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En seguimiento a la suspensión de todas las competiciones internacionales del fútbol guatemalteco, la Comisión de Deportes del Congreso, que preside Julián Tesucún, se declaró en sesión permanente, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, acerca de los artículos que se pretenden cambiar a la iniciativa 5111, que reforma la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte.

Con los cambios en la iniciativa se pretende que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) certifique a nuestro país para poder participar en eventos de fútbol internacionales, pero la Federación Nacional de Fútbol, la Comisión Normalizadora, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y la Asamblea Nacional de Fútbol no han logrado llegar al acuerdo necesario de lo que el Congreso debe modificar de manera urgente antes de ser suspendido el país de manera indefinida.

La Corte de Constitucionalidad no ha respondido la consulta efectuada por los diputados de la Comisión respecto a la ley del deporte, para asegurarse de que no existan inconstitucionalidades en los requerimientos de FIFA que puedan generar amparos y atrasar la ley. “Es bueno que ya existan algunos consensos, pero aún estamos contra el tiempo.

Escuchamos a las partes involucradas de manera individual, pero la agenda del congreso no nos permitirá conocer el martes la iniciativa que necesita 105 votos. Si se llegan a acuerdos trataremos de ingresarla el jueves”, indicó el legislador Tesucún, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Denis Alonzo, de la CDAG, dijo: “El Comité Ejecutivo tiene la responsabilidad y voluntad para poder aprobar los estatutos de la FIFA y la Concacaf, siempre y cuando estos estatutos no riñan con las leyes nacionales, que respete a los tribunales federativos y al Tribunal de Honor que son órganos colegiados que no pueden pasarse por alto”.

Rafael Tinoco, de Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf) aseguró que la FIFA está interesada en que existan todos los controles, que se realicen las auditorías y que se fiscalicen los Q10 millones que se reciben por parte de la federación para fomentar el fútbol en todos los niveles. La sala de trabajo se declarará en sesión permanente para poder recibir las propuestas en cualquier momento.

El legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza, Augusto Sandino, solicitó sanear todas la instituciones involucradas en el balompié nacional y no solo la federación, instando a que existan mayores controles de las instituciones federadas.

Por Fernando Bolaños

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La iniciativa de reformas a la Ley contra la Violencia Sexual, Exportación y Trata de Personas, Decreto 9-2009, fue presentada este lunes por las diputadas Alejandra Carrillo, Eva Nicolle Monte y Marleni Matías.

La congresista Carrillo De León, subjefa del bloque Movimiento Reformador, indicó que la intención es tipificar los delitos acoso sexual, sexting y crooming. “Estos no existen en el ordenamiento jurídico del país y pretendemos que se pueda prevenir y erradicar estas malas acciones y conductas en la población guatemalteca, y que no se llenen más las cárceles”, explicó. \\\\\\\"En el caso del acoso sexual estamos proponiendo una multa de tres salarios mínimos. El sexting se refiere a quienes tienden a difundir y revelar a terceros imágenes con contenido sexual que afectan la integridad de otras personas, y el crooming es una campaña contra la seducción en línea; queremos prevenir cualquier tipo de agresión y violencia sexual en los menores”, refirió la diputada Monte, de Alianza Ciudadana.

La parlamentaria Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza y presidenta de la Comisión de la Mujer, explicó que la propuesta está consensuada con diferentes organizaciones y colegas.

“Estaremos solicitando que esta iniciativa pase a nuestra sala para que tenga un profundo análisis jurídico y técnico, así como dictamen favorable”, puntualizó.

Mirna Montenegro, representante del Observatorio de Salud Reproductiva, mencionó que se pretende una mayor prevención y erradicar “el problema que sufren las personas indefensas e inocentes, pero que sanciona a los infractores para ponerle un alto a los vejámenes”.

Por José Castellanos.

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El presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, en conferencia de prensa ofrecida este lunes, exhortó a los grupos que asisten los miércoles al hemiciclo, cuando se discuten las reformas constitucionales, a que se pronuncien en favor o en contra pero que mantengan orden y respeto. “Hago un llamado a los grupos… Yo entiendo que habrá divergencias de los partidos o diputados.

