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La Junta Directiva, que coordina el diputado Oscar Chinchilla, y la Instancia de Jefes de Bloque acordaron este lunes incluir en la agenda de la sesión plenaria del martes 21 la elección del representante del Congreso de la República ante la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia, por solicitud presentada por el congresista Julio Lainfiesta, del bloque Unión del Cambio Nacional.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia se conformó la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia. Es una instancia de Estado integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de delegados del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y Juventud, en nombre de la sociedad civil. Su función, entre otras, es promover la elaboración y aprobación de políticas públicas de protección de la niñez.

Asimismo, se aprobó continuar la discusión del proyecto que dispone aprobar reformas al Decreto 21-2016, Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito (5251); también proseguirán la discusión por artículos y redacción final de la Ley para Promover y Fortalecer la Actividad Chiclera (5114).

En la plenaria del miércoles se contempla avanzar con el proyecto de reformas a la Constitución Política de la República en materia del Sector Justicia, iniciativa 5179.

En la agenda del jueves 23 resalta la propuesta de la congresista Sandra Morán, de la bancada Convergencia, quien pidió se incluyera la presentación al pleno del informe y las recomendaciones de la comisión especial instalada para investigar la tragedia del 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Por aparte, los congresistas acordaron retirar del orden del día del jueves la iniciativa 5074, Ley de Competencia, solicitud planteada por el jefe del bloque Visión con Valores (Viva), Juan José Porras. “En virtud de la importancia de esta ley, que debe ser aprobada con 105 votos, consideramos que es momento oportuno para sacarla de la agenda e incluirla nuevamente el martes de la próxima semana”, explicó el parlamentario.

En el orden del día del jueves también se prevé la discusión en segundo debate de las reformas al decreto 21-2016, Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito (5251), y la discusión por artículos y redacción final de las leyes de Leasing y de Arbitraje.

Los parlamentarios recibieron a representantes de distintos partidos políticos y a la organización de sociedad civil Alianza por las Reformas, quienes manifestaron su preocupación por la falta de consensos para la aprobación de los referidos cambios a la Constitución, y señalaron que existen enmiendas de último momento que desvirtúan la razón de dichas reformas.

En este tema, el diputado Chinchilla aseguró que el Parlamento ha abierto todos los espacios posibles para que las organizaciones de la sociedad civil e instancias involucradas en el tema manifiesten sus opiniones.

“Este tema ha sido ampliamente socializado con todos los sectores que así lo quisieron, por lo que nos parece que hay un poco de desinformación. Hemos trabajado en este Congreso de una manera responsable y transparente, razón por la cual todo lo relacionado con los cambios a la Carta Magna son de dominio público”, manifestó.

Por Karen Mendoza

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La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República continuó con el análisis de los artículos que pretende modificar de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con el objetivo de tener en las próximas semanas un documento base para ser presentado al pleno.

La discusión se centró en la descentralización y accesibilidad de los centros de votación, la manera de elegir a los diputados y el voto en el extranjero; en una tercera reunión se prevé conocer el análisis, desarrollar conclusiones y presentar los resultados, dijo el parlamentario Oscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien preside la sala de trabajo.

Mencionó que uno de los temas que más llamo la atención fue la forma de elegir a los diputados. “Podría tener una variante denominada Lista Desbloqueada, con la que el votante podría escoger votar por la nómina del partido o por uno de los candidatos, no así como se había considerado con una lista abierta, porque presenta la complicación del conteo de votos”, detalló.

Por su parte, el parlamentario Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), argumentó que voto en el extranjero debe de ser objeto de análisis a fondo. “Según la experiencia de países como México si no se implementa una votación en línea o electrónica será un gasto mayúsculo perdido, pues los guatemaltecos no irán a los centros de votación; en el país azteca, que tiene 11 millones fuera en sus fronteras, apenas llegaron a emitir su sufragio 30 mil”, argumentó.

“Se está analizando paso a paso la ley por medio de una lluvia de ideas y propuestas”, dijo el parlamentario Carlos Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), quien indicó que uno de los temas que debe tener especial atención es la descentralización de centros de votación, pues según su criterio debería haber un máximo de 300 votantes por mesa y así “evitar acarreo o entrega de prebendas por votos cuando las mesas solo están en los municipios y no llegan a las aldeas”.

Fernando Bolaños Barillas

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El tercer vicepresidente del Organismo Legislativo, Marvin Orellana, de Alianza Ciudadana (AC), informó que este viernes presentó en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social la denuncia del Pacto Colectivo del Congreso de la República.

“Entre otras cosas se busca, de una vez por todas, dejar sin efecto el aumento salarial del 10 por ciento que cada año se otorga a los empleados del Congreso, porque consideramos que las condiciones nacionales no son favorables”, manifestó.

El diputado Orellana, quien también integra la Junta Mixta como parte patronal ante los sindicatos del Congreso, informó que con esa acción se dejan en suspenso los beneficios que dicho Pacto contiene.

