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Durante una reunión de trabajo, los diputados que integran la Comisión de Relaciones Exteriores realizaron la elección del vicepresidente y secretario.

La titular, Eva Nicolle Monte Bac, explicó que hubo consenso para escoger a Javier Hernández, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y Dalio Berreondo, de la Unidad Nacional de la Esperanza, respectivamente.

“Con esta elección cumplimos con la integración de la sala de trabajo y podemos avanzar en una agenda que contenga temas de interés nacional”, afirmó.

Entre las propuestas de los legisladores se escuchó a Marcos Yax, de FCN-Nación, quien considera importante que el Congreso y el Ministerio de Relaciones Exteriores hagan un pronunciamiento sobre la situación de los connacionales en Estados Unidos, “quienes sienten miedo, represión y angustia, por las nuevas políticas migratorias del actual presidente de ese país”.

Monte Bac explicó que para el 17 de febrero están invitados a una reunión que se llevará a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde podrán plantear sus propuestas y solicitar información sobre los diferentes convenios internacionales que Guatemala está pendiente de firmar.

“Nos interesa la Iniciativa 5226, Convenio Internacional para la Represión de los Acuerdos de Terrorismo Nuclear, suscrito Guatemala el 20 de septiembre de 2005, entre otros que también pondremos sobre la mesa de discusión”, indicó la parlamentaria de Alianza Ciudadana.

Por Mayra Recinos

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La diputada Sofía Hernández, presidenta de la Comisión Extraordinaria de Catastro y Ordenamiento Territorial, se reunió con Carlos Estuardo Barillas, viceministro de Vivienda, de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, funcionarios de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda y del Fondo para la Vivienda, con el objetivo de conocer las políticas en materia habitacional a cargo de esas instituciones.

El funcionario indicó que se trabaja en nuevas políticas y se busca que el Estado genere las condiciones para que el sector privado invierta en la franja de pobreza y pobreza extrema; para ello participan en una mesa interinstitucional que la integran los ministerios de Salud y Educación, con el fin de promover un programa de Mejoramiento Integral con el que se espera beneficiar a no menos de 2 mil 200 familias, con una inversión de Q17 millones.

El funcionario explicó además que a nivel nacional el tema de vivienda refleja un déficit estimado a las proyecciones del censo de 2002, de 1.5 millones de viviendas; de estas 300 mil pertenecen al déficit cuantitativo y 1 millón 200 mil al déficit cualitativo. “El presupuesto asignado para este año es de Q122 millones, lo que nos permitirá construir 3 mil 500 casas; en realidad es un porcentaje muy bajo en el tema del déficit, y los casos más críticos se registran en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango”, detalló.

Otro de los cuestionamientos fue el avance de los trabajos en el proyecto Mi Querida Familia, obra que se originó tras el deslizamiento de un cerro que sepultó más de un centenar de viviendas y provocó la muerte de decenas de personas y cientos de desaparecidos en la comunidad El Cambray II, Santa Catarina Pinula, en octubre de 2015, y que en parte fue financiado por el Congreso de la República con una donación de Q20 millones.

Barillas explicó que esa cartera ha retomado los trabajos de construcción de 98 viviendas y que se completó la fase de fundición; aseguró que prevén concluir en la segunda quincena de marzo. Sin embargo, expuso que del proyecto original hace falta la construcción de 83 casas, proceso que está detenido debido a que esperan la ampliación de la licencia de construcción.

Al concluir, la presidenta de la sala legislativa manifestó su apoyo al trabajo de la cartera. “No se trata de proteccionismo, sino de la necesidad de una política de vivienda que llegue y responda a las necesidades de los más necesitados”, enfatizó la representante del distrito de Huehuetenango.

Por Karen Mendoza

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La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad, presidida por el parlamentario Juan Carlos Salanic García, escuchó a representantes de la Asociación para el Desarrollo Legislativo y de la Democracia con el objetivo de que oriente sobre los artículos de la iniciativa 5125, Ley de Personas con Discapacidad, después que el pleno la avalara el martes en tercer debate.

