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La diputada Eva Nicolle Monte, de la bancada Alianza Ciudadana, presentó la iniciativa 5512 “Ley que Amplía la Vigencia del Documento Personal de Identificación -DPI- “para los documentos cuya fecha de vencimiento sea en el 2019.

El decreto 90-2005 del Congreso de la República, Ley del Registro Nacional de las Personas (Renap), en el artículo 63 estableció una vigencia de 10 años  a partir de la emisión del dicho documento, transcurrido ese plazo, se considera vencido y caduco para todo efecto legal.

“El Renap,  emitió más de un millón de DPI, los cuales dejarán de estar vigentes el próximo año, por tal razón es necesario que se realice una prórroga hasta el 31 de diciembre, para facilitar los actos civiles, administrativos y legales de los guatemaltecos”, comentó la diputada Monte.

Agregó,  que  en breve comienza la etapa  electoral, y que la entidad encargada no tiene la capacidad para emitir tal cantidad de acreditaciones, es pertinente que esta iniciativa se apruebe de urgencia nacional, para garantizar a todos los ciudadanos su derecho a votar, sin complicaciones.

Por Rosemary Recinos,

 

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Las agendas legislativas que se conocerán en las sesiones ordinarias del  martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de octubre a partir de las 14:00 y 10:00 horas fueron aprobadas en la reunión de la instancia de Jefes de Bloque y Junta Directiva, celebrada  este lunes.

En la sesión de este martes se conocerá en su primer debate la iniciativa de ley con registro 5411, reformas al Decreto 2-70, Código de Comercio,  propuesta que contiene 5 artículos que reforman el 511 y adicionan el 511 Ter y 516 Bis, y que pretende que un cheque digitalizado tenga la misma validez y sustento legal que un cheque físico.

En tercer debate se retomará la discusión de las iniciativas 5154 y 5156, que disponen aprobar la ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación. En ese mismo punto se incluyó la solicitud  del jefe del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN), Rudy Castañeda, quien propone la ley para el fortalecimiento de la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas (5405).

En su discusión por artículos y redacción final se contempla la aprobación de la  ley de avisos electrónicos,  la cual establece que todas aquellas publicaciones, como por ejemplo los edictos, se publiquen únicamente en un portal electrónico del Diario Oficial, y no en los tres medios escritos de mayor circulación, como se hace a la fecha.

Se prevé  sean aprobados los acuerdos que conceden la condecoración de la Orden Nacional del Soberano Congreso Nacional  al Instituto Normal Mixto Carlos Dubón, del departamento de Retalhuleu, al Colegio Evangélico Metodista Utatlán, de Quiché y a la Escuela Oficial Mixta José Joaquín Pardo Gallardo, de Chimaltenango.

Para el miércoles, el único punto en agenda será la aprobación por artículos y redacción final de las reformas al Decreto 1-85, de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos (5059, 5158). La discusión se retomará en el artículo 5 que reforma el 21 Bis relacionado al financiamiento público.

El jueves, los legisladores conocerán en segundo debate el registro 5408, que fue adicionado a la agenda a solicitud del subjefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda. Dicho proyecto de ley dispone la creación de la procuraduría de la defensa al consumidor.

Otra de las iniciativas que será discutida el jueves será la que aprueba la ley de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social. El proyecto en mención se encuentra a la espera de ser aprobada en tercera lectura.

En otro punto, este lunes fue escuchado el doctor Rudolf García-Gallont, destacado en el campo de la cirugía vascular y trasplante de órganos en el país, quien expuso sobre los beneficios de la aprobación  de la ley para la disposición y trasplante de órganos, tejidos y células humanas (4712), que fue incluida en el orden del día para el jueves.

Por Karen Mendoza

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Por considerar que incurrió  en 20 faltas a la Constitución Política de la República de Guatemala, el diputado Fernando Linares-Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), solicitó a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos la destitución del Comisionado del Congreso de la República Procurador de los Derechos Humanos,  Jordán Rodas Andrade.

