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Diputados que integran la Comisión de Apoyo Técnico iniciaron el análisis de 2 propuestas para modificar el Decreto 63-94, Ley Orgánica del Congreso de la República, sobre los procesos para conocer reformas a la Constitución y la entrega de informes de los presidentes de las distintas salas de trabajo.

La primera iniciativa (52-37), presentada el parlamentario Oliverio García Rodas (Movimiento Reformador), en su primer artículo cambia el enunciado 28 para que los informes de los titulares de las comisiones sean entregados directamente al sucesor, para evitar que se pierda la información obtenida durante el año de trabajo.

Una segunda iniciativa que será analizada es la 52-38, interpuesta por el diputado Claude Harmelin De León (Frente de Convergencia Nacional), con el propósito de dar una ruta a seguir al momento en que se presenten propuestas para reformar la Constitución Política de la República, tal como lo especifica el artículo 133, el cual manda a que toda propuesta debe ser analizada previamente por una comisión específica integrada por un diputado de cada bloque legislativo.

Durante la reunión se contó con la presencia de los ponentes, quienes aseguraron que dejan el estudio en las manos de la comisión.

El presidente de la sala de trabajo, Manuel Conde Orellana (Partido de Avanzada Nacional), aseguró que se ha iniciado el camino para el estudio de las dos propuestas que serán discutidas detenidamente en las próximas semanas.

Por Karla Herrera

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Con el objetivo de conocer detalles de la labor que realizan las instituciones participantes en el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese), la Comisión de Turismo, que preside la diputada Elza Cú Isem citó a funcionarios de las instituciones que velan por la seguridad de los turistas durante las festividades de Cuaresma y Semana Santa.

Los parlamentarios integrantes de la sala mostraron su preocupación ante autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y la División de Seguridad al Turista, de la Policía Nacional Civil, en temas como seguridad, movilidad de turistas en las fronteras, carreteras y divulgación de sitios turísticos a los visitantes extranjeros.

Las autoridades informaron que para garantizar una mejor cobertura y movilidad de instituciones que conforman el Sinaprese se estarán activando 7 puestos de control y 20 campamentos en las principales rutas, del viernes 7 de abril hasta el lunes 17, los cuales contarán con atención prehospitalaria, información, seguridad, servicios mecánicos y de grúas, además de monitoreo en playas, ríos, balnearios, centros turísticos y cortejos procesionales.

Según Jorge Mario Chajón, director del Inguat, su función principal es promocionar al país y sus destinos turísticos, pero también efectúan monitoreo de tarifas hoteleras, información a turistas en quioscos, conteo de ingreso de extranjeros en fronteras y apoyo logístico en traslados carreteros de los visitantes; indicó que se espera un crecimiento del 12 por ciento de ingreso de turistas al país, principalmente los que provienen de El Salvador.

Aunado a esto, el comisario Erick Tórtola, encargado de la Policía de Turismo, dijo que se tiene una fuerza activa de 37,500 elementos en alerta en todo el país para brindar seguridad al viajero, tanto en las carreteras como en los centros turísticos o de aglomeración de personas, como procesiones y playas, que son los lugares donde más ocurren hechos delictivos.

La diputada Aracely de Chavarría, de la bancada Movimiento Reformador, cuestionó la poca promoción de los lugares turísticos de su distrito, Santa Rosa, y el “pésimo estado de las carreteras, así como las largas filas que hacen turistas en las oficinas de Migración ubicadas en las fronteras con El Salvador”.

Finalmente, el congresista Santiago Nájera, de la Unidad Nacional de la Esperanza, exhortó a las autoridades del Inguat y Covial a realizar una planificación efectiva en sus áreas de trabajo, para mejorar la atención al turismo, tomando en cuenta que es uno de los mayores generadores de ingreso de divisas al país y que aumenta cada año.

Por Fernando Bolaños

 

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El diputado Walter Félix, presidente de la Comisión del Menor y la Familia, cuestionó a las autoridades por haber permitido que en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción estuvieran juntas menores que tienen conflicto con la ley penal y quienes están por otras causas consideradas no graves.

En reunión de este miércoles se escucharon los informes de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en aras de esclarecer los hechos.

El congresista de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz) resaltó que los informes serán analizados por los diputados y el equipo técnico de la comisión para emitir un dictamen con recomendaciones y hacer reformas a las leyes.

Asimismo, se cuestionó por los 42 adolescentes que aún están en el interior del Hogar Seguro y cómo se les está tratando, pues recordó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió recomendaciones que se deben cumplir.

Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, también mostró su preocupación por el “descontrol que hubo durante la tragedia”, pues dijo que cuando acudieron al lugar “un grupo de jóvenes estaba encerrado en el salón de usos múltiples, bajo llave, custodiado por policías antimotines y que no había personal de la Secretaría de Bienestar Social que los cuidara. Lo más difícil de la situación fue que no había nadie que dijera qué se podía hacer”.

En la reunión participaron organizaciones civiles locales e internacionales que velan por la protección de los menores y adolecentes, como Refugio de la Niñez, Acción Ciudadana, Plan Internacional y Save The Children, entre otras, quienes objetaron las acciones que las autoridades no ejecutaron antes ni después de la tragedia.

Las autoridades advirtieron que por lo delicado y complicado del caso fue declarado en reserva judicial.

Representes del CNA manifestaron dijeron que habían alertado sobre un cierre temporal del lugar porque se conocían las denuncias de los menores sobre los vejámenes y las violaciones que se cometían.

Por José Castellanos.

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Logistica del plan Nacional de Prevenciòn Semana Santa

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La Comisión de Economía y Comercio Exterior, dirigida por la diputada María Eugenia Tabush, prepara el dictamen favorable para reformar el Decreto 2-70, que dio vida al Código de Comercio.

“Tras casi 50 años de haberse aprobado esta norma es necesario modernizar algunos puntos; al haber analizado los cambios, esperamos que el dictamen favorable pueda ser presentado en los próximos 8 días, y así facilitar la creación de nuevas empresas, para generar mayores oportunidades de trabajo para los guatemaltecos”, expresó la congresista de Visión con Valores.

Hasta ahora son 17 artículos que pueden ser modificados, incluyendo la obligación de tener libros de actas y Q200 de capital para iniciar una empresa, dinero que puede quedar en resguardo de uno de los administradores o de un banco.

También se contempla faculta a accionistas minoritarios a tener voz y voto en las decisiones, y que los datos de las empresas deben hacerse por escrito y de forma electrónica, entre otros.

Las reformas son propuestas unificadas de las iniciativas 4905 y 5194, presentadas por los diputados Felipe Alejos y Carlos Chavarría en el 2016.

Amán Sánchez, del Programa Nacional de Competitividad, del Ministerio de Economía, indicó que estos cambios serán de beneficio para la creación de empresas en el país.

Por Karla Herrera

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La Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, dirigida por el diputado Leocadio Juracán, recibió el resultado de la consulta comunitaria que hicieron los pobladores de San Luis Jilotepeque, municipio de Jalapa, quienes rechazaron los proyectos de minería e hidroeléctricas.

Carlos Pinto, alcalde del municipio en mención, expuso que el 99 por ciento de los 30 mil habitantes rechazó tales actividades en su territorio. “No podemos permitir que empresas extranjeras se lleven toda nuestra riqueza natural y nos dejen limosnas; debemos luchar para hacer valer nuestros derechos”, manifestó.

Benito Morales, del Consejo de Pueblos de Occidente, dio a conocer los datos exactos: 106 votos nulos, 87 a favor y 15 mil 514 en contra. “Este fue un acto de dignidad y democracia verdadera; no pedimos que se avalen los resultados, sino que se respeten”, dijo.

José David Esteban, representante del Consejo San Luiseño por el Cuidado del Medio Ambiente, indicó que también piden que no se criminalice a los defensores de la naturaleza, que se tome en cuenta la autoridad ancestral de sus pueblos y que se respete la Constitución de la República, en los artículos 46 y 66.

Los diputados Leocadio Juracán, José De la Cruz Cutzal y Eugenio González coincidieron en que harán las gestiones necesarias para trasladar estos resultados a los ministerios relacionados con el tema, y esperan que sean respetados a cabalidad, con el fin de mantener la conciliación.

“Como comisión del Congreso estamos comprometidos con defender el territorio de nuestros pueblos y la vida; esta es nuestra lucha”, aseveró Juracán.

Por Mayra Recinos

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Con el objetivo de analizar los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso de la República se reunió para conocer el documento base, con el cual se planteará una segunda generación, encaminada a clarificar detalles de la reforma anterior.

La propuesta busca la creación de la figura del Fiscal Informático, encargado de la verificación, tabulación e interpretación de datos que emanan de las actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el fin de transparentar el traslado de información que se hace de manera electrónica desde los centros de votación hacia el centro de cómputo, explicó el diputado Oscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien preside la referida sala.

Otro tema que se contempla cambiar es la cantidad de afiliados que debe tener una agrupación política para conformarse como partido ante el TSE; en la actualidad es un aproximado de 22,600 y se discute aumentarla a 37,700, pasando de un 0.30 por ciento a un 0.50 por ciento del padrón electoral.

