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Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas e integrantes del Comité de Huelga 2017 de la Universidad de San Carlos (Usac), asistió este martes al Organismo Legislativo a respaldar la iniciativa de ley 5250, presentada por el diputado Raúl Romero, que pretende abolir el indulto presidencial en casos en los que se haya emitido como sentencia la pena de muerte.

La normativa está encaminada a reformar los artículos 102 y 105 del Código Penal, debido a que el indulto presidencial es uno de los obstáculos para aplicar la pena capital, pese a que la ley sigue vigente, por lo que con estas modificaciones sería más práctico ejecutar las sentencias.

“Estamos viviendo en un país donde la pena de muerte se está aplicando a la gente honesta, que muere a diario a manos de la delincuencia organizada; por esa razón hoy estamos oyendo la voz del pueblo de Guatemala, de los estudiantes de la Universidad de San Carlos, y hacemos un llamado a todos los sectores a tomar la responsabilidad y el compromiso de exigir al Gobierno que cumpla con lo establecido en la Carta Magna”, indicó Romero, del bloque Fuerza.

Dicho proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a la espera de su estudio y dictamen.

Por Karen Mendoza

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En la sesión de este martes, el Congreso pasó en tercer debate, con 93 votos, la iniciativa de Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria, la cual otorgaría beneficios fiscales a diferentes sectores agroindustriales.

El proyecto fue conocido después de que los parlamentarios aprobaron una moción privilegiada para alterar la agenda, presentada por Gabriel Heredia, de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Los legisladores Heredia, de la UNE; Adim Maldonado y Estuardo Galdámez, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), razonaron su voto a favor y argumentaron que la ley formalizaría al sector y favorecería al régimen tributario.

Álvaro Velásquez, del bloque Convergencia, dijo que votó en contra por considerar que la propuesta “es ilegal y está llena de impunidad”, por lo que pidió hacer una reforma tributaria integral.

El diputado Domingo Trejo, de FCN-Nación, planteó que el Congreso se declarara en sesión permanente con la intención de aprobar este martes la ley por artículos y redacción final, pero el trámite se postergó para una próxima sesión.

Antes de ello, al inicio de la sesión, la parlamentaria Patricia Sandoval, del bloque FCN-Nación, propuso la aprobación de un acuerdo para cesar en sus funciones a los relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, por considerar que tienen responsabilidad en la tragedia registrada en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción; sin embargo, el proyecto fue enviado a la Comisión de Derechos Humanos, para estudio y dictamen.

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Las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Consejo Nacional de Adopciones (CNA), comparecieron este martes ante el pleno de diputados y señalaron a la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y a funcionarios judiciales por la tragedia registrada en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Jorge De León Duque, Anabella Morfín y Sully Aracely Santos, respectivamente, recriminaron la falta de acción y pasividad de las autoridades de la SBS desde el momento en que se originaron los problemas en dicho centro, el martes 7, y que desencadenaron en la muerte de 40 menores.

El titular de la PDH resaltó que desde el 2013 se le dio seguimiento a constantes denuncias de abusos contra menores en resguardo dentro del Hogar Seguro. “Como resultado de dichas investigaciones se presentó denuncia ante el Juzgado Sexto de la Niñez y la Adolescencia, y se obtuvo una sentencia en noviembre de 2016 para que fuera cerrado paulatinamente”, indicó.

Por su parte, Morfín, mencionó la negligencia de las autoridades judiciales, pues ante la petición de una exhibición personal no actuaron de inmediato, y señaló que tenían 24 horas para resolver.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción no contaba con las condiciones de infraestructura idóneas para el resguardo de los menores, no existían protocolos de emergencia ni registros reales de la población en resguardo. “Eso quedó evidenciado en la supervisión que se hizo en octubre del año pasado, pues de un supuesto registro de 500 detectamos una población de más de 800 menores”, dijo Santos.

Por parte de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia asistió el recién nombrado subsecretario, Eder Vladimir López, a quien únicamente le aceptaron un informe escrito.

Los funcionarios fueron escuchados y cuestionados por Patricia Sandoval y Estuardo Galdámez, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), quienes encabezaron una lista de al menos 37 oradores. Ambos indagaron acerca de los planes de acción de las autoridades citadas.

Al cumplirse 4 horas y 35 minutos se suspendió la sesión por falta de quorum y se acordó continuar el interrogatorio en la sesión del jueves 16, a partir de las 10:00 horas.

Por Nery Morales

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Claude Harmelin De León, diputado de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), presentó una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94, con la cual pretende mejorar los procedimientos en el desarrollo de las actividades y modernizar las normas existentes.

