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Representantes del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentaron el informe Mujer Guatemala 2008-2016 a congresistas que integran la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, presidida por el diputado Raúl Romero Segura, el cual destaca que 6 mil 423 féminas han muerto de forma violenta en los últimos 9 años.

Por ello, el parlamentario de la bancada Fuerza dijo que es necesario examinar las acciones para fortalecer la seguridad a favor de ese sector poblacional.

“Hemos recibido a representantes del Grupo de Apoyo Mutuo, quienes nos dieron cifras y datos de las cantidades de muertos en el país, mes a mes, actualizados y focalizados. Expusieron que toda la información se ha estregado a las instituciones encargadas del tema, pero no se han tenido resultados, lo cual hace necesario citar a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad para buscar soluciones a la ola de violencia que azota el país”, aseveró.

En mayo del año 2008 fue aprobado el Decreto 22-2008, Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia en contra de la Mujer, la cual sanciona con pena de hasta 50 años de prisión a las personas responsables de atentar contra las féminas.

“Es oportuno el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que aportan informes, datos e información valiosa que puede ser utilizada para enriquecer la labor legislativa, pues tiene elementos importantes como mecanismos y herramientas para impulsar acciones que combatan la inseguridad y violencia”, manifestó la diputada Ana Victoria Hernández, de la bancada Todos.

Karla Campos, asesora jurídica del GAM, comentó: “Esperamos que los datos entregados a los diputados se conviertan en acciones ejecutadas, ya que damos recomendaciones y posibles soluciones para que se generen cambios estructurales en materia de seguridad para la población”.

Por José Castellanos.

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Con 81 votos a favor, diputados al Congreso de la República aprobaron este jueves, por artículos y redacción final, el proyecto de ley 5198, que reforma el Decreto 1441; Código de Trabajo, el cual, entre otras cosas, faculta a la Inspección General de Trabajo para aplicar sanciones administrativas a las empresas que incurran en violaciones a los derechos laborales y por obstruir la labor de los inspectores.

Dicha normativa resalta el artículo 5 que reforma el 272 del Código, que contempla la imposición de multas de 8 a 18 salarios mínimos por haberse determinado la violación a las normas que obligan al pago de salarios y demás prestaciones laborales, y de 2 a 10 salarios si se violan otros preceptos relacionados con el derecho a paro, huelga y otras prohibiciones.

La norma, que cuenta con 11 artículos, es el resultado de un trabajo consensuado por el sector empresarial y laboral en el país, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo y el apoyo de representantes de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en Guatemala.

Ovidio Monzón, del bloque Todos, dijo: “Se activó la discusión de este tema después de 20 años en los cuales ha estado presente el debate de devolver el poder sancionatorio a la Inspectoría General de Trabajo, lo cual armoniza con un convenio de la OIT de 1952”.

Según el parlamentario, la aprobación de estas enmiendas responde a lo suscrito por el Estado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el año 2004. “Guatemala acepta entre las cláusulas de este contrato trabajar en el sistema sancionatorio a través del fortalecimiento de los inspectores, con el fin de que exista un mejor cumplimiento de las relaciones laborales y el respeto del Código de Trabajo que ha tenido vigencia desde 1944”, aseguró.

Dichas reformas establecen, además, un marco para que los casos en materia laboral puedan resolverse con mayor celeridad en aspectos administrativos y judiciales.

Por aparte, con 85 votos a favor, los congresistas aprobaron la solicitud del representante Cornelio García, de la bancada Todos, de regresar el dictamen de la iniciativa 5148, Reformas al Código Procesal Penal, a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, por considerar que necesita hacerse un análisis integral.

En el punto de iniciativas, los parlamentarios conocieron el proyecto que dispone aprobar modificaciones a la Ley de Servicio Civil del Legislativo (5148), propuesta de la diputada María Eugenia Tabush, del bloque Visión con Valores; dicha normativa paso a la Comisión de Apoyo Técnico.

Después estaba previsto que los diputados continuaran el interrogatorio a las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, Consejo Nacional de Adopciones y Secretaría de Bienestar Social, por la muerte de 40 adolescentes n el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Sin embargo, se rompió el quorum para continuar con la plenaria, por lo que el presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, dio por finalizada la sesión y convocó a reunión de Jefes de Bloque el lunes, a partir de las 12:00 horas.

Por Karen Mendoza

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Con el objetivo de analizar detenidamente los artículos de la iniciativa 5125, Ley de Personas con Discapacidad, el diputado Christian Boussinot, de la bancada Todos, instaló una mesa técnica.

La instancia estará integrada por los Ministerios de Salud, Finanzas y Educación, así como por organizaciones de la sociedad civil que abordan el tema.

Según el cronograma realizado por la mesa técnica se espera que el lunes 20 se inicie el análisis de los artículos 1 al 84, y el miércoles 22 de del 85 al 170, con la idea de que el lunes 27 se conozcan las conclusiones finales y emitir dictamen.

