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Con la intención de abolir la figura del indulto presidencial en la aplicación de la pena de muerte, el diputado Raúl Romero, jefe de la bancada Fuerza, presentó una iniciativa de ley para reformar los artículos 102 y 105 del Código Penal.

El indulto presidencial es uno de los obstáculos para aplicar la pena capital, a pesar de que la ley sigue vigente, por lo que con estas modificaciones sería más práctico ejecutar las sentencias.

“En el actual estado de violencia y temor que se vive en el país es necesario que la aplicación de la pena de muerte se aplique a quienes han cometido asesinatos, secuestros y violaciones, por lo que esperamos que los diputados de las distintas bancadas apoyen la propuesta”, aseguró Romero.

Agrego que el Pacto de San José no es un obstáculo para aplicar la pena de muerte, pues solo aplica a los países que lo firmaron sin tener legislación específica.

Tras haber presentado la propuesta de ley en la Dirección Legislativa se espera que sea conocida por el pleno, donde se necesitan 80 votos para conocerla en sus trámites normales o 105 si se requiere declaratoria de urgencia nacional.

Por Karla Herrera

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La Comisión de Apoyo Técnico, que coordina el parlamentario Manuel Conde, discutieron la agenda de trabajo 2017. Un tema al que se le dará prioridad es al relacionado con las 16 comisiones extraordinarias que están suspendidas por la Corte de Constitucionalidad.

“Tenemos que encontrar un acuerdo político; no podemos esperar a que la Corte resuelva nuestros problemas o nos diga cómo hacer nuestro trabajo”, expresó el congresista del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Agregó que es necesario que se resuelva la problemática, pues una de ellas veía el tema de la regulación del agua. “Somos uno de los pocos países en Latinoamérica que no posee una ley de aguas, y es necesario que se reactive ese debate. Sin una norma así no podemos administrar nuestros recursos naturales, algo tan trascendental para el país”, expresó.

También se analizarán las iniciativas 5237 y 5238 que plantean Reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, con el objetivo de hacer más eficiente el traspaso de las presidencias de comisión. De igual manera se regulan sesiones específicas para abordar temas de reformas a la Constitución Política de la República.

La diputada Sandra Morán, de Convergencia, comentó que es importante ordenar los espacios de reunión de las distintas salas de trabajo, pues hay varias que no poseen un lugar para sesionar.

Por su parte, el representante Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), expresó que es necesario analizar también el trabajo de algunas comisiones, pues generan un gasto de no menos de Q450 mil anuales al Estado y no presentan informe de labores. “Esas comisiones deben desaparecer”, expresó.

Se acordó invitar a todos los presidentes de las salas para conocer sus objetivos y apoyar su trabajo.

Por Rosemary Recinos

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Con el propósito de conocer y evaluar el estado de las instalaciones donde se encuentran personas con capacidades distintas, los diputados que integran la comisión de la materia acordaron iniciar una serie de visitas a estas instituciones.

“El principal objetivo es verificar el trato que se les da a quienes sufren de alguna discapacidad, así como determinar si las instalaciones tienen los espacios y si llenan los requisitos necesarios para funcionar como tal”, destacó el diputado Juan Carlos Salanic, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien preside la sala de Asuntos sobre Discapacidad.

En la reunión se acordó que se realizará un cronograma para determinar las visitas que se iniciarán la próxima semana.

Asimismo, se destacó que continuará el análisis de la iniciativa de ley 5125, que pretende mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades distintas, en el tema de salud, educación, seguridad y acceso al empleo, entre otros.

Por Karla Herrera

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Este jueves se inició el análisis de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, decreto 18-2008, y la Política Nacional de Seguridad, aprobada en el 2012, con el objetivo de contener, enfrentar y neutralizar las amenazas y riesgos para el país.

El propósito de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, que coordina el diputado Raúl Romero Segura, es trabajar en posibles reformas al marco normativo, que lo hagan más eficiente y reduzcan los índices de violencia en Guatemala.

La reunión contó con la presencia del analista político Mario Marroquín, quien explicó que en las políticas se contemplan reformas a la Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Sistema Nacional de Inteligencia y Defensa Nacional.

