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Debido a los hechos de violencia que se ha registrado contra conductores de autobuses urbanos y extraurbanos, que han dejado muertos y heridos, los diputados de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, se reunieron este jueves a los ministros de Gobernación y Defensa, así como a la Asociación de Viudas de Pilotos.

La presidenta de este gremio, Liliana Pérez, propuso instalar cámaras de vigilancia dentro de las unidades y mantener control sobre quiénes las abordan, con detectores de armas, sin dejar de mantener la seguridad por parte de la Policía Nacional Civil o del Ejército.

Los ministros de Gobernación, Francisco Rivas, y de la Defensa, Williams Mansilla, dijeron que analizarán la propuesta pues se debe hacer un recuento total de la cantidad de autobuses y los costos que generarían las cámaras de vigilancia para cada unidad.

“Otra de las propuestas es la unión de esfuerzos entre las autoridades de la cartera del Interior y el Ministerio Público, para detectar a los grupos delincuenciales que están cometiendo los asesinatos”, enfatizó el diputado Raúl Romero, del bloque Fuerza y presidente de la sala de trabajo, quien agregó que se analizarán leyes que ayuden a evitar tales hechos delictivos.

Por Karla Herrera

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En cuatro ejes principales trabajará la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso, durante el presente año, según lo anunció el titular de la sala, Mario Velásquez, durante una reunión ordinaria.

Los ejes mencionados son: desarrollo institucional, desarrollo legislativo, cooperación horizontal con otras comisiones y organizaciones externas, y la sensibilización del tema y fiscalización de las entidades que ejecutan programas relacionados con la seguridad alimentaria.

“Están focalizados en temas generales, que los diputados de las diferentes bancadas podrán enriquecer mediante sus propuestas, que luego incorporaremos a nuestra agenda, con el fin de contar con la participación de todos”, puntualizó Velásquez, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Mencionó que una de las principales propuestas legislativas que seguirán impulsando es la aprobación de la Iniciativa 4944, Ley de Alimentación Escolar.

La reunión también contó con la participación de representantes de la Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base y de Oxfam Guatemala.

Ambas instituciones presentaron el informe del monitoreo que hicieron a cuatro municipios (Camotán y Jocotán, Chiquimula; San Miguel Chicaj y Rabinal, Baja Verapaz), sobre el uso y beneficio de las familias que reciben las transferencias condicionadas que brinda el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Iván Aguilar, de Oxfam Guatemala, recomendó que la cartera actualice periódicamente sus listados, puesto que hay familias que ya no llenan los requisitos para recibir la ayuda.

“Existen familias cuyos niños ya sobrepasaron los 5 años y siguen recibiendo la transferencia por salud; otros ya no asisten a la escuela o ya la terminaron y continúan recibiendo la transferencia por educación. Esto deja sin cobertura a otros que si llenan los requisitos y tienen la necesidad”, aseguró.

Otra de las recomendaciones que hizo Aguilar a los congresistas es que los núcleos beneficiados sean obligados a cumplir con las requisiciones que pide el Mides para recibir la ayuda.

Por Mayra Recinos

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La parlamentaria María Cristina Quinto, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), se reunió con el gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Vidal Herrera, a quien le pidió informe sobre los trámites para la construcción del hospital en el departamento de Zacapa.

La congresista recordó que el 9 de noviembre se reunieron con él y bajo juramento se le preguntó cuándo iniciaría la edificación y recibieron como respuesta fechas estimadas que coincidían en el segundo semestre de este año.

“Yo actúo como diputada, pero más que ello soy representante de una población que pregunta y exige, por lo que debo llevarles compromisos adquiridos por ustedes, porque hay mucha desinformación y los zacapanecos quieren ver el inicio de la obra”, manifestó.

Herrera indicó que el proyecto de construcción es prioritario para las autoridades del Seguro Social, pues será de carácter regional y permitirá atender a los afiliados de Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Alta y Baja Verapaz.

La construcción del Hospital Regional de Oriente ya fue aprobada por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, y al finalizar una auditoría externa la Junta Directiva aprobará el memorando que incluye otros 6 proyectos. La obra tendrá un costo de aproximadamente Q250 millones.

La diputada Quinto pidió al gerente del IGSS que le envíe mensualmente un informe del avance interno del proyecto, para que ella pueda informar a la población.

Herrera aprovechó para comunicar que las municipalidades de Zacapa, La Unión, Gualán, San Diego y Huité adeudan Q9.652,849 al Seguro Social, y Q10 millones el sector privado de la región, por lo que es necesario que se pongan al día en sus contribuciones.