La iniciativa consta de 11 reformas, 5 artículos con adiciones y 1 transitorio. “Las modificaciones están encaminadas a mejorar nuestro trabajo dentro de las comisiones; por ejemplo, un funcionario no tendría la obligación de quedarse a una citación si no se encuentra un mínimo del 25 por ciento de los parlamentarios que integren la sala legislativa”, explicó.

Los artículos específicos a los que propone reformas son el 4, 22, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 41, 45 (Bis) y 118, y adiciones a los artículos 27, 55 (Bis), 67, 75 y 92; el transitorio declara que reconocen todas las comisiones vigentes, y las que sean creadas después de la aprobación deberán sujetarse a las nuevas disposiciones.

Otro punto que expuso el congresista es el referente al artículo 28, en el cual se establece que si una bancada está integrada por un solo diputado, éste podrá presidir una comisión e integrar la junta directiva de otra; el resto de diputados no tendrían esa potestad.

La reforma al artículo 32 condiciona que para crear una sala de trabajo extraordinaria el pleno deberá contar con dictamen de la Comisión de Finanzas, para determinar si hay recursos para su financiamiento; de lo contrario quedaría sin efecto.

Por otra parte, la reforma al artículo 34 contempla que las presidencias de las comisiones pertenecerán a la bancada y no a un parlamentario en particular.

En cuanto al artículo 45 (Bis), el congresista indicó que se pretende institucionalizar los archivos y documentos que trabajen año con año las comisiones, por lo que estarían obligados a entregar la documentación al Archivo Legislativo, para cualquier consulta que se requiera.

“Estas son algunas de las propuestas que incluimos”, dijo Harmelin, quien espera que el proyecto sea aprobado por el pleno y entre en vigencia al día siguiente de su aprobación, pues no requiere sanción del Organismo Ejecutivo.

Por Mayra Recinos

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La iniciativa de reformas al Decreto 02-2003, Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo, fue presentada este martes por el diputado Christian González, de la bancada Frente de Convergencia Nacional, con el fin de transparentar la ejecución de los recursos.

“Esta ley se aprobó hace 14 años y hace falta modernizarla para tener un mejor control de lo que hacen con las donaciones del sector público y privado”, explicó.

El parlamentario dijo que se busca que la ayuda recibida se emplee realmente para lo solicitado. “Si se pidió para desnutrición crónica o cuidado del ambiente, que en eso se utilice”, expresó.

“Se busca tener también un control electrónico que facilite su fiscalización, para determinar cuántas están operando, qué funciones tienen y qué servicios están dando a la población”, concluyó el legislador.

Por Rosemary Recinos.

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Marvin Orellana López, tercer vicepresidente del Congreso de la República, se reunió este lunes con representantes de la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para indagar sobre el avance del mejoramiento de puestos y centros de salud de todos los departamentos.

“El año pasado el Congreso aprobó en el Presupuesto General de la Nación Q50 millones específicamente para este trabajo, por lo que esperamos que existan ya los convenios entre los ministerios de Salud y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de manera que empiecen a realizar las mejoras lo antes posible”, indicó el diputado Orellana, de Alianza Ciudadana.

Por su parte, Aracely Vásquez, de la Unidad de Planificación de la cartera de Salud, explicó que tienen priorizados 16 proyectos distribuidos en Baja Verapaz, Chiquimula, Quiché, Sololá y Huehuetenango, entre otros.

Según indicó el parlamentario Orellana, es un tema al que le dará seguimiento junto a su equipo de trabajo, especialmente para responder a los pobladores de su distrito, Baja Verapaz.

“En próximas fechas citaremos a la Ministra de Salud, porque no es suficiente tener la infraestructura de un centro de salud; también es necesario el equipamiento y abastecimiento”, concluyó.

Por Mayra Recinos

 

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La Mesa Técnica de Asuntos de Discapacidad fue inaugurada este lunes por el diputado Juan Carlos Salanic, presidente de la Comisión de Discapacidad del Congreso de la República, con el fin de evaluar la iniciativa de Ley 5125 que trata el tema de la inclusión de personas discapacitadas en los presupuestos de los diferentes ministerios.

El tema central de la primera reunión fue el monto de las asignaciones que la cartera de Finanzas debe hacer a las de Salud, Trabajo, Educación y Desarrollo Social, para implementar los requerimientos de atención y acceso a servicios que implica dicha iniciativa.

