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Las diputadas Karla Martínez y Sofía Hernández, de la bancada Alianza Ciudadana, y representantes de Huehuetenango realizaron una reunión con funcionarios gubernamentales y alcaldes, con el fin de buscar una ruta que ayude a solucionar los problemas financieros que afrontan las comunas.

Durante la reunión los alcaldes de Chiantla, Carlos Alvarado y Amílcar Montejo, de La Democracia, plantearon a Víctor Martínez, viceministro de Finanzas, que debido a las deudas de arrastre están dejando sin cobertura las obras planificadas para este año, lo cual también las dejaría desfinanciadas.

El viceministro explicó que muchas veces no pueden hacer los desembolsos porque las obras están inconclusas o tienen poco avance. “Esta es una situación que no solo los alcaldes de Huehuetenango están afrontando; en realidad es a nivel nacional”, indicó.

Las congresistas Martínez y Hernández solicitaron a las autoridades que busquen una ruta para que las comunas no vean afectado su presupuesto y puedan cumplir los compromisos adquiridos con sus comunidades.

En la reunión también participó el subcontralor de Calidad del Gasto, César Elías, con el fin de verificar lo que sucede con los fondos que manejan las comunas de ese departamento.

Por Mayra Recinos

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Diputados que integran la Comisión de Vivienda se reunieron con Carlos Barillas, viceministro de Vivienda; Jorge Morales, director del Fondo para la Vivienda, y Áxel López Anzueto, gerente general del Fondo de Tierras, para que detallaran cómo se ejecutará el programa de Vivienda Social este año.

El presidente de la sala, Julio Cesar Longo, del bloque Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), detalló: “Esta es una reunión de seguimiento al plan de trabajo que presentamos recientemente, al cual daremos continuidad; estamos preocupados por el déficit habitacional de las personas de escasos recursos y queremos contribuir a superar la problemática”.

El viceministro Barillas manifestó que este año tienen un presupuesto recortado de Q150 millones, el cual no es suficiente para atender la “gran demanda” actual y se tiene contabilizado otorgar 3 mil 500 subsidios.

Además, los congresistas y los funcionarios recibieron a pobladores de la Asociación de Altos de San Juan Sacatepéquez, quienes pidieron que se agilicen los trámites de 268 expedientes pendientes de estudio socioeconómico para adquirir vivienda popular.

Al concluir la reunión, los parlamentarios acordaron realizar una reunión con el vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, pues dirige la Mesa de Vivienda Nacional y orienta la Política Pública de Vivienda en el país.

Por José Castellanos.

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Guatemala tierra de oportunidades. La forma de mercadear Guatemala. Invitado Especial Licenciado Santiago Gonzalez

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Los diplomáticos del Grupo de Donantes en diálogo y cooperación con Guatemala, conocido como G-13, se reunieron este martes con la Junta Directiva y los jefes de bloque del Congreso, con el objetivo de conocer la agenda legislativa prevista para este año.

El presidente pro tempore de la referida instancia, Jürg Benz, embajador de Suiza, se mostró interesado en conocer detalles de la planificación parlamentaria para identificar áreas y proyectos en los cuales se pueda ampliar la cooperación.

Específicamente inquirieron por el estado de las iniciativas de Ley de Desarrollo Rural y la de Competencia.

El presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, agradeció la visita y pidió que se retome el apoyo a áreas prioritarias, como la social, con el objetivo de evitar la confrontación y contrarrestar la pobreza y la violencia. “Son amigos de Guatemala y tienen un rol importante”, afirmó.

El parlamentario detalló que, además de las normativas mencionadas por los diplomáticos, entre los retos de este año están la discusión y aprobación de las enmiendas constitucionales para fortalecer al Sector Justicia, la Ley Electoral, Orden Público y Aceptación de Cargos, así como la reforma policial.

El diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq, refrendó el interés por la Ley de Desarrollo Rural y las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.

El G-13 es integrado por nueve países que destinan más recursos de cooperación a Guatemala: Canadá, Alemania, Italia, Suiza, España, Suecia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido; además, por los siguientes organismos multilaterales: Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Sistema de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

Se trata de una instancia de coordinación y diálogo entre países y agencias con entidades del Estado, sociedad civil y sector privado. La meta es apoyar a Guatemala en su desarrollo por alcanzar una sociedad equitativa, con crecimiento económico sostenible en un marco de Estado de Derecho.