Ellos a gritos decían sobre un artículo de la Constitución que da libre acceso a las entidades públicas, pero allí no dice que entren, agredan e insulten; hasta los periodistas fueron objeto de escuchar algún tipo de discurso de personas que vienen a ingresar de forma abusiva hasta los palcos”, dijo Chinchilla. “Es lamentable que se dé este tipo de situaciones; ya instalado el pleno se abren las puertas para que puedan pasar con todo respeto, como lo han hecho los líderes de los pueblos indígenas, quienes se han comportado con mucho respeto y educación ante la discusión de las reformas constitucionales y de otros temas”, agregó.

El titular del Congreso recordó que en otros períodos legislativos no se ha dado acceso al palco para que “grupos vengan a ofender a los diputados o a empleados”. También recalcó que hay un informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres que establece que el aforo para el palco es de 80 personas y que no puede superar esa cantidad para evitar una tragedia.

En el caso de las reformas constitucionales indicó que durante el receso parlamentario se continuará convocando para avanzar.

Otro de los temas tratados por el presidente del Legislativo fue lo relacionado con el caso de la magistrada Blanca Stalling, y aseveró que el cese de sus funciones es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual el Congreso solo tiene que nombrar a su sucesor cuando sea notificado de la vacante.

Por Byron Vásquez

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en un informe del 28 de febrero de 2017, asegura que las instalaciones del Congreso se encuentran expuestas a una “amenaza latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural, social-natural o antropogénico, puede producir efectos adversos, daños y pérdidas en las personas”.

El documento establece que “estas condiciones representan una gran debilidad (de mediana a alta) y de funcionalidad” por ser el Legislativo un edificio público en donde se aglutinan personas para manifestar sus inconformidades.

En las conclusiones el informe establece que en la actualidad algunas áreas, por la cantidad de años que tiene el Congreso de haber sido construido y la falta de mantenimiento, “hacen que el mismo no cuente con las condiciones ideales para su funcionamiento”.

Este informe ratifica el que hizo la Conred en octubre de 2001 sobre las condiciones de susceptibilidad estructural del Legislativo, en conjunto con la Asociación Guatemalteca de la Ingeniería Estructural, Universidad del Valle de Guatemala y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

En esa ocasión se determinó que “el hemiciclo presenta vulnerabilidad significativa y riesgo sísmico significativo, por falta de mantenimiento, alta irregularidad por la altura del hemiciclo y la biblioteca, media irregularidad en planta con su configuración arquitectónica, colisión con colindancia norte y los demás edificios por falta de juntas adecuadas”.

Por Byron Vásquez

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La diputada Marleni Matías, presidenta de la Comisión de la Mujer y representante por Baja Verapaz, citó a José Guillermo Moreno, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y a Edgar Leonel Arizpe, director del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), para analizar la ejecución de los programas y proyectos orientados a beneficiar a las mujeres de dicha región.

“Nos preocupan los recortes que se han hecho a algunos programas para las mujeres en el área rural, así como la construcción de un centro de capacitación en San Miguel Chicaj, que quedó inconcluso”, señaló la parlamentaria Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza.

“Estamos censado a más de 65 mil familias en esas comunidades y digitalizando los datos para actualizar el padrón de los programas sociales, para realizar la primer entrega del bono condicionado de salud y educación”, respondió Moreno.

Agregó que hay 22 mil proyectos inconclusos a nivel nacional, por el cierre del Fondo Nacional para la Paz, “debido a un vacío legal que nos impide continuar”.

Entre esos proyectos se encuentran centros de capacitación, puentes, escuelas, carreteras, centros de salud y hospitales, muchos de los cuales quedaron en obra gris, pero se busca la forma legal que les permita retomarlos.

“Es lamentable que Baja Verapaz no sea prioridad para el Mides; no hay programas específicos, por lo que pedimos que se priorice nuestro departamento, ya que forma parte del corredor seco”, afirmó la legisladora.

Por Rosemary Recinos.

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Una serie de denuncias sobre gastos anómalos y fraccionamiento de compras fueron hechas por parlamentarios de Movimiento Reformador, contra el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Fondo de Inversión Social (Fodes), ante el Subcontralor de la Calidad del Gasto, de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Cesar Elías, y representantes del Ministerio Público (MP).

La legisladora Alejandra Carrillo, subjefe de bancada, presentó una investigación en compras que no se sustentaron en la Ley de Contrataciones del Estado, entre las que se encuentran mesas, escritorios, molinos de nixtamal, equipo de cómputo, toneles, tubos de pvc, ponchos y eco filtros, que serían entregados por medio de cupones canjeables por los beneficiarios de los programas de ayuda social.

