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La Comisión de Pueblos Indígenas se reunió con representantes de varias comunidades de distintos departamentos para tratar el incremento a las tarifas de la energía eléctrica.

A la cita asistieron el viceministro de Energía y Minas, Rodrigo Rodríguez; el titular de la Dirección de Atención al Consumidor, Byron Sagastume, y Oscar Caceros, del Instituto Nacional de Electrificación, a quienes se entregó un memorial con la firma de representantes de las comunidades que solicitan rebaja en el costo del servicio e iniciar el diálogo.

“Estamos preocupados y esperamos que se realicen los análisis correspondientes para evitar más incrementos que afectan a las familias guatemaltecas; buscaremos realizar otras reuniones para abordar el tema”, aseguró el diputado Leocadio Juracán, presidente de la sala de trabajo de Pueblos Indígenas.

Los representantes de las comunidades indígenas de Totonicapán, Quiché, Sololá y Chimaltenango que asistieron a la reunión aseguraron que las alzas los perjudican, por lo que confían en que el diálogo sea en buenos términos antes de tomar medidas drásticas.

Por Karla Herrera

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Claudia López, procuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señaló ante los diputados Jaime Regalado y Alejandra Carrillo, de la bancada Movimiento Reformador (MR), que pudo evitarse la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pues desde octubre del año pasado esa institución pidió el cierre paulatino del lugar.

“Lo ocurrido es una especie de crónica de una muerte anunciada, pues ya se había dicho y no se hizo nada”, aseveró, en alusión al hacinamiento y las condiciones infrahumanas en que vivían las menores, más las denuncias de abusos por parte de los monitores del centro.

López compareció este jueves ante los parlamentarios junto a Carlos Lemus, subdirector adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC), y Harold Flores, Procurador de la Niñez, de la Procuraduría General de la Nación, para que ofrecieran detalles de las acciones tomadas por el suceso en San José Pinula, en el cual perdieron la vida al menos treinta menores.

Según Lemus, la tarde del martes 7, después de haber sido alertados por el director del Hogar, Santos Torres, lograron ubicar a varios menores que se habían escapado y junto a las autoridades de la PDH intentaron ingresarlos de nuevo, pero las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, que administra el lugar, se negaron a recibirlos.

El comisario Wilson Maldonado, jefe de la Comisaría 13, señaló que a las 22:00 horas un funcionario de la Presidencia de la República, identificado como Carlos Beltetón, le comunicó por la vía telefónica al mandatario Jimmy Morales. “Le informé al Presidente sobre la situación y él me dijo que permaneciéramos en el lugar, para resguardarlo”, aseveró.

Lemus manifestó que por ello los elementos de la PNC se quedaron para cuidar el área perimetral.

“Cuando ya existe un proceso de protección no se puede llevar o cambiar a los niños de un lugar a otro sin la autorización judicial, y en este caso se pidió el acompañamiento del Organismo Judicial para realizar una exhibición personal, y esta tardó en llegar”, respondió Flores al ser cuestionado.

Según Flores, la PGN ya presentó una denuncia contra quienes resulten responsables. La PDH exigirá la renuncia del titular de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Antonio Rodas, por considerar que es responsable de esos centros.

El diputado Regalado afirmó que interpondrán las respectivas denuncias y darán seguimiento a todas las instituciones involucradas.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula, Guatemala, está bajo la administración de la SBS y atiende a niños y adolescentes de 0 a 18 años víctimas de violencia física, psicológica y sexual, con discapacidad leve, abandono, con problemática adictiva, víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial, laboral o económica y adopciones irregulares.

Por Nery Morales

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Un día después de los hechos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que dejaron no menos de 30 jovencitas fallecidas, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) exigieron la captura del director, subdirector y monitores, con el fin de avanzar en la investigación del hecho y deducir responsabilidades penales.

El jefe de bancada, Orlando Blanco, en reunión con representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), exigió a los entes correspondientes una investigación “clara y pronta”, la cual debe iniciar con la captura de los responsables del centro que estaban de turno.

