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La diputada Dolores Beltrán, presidenta de la Comisión de Educación, informó que la mayoría de escuelas del país necesita trabajos de remozamiento o equipamiento, por lo cual urgió al Ministerio de Educación que le dé la atención necesaria y la ejecución del préstamo 20-18 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $150 millones (Q1,125 millones), destinados para esos temas.

La congresista y la quinta secretaria, Aracely Chavarría, y de Jaime Regalado, jefe de bancada del Movimiento Reformador (MR), citaron a funcionarios del Ministerio de Educación, del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) y de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con el fin de tratar los asuntos atinentes a los establecimientos.

Héctor Canto, viceministro técnico de Educación, explicó que el préstamo es ejecutado por las 3 dependencias citadas. “La cartera de Educación lleva una ejecución del 97 por ciento; la UCEE tiene un 51 por ciento, mientras el Fodes lleva 0 por ciento, por lo que solicitamos que nos transfieran Q12 millones asignados para agilizar los trabajos”, precisó.

Javier Maldonado, quien dirige la UCEE, dijo que según el Plan Operativo Anual tienen 240 escuelas priorizadas para trabajos de remozamiento, pero están conscientes de que hay más necesidades.

Según Leonel Arizpe,del FODES, han surgido imprevistos que no les han permitido avanzar en las licitaciones, pero esperan que en estos meses puedan adjudicar las licitaciones para utilizar los recursos del préstamo en infraestructura, equipamiento y textos escolares.

Los congresistas solicitaron un informe de la situación de las escuelas y cuáles fueron los criterios utilizados para priorizar 240 entre las 24 mil que hay en el país.

Al concluir la reunión, la congresista Beltrán agradeció la presencia de los funcionarios y solicitó que le remitan un informe sobre la situación de centros educativos situados en Santa Rosa, San Marcos y otros departamentos, pues tiene conocimiento de que existen proyectos “que han quedado a medias”.

Por Mayra Recinos

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El jefe de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), Julio Lainfiesta, se reunió este miércoles con Adrián Chávez, viceministro de Salud, y con representantes de la Instancia por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres, para conocer los avances en la implementación de las pruebas de tamizaje con ADN en el país, para la prevención del cáncer cervicouterino.

A pesar de ser totalmente prevenible y curable, el cáncer de cérvix continúa siendo en Guatemala la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, expuso Claudia Camel, gerente del proyecto de tamizaje.

Agregó que la prueba tradicional del Papanicolaou es obsoleta y falla en más de 60 por ciento, mientras que las pruebas con ADN aciertan en un 90 por ciento.

El Ministerio de Salud Pública implementó un plan piloto desde el año 2015 y se realizaron al menos 50 mil procedimientos con la nueva tecnología, las cuales resultaron positivas en más de 6 mil mujeres, quienes tienen tratamiento y seguimiento adecuado.

La prevención temprana es prioridad, indicó Chávez. “Este plan se inició en cuatro áreas: Sacatepéquez, Chimaltenango, Guatemala Central y Sur; sin embargo, estamos analizando los costos y beneficios para que se pueda ampliar el nivel de cobertura dentro de las políticas públicas”, precisó.

El Congreso aprobó en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para este año, una asignación de Q20 millones para vacunas contra el virus del papiloma humano, pero debido a que la cartera no cuenta con la infraestructura adecuada para su almacenamiento se corre el riesgo de que estos recursos se pierdan y se vayan al fondo común, explicó Rebeca Guizar, directora de la Instancia por Salud y el Desarrollo de las Mujeres.

“Primero tenemos que contar con el resguardo de la cadena de frío y solo eso nos cuesta más de Q20 millones, además de los procesos para introducirla al esquema nacional, capacitación, materiales técnicos, registro de información y promoción, por lo que no será posible iniciar a corto plazo con la implementación de vacunas”, explicó Chávez.

Por su parte, el diputado Lainfiesta manifestó: “Lo importante aquí es que el dinero que se aprobó sea utilizado para lo que fue solicitado y que al menos se avance con la infraestructura necesaria, aunque sea hasta el otro año que se pueda otorgar la vacuna, por lo que estaré vigilante”.

Por Rosemary Recinos.

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Con el objetivo de conocer las realidades sobre la protección al adulto mayor, diputados de la Comisión de Previsión y Seguridad Social se reunieron con representantes de la Defensoría de las Personas Mayores, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

Uno de los puntos tratados en la reunión de trabajo fue el análisis de la iniciativa 5181, Ley Integral de Protección al Adulto Mayor, en la que se incluirá la creación del Instituto de la Defensa del Adulto Mayor como un ente autónomo, que cuente con un presupuesto propio y vele por los derechos de los mayores de manera integral, para lo cual debe de incluirse a los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, PDH y programas de protección.