“Daremos seguimiento a todas las instituciones involucradas en el Sistema Nacional de Seguridad, para evaluar el aporte de cada una de ellas y su nivel de cumplimiento”, expresó Romero, del bloque Fuerza.

Agregó que se definirá una agenda legislativa encaminada a fortalecer los temas de seguridad. “Hoy, más que nunca, los guatemaltecos están exigiendo estrategias para la disminución de secuestros, asesinatos, robos y extorsiones”, expresó.

La ley marco establece cuatro ámbitos de funcionamiento: Seguridad Interior, Seguridad Exterior, Inteligencia de Estado y Gestión de Riesgos y Defensa Civil. “Esta ley es muy amplia, por lo que trabajaremos para ver qué modificaciones son necesarias para el beneficio y la seguridad de los ciudadanos”, indicó el diputado Aníbal Rojas, subjefe de la bancada Visión con Valores (Viva).

Por Rosemary Recinos.

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El diputado Jaime Regalado, jefe de bancada del Movimiento Reformador (MR), reunió este jueves al director del Sistema Nacional para la Prevención y Control de Incendios Forestales (Sipecif), Jimmy Alvarado; al Ministro de la Defensa Nacional, Williams Mansilla; la viceministra de Finanzas Públicas, Regina Farfán, y Elder Figueroa, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, para establecer con qué se cuenta para combatir los siniestros este año.

El director del Sipecif, antes de presentar el informe de cómo afrontarán la temporada, que abarca de febrero a junio, alertó que este año se pronostica muy caluroso y se prevé el aumento de incendios forestales.

En lo que va del año van reportados 96 y cuentan con una asignación presupuestaria de Q8 millones, que resultaría insuficiente para afrontar emergencias como la que se dio en enero de este año, en Sololá.

La viceministra Farfán informó que la Dirección Técnica del Presupuesto analiza la posibilidad de aumentar el presupuesto del Sipecif.

El congresista Regalado dijo que solicitará un espacio en sesión de jefes de bloque para que las autoridades expongan la situación y la necesidad del aumento del presupuesto para el combate de los incendios forestales, los cuales obedecen al calentamiento global, pero que también hay casos de mano criminal.

En una reunión previa, Regalado se reunió con el ministro de Desarrollo Social, José Moreno, y el director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, Leonel Arizpe, a quienes cuestionó por la adquisición de 150 molinos de nixtamal “con dudoso procedimiento y más dudoso destino”.

Arizpe se comprometió a hacer llegar a la jefatura de la bancada la información solicitada.

Por Nery Morales

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En reunión de trabajo, los congresistas de la Comisión de Seguridad Alimentaria, presidida por el diputado Mario Velásquez Pérez, del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), presentaron el plan de fiscalización para este año.

Las instituciones a investigar son los ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Salud, Educación y Desarrollo Social, así como Instituto Nacional de Estadística, Registro Nacional de las Personas y Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, entre otras.

El proyecto de fiscalización pretende evitar la duplicidad de acciones y busca garantizar que los programas sociales lleguen a los usuarios que más lo necesiten.

Además, los congresistas avalaron el acompañamiento de la Mesa de Apoyo Técnico, conformada por varias instituciones, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, con las cuales analizarán las iniciativas pendientes de dictamen y leyes por aprobar.

Por José Castellanos.

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En una conferencia de prensa, el diputado Manuel Conde Orellana, de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN), hizo un llamado a los presidentes de los tres poderes del Estado a unificar esfuerzos para combatir la delincuencia en el país.

El legislador, acompañado por diputados de otras bloques, hizo el llamado por segunda vez, con la esperanza de que la demanda sea atendida y se inicien las reuniones “lo antes posible”.

“Este llamado es a raíz de las muertes violentas, las manifestaciones y la inconformidad de la población, por lo que es urgente que se realicen reuniones en las instalaciones del Palacio Legislativo, para buscar planes estratégicos de forma urgente”, enfatizó Conde Orellana.

Además, se espera que la sociedad civil de los distintos sectores se una en la lucha para resolver colectivamente la problemática nacional, “manteniendo la voluntad y el compromiso nacional de hacer prevaler el interés común para resolver los problemas de la inseguridad”.

