierras, para que éste, mediante el proceso de adjudicación de tierras del Estado, los otorgue en propiedad inalienable, indivisible e imprescriptible a grupos campesinos y/o comunidades indígenas.

El diputado Julio Lainfiesta, jefe de la bancada, refirió que es necesaria la reforma. “Conocemos que hay varias tierras y bienes inmuebles a los que se les puedan dar uso y utilizar por personas que se dedican a la agricultura y otras actividades del campo, pero creemos que la norma se puede modificar en otros aspectos importantes, como regular otros procedimientos que la ley no favorece, y eso lo estaremos analizando”, aseveró.

Conde comentó que tener el acercamiento con los legisladores le otorga una oportunidad de trasladar cambios que son necesarios en la institución. “Una reforma importante y valiosa es el tema de la asignación presupuestaria de la entidad, que asciende a Q10 millones, que en este momento es insuficiente, y preferimos que el Estado nos absorba en el Presupuesto General de la Nación y se nos redistribuya el porcentaje que nos corresponda, entre otras debilidades que tenemos”, dijo el funcionario.

El congresista Rudy Castañeda explicó que se requiere información de los bienes extinguidos y que tienen dudas acerca las dos categorías de los procesos. “La primera es sobre las medidas cautelares y otros cuando existe sentencia firme de parte del juez de un bien a favor del Estado; hemos detectado problemas de carácter logístico en el manejo de todo el proceso de extinción de dominio. El Consejo Nacional rige las direcciones de la institución y la Secretaría Ejecutiva es la responsable la custodia de todos los bienes; por lo tanto creemos que hay que formar varios procedimientos”, detalló.

José Castellanos.

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La Comisión de Asuntos Municipales, que coordina la diputada Stella Alonzo, y el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, se reunieron con Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y con funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Ministerio Público (MP) para abordar el tema de los asesinatos a alcaldes ocurridos recientemente.

“Este es un tema muy importante y delicado. Los alcaldes viven con un temor generalizado y las autoridades correspondientes no les están brindando el apoyo necesario”, aseveró la parlamentaria.

El presidente Chinchilla manifestó su rechazo ante estos hechos violentos y solicitó el pronto esclarecimiento de los crímenes.

Por su parte, el titular de la Anam lamentó el deceso violento de 13 jefes ediles y solicitó que se les brinde la protección necesaria a los 35 que han recibido amenazas de muerte. “Estos asesinatos de alto impacto generan zozobra y sentimiento de inseguridad a nivel nacional; es necesario que se llegue a actores materiales y a los intelectuales”, expresó.

Mayra Véliz, del MP, aseguró que se investigan todos los casos que, por estar en proceso, se mantienen en reserva.

El alcalde de Moyuta, Jutiapa, Roberto Marroquín, indicó que ha sufrido tres atentados y teme por su vida. “Es necesario evaluar el funcionamiento del Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y Policía Nacional Civil, ya que muchas veces la lucha es contra esas mismas instituciones que están involucradas en el crimen organizado”, expresó.

La diputada Alonzo lamento la inasistencia de las autoridades de Gobernación y de la Policía Nacional Civil, por lo que convocará nuevamente a los funcionarios en un plazo de 15 días.

Por Rosemary Recinos

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Diputados que integran la Comisión Extraordinaria de Competitividad e Inversión Extranjera escucharon los planteamientos de Acisclo Valladares Urruela, comisionado Presidencial para la Competitividad, quien solicitó que sea aprobada por el Congreso una agenda legislativa de distintas leyes en materia de desarrollo económico e inversión que beneficiaría a la población y al país.

La propuesta contempla varias reformas a normas vigentes e iniciativas como la Ley de Seguridad Jurídica para la Inversión y Trabajo, Ley para Gestión y Manejo Integral de los Residuos y Desechos, Ley de Insolvencias, Ley de Factoraje y modificaciones al Código de Comercio de Guatemala, Decreto 65-89, Ley de Zonas Francas, entre otras.

El congresista Roberto Kestler, presidente de la sala de trabajo, explicó que es importante conocer el plan del comisionado. “Veo una falencia en el tema de integralidad institucional que afecta a la competitividad, tomando en cuenta que el Ejecutivo cuenta con gabinetes económico y social y no ha existido una coordinación integral”, manifestó.

Valladares Urruela urgió a los legisladores a atender las sugerencias para contar con normas que favorezcan a la población. “Es aquí donde podemos incidir para que se le dé importancia a la agenda de competitividad; si no se buscan avances en la agenda no se van a tener resultados positivos y seguiremos estancados por dos años en el tema de competitividad”.

El diputado independiente Mynor Cappa comentó: “Hace falta una política orientada a favorecer todos los aspectos de la competitividad; no ha habido compromisos serios de las autoridades y hoy tenemos varios rezagos en esa materia. La población solo está esperando que el Ejecutivo aplique una buena estrategia para que el desarrollo llegue a las áreas rurales y urbanas, porque solo así tendremos trabajo y nos beneficiaremos todos los sectores”.

José Castellanos.

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