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El presidente del Congreso de la República, Oscar Chinchilla, viajó a este jueves a Nicaragua, donde participará en la XXXIV Reunión Ordinaria del Foro de Presidente y Presidentas de Poderes Legislativos de Centro América y la Cuenca del Caribe (Foprel).

El parlamentario entregará la presidencia pro tempore de ese organismo, la cual ostenta, a la honorable Laura Tucker- Longsworth, presidente de la Cámara de Representantes de Belice.

La reunión se celebrará en la ciudad de Managua, en la sede de la Asamblea Nacional de Nicaragua, este viernes 24.

Por Nery Morales

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Diputados del bloque Alianza Ciudadana, encabezado por el diputado Francisco Tambríz y Tambríz, citaron este jueves a integrantes del Directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap), para que aclararan dudas sobre el contrato 55-2008, suscrito con la empresa Easy Marketing, S.A., para la impresión del documento personal de identificación, por un monto de Q1 mil millones y que vence en diciembre de este año.

Según Brenda Gramajo, directora ejecutiva en funciones del Renap, han hecho gestiones para que se suspenda el convenio y sean devueltas 3 máquinas especializadas para la impresión del documento, y aseguró que el proceso está en suspenso “luego de que la Corte de Constitucionalidad fallara en favor de Easy Marketing”.

“El Directorio ha incumplido sus funciones. No puede ser que por la incapacidad de los funcionarios del Registro, miles de guatemaltecos no cuenten con un documento de identificación, que les permita tener certeza jurídica y realizar los trámites que necesiten”, dijo el congresista Marvin Orellana.

Al finalizar el encuentro, los diputados aseguraron que en los próximos días presentarán una denuncia penal contra el Directorio del Renap y la empresa en mención, tomando en cuenta que la última no ha cumplido a cabalidad con lo pactado y las autoridades no han liquidado el proceso, lo que tiene en suspenso la emisión de no menos de 400 mil documentos.

Esta se sumaría a la denuncia presentada por los parlamentarios del bloque Encuentro por Guatemala, por la ampliación del referido contrato.

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La Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Patricia Sandoval, entrega en la Dirección Legislativa los expedientes de 32 aspirantes a ocupar los cargos de relatores titulares y suplentes en la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.

De igual manera aprobaron el cronograma de actividades, las guías para revisión de los expedientes y control de requisitos, y el perfil ideal de los candidatos.

Dicha instancia tiene la función de velar porque no se violen los derechos humanos de los privados de libertad.

La evaluación se propone de la siguiente manera: por méritos académicos, 35 puntos, incluyendo títulos, doctorados, maestrías y especializaciones extendidas por centros de estudios superiores reconocidos y acreditados; 60 puntos por experiencia profesional en el ramo, y 5 por valores humanos.

“La Comisión deberá entregar una propuesta con 3 ternas el 22 de marzo al pleno del Congreso, para su elección”, expresó la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), secretaria de la sala. Los diputados deberán elegir 5 relatores titulares y 3 suplentes.

“Esta tarde aprobaremos la tabla de gradación y luego procederemos a abrir los expedientes para dar a conocer los nombres de los postulantes”, indicó la parlamentaria Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Por Rosemary Recinos.

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Durante una reunión con el diputado Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, representantes de las autoridades indígenas de San Juan Sacatepéquez expresaron su desacuerdo con la construcción de un tramo del anillo periférico regional sin contar con un estudio de impacto ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

A la cita estaba convocado el titular de la cartera, Sydney Samuels, pero no asistió. “La intención de llamar al ministro era para darle a conocer los problemas en las comunidades desde que se inició la construcción de la ruta sin haber hecho estudios ambientales, por lo que al no asistir estaremos analizando si se efectúa una sanción legal contra él”, enfatizó el congresista.

Las autoridades indígenas aseguraron que desde que empezó la obra los ríos y árboles de San Juan Sacatepéquez han sufrido “cambios negativos que afectan a los pobladores de la región”.

Por Karla Herrera

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El Congreso de la República, presidido por el diputado Óscar Chinchilla, a través de la Comisión de Finanza y Moneda, suscribió un convenio de cooperación técnica con el Ministerio de Finanzas Publicas y organizaciones que se especializan en el análisis de temas fiscales en el país.

El presidente de la sala legislativa, Adim Maldonado, comentó que constituye “una herramienta más de transparencia en la labor de una de las comisiones más importantes del Congreso”.