La iniciativa pretende que se fije un techo a los fondos utilizados para las campañas de alcaldes, que oscilarán de US $50 mil a US $350 mil, y los diputados podrían utilizar de US $50 mil a US $400 mil durante la contienda, dependiendo el distrito electoral al que representen.

También se busca fortalecer las instituciones partidarias y cambiar el destino de los fondos que otorga el TSE por cada voto obtenido en la contienda, pues al momento sirve para organización y descentralización. El parlamentario concluyó indicando que se espera tener la iniciativa finalizada en 3 o 4 semanas y que constará de 25 artículos, aproximadamente.

Por Fernando Bolaños

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Integrantes de la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso de la República se reunieron este martes con autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a quienes cuestionaron por las acciones realizadas por la retención de cuotas patronales, desabastecimiento de medicamentos y el impacto de la exoneración de mora y recargos a los patronos que no han cumplido con el aporte.

“Hemos visto con mucha preocupación los distintos problemas que hacen que el Seguro Social no preste los servicios que el guatemalteco requiere; nos parece una medida exagerada que un paciente tenga que ir a la Corte de Constitucionalidad a pedir que le den sus medicamentos, cuando es obligación atender la necesidades de los afiliados”, aseveró el diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq, titular de la referida sala.

Victoriano Zacarías, representante del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano, dijo que 2 de las empresas favorecidas con el subsidio en el 2016 hicieron una retención del aporte patronal de Q7 millones aproximadamente, el cual no fue traslado al Seguro Social.

“Hemos denunciado a las empresas Expansión Corporativa Milenium y Rutas de Transporte Metropolitanas por esta desviación indebida de las cuotas patronales, en virtud de que hay 80 compañeros con enfermedades graves a quienes les ha sido negada la atención hospitalaria, por no contar con las cuotas al día”, señaló Zacarías.

Asimismo, Alma Robles, representante de la Asociación de Personas con Enfermedades Raras, denunció incumplimiento en el abastecimiento de suministros y medicamentos en las diferentes unidades del IGSS, pese al amparo presentado por la Procuraduría de los Derechos Humanos y a que la Corte de Constitucionalidad dictó sentencia en favor de los afiliados.

Vidal Herrera, gerente del IGSS, aseguró que se ha mantenido abastecimiento con los mecanismos de compra directa, pero afrontan dificultades por la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones, debido a que solo un tercio de los procesos de licitación ha sido adjudicado.

Vidal detalló que han hecho gestiones para adquirir fármacos por medio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, con lo cual esperan abastecerse de no menos de 317 medicamentos.

En el tema del impacto financiero que podría ocasionar la exoneración de multas y recargos a patronos morosos, las autoridades del Seguro Social dijeron que con esta medida prevén recuperar no menos de Q650 millones en 5 años; solo en el primer año estiman recaudar unos Q250 millones.

A la reunión también asistieron el viceministro de Trabajo y Previsión Social, José Guillermo Gándara; funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas y Ministerio Público; los integrantes de la sala de trabajo pidieron a las autoridades del IGSS un informe circunstanciado de las proyecciones para el cumplimiento del amparo y del impacto de la exoneración.

Por Karen Mendoza

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La Comisión de Energía y Minas, que preside el diputado Luis Contreras, analiza la posibilidad de regular a los usuarios que son beneficiados con la tarifa social de energía eléctrica, para que puedan aplicar por la cantidad de kilovatios que consumen y su nivel socioeconómico.

Para tratar el tema se reunió con Luis Chang, viceministro de Energía y Minas; Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), y José Guillermo Araúz, titular de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

“Hay que replantear quién tiene derecho a gozar de una tarifa social, pues se trata de ayudar a la población más pobre y esto actualmente no se toma en cuenta”, expresó el diputado Contreras, del Movimiento Reformador.

Agregó que a corto plazo se busca que el Congreso establezca la tarifa social en el Presupuesto General de la Nación, para que no sea el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) el que la subsidie.

El ministro Chang manifestó que es necesario crear sostenibilidad en el tema del aporte, ya que los ingresos del Inde han sido mermados por condiciones que están fuera de sus posibilidades, como el cambio climático. “Esto ha afectado las condiciones del embalse Chixoy y directamente el aporte voluntario para la tarifa social”, expresó.

“Si se va a crear esta sostenibilidad debe manejarse bajo el principio de transparencia, debe ser focalizada para sectores en extrema pobreza y fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas”, recalcó el funcionario.

Por su parte, el presidente de la Anam expresó: “Estamos trabajando en una propuesta técnica para resolver esta problemática; hay que revisar el subsidio y reconsiderar la terminología en su justa dimensión”.

La sala legislativa continuará su análisis para presentar próximamente las reformas que correspondan, señaló el diputado Contreras.

Por Rosemary Recinos.

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