Los congresistas pretenden conocer y examinar aspectos de la iniciativa 5125, para lograr acuerdos entre las personas con discapacidad y los sectores involucrados, de manera que no se manifiesten en contra antes de que sea aprobada por artículos y redacción final.

“Lo que se busca es revisarla a fondo todo su articulando; en la comisión estaremos citando a funcionarios del Ministerio de Finanzas Públicas y otras instituciones, y realizaremos una audiencia para escuchar la opinión del Consejo Nacional de Atención de las Personas con Discapacidad y a las asociaciones y organizaciones interesadas en el contenido”, refirió Salanic, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Agregó que es necesario tener una discusión amplia, porque la norma se tiene que armonizar con la legislación nacional, convenciones, tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.

El parlamentario Edwin Noé Maldonado, también de la UNE y vicepresidente de la sala de trabajo, comentó: “Estamos revisando el contenido, ya que tiene 70 artículos y nos vemos en la obligación de que esta ley no tenga incongruencias, de manera que las organizaciones estén de acuerdo”, concluyó.

Por José Castellanos.

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En el marco del lanzamiento del Diálogo Nacional por la Niñez y la Adolescencia, que realizó la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República, el titular de este organismo, Óscar Chinchilla, manifestó su apoyo a la discusión de una política nacional que atienda a este sector vulnerable de la sociedad.

“No podemos ser indiferentes al dolor que sufren nuestros niños, que muchas veces prefieren atravesar los peligros de la migración, a quedarse en un país sin oportunidades”, expresó Chinchilla.

Agregó que deben retomar la iniciativa de ley que propone la creación de un banco genético de agresores sexuales, la cual sería de gran beneficio para los entes que imparten justicia.

Walter Félix, quien preside la Comisión del Menor y la Familia, explicó que la finalidad es que los tres poderes del Estado suscriban un acuerdo de país que responda a los problemas que afronta la niñez y adolescencia, como resultado del incumplimiento de convenios nacionales e internacional en favor de sus derechos humanos.

Para lograr este objetivo, los diputados llevarán este Diálogo Nacional a todos los departamentos, para escuchar a la mayoría de los sectores y que de viva voz den a conocer sus necesidades. “Esperamos finalizar este informe a más tardar en agosto de este año”, dijo Félix de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Para el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, este es un tema urgente de abordar. “Debemos reconocer que tenemos una gran deuda con este sector, de acuerdo a los indicadores de salud, educación, seguridad y vivienda que tenemos actualmente; Guatemala no es un buen lugar para que un niño crezca”, aseveró.

La magistrada María Eugenia Morales de Sierra, quien llegó en representación del Organismo Judicial, explicó que desde el 2015 la Corte Suprema de Justicia implementó una política judicial para protección de la niñez. “Sin embargo no es suficiente; necesitamos otras herramientas que solo el Congreso nos pueda dar a través de la aprobación de distintas leyes”, indicó, en alusión a la mencionada por Chinchilla, referente al banco genético de violadores.

Los diputados de la comisión mencionaron que impulsarán diferentes normas, incluyendo una que promueva y proteja la lactancia materna, otra que fomente la paternidad responsable, una que establezca una fecha para conmemorar a la niñez que sufrió violaciones durante el conflicto armado interno, y la Ley de Protección Integral por la Niñez y la Adolescencia.

Al evento fueron invitados representantes de los tres poderes del Estado, Ministerio Público, Parlamento Centroamericano, Universidad de San Carlos, comunidad internacional, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Save the Children, Plan Internacional y no menos de 30 organizaciones más que trabajan el tema.

Por Mayra Recinos

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Tras recibir denuncias y corroborar que se gastaron no menos de Q17 millones “por sobrevaloración en productos agrícolas”, los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) citaron al titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Mario Méndez; al subcontralor general, Fernando Fernández; al gerente general del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Gustavo Díaz, y a la gerente de Fideicomisos del CHN, Claudia Roldán.