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Integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso citaron este martes a funcionarios del Ministerio de Gobernación (Mingob), y de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes cuestionaron sobre las acciones y el plan estratégico de combate a la criminalidad, ello debido a la ola creciente de violencia de la que fueron víctimas dos mejores edad, un agente del orden público y cinco taxistas, la semana pasada.

Según Francisco Rivas, titular de la cartera del Interior, se trabaja en un monitoreo diario que refleja las estadísticas de los actos de violencia en el país, que se concentran en un 15 por ciento en el área metropolitana y en un 11 por ciento en la rural, “siendo estas cifras bajas en comparación a otros años”. Sin embargo, aceptó que los hechos de violencia homicida tuvieron un repunte del 6 por ciento.

Además, el funcionario explico que del 2016 a la fecha han desarticulado 90 estructuras delictivas y 300 personas vinculadas a la extorsión han sido capturadas. En el tema de los últimos ataques registrados contra la PNC, que cobró la vida del agente policial Alex Obdulio Mencos López, la semana pasada, Rivas aseguró que tienen indicios de que ello obedece a una “reestructuración del crimen organizado”, que se ha visto golpeado en su estructura por los operativos de la fuerza policial.

“No vamos a claudicar, a pesar de los escasos recursos con lo que contamos, porque estamos convencidos de que todos nuestros esfuerzos están al servicio y prioridad de la seguridad de los guatemaltecos”, aseveró el titular del Mingob.

Por su parte, el diputado Óscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuestionó a los funcionarios por la fuga de 4 pandilleros de alta peligrosidad de un centro carcelario, en noviembre de 2016. Asimismo, habló del proceso de depuración en las líneas policiales, porque existen “estructuras criminales enquistadas” en la institución.

Nery Ramos, director de la PNC, indicó: “No se puede hablar de falta de acción en tanto los agentes trabajan con precariedad; es preciso mencionar que necesitan estar mejor equipados para que su trabajo sea más eficaz. En el caso de la depuración, ha sido una tarea permanente, de tal cuenta que se ha fortalecido la Inspectoría, a razón de identificar a esos malos policías que tanto daño le hacen a la institución”.

Al finalizar el encuentro, Napoleón Rojas, presidente de la sala legislativa y representante del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN), mostró su preocupación en el tema. “Estamos en total disposición de apoyar al Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil, por lo que hemos fijado una reunión mensualmente, para que sus autoridades no den cuenta de los avances en materia de seguridad ciudadana”, manifestó.

Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en lo que va del año se ha registrado un repunte de muertes violentas del 6 por ciento, en comparación con el mismo período del año anterior. Los municipios con mayor criminalidad son Guatemala, Mixco, Villa Nueva y Villa Canales.

Por Karen Mendoza

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La bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) citó al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, y a su equipo de trabajo, con el fin de aclararan dudas sobre el funcionamiento de la cartera.

Orlando Blanco, jefe del bloque, centró su interrogatorio en preguntas encaminadas a definir los criterios utilizados para priorizar el pago de deudas y, por ende, la ejecución presupuestaria 2016.

El ministro explicó que la institución solicitó un monto de Q1 mil 817 millones para el año 2016, de los cuales Finanzas autorizó Q1 mil 408; sin embargo, pudieron ejecutar Q985 millones.

“De estos Q985 millones pagamos Q119 millones en supervisores, Q669 millones fueron para pago de contratos y Q196 millones para funcionamiento”, aseveró García.

No obstante, el diputado Blanco dijo que después de analizar rubro por rubro descubrieron que no se respetó el Plan Operativo Anual del CIV, y se dio prioridad a empresas que no figuraban en él, sin importar si tenían señalamientos legales.

“Por ejemplo, a la empresa Sigma Constructores, S. A. le desembolsaron Q17 millones; la constructora Solel Boneh tenía programado un pago de Q32 millones y terminaron dándole Q140 millones, y a Constructora Nacional, S. A. le erogaron Q148 millones”, argumentó el congresista.

Ante los señalamientos el ministro dijo: “Había proyectos que había que liquidar y otros ya estaban avanzados, por lo que se decidió hacer los pagos”.