“Nosotros le informamos a los tres sindicatos de dicha acción y esperamos que ellos lo denuncien por su lado; estamos abiertos al diálogo y nos sentaremos con ellos para llegar a acuerdos”, recalcó.

Por otra parte, el presidente del Parlamento, Oscar Chinchilla, fue consultado por los periodistas por el anuncio del Ministerio Público sobre la orden de captura girada contra el diputado Edgar Justino Ovalle, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), quien perdió la inmunidad el miércoles cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar el antejuicio al ser implicado en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.

Chinchilla explicó que si Ovalle es ligado a proceso, mediante un acuerdo legislativo se deberá llamar al sustituto, que en este caso correspondería al ciudadano Juan Adriel Orozco Mejía, actual coordinador de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, del Ministerio de Gobernación.  .

Por Nery Morales

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Con la finalidad de agilizar los trámites del traslado de herencias, legados y donaciones a familiares y a personas extrañas, así como del pago de tributos por los bienes inmuebles, los diputados Juan Manuel Díaz-Durán Méndez y Fidel Reyes Lee presentaron en la Dirección Legislativa la iniciativa de Ley Impuesto sobre Transmisión Sucesoria.

Según el documento, se establece el pago de impuesto por trasferencia patrimonial de un 3 por ciento para los parientes consanguíneos y por afinidad dentro de los grados de la ley, y del 6 por ciento en los casos de extraños e instituciones.

El diputado Díaz-Durán, de Visión con Valores (Viva), ponente del proyecto de ley, explicó: “Pretendemos regular el tema del pago de 2 impuestos, ya que el Decreto 341 no se ha modificado desde el año 1947 y se quiere simplificar los trámites que se han vuelto largos y extensos”.

El legislador Fidel Reyes Lee, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), comentó: “El procedimiento será más ágil y rápido, ya que hoy para las personas que reciben de un familiar algún inmueble como herencia es demasiado tardado el traslado, y se está reduciendo el pago del impuesto por la herencia a que tiene derecho”.

Armando Mérida, presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, que dio acompañamiento a la elaboración de la iniciativa, declaró que se busca actualizar la Ley del Impuesto Sobre Herencias, Legados y Donaciones “que no se reformado por casi 69 años”.

Por José Castellanos.

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Al haber trascurrido dos meses del incendio en las bodegas de Registros Sanitarios de Alimentos y Medicamentos del Ministerio de Salud Pública, la Comisión de Salud del Congreso citó a varios funcionarios para conocer si ya hay reportes de las pérdidas.

“Exigimos respuestas del tema pues han transcurrido dos meses y aún se desconoce qué tipo de documentación se incendió o por qué se origino el fuego”, dijo la presidenta de la Comisión, Karla Martínez, de Alianza Ciudadana.

Dijo saber que los expedientes de regulación de alimentos y medicamentos estaban almacenados en la bodega consumida y que el viceministro encargado del ramo no ha esclarecido en detalle las pérdidas.

Según el Ministerio Público, el siniestro se originó a las 22:00 horas el 18 de enero, y aunque existe una investigación no se ahondó en detalles para no entorpecerla, dijo una representante de ese ente.

Los parlamentarios cuestionaron al viceministro Adrián Chávez en torno al traslado de las bodegas de registros, para lo cual ya existe un convenio con la Organización Panamericana de la Salud, entidad que otorgará en préstamo un edificio ubicado en la zona 9.

En la reunión se conoció que el ministerio erogará no menos de Q19 mil mensuales para mantener los servicios en dicho inmueble, pues según Chávez se necesita trasladar personal y materiales a un lugar adecuado, situación que no dejó conforme a los parlamentarios, a falta de observar una copia del convenio, por lo que insistieron en que continuarán la fiscalización con citaciones la próxima semana.

Por Fernando Bolaños.

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En una conferencia de prensa, el diputado Erick Lainfiesta, de la bancada Encuentro por Guatemala, y líderes del movimiento pro animalista dieron a conocer su intención de proponer modificaciones al Decreto 5-2017, que contiene la Ley de Bienestar Animal.

“Aunque la ley ya fue aprobada, aún quedan muchos temas que abordar en cuanto a la protección animal, como no permitir que los circos sigan utilizando animales para sus espectáculos y unificar esfuerzos con el Ministerio de Educación para que desde los centros escolares se haga conciencia a los niños sobre la protección de los animales”, destacó el legislador.

María del Pilar Morales, representante del movimiento pro animalista, aseguro que en la norma no se tomaron en cuenta las recomendaciones de este movimiento, que desde hace varios años ha trabajado en defensa de la fauna y los animales, por lo que esperan que no se les deje fuera de las futuras decisiones a tomar.

Durante la conferencia de prensa se dio a conocer la necesidad de proteger a los animales y evitar que sean agredidos por el ser humano, por lo que se insta a que autoridades y sociedad civil trabajen juntos para lograr el objetivo.