Por Nery Morales

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En la sesión plenaria ordinaria de este jueves, los diputados al Congreso de la República procedieron a juramentar a los representantes del Organismo Legislativo ante el Registro Nacional de las Personas (Renap) y a las autoridades del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).

En el primero de los casos se tomó juramento legal a Calixto Raúl Monzón Pérez, como delegado titular, y como suplente a Elvia Yolanda Álvarez Véliz.

Inmediatamente después se procedió a juramentar a Melanie Marié Müller y a Elizabeth Nicté Paz Pineda, como secretaria y subsecretaria ejecutivas de Conamigua, respectivamente.

La elección en ambos casos se efectuó el 17 de enero.

Por Karen Mendoza

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Con el objetivo de proteger y resguardar los derechos de los tejidos indígenas, el diputado Leocadio Juracán, subjefe de la bancada Convergencia, realizó una mesa de diálogo con la presencia de José Luis Chea, ministro de Cultura y Deportes; Silvia Ruiz, titular del Registro de la Propiedad Intelectual; representantes de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación e integrantes de la Asamblea Nacional de Tejedoras.

“El ministerio apoya totalmente la iniciativa de proteger los textiles”, indicó Chea, quien comentó que el Acuerdo 96-2006, que declara patrimonio cultural ancestral de la nación a los trajes ceremoniales de mujeres y hombres, así como los de uso en las comunidades indígenas, continúa vigente, pero que aún hace falta legislación en materia de registro.

Max Araujo, viceministro de Cultura, detalló: “Actualmente el modelo normativo se divide en dos grandes ramas: la propiedad intelectual industrial, que tiene que ver con marcas, patentes nombres comerciales, denominaciones de origen, inventos, y el derecho de autor y derechos conexos, pero hace falta otra rama que tendría que abarcar la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales, para asegurar su legitima propiedad”.

“Como no contamos con ninguna normativa que nos delegue lo relativo al registro de artesanías o tejidos, lo que hacemos es que cuando vemos alguna marca que podría considerarse patrimonio de la comunidad o cultural detenemos la tramitación del registro y lo enviamos para que lo conozca el Ministerio de Cultura, para que resuelva si procede o no”, expresó Ruiz.

Sandra Xinico Batz, integrante de la Asamblea, manifestó: “Estamos trabajando y buscando consensos con los distintos pueblos mayas de todo el país, para proteger este conocimiento y creaciones que nos pertenecen desde hace más de seis mil años, para que puedan ser resguardados a partir de una regulación de propiedad intelectual colectiva de pueblos indígenas”.

El diputado Jurarán destacó que el tema “es muy importante” para todos como país, pues “se busca proteger una gran riqueza cultural, valores y cosmogonía maya, a través de los que expresan los diseños de los güipiles y trajes típicos, y evitar que alguna empresa se puedan aprovechar de nuestro patrimonio”.

Informó que se reunirán el 17 de este mes para darle continuidad al esfuerzo, en aras de proponer una iniciativa o reformas a las leyes actuales.

Por Rosemary Recinos.

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La Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos, presidida por el diputado Mike Mérida Reyes, se reunió para conocer el avance de la discusión de la Ley General de Agua, pues se considera necesario retomar el anteproyecto de ley para buscar la solución a la conflictividad hídrica en el país.

Técnicos en la materia, quienes analizaron el año pasado el contenido de las iniciativas, indicaron que los cinco proyectos no cuentan con dictamen y fueron presentados por diferentes entidades, como la Universidad de San Carlos y organizaciones de la sociedad civil, por lo que coincidieron en que “es urgente” discutir una nueva norma.

El legislador Mérida Reyes dijo que les entregaron las iniciativas que tienen dictamen pendiente y “será una prioridad enfocarnos en ese tema y darle seguimiento”.

El diputado Víctor Cruz Clavería, del bloque Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) manifestó que la ley de aguas implica varios puntos importantes, como las aguas que atraviesan territorios ajenos a Guatemala, y las personas que cometen delitos al desviar los ríos, entre otros problemas.

"Hay diferentes iniciativas y no tienen dictamen, pero creo que se debe de cumplir con el artículo 40 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que estipula que la comisiones están obligadas a rendir dictamen en un plazo que no exceda de 45 días hábiles”, aseveró el diputado Marco Antonio Orozco, de la bancada Movimiento Reformador (MR).

Durante la reunión se eligió a Cruz Clavería y a Joel Rubén Martínez, también de FCN-Nación, como vice presidente y secretario, respectivamente, y decidieron que se reunirán los martes a las 11:00 horas.

Por José Castellanos.

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Los diputados Carlos Napoleón Rojas Alarcón, presidente de la Comisión de Gobernación, y Rudy Castañeda, ambos del bloque UCN, presentaron en la Dirección Legislativa la propuesta de Ley Contra Actos Terroristas.