El congresista enumeró entre otras faltas,  la censura emitida ante las invasiones de propiedad privada en el Valle del Polochic y la Costa Sur, inacción en favor de usuarios, comerciantes y transportistas víctimas de extorsión, encubrimiento a manifestantes que han bloqueado importantes rutas del país, violando a los guatemaltecos su derecho a la libre locomoción Y  excesivos viajes y gastos de viáticos del funcionario, quien durante su gestión ha viajado en 9 ocasiones a diversos destinos.

Otro de las faltas es la injerencia que ha ejercido en decisiones de Estado interponiendo  acciones legales, además del incumplimiento de una orden judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que le pedía contrarrestar los efectos del manual que elaboró, en el cual promueve  el aborto como un derecho de la mujer.

“Desde que asumió el cargo, el comisionado del Congreso ha incumplido su mandato como tal por ello he elaborado un expediente con los hechos que evidencian su inoperancia en temas que garanticen el bienestar y los derechos de los guatemaltecos”, expresó el diputado Linares-Beltranena.

La solicitud fue respaldada por el diputado Luis Hernández Azmitia, del bloque Movimiento Reformador (MR), quien opinó: “hoy tenemos un Procurador de los Derechos Humanos que está usando la entidad como una plataforma política para impulsar sus creencias en lugar de defender los derechos de las grandes mayorías”.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos establece en su artículo 12,  que la petición de Linares-Beltranena  debe ser analizada y consensuada a lo interno de la Comisión de Derechos Humanos, de ser avalada,  se remitirá  al Pleno, el cual, con 105 votos a favor podrá  cesar en sus funciones al Procurador y declarar  vacante el cargo,  quedando pendiente una convocatoria para elegir a su sustituto.

Por Isabel Mazariegos

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En el marco de la reciente celebración del Día Internacional de la Niña, la diputada independiente Alejandra Carrillo presentó una iniciativa de ley que busca proteger de manera integral a las niñas víctimas de violencia sexual.

Según  la diputada, con la propuesta se  pretende proteger a las niñas de todo tipo de abuso y adoptar las medidas necesarias para disminuir las estadísticas alarmantes presentadas por el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR),. “Esperamos que tenga el apoyo necesario para ser  aprobada, y que sea una realidad en favor de las niñas abusadas sexualmente”, añadió.

Durante la presentación de la iniciativa, la diputada Carillo se hizo acompañar de varios niños y representantes de OSAR. “Es importante este proyecto ya que se necesita reforzar a las Instituciones encargadas de prevenir y atender hechos de violencia sexual contra las niñas” dijo Mirna Montenegro, directora del Observatorio.

Dentro de los programas, además de campañas de información que ayuden a erradicar la problemática, se contempla la  habilitación de hogares temporales de atención a niñas y adolescentes embarazadas como consecuencia de abuso sexual, además de la coordinación  interinstitucional para que las afectadas desarrollen  sus habilidades en diferentes aspectos y de esa manera sigan  con su plan de vida.

Estuardo Zeceña

 

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Diputados  de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda cuestionaron la propuesta de presupuesto 2019 de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentada por los funcionarios  Fernando Suriano y Cristian Aspuac, la cual asciende a un monto de  Q1 mil 715 millones.

Dos fueron los motivos del cuestionamiento, la propuesta difiere de la presentada al Congreso por el Ejecutivo, el proyecto inicial establece Q1,354 millones, pero la propuesta presentada hoy, sin el aval del Directorio de la SAT, contiene  Q361 millones más.

El diputado Rudy Castañeda, de UCN  y presidente en funciones de la comisión,  subrayó que es importante que la SAT  capte los impuestos de forma eficiente pues de  ello dependen todas las instituciones del estado “la fuente de financiamiento de la SAT en el 2 por ciento de la recaudación según lo estipula la ley y aquí nos tienen que seguir aclarando como estarán financiando su presupuesto y el del estado”, dijo Castañeda.