Sobre la constructora Odebrecht, el funcionario se abstuvo de brindar declaraciones, con el argumento de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad le informó que el caso fue declarado en reserva.

García deberá enviar un informe circunstanciado de los proyectos pagados el año pasado, pero los diputados adelantaron que pudo haber incumplido el artículo 477 del Código Penal, el cual sanciona a quienes den uso diferente a fondos predeterminados.

Durante la citación, los diputados Jairo Flores, Marleni Matías y Haroldo Quej aprovecharon para pedir información sobre el avance de diferentes tramos carreteros de cada uno de sus distritos.

Por Mayra Recinos

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Durante una reunión sostenida con diputados de la Comisión de Salud y Asistencia Social, que coordina la diputada Karla Martínez, se acordó instalar una mesa de trabajo, con el objetivo de aclarar el incendio ocurrido el 18 de enero en las oficinas de los Departamentos de Regulación de Productos Farmacéuticos y Regulación y Control de Alimentos.

“Creemos que fue un corto un corto circuito; debido a la falta de recursos financieros no se pudo contratar personal de seguridad para el resguardo de estos archivos”, indicó Ana Beatriz Cordero, jefa de la primera unidad citada.

Indicó que la investigación está en manos del Ministerio Público para determinar las causas.

Por su parte, Adrián Chávez, viceministro de Salud, expresó: “Desconozco cuál es el plan de emergencia y mitigación de riesgos que se tiene para proteger las instalaciones. A partir de esto revisaremos los planes, para evitar que se repita el suceso”.

El diputado Luis Hernández Azmitia, del Movimiento Reformador (MR), solicitó al Ministerio de Salud que le envié una propuesta de readecuación presupuestaria para el fortalecimiento de dicha unidad, y que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres evalúe las instalaciones.

El diputado Germán Velásquez, del Partido Patriota (PP) y secretario de la sala legislativa, comentó que los registros “son muy importantes”, pues son parte del archivo nacional del Ministerio de Salud, por lo que es indispensable proteger la información.

La diputada Martínez, de Alianza Ciudadana (AC), explicó que se analizará en una mesa técnica lo ocurrido en el incendio y los procesos para obtener los registros sanitarios y alimenticios, a fin de que se agilicen los trámites burocráticos para hacer más eficiente el abastecimiento en los diferentes hospitales en el país.

Por Rosemary Recinos.

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Tras haber realizado una serie de investigaciones sobre las contrataciones y salarios en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), el diputado Leonel Lira, de la Bancada Encuentro por Guatemala, se reunió con el subcontralor del Gasto Público, César Elías, a quien presentó una denuncia por duplicidad de contratos.

En el expediente se da a conocer que actualmente hay 12 personas que mantienen contratos en ambas dependencias, por montos de hasta Q25 mil en cada una, lo cual suma un monto de casi Q5.5 millones en salarios.

“La contratación de estas personas está generando el gastos de recursos innecesarios, pues las dos instituciones hacen un trabajo similar, por lo que han un doble gasto, que puede ser utilizado para otros rubros que son importantes para el deporte nacional”, destacó el parlamentario Lira.

Los documentos fueron entregados al subcontralor y se espera que se inicien las investigaciones y acciones necesarias para determinar si existe fraude en la duplicidad de salarios.

Por Karla Herrera

 

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La Comisión de Probidad, presidida por el diputado Amílcar Pop Ac, del bloque Winaq, citó al subcontralor General de Cuentas, Fernando Fernández, y al secretario del Ministerio Público, Rotman Pérez, a quienes consultó por denuncias presentadas por comunitarios contra del gobernador de Sololá, Alberto Chumil.

Dominga Vásquez, coordinadora de la Asamblea Social y Popular de Sololá, señaló al funcionario de abuso de poder, malversación de fondos en la construcción del mercado y plazas fantasma en diferentes instituciones.

Rotman y Fernández indicaron que desconocían las acusaciones expuestas, pero darán seguimiento e informarían a sus superiores.

Por su parte, el diputado Pop destacó la importancia de ofrecer acompañamiento a este tipo de denuncias por parte de la sociedad civil. “Es muy importante el anuncio de la creación de dos fiscalías que se encargarán de temas de asuntos municipales y locales, así como la creación de un ente de auditoría y fiscalización en la Contraloría General de Cuentas”, indicó.

Por Nery Morales

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