Como resultado del convenio, organizaciones como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) y la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia, darán respaldo a la comisión legislativa con sus opiniones técnicas en materia de política fiscal.

“Aplaudimos la iniciativa del Congreso y esperamos contribuir en la construcción de un verdadera política fiscal que sirva para que el Estado pueda enfrentar los desafíos actuales”, dijo Mario García Lara, secretario ejecutivo de ATAL.

En similares términos se manifestaron el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, y demás firmantes del acuerdo.

Al finalizar, el presidente del Legislativo dijo: “Este convenio será un instrumento fundamental en la aprobación de un presupuesto general de la nación, eficiente y transparente, así como la aprobación de mejores leyes para el país”.

Además, Chinchilla anunció que en los próximos días habrá un nuevo acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con el fin de que brinde acompañamiento al Congreso en la elección del nuevo titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos y los relatores contra la tortura.

Por Mayra Recinos

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La Comisión de Cultura del Congreso de la República inició el análisis de las iniciativas 4885, Ley Nacional para la Celebración de la Independencia de Guatemala, y 5187, Ley de Creación y Funcionamiento del Consejo Nacional de Cine, las cuales se encuentran pendientes de dictamen.

El objetivo del primer proyecto es declarar de interés nacional la celebración de la independencia, para promover y enaltecer los valores patrios.

Sin embargo, la Ley de Educación Nacional, decreto 12-91, establece programas permanentes de formación cultural, moral y cívica en todos los centros educativos. “Creemos que esto ya se encuentra regulado, por lo que continuaremos con el análisis para hacer un dictamen responsable”, indicó la diputada María Cristina Quinto, presidenta de la sala.

Y en relación con la Ley de Creación del Consejo Nacional de Cine manifestaron dudas, pues no se especifica cuál será la función y organización de la Comisión Fílmica de Guatemala y del Instituto Guatemalteco de Cinematografía, estipulados en el proyecto.

Externaron que es necesario investigar si el gremio cinematográfico está debidamente organizado y si existen escuelas de cine en Guatemala que estén registradas y en funcionamiento.

“El cine es un sector que no ha tenido regularización y queremos fomentar su fortalecimiento, darle un marco jurídico que permita su crecimiento también como movimiento económico”, expresó la parlamentaria.

Próximamente, la sala legislativa se reunirá con los actores involucrados para aclarar dudas en cuanto a la redacción y contenido, para hacer viable estas propuestas.

En la reunión de este miércoles se eligió a la Junta Directiva, integrada por los diputados Quinto, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación); Eduardo Zachrisson, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), vicepresidente, y Flor de María Chajón, de FCN-Nación, como secretaria.

Por Rosemary Recinos.

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Durante una reunión de trabajo, las congresistas Sofía Hernández y Karla Martínez, representantes del distrito de Huehuetenango, cuestionaron a Óscar Hugo López, ministro de Educación, por la contratación de maestros por parte de las corporaciones municipales, y argumentaron que no es obligación de los alcaldes pues son pagados con recursos del situado constitucional.

A la cita asistieron autoridades de la cartera, como María Eugenia Barrios de Mejía, viceministra administrativa; Walter Mérida, director departamental, y Edgar Montejo, alcalde de La Democracia, quien dio a conocer que el pago de docentes es superior a Q1 millón.

La diputada Hernández Herrera, subjefa del bloque Alianza Ciudadana, comentó: “Hemos identificado que hay varios alcaldes que han tenido que contratar docentes, pero esto no le corresponde. Hay lugares, como San Juan Ixcoy, donde se le paga a setenta maestros y hay municipalidades que se quejan por el pago excesivo”.

Montejo refirió que tiene 102 comunidades, 62 mil habitantes y 92 centros educativos, por lo que tiene que cubrir la demanda. “Pedimos que nos ayuden a solucionar la problemática”, manifestó.

El titular de la cartera de Educación explicó que hay jefes ediles que solicitan hacer convenios para contratar a los profesores que consideren necesarios, pero “hoy nos han hecho saber la conflictividad, por lo cual revisaremos los procesos, para evitar problemas”.

En la reunión se cuestionó al funcionario por la falta de escritorios e insumos escolares, escasa infraestructura, refacción, valija didáctica, textos y gratuidad; las parlamentarias y autoridades ediles requirieron apoyo a la población huehueteca.