“Esperamos avanzar en el estudio de cada artículo, tomando en cuenta que la propuesta es importante para que las personas con distintas discapacidades físicas y mentales puedan tener una mejor calidad de vida; confiamos en que se obtendrá el apoyo de los legisladores para que la propuesta sea conocida y aprobada antes de concluir este primer período de sesiones ordinarias”, enfatizó Boussinot.

Entre las entidades que estarán en el proceso figura el director de la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia, Víctor Valverth, quien destacó la importancia de analizar la propuesta.

Por Karla Herrera

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La Comisión de Cultura continuó este miércoles el análisis de la iniciativa 5187 que contempla la Creación y Funcionamiento del Consejo Nacional del Cine.

La congresista Quinto, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y presidenta de la referida sala, informó que se reunieron con el director de la Unidad de Cine del Ministerio de Cultura, Elías Jiménez, e intercambiaron puntos de vista acerca de dicha iniciativa.

“Las modificaciones que se pretenden hacer están relacionadas con la convocatoria y forma de integrar el Consejo Nacional del Cine”, agregó.

En la próxima reunión, Jiménez expondrá los argumentos e importancia de contar con la referida instancia.

La comisión también analiza la iniciativa 5242 que pretende declarar el 14 de mayo como Día Nacional de la Amistad entre Guatemala y el Estado de Israel.

Por Nery Morales.

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Debido a que por tercera vez no acudió a una citación al Congreso de la República, la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia Hernández Mack, podría ser la primera funcionaria del actual gobierno en ser interpelada, según lo solicitado por diputados de la comisión del ramo.

Para este miércoles estaba programada una reunión de los legisladores con funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Procuraduría de los Derechos Humanos, representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala y la titular de la cartera salubrista, quien no asistió.

“Es una falta de respeto que no esté la funcionaria de Salud; vamos a evaluar con todos los integrantes de la comisión que la funcionaria sea interpelada, tal como lo han pedido los diputados”, detalló la congresista Karla Martínez, del bloque Alianza Ciudadana, presidenta de la referida sala.

Además, indicaron que presentarán acciones legales en contra de Hernández Mack, por negarse a solucionar un problema estructural de los trabajadores sindicalizados de la cartera.

Luis Alpírez, dirigente sindical de Salud, resaltó: “Vemos una actitud total de desprecio al sistema y a la clase trabajadora, porque no es la primera vez que la ministra hace esto. Ella se ha sentado un par de veces con nosotros, forzada por el presidente de la república; con anterioridad pedimos la destitución, porque no esta anuente a resolver la problemática”.

Por José Castellanos.

 

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La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República acordó la creación de una mesa técnica que reciba propuestas, analice y revise integralmente el Código Procesal Penal, en vez de continuar conociendo la propuesta 5148, que buscaba reformas parciales.

“Entendemos la necesidad que existe de las modificaciones al Código Procesal Penal pues hay grandes falencias en materia de justicia y debemos legislar en ese sentido”, dijo el diputado Cornelio Gonzalo García, de la bancada Todos, quien preside la sala de trabajo, la cual acordó iniciar la recepción de propuestas el lunes 27 de este mes.

La intención de reformar el Código Procesal Penal surgió después de que el congresista Juan Ramón Lau retirara la iniciativa 5148, con la cual se pretendía modificar algunos artículos, por lo que se buscan los consensos con el Ministerio Público, Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Movimiento Pro Justicia, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, cuyos delegados expresaron interés en presentar propuestas.

El calendario de análisis contempla el inicio de la recepción de propuestas el último lunes de marzo y se espera que antes de que concluya el primer periodo legislativo del año se cuenta con una iniciativa que sea conocida por el pleno.

Por Fernando Bolaños

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La Comisión de Transporte y Obras Públicas del Congreso, coordinada por Oscar Roberto Fernández, se reunió con Williams Mansilla, ministro de la Defensa; Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y con el comisario Mauricio Yax, de la Policía Nacional Civil (PNC), entre otros funcionarios, para conocer el plan de seguridad de Semana Santa 2017.

Como parte del Sistema Nacional de Prevención de Semana Santa, Cabañas informó que el plan se activará el 7 de abril, declarando alerta amarilla, y concluirá el 17; contará con 7 puestos de control y prevención, y 20 campamentos que darán servicios de información, seguridad, atención vial y primeros auxilios, ubicados en las principales carreteras.

El Ministerio de la Defensa tendrá presencia con más de mil elementos de seguridad, Marina, Fuerza Aérea, Reservas Militares y Unidad Humanitaria de Rescate, que auxiliarán a la población, informó Mansilla.

“La Marina cubrirá Puerto Barrios, Lívingston, Bahía de Amatique, Río Dulce, Amatitlán y Puerto de San José, entre otros puntos, con marineros y embarcaciones para control de tráfico marítimo y cualquier accidente que pueda ocurrir con motos acuáticas y lanchas rápidas”, precisó.

Por su parte, el comisario Yax declaró que habrá un despliegue de 37 mil 300 agentes en los 340 municipios. “Nuestro plan consta de 4 fases; la primera empieza hoy con una campaña de concienciación y orientación hacia los ciudadanos, para que tomen las medidas pertinentes durante las actividades religiosas, recreativas y de convivencia en las que participen”, aseveró.