El congresista Orlando Blanco, jefe de la bancada uneísta, recriminó a Méndez que le advirtieron los riesgos de poner en marcha el Programa de Subvención Agrícola y que ahora “se les salió de control y se volvió un foco de corrupción”.

“Vamos a denunciar penalmente a quienes tengan responsabilidad en este nuevo caso de corrupción, porque no es posible que en este programa aparezcan beneficiadas personas como los hermanos Nery y Natán Rodas, ex diputados de Libertad Democrática Renovada, con un monto mayor a los Q19 millones, es decir, el 16 por ciento de la entrega total del presupuesto del programa de subvención”, aseveró.

Por su parte, el diputado Carlos Barreda dijo que no existió un criterio técnico y no se siguieron las directrices del Ministerio de Finanzas Públicas en cuanto a cómo se entregan las subvenciones a personas y qué requisitos hay que cumplir para recibirlas, y por ello salen a luz núcleos familiares repetidos y dirigentes de organizaciones campesinas denunciados por negociar con la entrega de los bonos.

Méndez dijo desconocer los casos denunciados y que ya habían presentado una denuncia en el Ministerio Público por cobros y politización de la entrega de los bonos. “Esperamos el informe final de nuestros extensionistas en el campo para establecer si existieron anomalías, y de existir estaremos ampliando la denuncia”, indicó.

El subcontralor general de Cuentasse limitó a decir que existe una auditoría del Programa y, aunque no es concluyente, se estableció que de los 340 municipios solo se cubrió a 283 y que no existió un proceso de supervisión de parte del MAGA durante la emisión, entrega y canje de los bonos, por lo que solo se puede hablar de inconsistencias o hallazgos.

El Programa de Subvención Agrícola sustituyó, a partir del año pasado, al Programa de Fertilizantes,y es una modalidad de otorgar beneficios por medio de un cupón del CHN que puede ser canjeado en tiendas de agroservicios por un monto de Q200.00, por productos agrícolas necesarios para las siembras.

Según las autoridades del MAGA, en 2016 fueron beneficiadas 475 mil familias en 500 agroservicios, con un monto de un poco más de Q96 millones.

Por Nery Morales

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Lourdes Xitumul, titular de la Secretaría de la Paz, e integrantes de la Comisión de Incidencia Política, del Foro Nacional de la Mujer, fueron recibidos este miércoles por la diputada Sofía Hernández, presidenta de la Comisión extraordinaria de Catastro y Ordenamiento Territorial, para analizar la ejecución del presupuesto 2016 y la proyección para el presente año.

Dicho foro surgió como parte del cumplimiento de los acuerdos de paz, con el objetivo de capacitar, desarrollar y empoderar a las mujeres guatemaltecas sobre políticas públicas relativas a su género.

Mariana Enríquez, integrante de la Comisión de Incidencia, comentó que entre las actividades realizadas se brindó asistencia a las 22 coordinadoras departamentales y una coordinadora nacional. “Se realizaron jornadas de capacitación e instrucción a 1,540 mujeres organizadas de la sociedad civil de 22 departamentos, conformando 22 mesas de diálogo”, informó.

Agregó que también se capacitó a cientos de mujeres jóvenes, en formación de liderazgo y acuerdos de paz, y que hubo una disminución en el presupuesto de este año, de casi Q1 millón, por lo que tendrán que reducir la cobertura regional de las actividades, pero que enfocarán su esfuerzo en trabajar en comunidades lingüísticas.

La diputada Hernández, de Alianza Ciudadana, solicitó a Xitumul la posibilidad de pedir una transferencia interna que permita fortalecer a nivel de presupuesto este foro. “Estos espacios son indispensables y muy importantes para la formación de liderazgo femenino, por lo que es necesario que se cuente con los recursos adecuados”, manifestó.

Por Rosemary Recinos.