Por José Castellanos.

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La Comisión de Educación, presidida por la diputada Dolores Beltrán, citó Áxel Romero, viceministro de Gobernación encargado de Prevención de la Violencia, y a José Moreno, viceministro de Educación a cargo de Calidad Educativa, para que informaran de acciones emprendidas ante el incremento de hechos violentos en establecimientos.

La parlamentaria del Movimiento Reformador (MR) mostró su preocupación por la vulnerabilidad de los estudiantes y maestros ante hechos de violencia y amenazas latentes dentro y fuera de los planteles.

Moreno informó que desde el 2014 existe una guía de identificación de la problemática para la prevención de la violencia y un protocolo de reacción en el que deben intervenir el personal docente, los padres de familia y autoridades locales.

Agregó que una de las acciones emprendidas en algunos establecimientos es la revisión de mochilas de los alumnos, pero se debe consensuar con los padres de familia y hacerse con respeto para no violentar los derechos humanos de los estudiantes.

Por su parte, Romero indicó que el Programa de Escuelas Seguras únicamente ofrece cobertura a 117 de 35 mil establecimientos existentes a nivel nacional, con 17 patrullas y un presupuesto de Q2 millones, por lo que se giró la orden 01-2017 a la Policía Nacional Civil para que priorice la atención; además, se reactivó el número telefónico 1510 para atender las emergencias y denuncias de posibles amenazas o hechos de violencia que atenten contra la comunidad educativa.

El diputado Víctor Cruz Clavería, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y vicepresidente de la sala legislativa, resaltó que “un problema integral como ese debe enfrentarse de la misma manera, por lo que es necesario hacer una cruzada nacional en la cual intervengan todos los sectores de la sociedad”.

Por Nery Morales

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El Congreso de la República retomó este miércoles la discusión de las reformas constitucionales al Sector Justicia, pero el trámite se detuvo cuando se trató la modificación propuesta al artículo 3, referente a la jurisdicción indígena, que alteraría el 203.

En el inicio de la sesión fue improbada una moción planteada por el parlamentario Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), para discutir el referido artículo solo con las enmiendas consensuadas.

Después, se presentó otra moción para alterar el orden del día y dejar al final del debate la discusión del artículo 3, con lo cual se esperaba avanzar en el contenido restante del proyecto de ley.

La moción contó solamente con 102 votos, por lo que diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) decidieron abandonar el hemiciclo parlamentario.

Mario Taracena, del bloque uneísta, argumentó que se contaba con precedentes que constataban que era legal la aprobación de las mociones verbales con 80 votos. “Hoy se vuelve a dar la espalda al clamor de los pueblos indígenas, de reconocer sus legítimos derechos”, afirmó.

El presidente del Organismo Legislativo lamentó la salida del bloque UNE y aseveró: “El expediente 3697-2015 de la Corte de Constitucionalidad refiere que el procedimiento de reformas de debate y aprobación de leyes constitucionales debe de ser con mayoría calificada (105 votos); de lo contrario, el pleno caería en ilegalidades. De esa cuenta no nos prestaremos al show de otras bancadas, porque estamos consientes de que el debate llevarse con total responsabilidad, apegado a la legalidad de los procedimientos”.

Chinchilla indicó que invitarán nuevamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para hablar sobre el tema de las reformas, “en virtud de lograr el consenso para la aprobación de tan importante normativa”.

Las reformas en discusión plantean el fortalecimiento de la aplicación de justicia pronta y cumplida, garantizando la elección de jueces y magistrados probos y calificados, el respeto al
Estado de Derecho y certeza jurídica.

Entre los puntos de controversia resalta el reconocimiento a la jurisdicción indígena y la facultad de las autoridades ancestrales de ejercer funciones jurisdiccionales de acuerdo con sus procedimientos y costumbres, siempre que no contravengan derechos constitucionales e internacionales.

Chinchilla convocó para el miércoles 1 de marzo a una nueva sesión plenaria, para continuar la discusión por artículos y redacción final de las reformas constitucionales en materia del Sector Justicia.

Antes de la plenaria, el presidente del Legislativo recibió a representantes de las autoridades indígenas ancestrales, quienes por escrito pidieron la aprobación de las reformas; el dignatario respondió que se hacen esfuerzos, pero no se puede obligar a asistir ni a votar en favor de ellas.

Por Karen Mendoza

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