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El presidente del Organismo Legislativo, Óscar Chinchilla, en conferencia de prensa dio a conocer que recibió la notificación oficial de la Corte de Constitucionalidad (CC) acerca de la suspensión temporal de los Acuerdos 6-2017 y 7-2017, por medio de los cuales se crearon 16 comisiones extraordinarias de trabajo.

“El miércoles en la noche giré las instrucciones y les traslade a los presidentes de las 16 comisiones extraordinarias el amparo provisional emitido por el pleno de magistrados de la CC”, indicó el parlamentario.

Además, refirió que el asunto será conocido por la Junta Directiva y se dará seguimiento al asunto hasta que se emita el fallo definitivo.

La resolución provisional fue emitida por la CC en respuesta a un amparo solicitado por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

José Castellanos.

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Sandra Morán, diputada de la bancada Convergencia, presentó la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Violencia Obstétrica en Guatemala, con la cual se pretende penalizar los malos tratos que reciben las mujeres por parte del personal médico de hospitales públicos y privados, durante el período de pre y posnatal.

“Muchas veces las mujeres son tratadas de forma irrespetuosa y ofensiva durante la atención del parto; esto amenaza su derecho a la vida, salud, integridad física y psicológica”, argumentó.

Señaló que muchas veces el embarazo y el parto son tratados como una enfermedad y no como un proceso natural, y por comodidad abusan de los partos por cesárea.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el sistema de salud pública un 20.1 por ciento de la población nace por cesárea, en el Seguro Social un 39.4 por ciento, mientras en lo privado se eleva a un 60 por ciento.

Para la implementación de esta norma se propone reformar y adicionar en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Maternidad Saludable, así como adiciones en los artículos 174 bis y 174 ter, del Código Penal.

“Estamos proponiendo 2 a 5 años de prisión para las personas responsables de cometer el delito de violencia obstétrica, y esperamos contar con el apoyo de la mayoría de diputados para elevar a decreto esta iniciativa”, concluyó Morán.

Por Mayra Recinos

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La Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, que preside el parlamentario Juan Carlos Salanic, se reunió este jueves con funcionarios y representantes de diversas organizaciones para analizar el avance de la iniciativa 5125, Ley de Personas con Discapacidad.

A la cita acudieron Regina Farfán, viceministra de Finanzas Públicas, e integrantes de Plataforma Nacional de Organizaciones con discapacidad Oportunidades y Desafíos, Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad y Asociación Gente Pequeña.

Este proyecto está en tercera lectura, pendiente de aprobación por artículos y redacción final; sin embargo, algunos puntos han generado polémica, como un bono mensual, de hasta la mitad del equivalente a un salario mínimo, según el grado de deficiencia, el cual sería entregado previa certificación de discapacidad.

También se generan oportunidades y mejores condiciones en salud y educación, y para ello ambos ministerios reservarán por lo menos el tres por ciento de su presupuesto.

“Estamos pidiendo una reorientación de los presupuestos asignados y que en la ley se estipule el candado correspondiente, para que no se utilicen los recursos en otros fines”, expresó Rosa Idalia Aldana, presidenta de la agrupación Gente Pequeña.

“Vamos a instalar una mesa técnica para abordar algunas posibles enmiendas, con el consenso del Ministerio de Finanzas, para no encontrar oposición en su aprobación”, indicó Salanic, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Por su parte, la viceministra Farfán informó que debe analizarse más lo referente a los aportes y beneficios para este sector de la sociedad. “Estos programas generan una cantidad bastante fuerte en el presupuesto y no existe una fuente de financiamiento”, detalló.

“Existe una confusión con el contenido de estos artículos, por lo que trabajaremos para que no se malinterpreten. Convocaremos a los ministerios involucrados y a las distintas organizaciones sociales, para que esta normativa pueda avanzar”, expresó Sandra Morán, de la bancada Convergencia.

Por Rosemary Recinos.