Por Karla Herrera

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Diputados de la bancada Encuentro por Guatemala, coordinados por la parlamentaria Nineth Montenegro, presentaron una denuncia en el Ministerio Público contra Anabella Morfín, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), por el delito de incumplimiento de deberes, en relación con la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde fallecieron trágicamente 40 adolescentes.

“La Procuradora representa los intereses de la nación y es delegada del Presidente para ello; la ley de la PGN dice que es la máxima autoridad para brindar abrigo y protección a la niñez abandonada y en riesgo, y este deber no fue cumplido”, afirmó la parlamentaria.

En la denuncia se expone que la Procuradora tiene a su cargo la tutela efectiva de las menores en el ámbito local e internacional, y que estas atribuciones fueron incumplidas.

“Las niñas no pudieron reingresar al hogar porque el juez competente no se presentó para hacer efectiva esa orden, y la PGN se va y deja a las niñas supuestamente resguardadas, pero se quedaron encerradas, hacinadas en una especie de cárcel”, agregó la diputada.

Señaló que debido a que no se realizaron las acciones pertinentes, el seguimiento inmediato a todos los casos ni se adoptaron las medidas apropiadas para garantizar la vida de las menores internas, “se concurren los presupuestos procesales para iniciar la persecución penal, conducta atípica, antijurídica, culpable y punible”.

Los parlamentarios solicitan que se inicien las respectivas diligencias a efecto de que sea procedente la persecución penal contra la denunciada como autora, y que se demuestre ante los órganos jurisdiccionales competentes el incumplimiento a sus deberes.

Por Rosemary Recinos.

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Durante una reunión sostenida por la bancada Unión del Cambio Nacional, que coordina el representante Julio Lainfiesta, se acordó con autoridades del Estado Mayor de la Defensa Nacional y de la Policía Nacional Civil (PNC) retomar el proyecto de ley 3533, que define límites territoriales entre los municipios de Tajumulco e Ixchiguán, ambos del departamento de San Marcos.

La iniciativa se encuentra en tercera lectura, pero se instalará una mesa técnica para revalidar los acuerdos que permitan impulsarla de nuevo, pues data del año 2006.

“Estos consensos se lograron hace 10 años y se abordó la parte social e histórica y el diálogo con las comunidades; por ello hace falta verificar si las condiciones son las mismas, para que se pueda restablecer el orden en el área”, indicó la parlamentaria Vivian Preciado Navarijo.

Hugo Godoy, titular de la Comisión Presidencial en Materia de Derechos Humanos, explicó que el conflicto surgió cuando Ixchiguán era aldea de Tajumulco y fue ascendida a la categoría de municipio. Detalló que los límites no se realizaron correctamente, por lo que el primero siguió avanzando en terrenos que ya no le correspondían y surgieron las disputas territoriales y pugnas por nacimientos de agua.

Agregó que aparte de delimitar se debe otorgar en un resarcimiento por parte del Estado a Ixchiguán, por todas las manifestaciones violentas que padece.

El comisario Edgar Soc, de la PNC, afirmó: “La seguridad nos corresponde a nosotros y en este momento ya hemos retomado el control; sin embargo, en este problema deben intervenir otras instituciones para que pueda resolver esta situación de manera definitiva”.

“En este momento tenemos 550 efectivos policiales resguardando la zona, apoyados por 300 elementos del Ejército, los cuales permanecerán hasta que se encuentre una salida legal a esta situación”, agregó.

Por Rosemary Recinos.

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Representantes del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentaron el informe Mujer Guatemala 2008-2016 a congresistas que integran la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, presidida por el diputado Raúl Romero Segura, el cual destaca que 6 mil 423 féminas han muerto de forma violenta en los últimos 9 años.

Por ello, el parlamentario de la bancada Fuerza dijo que es necesario examinar las acciones para fortalecer la seguridad a favor de ese sector poblacional.

“Hemos recibido a representantes del Grupo de Apoyo Mutuo, quienes nos dieron cifras y datos de las cantidades de muertos en el país, mes a mes, actualizados y focalizados. Expusieron que toda la información se ha estregado a las instituciones encargadas del tema, pero no se han tenido resultados, lo cual hace necesario citar a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad para buscar soluciones a la ola de violencia que azota el país”, aseveró.

En mayo del año 2008 fue aprobado el Decreto 22-2008, Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia en contra de la Mujer, la cual sanciona con pena de hasta 50 años de prisión a las personas responsables de atentar contra las féminas.

“Es oportuno el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que aportan informes, datos e información valiosa que puede ser utilizada para enriquecer la labor legislativa, pues tiene elementos importantes como mecanismos y herramientas para impulsar acciones que combatan la inseguridad y violencia”, manifestó la diputada Ana Victoria Hernández, de la bancada Todos.

Karla Campos, asesora jurídica del GAM, comentó: “Esperamos que los datos entregados a los diputados se conviertan en acciones ejecutadas, ya que damos recomendaciones y posibles soluciones para que se generen cambios estructurales en materia de seguridad para la población”.

Por José Castellanos.

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