El repudio y la consternación fue generalizado entre los parlamentarios al conocer algunos detalles del hecho, el cual no atribuyen “a una simple casualidad”. “No se utilizaron los protocolos de seguridad establecidos en un incidente de este tipo, ya que había iniciado con disturbios desde un día antes y no se actuó ante los acontecimientos que se podían prevenir”, dijo el legislador Jairo Flores.

Por su parte, la Procuradora Adjunta de Derechos Humanos, Claudia López, dijo que presentaron denuncias en el Ministerio Público por el desaparecimiento de niñas desde noviembre del año pasado, y se dieron a conocer las precariedades, hacinamiento y vejámenes.

Antes de finalizar la reunión, Blanco manifestó que también buscarán respuestas de parte de la Fiscal General en cuanto a “la pasividad del fiscal encargado del caso”, por lo que también se podría pedir su destitución al no actuar ante las denuncias recibidas desde el año anterior, y que no se descarta pedir el cese en funciones de autoridades de la Secretaría de Bienestar Social y de los Relatores Contra la Trata y la Tortura.

Por Fernando Bolaños

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Diputados que integran la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional informaron este jueves que analizan plantear reformas a la Política Nacional de Seguridad, con el propósito de actualizarla, pues data del año 2008.

  1. documento fue presentado por Marco Antonio Pozuelos, de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. El propósito de los congresistas es conocer detalles de cómo está funcionando el Sistema Nacional de Seguridad y hacerle cambios mediante mesas técnicas, que elaboren propuestas.

“Nos han dado a conocer el plan de trabajo de este año y cómo ha funcionado esa institución, y vemos que hay debilidades; por eso tenemos que hacer una alianza para cambiar la ley que fue aprobada en el año 2008. Debe de ser actualizada para que cumpla con sus objetivos, y buscar apoyo internacional para fortalecer el Sistema y resguardar a la ciudadanía”, indicó el diputado Raúl Romero, del bloque Fuerza, presidente de la referida sala.

Pozuelos dijo estar de acuerdo con hacerle modificaciones a la normativa, específicamente a las instituciones nuevas, como el Instituto de Migración, “porque es necesario que se integre al Consejo Nacional de Seguridad, pues entran y salen personas que han cometido ilícitos y hay que tener control sobre ellas”.

“Vemos que no tienen los recursos financieros necesarios y tenemos que buscar los fondos, para que realmente funcionen”, dijo Aníbal Rojas, de la bancada Visión con Valores (Viva), vicepresidente de la comisión.

De acuerdo con la información recabada, se estaría reformando la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto 18-2008; el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad, el Acuerdo Gubernativo 166-2011 y el reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, Acuerdo Gubernativo 177-2011.

Por José Castellanos.

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El presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, recibió a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG) y de la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM), quienes le presentaron un documento con las peticiones de los docentes del país.

Eduardo Herrera indicó que el documento firmado por los representantes de los 22 departamentos resalta el interés demostrado por la educación pública del país al impulsar la Ley de Alimentación Escolar.

También expresa el descontento por el insuficiente presupuesto del Ministerio de Educación, sobre todo en temas específicos de inversión necesaria para la infraestructura y calidad educativa, por lo cual solicitaron al Congreso su intermediación para que las autoridades del Ministerio de Educación y Finanzas Públicas resuelvan dichos problemas.

El presidente del Legislativo expresó que el petitorio será compartido con las comisiones de Educación y Finanzas, y que propiciarían una reunión con los ministros de ambas carteras para discutir el tema.

En la cita estuvieron los diputados Ovidio Monzón, de Todos; Germán Velásquez, independiente, y Dolores Beltrán, del Movimiento Reformador (MR), integrantes de la sala de Educación.

Al respecto, la diputada Beltrán, quien preside dicha comisión, les informó que trabajan en el gran pacto de la educación por un magisterio dignificado.

Por Nery Morales

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En la décima novena sesión ordinaria, celebrada este jueves, los diputados al Congreso de la República iniciaron la discusión por artículos y redacción final de la Ley de Competencia, iniciativa 4920. Dicha normativa contiene 148 artículos, que tienen como fin proteger y elevar el bienestar del consumidor a través de la defensa de la libre competencia y concurrencia de los oferentes, elevando la eficiencia económica del mercado de bienes y servicios en el país.