Los representantes de la SAT informaron en torno al avance al mes de septiembre de la ejecución presupuestaria del presente ejercicio fiscal 2018, estableciendo la misma en 39.81 por ciento y  dieron a conocer los 4 ejes estratégicos institucionales y planes de trabajo para el buen funcionamiento de la entidad,  el mejor desempeño y una eficaz recaudación de impuestos, el desarrollo tecnológico y fortalecimiento del recurso humano de la superintendencia.

“Nos hemos enfocado en fortalecer cuatro áreas especificas de la institución como lo es; los mejores controles en todas las aduanas y fortalecer la recaudación tributaria en Todo el territorio  nacional, mejorar las tecnologías y los sistema digitales para que esto se vea en buenos resultados para el Estado y los contribuyentes”, dijo Fernando Suriano, Intendente de Recaudación Tributaria de la SAT.

A la reunión acudieron representantes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) quienes en calidad de observadores y de tanques de pensamiento pueden intervenir, opinar y brindar sus aportes para que las propuestas sean de beneficios a los sectores y la población en general.

Por José Castellanos

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Con  la audiencia pública de este viernes, donde se escuchó a Juan Carlos Borrayo, abogado del presidente Jimmy Morales, la Comisión Pesquisidora que investiga el antejuicio en contra del mandatario concluyó con la fase de escuchas de audios y audiencias públicas a empresarios y fiscales de mesas, que podrían aportar información en torno al supuesto financiamiento electoral ilícito del cual se acusa al gobernante.

En su declaración, el abogado Borrayo aseguró “Que el antejuicio promovido contra el presidente Morales, es político, pues fue solicitado por la ex fiscal del Ministerio Público,  Thelma  Aldana, quien ahora aspira a la presidencia de la República”

Durante varias semanas, los integrantes de la Comisión Pesquisidora, a puerta abierta para medios de comunicación y organizaciones, escucharon audios de implicados en el caso, recibieron a representantes, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral,  empresarios y al Abogado del presidente Morales.

Ahora los diputados se reunirán para analizar lo aportado, emitirán sus puntos de vista, y darán  una recomendación al Pleno del Congreso sobre si se le retira o no la inmunidad al Presidente Morales, con lo que se terminara el trabajo para lo que fueron designados.  .

Karla Herrera

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La importancia que reviste para el país la seguridad alimentaria, llevó a los diputados de las comisiones de salud y agricultura a emitir un dictamen conjunto para la iniciativa   No. 5391, Ley de Rastros, con la cual se pretende regular las normas de higiene y salubridad por medio de una licencia sanitaria que extenderá el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

La licencia sanitaria será para constatar que se cuenta con las condiciones adecuadas en infraestructura, insumos y personal calificado para manipular la carne, pero la ley además contempla que para que las personas puedan operar, los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de Salud Pública deberán autorizar un estudio de impacto ambiental.

“Es importante resaltar que esta ley reforma el código de salud para prohibir la utilización de químicos que engorden a cualquier tipo de animales” dijo la diputada Sofía Hernández, quien preside la comisión de salud.

El Artículo 23 prohíbe la utilización de químicos de engorde o de cualquier derivado en cualquier animal de consumo humano, ya que podría poner en riesgo la vida de las personas. Esto prevendría enfermedades como: diarreas, alergias alimentarias y enfermedades bacterianas.

Dicha ley es un beneficio para todos los guatemaltecos “no puede ser que sigamos consumiendo alimentos que puedan transmitir enfermedades”, dijo el diputado Oscar Chinchilla, Vicepresidente de la Comisión de Agricultura, quien agradeció el trabajo de las comisiones.

Hemos trabajado más de dos años en esta ley  con el propósito de que los guatemaltecos consumamos carne sin contaminantes y esperamos su aprobación” agregó la diputada Hernández.

La aprobación de esta ley aseguraría que los consumidores ingieran un producto de alta calidad que cuente con adecuado control sanitario.