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El diputado Manuel Conde Orellana, de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN), exhortó a los presidentes de los tres organismos del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) para que se reúnan y por medio de un diálogo nacional se puedan crear los mecanismos que permitan restablecer y fortalecer el Estado de Derecho.

“La situación del país me obliga, como ciudadano y me siento respaldado por los diputados que me acompañan en este instante, incluido el presidente del Parlamento, Óscar Chinchilla Guzmán, a hacer este planteamiento encaminado a que se fortalezca el Estado de Derecho; esto tiene una ruta mediante la unión, que es la fuerza y la búsqueda de objetivos. Ello es primordial para el fortalecimiento de la gobernabilidad de nuestra nación”, expresó Conde.

“La situación nacional se agudiza por la falta de consensos nacionales que le permitan al Estado cumplir con su deber y garantizar a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral, como lo establece la Constitución Política de la República. Debemos unirnos, dejando el miedo y la confusión, para evitar que nuestros derechos elementales sean vulnerados y que nadie responda por ello”, agregó.

Chinchilla refirió que el miércoles 15 envió una carta al presidente del Organismo Judicial, Nery Medina, para reunirse y viabilizar una agenda en beneficio de los guatemaltecos. “Hay muchas iniciativas de ley que se pueden discutir, como las modificaciones a Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, que son temas de seguridad, y las reformas constitucionales al Sector Justicia, que se deben de aprobar”, puntualizó.

José Castellanos.

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Con el voto favorable de 101 diputados, el Congreso de la República aprobó en la sesión de este jueves el Acuerdo de Alcance Parcial entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, suscrito el 6 de febrero de 2015. A este decreto le corresponde el número 4-2017.

Javier Hernández Ovalle, del bloque Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) afirmó que con este acuerdo Guatemala recibirá beneficios en materia económica. “El país tendrá mayores ingresos, incentivando de esa manera a la inversión y la generación de más y mejores empleos”, detalló.

El Decreto 4-2017 está encaminado a promover las relaciones económicas entre ambas naciones mediante la expansión del comercio de mercancías y servicios, por medio de un instrumento que constituiría la puerta de entrada de los productos de Guatemala a la Comunidad del Caribe.

Asimismo, los legisladores aprobaron en primer debate el dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar ley que exonera de toda carga tributaria a la importación de alimentos, medicamentos, mobiliario, vestuario, equipo médico, dental y hospitalario, ropa de cama para uso hospitalario, utensilios agrícolas, semillas, casas prefabricadas para armar, vehículos para uso médico, utensilios de ferretería y fertilizantes a la Asociación Amigos por la Salud y la Vida, iniciativa 5103.

Durante la sesión de este día también fue conocida una moción privilegiada, presentada por el congresista Paul Briere, del bloque Todos, para que el proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Fortalecimiento para el Desarrollo Social y Económico Nacional y Apoyo al Guatemalteco en el Exterior (5176), fuera únicamente conocido en tercer debate y no por artículos y redacción final, como establecía el orden del día. La petición fue aprobada con el voto favorable de 87 representantes.

Por otra parte, el Congreso de la República fijó para el martes 7 de marzo, a las 14:00 horas, la interpelación al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo Estuardo García Morales, por los casos Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y Odebrecht, así como por la ejecución presupuestaria de la cartera.

La interpelación fue solicitada por el diputado Roberto Villate, de la bancada Lider. En atención al precepto legal establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo se solicitó al interpelante que cumpla con presentar las preguntas básicas.

Después, en el Despacho Calificado el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, dio lectura a la notificación de la Corte de Constitucionalidad que otorgó el amparo provisional a diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el cual suspende temporalmente las Comisiones Extraordinarias de Trabajo.

Finalmente, por falta de mayoría calificada (105), los representantes no conocieron el proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Competencia, ni procedieron a la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Leasing (4896).