Durante la discusión del artículo 14 la aprobación quedó en suspenso, debido que no se contaba con la mayoría calificada (105 votos).

Asimismo, por solicitud de la congresista Sandra Morán, del bloque Convergencia, quien presentó una moción privilegiada verbal, se pospuso la discusión por artículos del proyecto de reformas al Decreto Número 82-78, Ley General de Cooperativas (4920). “Pedimos que se detuviera la discusión de esta ley, de importante relevancia para las mujeres cooperativistas, por considerar que no hay un conocimiento claro de la contribución de esta propuesta”, aseguró.

Por otra parte pasaron en segundo debate las iniciativas 5114 y 5246; la primera dispone aprobar la Ley para Promover y Fortalecer la Actividad Chiclera, y la otra, Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria, que fue incluida en el Orden del Día mediante una moción privilegiada.

“La idea de la iniciativa 5246 es que se vea beneficiado directamente el productor del chicle, pues se eliminan los consejos que en la actualidad perciben un porcentaje por el desarrollo de esta actividad productiva. Hoy estamos permitiendo que el mercado se beneficie con apertura, en virtud de generar mayor rentabilidad a este sector de la economía”, expresó el ponente de la ley, Jaime Regalado, del Movimiento Reformador (MR).

En el punto de iniciativas, los parlamentarios conocieron la normativa Ley contra la Ciberdelincuencia, que entre otros tipifica robo de identidad. El proyecto fue presentado ayer en la Dirección Legislativa por el diputado José Rodrigo Valladares Guillén, del bloque Todos, y tercer secretario de Junta Directiva.

Por aparte, el presidente del Organismo Legislativo, Oscar Chinchilla, anunció que por falta de terna se pospuso la elección del diputado representante del Congreso de la República ante el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.

Finalmente, por agotarse los puntos de la agenda, la Junta Directiva levantó la plenaria y convocó a sesión para el martes 14, a las 14:00 horas.

Por Karen Mendoza

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En Huehuetenango se firmó este jueves el Pacto por la Salud Integral de la Mujer, por iniciativa de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de la República.

El convenio convoca a aceptar los compromisos de trabajar para que de manera concurrente, comprometida y con responsabilidad compartida para lograr que el Estado de Guatemala pueda cumplir con dar y garantizar salud integral de la mujer con:

  • Adecuado acceso de atención a la salud de la mujer en sus diferentes etapas de vidas, así como prevención y tratamiento de enfermedades que mayoritaria o exclusivamente son de las mujeres, incluyendo el cáncer y el VIH y SIDA.

  • Atención y prevención a los daños físicos y a la salud mental de las mujeres por la violencia en contra de ellas o de su familia.

  • Fortalecimiento a la prevención y vigilancia para el cuido de la salud integral de la mujer. En especial a la prevención de la muerte materna y el embarazo de las adolescentes.

  • Fortalecimiento institucional para una atención integral de la mujer en sus diferentes etapas de vidas de manera adecuada y eficiente.

  • Promover y contribuir a que los gobiernos locales y la participación comunitaria tengan prácticas diferenciadas en la atención integral de la salud de la mujer.

  • Servicios de atención en salud con recurso humano capacitado para una atención diferenciada y con conocimiento adecuado a las diferentes etapas de vidas, para la mujer.

  • Un abastecimiento y logística oportuna de medicamentos, material médico quirúrgico y otros insumos que garanticen la atención especializada e integral de la mujer, incluyendo los insumos necesarios para su salud reproductiva.

  • Una cooperación internacional y donaciones que selectivamente contribuyan institucionalmente al fortalecimiento de la salud integral de la mujer.

  • Financiamiento comprometido y plenamente identificado para la salud integral de la mujer y que este se ejecute con probidad, transparencia y con rendición de cuentas.

  • Control y calidad al gasto público que se invierta en la salud integral de la mujer.