Por Karla Herrera

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La reunión de este jueves, convocada por los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con integrantes del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Comisión Nacional de Energía Eléctrica y representantes de Energuate, fue para encontrar una ruta que frene la eliminación de la tarifa social eléctrica en el país.

El diputado Carlos Barreda, quien dirigió el interrogatorio, explicó que con la reducción de la tarifa social, a finales del 2017, los guatemaltecos tendrían un incremento del 56 por ciento en sus facturas, en el 2018 un 110 por ciento, y para el 2019 sería un 169 por ciento más. “Esto definitivamente crearía un estallido social”, argumentó.

El congresista resaltó que el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Edwin Escobar, ni los representantes de los sindicatos, miembros del Consejo Directivo del INDE, razonaron su voto en el acuerdo que dispuso la reducción del aporte para el subsidio de la tarifa social. “Con esta medida se afectará a más de un 1 millón 900 mil usuarios en todo el país”, comentó.

Agregó que ven malas intenciones con la disposición del INDE, pues la Comisión de Finanzas aprobó el año pasado el artículo 96 Ter, del Presupuesto General, que incluye Q300 millones dirigidos exclusivamente a garantizar la sostenibilidad de la tarifa social.

El diputado Jairo Flores, quien dirigió la referida sala durante el año pasado, explicó que el INDE nunca se acercó a cabildear un aumento en su presupuesto para mantener la tarifa social. “Estos Q300 millones fueron asignados a última hora, por petición del Organismo Ejecutivo”, aseguró.

Luis Alfonso Chang, ministro de Energía y Minas y presidente del Consejo Directivo del INDE, dijo que para mantener la tarifa social necesitarían otro aporte de no menos de Q315 millones.

Los diputados uneístas lanzaron la pregunta al viceministro de Finanzas, Víctor Martínez, quien respondió que haciendo las gestiones correspondientes se podría asignar el monto mencionado, que tendría como fuente de financiamiento un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.

El diputado Inés Castillo dijo que estarán pendientes del proceso, pues considera que en realidad las autoridades buscan “crear una falsa crisis del INDE para terminar privatizándolo”.

Alcaldes de diferentes municipios de San Marcos y Santa Rosa, entre otros, dieron un plazo ocho días para que se restablezca el subsidio; de lo contrario, la población podría tomar medidas de hecho, anunciaron.

Al concluir, los congresistas acordaron otras medidas para reducir el monto de las facturas del servicio eléctrico, y entre ellas mencionaron establecer una mesa técnica para analizar una ley que establezca reglas claras en el cobro del alumbrado público, la focalización de las personas que verdaderamente necesitan el subsidio y el reacomodo de contratos con empresas generadoras.

“Si la canasta básica está por Q4 mil quetzales y el salario mínimo en Q2 mil 300, no es posible que ahora pretendan castigar a los guatemaltecos más necesitados aumentando de sobre manera el costo de la energía eléctrica”, concluyó el jefe de bancada, Orlando Blanco.

Por Maya Recinos

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Debido a la necesidad de patentizar el trabajo que realizan las tejedoras del país, el diputado Leocadio Juracán presento en la Dirección Legislativa el proyecto de ley de Propiedad Industrial de Derechos de Autor y Derechos Conexos y reformas al decreto 57-2000.

La propuesta de ley pretende garantizar los derechos de las tejedoras en el momento de confeccionar trajes con hilo a mano, patentizando los diseños y colores, para evitar que sean copiados y vendidos sin permiso de las artistas.

La iniciativa fue presentada durante una conferencia de prensa, en la cual el parlamentario Juracán, del bloque Convergencia, enfatizó la necesidad de respaldar y proteger la propiedad de los trabajos textiles que se realizan en distintas regiones del país.

Por su parte, las representantes del Movimiento Nacional de Tejedoras destacaron que las creaciones de los pueblos mayas son herencia milenaria y recintos de identidad, ciencia, arte e historia, por lo que solicitaron su resguardo mediante la propuesta de ley que hace valer el derecho a la propiedad intelectual colectiva ancestral de los trabajos textiles e indumentaria.

Por Karla Herrera

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