También informó que durante estas fechas la PNC suspende permisos y vacaciones, con el objetivo de integrar a todo su personal para que apoye los dispositivos.

Jorge Mario Chajón, director del Instituto Guatemalteco de Turismo, dijo que imprimirán mantas para los puestos y 35 mil marbetes, y se entregará material promocional. También se realizará un conteo de ingresos en fronteras y destinos turísticos, se sancionarán hoteles y servicios que violen los reglamentos y tarifas, y se contará con quioscos para información y atención de quejas.

“En papel todo suena bien, pero veremos cómo se desenvuelve todo; al finalizar la Semana Santa nos reuniremos nuevamente para verificar los resultados, compararlos y ver en qué se puede mejorar para el siguiente año”, concluyó el diputado Fernández, de la bancada Todos.

Por Rosemary Recinos.

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Con 92 votos a favor, este miércoles el pleno del Congreso aprobó consultar a la Corte de Constitucionalidad (CC) si es procedente el veto del Organismo Legislativo al Decreto 3-2017, que establece el 19 de mayo de cada año como el Día de la Dignificación Nacional de la Yon y/o Rati´t Ak´al Comadrona Indígena de Guatemala.

Dicha norma identifica la dignificación por medio de la educación, instruyendo a las carteras de Educación y de Salud Pública para que se promueva el papel relevante que tienen las comadronas en la práctica de traer la nueva vida, mediante diversos instrumentos.

Asimismo, se otorga un incentivo económico de Q3 mil anuales que deberán ser pagados en 2 fases: en los primeros días de mayo y durante la primera quincena de diciembre de cada año, a no menos de 22 mil 700 comadronas que hay en el país.

Según las autoridades gubernamentales, entre otras cosas se contravienen los principios contenidos en los artículos 4 (libertad e igualdad) y 240 (fuentes de inversiones y gastos del Estado) de la Carta Magna.

El razonamiento dice que la ley contempla aspectos como la discriminación, pues excluye a las comadronas de los pueblos Xinca, Garífuna y mestiza, además de aducir que no existe el espacio en el presupuesto del Ministerio de Salud.

“Los argumentos presentados por el Ejecutivo denotan que no se le dio una lectura adecuada a la normativa. Da tristeza que de las pocas leyes que se han aprobado a favor de los más necesitados tengan un veto presidencial no justificado, pues esta ley no violenta ningún derecho y no promueve la exclusión, como demarca el presidente Morales”, indicó el ponente de la ley y representante del bloque Winaq, Amílcar Pop.

Congresistas de las bancadas Alianza Ciudadana, Winaq, Unidad Nacional de la Esperanza, Partido de Avanzada Nacional, Convergencia, Todos, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y del Movimiento Reformador (MR) se sumaron a la propuesta de que se consulte a la CC.

Oliverio García Rodas, del bloque MR, dijo: “La Constitución es el pacto social por el cual convivimos en armonía, por lo que el análisis simplista del Presidente de la República para vetar esta ley tiene contradicciones, y lo único que evidencia es la negación de lo que los constituyentes plasmamos en la Carta Magna, pues constituye la negación de los artículos 1, 2 y 3”.

Según el artículo 179 de la Constitución, si el Congreso rechaza el veto el Ejecutivo deberá sancionar y promulgar el decreto, y si no o hace, la Junta Directiva del Legislativo ordenará su publicación para que surta efecto.

Por Karen Mendoza

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“Hacemos un llamado a los congresistas para que los días miércoles asistan al hemiciclo parlamentario para continuar con la discusión y aprobación de las reformas constitucionales al Sector Justicia, y en especial a que se respeten los acuerdos suscritos en la Instancia de Jefes de Bloque”, manifestó el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla.

El congresista lamentó la “falta de voluntad de algunos bloques políticos” para aprobar las modificaciones a la Carta Magna. “No hay desconocimiento de los legisladores en cuanto a las reformas constitucionales; es más, han sido ellos quienes nos han manifestado su interés en querer avanzar con este tema”, afirmó.

Chinchilla se refirió al tema al levantarse la sesión de este miércoles, en la cual se contemplaba que los representantes iniciaran el debate del artículo 4, que enmienda el 205, relacionado con la Administración de Justicia y la Carrera Judicial.

La discusión se generó por una moción privilegiada presentada por el parlamentario Nery Samayoa, del Movimiento Reformador, para limitar el uso de la palabra, pero no fue aprobada.

El jefe del bloque Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Javier Hernández, aseguró que esa bancada firmó los consensos para que se conociera la enmienda al artículo 4. “No se tiene que estar hablando si hay consensos o no para pasar esta reforma, cuando lo que se estaba votando era la moción que limitaba el tiempo de intervención de cada legislador”, indicó.

La sesión se levantó por no existir el quorum necesario para continuar con el debate, y el presidente Chinchilla convocó para este jueves, a las 10:00 horas.

Por Karen Mendoza

 

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