De igual forma los firmantes dan total e irrestricto apoyo para la aprobación de cualquier iniciativa de ley que garantice la atención integral en la salud.

Según un estudio demográfico de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, con datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2011 el municipio de Huehuetenango tenía 108,461 personas, de las cuales el 53 por ciento era de mujeres (57,499). El crecimiento poblacional era de 2.7 por ciento.

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Diputados de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Congreso de la República condenaron públicamente los hechos ocurridos en el Hogar Virgen de la Asunción, y manifestaron su solidaridad con las familias que perdieron a sus hijos en el trágico acontecimiento ocurrido el miércoles.

En su calidad de médico y cirujana, y como presidenta de la citada sala, la diputada Karla Martínez asistió al Hospital Roosevelt acompañada de los diputados German Velásquez y Marco Orozco, para conocer el estado de las víctimas del incendio que fueron ingresadas en dicho nosocomio.

A decir de la diputada Martínez, este hecho lamentable en el que fallecieron ya 30 menores de edad enlutece al país. “Guatemala llora hoy a sus hijas, víctimas de la indiferencia y la indolencia. Nunca más debemos permitir que vuelva ocurrir algo así”, dijo la congresista, quien manifestó sus condolencias con las familias de las menores fallecidas.

Agregó que no descansará y que fiscalizará a las instituciones públicas obligadas a velar por el bienestar de los menores. No descartó iniciar las acciones legales correspondientes para que se deduzcan responsabilidades.

Los parlamentarios mantendrán un seguimiento estrecho de las actuaciones con autoridades que deben garantizar la protección a los ciudadanos guatemaltecos para que no vuelvan a ocurrir hechos lamentables de esta naturaleza, y agradecieron al personal médico y paramédico por el esfuerzo realizado.

Asimismo, hicieron un llamado a la Ministra de Salud para que agilice los procesos administrativos para la compra de medicamentos y que se garanticen los insumos necesarios para atender a las víctimas ingresadas cuya vida aún corre peligro.

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La comisión específica que el Congreso integró con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los trágicos acontecimientos ocurridos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, se reunió este jueves con Carlos Rodas, titular de la Secretaría de Bienestar Social (SBS); Nery Ramos, director general de la Policía Nacional Civil, e Hilda Morales, Procuradora Adjunta de Derechos Humanos, entre otros funcionarios.

Los diputados dijeron que hay dudas sobre el actuar del Policía Nacional Civil porque se señala que había elementos custodiando los módulos donde estaban las menores en el momento del siniestro, y que se retardó el ingreso de los bomberos al lugar.

Ramos indicó que solo acudieron a atender un motín y una fuga masiva de las niñas y adolescentes, y que después de restablecer el orden se retiraron a custodiar el perímetro.

“Pareciera que hubo intención de permitir las muertes de estas niñas, y la intencionalidad fue perversa por las denuncias sobre trata de personas y abuso sexual”, expresó el parlamentario Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia.

“Había niñas que se atrevieron a denunciar vejámenes y qué casualidad que ahora están muertas”, dijo la legisladora Marleni Matías, titular de la Comisión de la Mujer.

Por su parte, el titular de la SBS explicó que debido a que el personal no pudo contener el conflicto se llamó a la PNC para que “neutralizara” a las menores, pero que “no se dio la orden de encerrarlas con llave”.

“Lo importante aquí es que haya persecución penal contra los funcionarios por incumplimiento de deberes y responsabilidad culposa en los homicidios”, agregó Pop.

“Hoy presenté la solicitud de interpelación al Secretario de Bienestar Social y por lo tanto no puede ausentarse del país; y en esa interpelación pediré el voto de falta de confianza, para que se dé su inmediata destitución”, indicó el legislador Raúl Romero Segura.

El diputado Walter Félix, presidente de la Comisión del Menor y la Familia, afirmó que solicitaron informes circunstanciados a las instituciones y que después de analizar todos los elementos se presentará un informe al pleno del Congreso. “De ser necesario se presentarán las denuncias correspondientes. Una masacre como la que ocurrió en el lugar Virgen de la Asunción no se puede quedar impune”, concluyó.

Por Rosemary Recinos

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