 Por Astrid González

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Contrario a lo que afirmaron algunos medios de comunicación, el diputado Víctor Cruz Clavería (FCN-Nación) aclaró que nunca  firmó la enmienda del  artículo 6 de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que deroga la  literal K) del artículo 21 ter del Decreto 1-85 Asamblea Nacional Constituyente, con la que se dejaría sin potestad al Tribunal Supremo Electoral (TSE), de cancelar partidos políticos.

Cruz  Clavería rechazó  la confusión creada alrededor del tema y  explicó que  la enmienda que él apoya es la que propuso la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, la cual  se apega a lo dictaminado por la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Yo firmé la enmienda que recoge el dictamen que envió la CC, luego de que el Congreso de la República las remitiera para determinar si existía alguna inconstitucionalidad en ellas, sin embargo maliciosamente algunos medios de comunicación confundieron a la población diciendo que yo quería debilitar al TSE en el tema de cancelación de partidos políticos”, afirmó el diputado.

Pero la inconformidad del diputado no quedó en eso, pues también  anunció su renuncia a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. “No quiero estar involucrado en este tipo de confusiones, ya que mis electores en el departamento de Escuintla, fiscalizan cada una de mis acciones, dijo.

La confusión se dio en la sesión plenaria en la que se discutía  el artículo 5 referente al financiamiento público y extraoficialmente circuló una enmienda al artículo 6, planteada por el congresista Óscar Argueta de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la cual deroga la literal K) del 21 ter, sin embargo, la cual no  tiene la firma del congresista Cruz Clavería.


Por Mayra Recinos.

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Con la presentación de una denuncia penal en contra de la ex fiscal Thelma Aldana, la comisión que investigó la compra de un edificio para el Ministerio Público y que preside el diputado Juan Ramón Lau, culminó su labor de investigación.

Al interponer la denuncia en el Ministerio Público, los miembros de la comisión dejaron constancia en el informe circunstanciado de las anomalías detectadas en el proceso de compra-venta del inmueble.

“Ese edifico fue sobrevalorado por más de Q8 millones, esto no es un invento de la comisión, es una realidad investigada y documentada por medio de un proceso transparente que desarrollo esta comisión, que cabe resaltar,  fue integrada bajo todos los fundamentos de ley”, indicó el diputado Lau.

Los miembros de la comisión explicaron que la sobrevaloración en la compra del edificio fue confabulada mediante una estructura integrada por ex trabajadores del Ministerio Público y que formaron parte del equipo de trabajo de la ex fiscal   Aldana,  por lo cual se presentó la denuncia para que sean investigados de oficio.

En los hallazgos se resalta la incongruencia en los avalúos, el realizado por la Dirección de Catastro y Avalúo de bienes inmuebles (DICABI), fue por Q35 millones, mientras que el efectuado por la Contraloría General de Cuentas,  mediante la empresa SERTO,  fue por Q 31 millones.

“El Ministerio Público es quien debe de tipificar los delitos tomando en cuenta los hallazgos, como comisión nosotros ya hicimos nuestro trabajo ahora le corresponde a ellos hacer la persecución penal”, agregó el legislador Lau.

Del proceso de compraventa, los parlamentarios argumentaron que la empresa EJOTEUNO, S.A. y la Offshore panameña DOLCETTO vendieron el inmueble al Ministerio Público, la última entidad citada es propiedad de Mynor Lobos de 24 años quien aparece en distintos registros como representante legal de al menos 60 empresa y 41 offshore.

En  la investigación se determinó que se violó la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, pues se omitieron las bases para adquirir el inmueble, el cual  incumple con requisitos de ubicación, infraestructura y funcionalidad.

“Es evidente la serie de hallazgos detectada, desde la visita que realizamos en el edificio nos percatamos de las anomalías”, opinó el diputado Fernando Linares, miembro de esta instancia.

Por Isabel Mazariegos

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