Por ello, Chinchilla levantó la plenaria y convocó para el lunes 20, a las 12:00 horas, a la Instancia de Jefes de Bloque, así como a las sesiones de los días martes 21, a las 14:00 horas, y miércoles 22 y jueves 23, a las 10:00.

Por Karen Mendoza

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En sesión extraordinaria de este jueves, la Comisión de Derechos Humanos decidió citar para el martes 21 al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jorge De León Duque, y a los actuales relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

Según la presidenta de dicha sala legislativa, Sandra Patricia Sandoval, el procurador, en informe enviado al Congreso de la República, señala a los relatores por incumplimiento al mandato para el que fueron designados, además de hallazgos de mal manejo del presupuesto en dicha oficina. “Por ello es necesario escuchar a las partes involucradas”, indicó.

Los relatores titulares son Otto Marroquín Guerra, Mario Enrique Carrera, Lucrecia Villalta Martínez, Carlos Alberto Solórzano e Hilario Roderico Pineda Sánchez.

A la reunión también estarán invitados los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala.

Los integrantes de la Comisión esperan aprobar la próxima semana el cronograma de selección de los expedientes de los aspirantes a Relatores para la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, así como la tabla de gradación para calificarlos.

Por Nery Morales

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Como parte de la labor fiscalizadora que deben realizar las comisiones de trabajo del Congreso de la República, este miércoles la sala de Comunicaciones, presidida por el diputado Óscar Fernández, convocó a una reunión a autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con el fin de conocer sus planes en seguridad operacional y funcionamiento.

El titular de la dependencia, Carlos Velásquez Monje, presentó el plan de seguridad operacional que implementan en los tres aeropuertos del país (Guatemala, Quetzaltenango y Petén).

“Uno de los objetivos es mejorar la movilidad de los pasajeros que transitan, especialmente por el Aeropuerto Internacional La Aurora; estamos cumpliendo en un aproximado de 75 por ciento de las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional”, dijo Velásquez.

Luis Contreras y Marco Antonio Lemus, de la bancada Movimiento Reformador (MR) y Unidad Nacional de Esperanza (UNE), respectivamente, pusieron especial interés en el tema de los controladores aéreos, pues consideran que no se cuenta con suficiente personal.

“El problema real es que los pocos controladores están trabajando el máximo de tiempo permitido; en un pestañazo que den pueden provocar un terrible accidente aéreo”, argumentó Contreras.

Arturo Martínez Dell, de la bancada Todos, aprovechó para solicitar información por escrito de la situación de los aeródromos del interior y detalles del accidente aéreo de un helicóptero, acontecido el 7 de febrero, en el cual fallecieron 4 personas.

El diputado Fernández, de Todos, criticó el poco personal asignado en los mostradores de Migración, lo cual provoca atrasos a los pasajeros, por lo que indicó que citarán a la directora de dicha institución y visitarán la torre de control del Aeropuerto La Aurora, para supervisar la situación de los controladores.

Por Mayra Recinos

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Las diputadas Delia Bac y Eva Monte, de Alianza Ciudadana (AC), mostraron su repudio y preocupación por el asesinato de 2 menores de edad, cuyos cadáveres fueron localizados el domingo en un área rural de San Raymundo, a 34 kilómetros de la capital. Estaban juntos, entre costales, atados de pies y manos, con señales de violencia.

Por tal suceso fueron citados el subdirector de Investigaciones Criminalísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) Stu Velasco; la secretaria adjunta del Ministerio Público, Elena Guzmán; Suilma Cano, del Sistema de Alerta Alba Kenneth; Marvin Sican, de la Procuraduría de los Derechos Humanos; el procurador de la Niñez, de la Procuraduría General de la Nación, Harold Flores, y el representante de la organización Refugio para la Niñez, Leonel Dubón.

Las parlamentarias intercambiaron información desde la denuncia de secuestro de Carlos Daniel Xiquin, de 10 años, y Óscar Armando Top Cotzajay, de 11 años, que fue interpuesta por sus familiares el viernes 10.