“Los bienes se adquirieron a través fidecomisos y unos 30 eventos de licitación por valor aproximado a los Q20 millones, que serían entregados a beneficiarios por medio de cupones en blanco, sin que al momento se hayan entregado”, expresó la parlamentaria.

También indicó: “Además hemos encontrado que 63 de las adjudicaciones son a 4 empresas, y el 61por ciento de la inversión se ha efectuado en estas mismas 4 empresas, lo cual se hizo por medio de 39 proyectos en los que no se utilizó la licitación por no llegar a los Q90 mil en un evidente fraccionamiento de compra”.

Ante los señalamientos de los diputados, Cesar Elías, de la CGC, dijo que han recibido denuncias de compras anómalas en el Mides y Fodes, las cuales se estarán plasmando en el informe que esta institución presentará al legislativo el próximo 29 de mayo, acompañado de las denuncias respectivas ante el MP. “Podrían llegar a ser unas 6 denuncias más unos 25 hallazgos que ameritan sanciones pecuniarias en ese ministerio” puntualizó el funcionario.

Elías agregó que también hay hallazgos en la entrega de beneficios económicos denominados “transferencias condicionadas” a unas 8 mil personas, que no se encuentran en pobreza o pobreza extrema, sino que cuentan con empleo en algún ministerio, en la iniciativa privada o son jubilados.

Los parlamentarios Luis Azmitia y Aracely de Chavarría solicitaron a los representantes del MP que inicien una investigación de oficio de lo denunciado, pues las transferencias sobrepasarían los Q2 millones 400 mil mensuales a personas que no lo necesitan, en tanto los productos y ayudas no llegan a las comunidades del interior del país.

Previo a finalizar la reunión y ante la ausencia de funcionarios del Mides, el diputado Jaime Regalado, jefe de bancada, indicó que solicitarán nuevamente la presencia del ministro a cargo del Mides para que aclare la situación y explique las compras que serían anómalas, y que darían lugar a sanciones drásticas.

Por Fernando Bolaños

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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso inició este viernes la primera fase de revisión de los expedientes presentados por los 31 aspirantes a dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en el período 2017-2022.

En la primera fase los parlamentarios identificaron que 4 ciudadanos no cumplieron con todos los requisitos establecidos en la convocatoria publicada el 10 de abril.

Se trata de:

  1. Francisco Armando Martínez Ruiz

  2. Mireya Batun Betancourt

  3. Marta Larez

  4. José Santisteban.

La comisión determinó que a partir del lunes 8 tendrán 3 días para pronunciarse sobre los incumplimientos que se publicarán ese día.

Los aspirantes que sí llenaron los requisitos son:

  1. Israel Tixal Mul

  2. José Alejandro Córdova

  3. Nery Rodenas

  4. Jorge Mario Andrino

  5. Elizabeth Palencia Orelllana

  6. Mynor Custodio Franco

  7. Shayne Ochaeta Argueta

  8. Otto René Navarro

  9. Jorge Luis Borrayo

  10. Claudia María López

  11. Jorge Francisco Marroquín

  12. Álvaro Arturo De León

  13. Óscar Isaac Morales

  14. Ronaldo Enrique Ramírez

  15. Ricardo Alvarado Ortigoza

  16. Franklin Azurdia

  17. Zoila Alicia Villela

  18. Carlos Horacio Castillo

  19. Álvaro Ricardo Cordón

  20. Sonia Elizabeth Montes

  21. María Elena Orellana

  22. Marilis Guendali Ramírez

  23. Marco Antonio Sagastume Gemell

  24. Lilian Magdalena Noriega

  25. Carlos Enrique Culajay

  26. Jorge Alberto González

  27. Augusto Jordán Rodas

Antes de iniciar la revisión de cada uno de los expedientes, los integrantes de dicha sala legislativa firmaron un pacto de transparencia y se comprometieron a no entrevistarse individualmente con ninguno de los aspirantes.

La presidenta de la comisión, Sandra Patricia Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional, informó que según el cronograma establecido el 29 de este mes se entregará al Pleno la terna para que elija al nuevo titular de la PDH, lo cual deberá realizarse antes del mes de agosto próximo.

Por Nery Morales

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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso inició este viernes la primera fase de revisión de los expedientes presentados por los 31 aspirantes a dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en el período 2017-2022. En la primera fase los parlamentarios identificaron que 4 ciudadanos no cumplieron con todos los requisitos establecidos en la convocatoria publicada el 10 de abril.