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Diputados que integran la Comisión de Cultura, presidida por María Cristina Quinto García, del bloque Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), se reunieron para revisar las iniciativas de ley que están en archivo, con la finalidad de buscar la viabilidad de que sean promovidas este año.

La congresista indicó que es importante que los diputados conozcan las propuestas presentadas en años recientes y resaltó que analiza su contenido y la viabilidad. “Tenemos dos anteproyectos: el primero es la ley nacional para la celebración de la independencia de Guatemala y la ley de creación y funcionamiento del Consejo Nacional de Cine; vamos a estudiarlas para ver la posibilidad de que sean aprobadas”, manifestó.

El diputado Eduardo Zachrisson Castillo, de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN), durante la reunión resaltó que es necesario presentar una iniciativa de ley que impulse, protegja y reconozca los platos típicos de Guatemala, ya que “es de transcendencia nacional el fomente de la cultura del país a través de la gastronomía de las comunidades”.

Al concluir la reunión acordaron que se volverán a reunir para elegir a la junta directiva, integrarse y planificar su cronograma de trabajo.

Por José Castellanos.

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La Comisión de Apoyo Técnico del Congreso de la República, la cual preside el diputado Manuel Conde Orellana, se reunió este miércoles para trazar la hoja de ruta del trabajo para el presente período legislativo.

Entre las prioridades de la referida sala legislativa están las reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, encaminadas a facilitar el trabajo de los diputados en el hemiciclo parlamentario durante las sesiones plenarias.

Entre los cambios se plantean mejoras en el sistema de votación, visualización de iniciativas en el tablero de cada curul, así como la redacción de las actas de las comisiones de trabajo.

El diputado Rudy Castañeda, del bloque Unión de Cambio Nacionalista, propuso cambios al artículo 9 del “Reglamento para el funcionamiento de Comisiones de Trabajo” que fue autorizado por la Junta Directiva del periodo 2016 bajo el acuerdo 20-2016. La norma establece que para que las actas de trabajo de las Comisión tengan validez deberán ser firmadas por los integrantes de la Junta Directiva de cada sala legislativa

Según Castañeda el procedimiento debe ser modificado ya que a su criterio se podría incurrir en el delito de peculado por sustracción. “Hemos tenido la experiencia de que en las reuniones de las instancias de trabajo se toman decisiones importantes y creemos que las mismas tienen que contar con el aval de la mayoría de los integrantes de la comisión, por lo tanto estaremos analizando estos posibles cambios para no caer en ilegalidades”, aseguró.

Los integrantes de la sala de trabajo hablaron también sobre el tema de las enmiendas a las iniciativas de ley. La propuesta es que se presenten con 24 horas de anticipación para que puedan ser conocidas con tiempo por los congresistas. “El tema de las enmiendas se ha llevado como una mala práctica parlamentaria y lo que se quiere hacer es modificarlo para que se lleve con total transparencia”, dijo Castañeda.

Por Karen Mendoza

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Con el propósito de conocer el plan de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para este año, los diputados que integran la Comisión de Desarrollo Social, dirigida por el diputado Hernán Morán Mejía, sostuvieron una reunión con las autoridades de dicha cartera.

El ministro José Moreno aseguró que actualmente se da una ayuda social de Q300 mensuales a familias de distintos municipios del departamento de Guatemala.

Asimismo se dio a conocer que el 80 por ciento de su presupuesto es utilizado en ayuda social y el resto en funcionamiento, y que espera que en los próximos 6 meses se puedan ampliar la cobertura para el subsidio económico.

“Una de las propuestas que presentamos es la creación de programas de modelos de productividad y educación, que ayuden permanente para que las familias de escasos recursos aprendan a generar sus propios ingresos”, destaco el diputado Morán Mejía, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Finalmente se informó que en los últimos días de marzo las autoridades del Mides entregarán a la comisión el Plan Operativo Anual, para que se conozcan los proyectos programados para este año.

Por Karla Herrera

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