La discusión se llevó a cabo ante representantes de los ministerios mencionados y de entidades que trabajan en favor de las personas discapacitadas, como el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad y la Asociación Gente Pequeña de Guatemala, quienes avanzaron en el tema del 3 por ciento que la ley estipula como cantidad que el Estado debe de invertir en programas inclusivos.

Según lo señalado por el diputado Salanic, de la Unidad Nacional de la Esperanza, existían dudas en cuanto al porcentaje que se debe trasladar a los ministerios para la atención a las personas discapacitadas, y se aclaró que debe ser trasladado únicamente del rubro de inversión; por ello se dio un plazo de 10 días para que cada una de las carteras informe la inversión actual en la materia.

En los próximos días se tiene previsto continuar el análisis del articulado de la ley por parte de la Mesa Técnica en temas como} la inclusión a la salud, al trabajo y a la educación, entre otros.

Por Fernando Bolaños Barillas

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El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, expresó este lunes su rechazo a la iniciativa 5246, Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria, que está pendiente de discusión en tercera lectura, por considerar que “sería una injusticia” y existe el riesgo de que se presenten enmiendas para favorecer el lavado de dinero.

“El artículo 10 contempla la posibilidad de legalizar facturas falsas y que se busque la exoneración de los controles de la Superintendencia de Administración Tributaria en la búsqueda de limitar el acceso al secreto bancario”, afirmó.

Agregó que como comisión presentarán un informe sobre las ilegalidades que podrían cometerse de aprobarse la norma, para que sea leído en el espacio de despacho calificado antes de que avance el trámite legislativo.

Este lunes, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y diferentes sectores académicos se reunieron con la referida sala para manifestar su rechazo a la iniciativa 5246, la cual establece un régimen especial para el sector agropecuario.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales expresó que la mayoría de disposiciones que se establecen en el proyecto constituyen una amnistía agresiva y progresiva, si se toma en cuenta que incluye condonación de multas, intereses e impuestos omitidos.

“Las facilidades, exoneraciones y rebajas propuestas constituyen una ventaja injusta para este sector”, expresó su representante, Walter Figueroa.

Enrique Coyoy, de la Universidad Rafael Landívar, comentó: “Históricamente siempre se ha buscado beneficiar a unos pocos, como sucedió con los incentivos fiscales para las maquilas en el 2015, y ahora a los ganaderos y caficultores; esta ley está orientada a legalizar el dinero ilícito”, manifestó.

Por su parte, el titular de la SAT, Juan Francisco Solórzano, afirmó: “Esta norma, conocida anteriormente como Ley Ganadera, es innecesaria, no generaría ningún impacto positivo en materia de recaudación y es un ofensa para todos los guatemaltecos que se considere pequeño contribuyente a alguien que factura Q3 millones de al año y que tributen solo el 3 por ciento”.

“No estamos de acuerdo con los regímenes diferenciados; existe cierta discriminación y nuestro planteamiento fue desde un inicio que la tasa debe mantenerse en el 5 por ciento”, declaró Jorge López, encargado de la Política Fiscal, del ministerio de Finanzas Públicas.

Por Rosemary Recinos.

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El retiro de la iniciativa 5148, reformas al Código Procesal Penal, Decreto 51-92, fue anunciado este lunes por el diputado Juan Ramón Lau, debido a “la polémica que causó en algunas organizaciones civiles pro derechos humanos”, y que sea enviada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que sea discutida con los sectores involucrados, en busca de consensos y acuerdos.

A criterio del parlamentario Lau, jefe del bloque Todos, el proyecto no fue presentado con la intención de beneficiar a exfuncionarios implicados en actos de corrupción que están privados de libertad en la Brigada Militar Mariscal Zavala, zona 16, sino para las personas que están en los diferentes centros penales a la espera de que se resuelva su situación jurídica.

“Es lamentable que una iniciativa de ley, la cual conlleva un aspecto inminentemente humano, haya creado polémica, porque vemos que hay personas que han pasado presos 3, 4, 5 y hasta más años sin que les dicten sentencia; es triste que hayan vendido una idea de esta magnitud”, manifestó.

Explicó que con la iniciativa se pretende reformar el artículo 268 del Código Procesal Penal, que se refiere a la prórroga de privación de la libertad. “Esto sería un año después de que se encuentren las personas detenidas, pues en esta fase del proceso el Ministerio Público ya presentó los medios de prueba para que se lleven los debates; lamentablemente en los tribunales de sentencia existe mucha mora judicial, no realizan las audiencias, los jueces piden prórroga sobre prórroga y no dictan las sentencias correspondiente”, aseveró.

Por José Castellanos.

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