Se trata de: Francisco Armando Martínez Ruiz Mireya Batun Betancourt Marta Larez José Santisteban. La comisión determinó que a partir del lunes 8 tendrán 3 días para pronunciarse sobre los incumplimientos que se publicarán ese día. Los aspirantes que sí llenaron los requisitos son: Israel Tixal Mul José Alejandro Córdova Nery Rodenas Jorge Mario Andrino Elizabeth Palencia Orelllana Mynor Custodio Franco Shayne Ochaeta Argueta Otto René Navarro Jorge Luis Borrayo Claudia María López Jorge Francisco Marroquín Álvaro Arturo De León Óscar Isaac Morales Ronaldo Enrique Ramírez Ricardo Alvarado Ortigoza Franklin Azurdia Zoila Alicia Villela Carlos Horacio Castillo Álvaro Ricardo Cordón Sonia Elizabeth Montes María Elena Orellana Marilis Guendali Ramírez Marco Antonio Sagastume Gemell Lilian Magdalena Noriega Carlos Enrique Culajay Jorge Alberto Gonzále Augusto Jordán Rodas Antes de iniciar la revisión de cada uno de los expedientes, los integrantes de dicha sala legislativa firmaron un pacto de transparencia y se comprometieron a no entrevistarse individualmente con ninguno de los aspirantes.

La presidenta de la comisión, Sandra Patricia Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional, informó que según el cronograma establecido el 29 de este mes se entregará al Pleno la terna para que elija al nuevo titular de la PDH, lo cual deberá realizarse antes del mes de agosto próximo.

Por Nery Morales

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Una serie de denuncias sobre gastos anómalos y fraccionamiento de compras fueron hechas por parlamentarios de Movimiento Reformador, contra el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Fondo de Inversión Social (Fodes), ante el Subcontralor de la Calidad del Gasto, de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Cesar Elías, y representantes del Ministerio Público (MP).

La legisladora Alejandra Carrillo, subjefe de bancada, presentó una investigación en compras que no se sustentaron en la Ley de Contrataciones del Estado, entre las que se encuentran mesas, escritorios, molinos de nixtamal, equipo de cómputo, toneles, tubos de pvc, ponchos y eco filtros, que serían entregados por medio de cupones canjeables por los beneficiarios de los programas de ayuda social. “Los bienes se adquirieron a través fidecomisos y unos 30 eventos de licitación por valor aproximado a los Q20 millones, que serían entregados a beneficiarios por medio de cupones en blanco, sin que al momento se hayan entregado”, expresó la parlamentaria. También indicó: “Además hemos encontrado que 63 de las adjudicaciones son a 4 empresas, y el 61por ciento de la inversión se ha efectuado en estas mismas 4 empresas, lo cual se hizo por medio de 39 proyectos en los que no se utilizó la licitación por no llegar a los Q90 mil en un evidente fraccionamiento de compra”.

Ante los señalamientos de los diputados, Cesar Elías, de la CGC, dijo que han recibido denuncias de compras anómalas en el Mides y Fodes, las cuales se estarán plasmando en el informe que esta institución presentará al legislativo el próximo 29 de mayo, acompañado de las denuncias respectivas ante el MP. “Podrían llegar a ser unas 6 denuncias más unos 25 hallazgos que ameritan sanciones pecuniarias en ese ministerio” puntualizó el funcionario. Elías agregó que también hay hallazgos en la entrega de beneficios económicos denominados “transferencias condicionadas” a unas 8 mil personas, que no se encuentran en pobreza o pobreza extrema, sino que cuentan con empleo en algún ministerio, en la iniciativa privada o son jubilados.

Los parlamentarios Luis Azmitia y Aracely de Chavarría solicitaron a los representantes del MP que inicien una investigación de oficio de lo denunciado, pues las transferencias sobrepasarían los Q2 millones 400 mil mensuales a personas que no lo necesitan, en tanto los productos y ayudas no llegan a las comunidades del interior del país. Previo a finalizar la reunión y ante la ausencia de funcionarios del Mides, el diputado Jaime Regalado, jefe de bancada, indicó que solicitarán nuevamente la presencia del ministro a cargo del Mides para que aclare la situación y explique las compras que serían anómalas, y que darían lugar a sanciones drásticas.

Por Fernando Bolaños

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