Velasco dijo que es un caso de alto impacto por lo que no puede revelar detalles, y que toda la información está en proceso. “La finalidad de requerimiento económico es bastante remota, por lo que pudieron existir otras causas, y esperamos en el menor tiempo posible resolver este caso y aprehender a los responsables”, afirmó.

Miguel Angel López, representante de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil, organización no gubernamental que trabaja en el área de San Juan Sacatepéquez, donde residían los menores asesinados, recalcó que existe una situación de conflictividad permanente en dicho municipio y que esas diferencias de varios sectores se traslada a las escuelas.

La diputada Bac solicitó la colaboración de Refugio para la Niñez, para que junto a la PNC y el Viceministerio de Prevención del Delito le den acompañamiento a los estudiantes de la escuela local en el caserío Ajuixes, Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez.-

Por Nery Morales

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El Organismo Legislativo retomó este miércoles el debate de las reformas a la Constitución Política de la República en materia del Sector de Justicia, en una sesión especial, la cual fue convocada exclusivamente para continuar con la discusión por artículos y redacción final del proyecto que incluye las referidas modificaciones.

Tras aprobarse el Orden del Día, el cual contemplaba únicamente el tema de las modificaciones a la Carta Magna, diputados de los bloques Fuerza, Todos y Visión con Valores (Viva) presentaron una moción privilegiada, que contenía enmiendas al artículo 3 del proyecto de reformas, que modifica el artículo 203 de la Constitución, referente al reconocimiento de la jurisdicción de los pueblos ancestrales e independencia del Organismo Judicial, la cual fue improbada por no contar con los votos requeridos.

Luis Pedro Álvarez, diputado independiente, aseguró que es importante modificar la Carta Magna, debido a que constituye la columna vertebral del Estado de Derecho en el país, “pero la discusión debe tomarse con seriedad, por lo que no creo conveniente recibir enmiendas de última hora, cuando estas deben ser conocidas por los congresistas para ser estudiadas y discutidas”.

Por su parte, el parlamentario Oliverio García Rodas, del bloque Movimiento Reformador (MR), expresó: “Lo que vamos a discutir y aprobar corresponde al pacto social por el cual convivimos en la actualidad, procedimiento que tenemos que llevar con total responsabilidad; en tal virtud se deben conocer las enmiendas, y más aún aquellas dirigidas a reformar los artículos que han generado mayor polémica”.

Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), dijo no estar de acuerdo con la moción privilegiada, por lo que el pleno debía de continuar con la discusión del proyecto del pasado 28 de noviembre.

Al no haber consenso para seguir conociendo las reformas, congresistas de los bloques Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz), Convergencia y Winaq optaron por salir del hemiciclo parlamentario, con lo cual se rompió el quórum. “Vamos a seguir buscando los consensos; lamentamos que hoy no se respetaran los acuerdos a los que se llegó en la Instancia de Jefes de Bloque, por lo que la discusión de este tema continuará el próximo miércoles, por lo que hago un llamado a la conciencia de los parlamentarios, porque este es un tema de nación”, manifestó el presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla.

Previo a celebrarse la sesión de este día, la Instancia de Jefes de Bloque y la Junta Directiva recibieron a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, y al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, quienes expresaron su apoyo a los congresistas e hicieron ver la necesidad de contar con las modificaciones.

También se contó con representantes de las autoridades indígenas ancestrales, quienes viajaron de diferentes regiones para pedir a los parlamentarios que se incluya la jurisdicción indígena en el proyecto que se discute.

La propuesta de reforma constitucional en materia de justicia está basada en los resultados obtenidos del proceso desarrollado en los diálogos regionales y en la mesa nacional; la misma recoge elementos de propuestas escritas recibidas por la Secretaría Técnica, de antecedentes de la historia constitucional del país y del derecho comparado, considerando además las obligaciones contenidas en tratados internacionales aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala.

Por Karen Mendoza

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