Según dijeron, la normativa se tiene que ejecutar con las disposiciones de convenciones, tratados, acuerdos y resoluciones internacionales dentro de sus instrumentos y mandatos legales, y que Guatemala debe cumplir con el compromiso internacional en la lucha en contra del terrorismo y, conforme a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, tiene que realizar varias acciones.

Entre ellas está la necesidad de mejorar la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo internacional para que se haga más efectivo el combate al flagelo; asimismo se identifican amenazas que afectan a Guatemala, como el narcotráfico, transporte transfronterizo de dinero ilícito, contrabando de mercancías y extorsión, entre otras irregularidades.

“La Ley Contra Actos Terroristas en una norma que estará apoyando al sistema internacional de justicia; en Guatemala no contamos con una que rija estos actos terroristas y son delitos penales los que estamos creando. La pena mínima será de 6 y la máxima es de 50 años de cárcel; esta ley la hemos consensuado con varios funcionarios de ministerios, porque el territorio guatemalteco es geográficamente estratégico para cometer actos ilícitos”, resaltó el diputado Rojas Alarcón.

La iniciativa de ley contiene 56 artículos y especifica una serie de delitos que son cometidos por redes y mafias del crimen organizado a nivel internacional, como el robo de buques, ciber terrorismo, secuestro de embajadas y otras organizaciones internacionales.

José Castellanos.

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En la sesión plenaria celebrada este jueves, los diputados al Congreso de la República, mediante una moción privilegiada verbal del congresista Jaime Regalado, del bloque Movimiento Reformador (MR), avalaron en primer debate el proyecto de decreto Ley de Facilitación Tributaria para la Formación del Sector Agrícola, iniciativa 5182.

Dicho proyecto contempla un régimen especial tributario que aglutina 21 actividades de este sector, entre los cuales se encuentra el cultivo y comercialización de café, hule, plantas ornamentales, ganado vacuno, porcino y ovino, caña de azúcar, cardamomo, frutas y nueces, entre otras.

Con esta normativa se verían beneficiados los contribuyentes con la posibilidad de solventar procesos de tipo administrativo y judicial mediante una exoneración y la creación del Régimen Especial Tributario para el sector Agropecuario.

Felipe Alejos, primer vicepresidente de Junta Directiva y representante del bloque Todos, dijo que si bien esta ley ayudaría a la inscripción de no menos de 300 mil nuevos contribuyentes a un régimen tributario formal, es imprescindible analizar las demás industrias apegadas en último momento a la iniciativa, “debido a que esto crearía una merma fiscal, con un hoyo en la recaudación, que dejaría a miles de guatemaltecos sin cobertura de los programas sociales”.

Asimismo, durante la sesión ingresaron 2 proyectos de reforma al Decreto 63-94, Ley Orgánica del Organismo Legislativo. La primera busca acelerar procesos administrativos y la segunda establecer normas para la aprobación y discusión de reformas constitucionales, las cuales pasaron a la Comisión de Apoyo Técnico para su estudio y dictamen.

Posteriormente, la Junta Directiva procedió con el punto cuarto del Orden del Día, programado para la 8ª. sesión, el cual correspondía a la citación al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo Estuardo García Morales, para que explicara a los legisladores el proceso de los casos Terminal de Contenedores Quetzal y Obredecht.

El parlamentario Roberto Villate, de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), ponente de la moción, solicitó que el funcionario sea interpelado por el pleno del Congreso.

El funcionario no compareció ante los congresistas porque se rompió el quórum; los diputados fueron citados para las sesiones del martes 14, a las 14:00 horas, y jueves 16, a las 10:00.

Por Karen Mendoza

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Los integrantes de la Comisión legislativa de Derechos Humanos aprobó efectuar la convocatoria pública la próxima semana, de aspirantes a relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

Dicha convocatoria a profesionales en cualquiera de las ciencias humanas, sociales, jurídicas, de salud física y mental para participar en la selección de candidatos que posteriormente la comisión entregará para que el pleno elija a los integrantes de la Oficina por un período de cinco años.

Además, los diputados de dicha sala aprobaron el perfil de los aspirantes, tomando en cuenta que el proceso de elección se realizará en el marco de lo estipulado en el Decreto Número 19-2009, Ley de Comisiones de Postulación, bajo los principios de transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad.

El jueves 16 de febrero, la comisión estará aprobando el cronograma de actividades que iniciarían con la convocatoria pública hasta finalizar, aproximadamente, el 16 de marzo, fecha que tienen contemplada para la entrega de la terna al pleno del Congreso de la República.

Por Nery Morales

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