El parlamentario José Alejandro De León Maldonado, del Movimiento Reformador (MR), quien preside la sala de trabajo, dijo que no existe una política pública que establezca los parámetros que delimiten y traten el tema. “Conocemos que hay al menos mil 300 denuncias interpuestas por la Procuraduría de Derechos Humanos por maltrato al adulto mayor, falta de acceso a salud, discriminación o falta de acceso a programas sociales, de las cuales únicamente 65 han avanzado”, comentó.

Con la creación de este instituto se busca garantizar la protección social a los adultos mayores, dijo el congresista Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien agregó que se pretende que unifiquen criterios todas las instituciones que trabajan por este sector de la población.

Respecto del tema, Teresa Maldonado, de la Defensoría de los Adultos Mayores de la PDH, admitió que no existe un registro real por la falta de un censo específico, pero se cree que sobrepasan los 600 mil, de los cuales el 51 por ciento es de mujeres.

En tanto, Mayra Chaicoj, representante de Segeplan, mencionó que la intención es implementar un sistema de búsqueda del adulto mayor y fortalecer la protección integral a este segmento de la población, garantizando la salud física y mental.

Por Fernando Bolaños

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El Congreso de la República retomó este miércoles la discusión de las reformas constitucionales al Sector Justicia, pero el trámite se detuvo cuando se trató el artículo 4 de la normativa, que plantea reformas al artículo 205 de la Carta Magna, referente a las garantías de la administración de justicia.

Dichas enmiendas hacen referencia a las garantías y principios del sistema de administración de justicia, entre ellos la independencia funcional y económica del Organismo Judicial, la pluriculturalidad, la igualdad en el acceso al Sistema de Justicia y las carreras profesionales, así como propone la carrera profesional basada en concursos públicos de oposición que garanticen la igualdad y la no discriminación.

El diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), pidió a sus homólogos que no se aprobara el referido artículo. “Esta enmienda es contradictoria y atenta contra la garantía de igualdad contemplada en los primeros artículos de la Carta Magna, además de ser redundante, tomando en cuenta que las garantías ya se establecen en el Código Procesal Penal y son más amplias”.

Por su parte, el parlamentario Amílcar Pop, del bloque Winaq, defendió el espíritu de dicha enmienda e indicó que constituye la columna vertebral y el parámetro más importante de la aplicación de la justicia en el país. “Traemos el mandato moral de la transformación del Estado, cambio que pidió la sociedad guatemalteca ese 27 de agosto del 2015 en la Plaza de la Constitución”, manifestó.

Finalmente, después del debate por la referida enmienda se rompió el quorum, lo cual imposibilitó que continuará la plenaria, por lo que la Junta Directiva levantó la sesión y convocó para el jueves 23, a las 10:00 horas.

Las reformas en discusión plantean el fortalecimiento de la aplicación de justicia pronta y cumplida, garantizando la elección de jueces y magistrados probos y calificados, el respeto al
Estado de Derecho y certeza jurídica.

Por Karen Mendoza

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La Comisión de Vivienda del Congreso de la República, en reunión de trabajo realizada este martes, definió empezar la búsqueda de los mecanismos para proveer de piso y techo mínimo a un millón 600 mil casas por medio de financiamiento proveniente del cemento.

“Según estadísticas, son más de un millón y medio de viviendas en nuestro país que no cuentan con las condiciones mínimas para ser habitadas, al no tener piso o techo formal, por lo que se busca apoyar por medio de un presupuesto proveniente del cemento”, afirmó el presidente de la sala de trabajo, Julio Longo, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Mencionó que los productores de ese material están de acuerdo con entregar al Estado un promedio de Q5 por saco de producto vendido y no Q1.50 como se hace en este momento, con el fin de apoyar al país sin que exista un aumento al gravamen del cemento.

Con este fin podría crearse un fondo como fideicomiso en coordinación entre instituciones gubernamentales y alcaldías municipales, quienes deben velar porque se cumpla con los objetivos trazados. Dicho fondo funcionaría de manera similar al Fondo de Hipotecas Aseguradas, para garantizar que la inversión esté certificada y que llegue a las personas que la necesitan.

Otros de los puntos tratados por los parlamentarios fueron los relacionados con la vivienda social, pues buscan que el Fondo para la Vivienda continúe con su trabajo, pero que delegue los activos fijos en la Unidad de Vivienda Popular, como era antes, pues al momento existen unas 25 mil fincas que no cuentan con certeza jurídica y que datan de la época del Banco de la Vivienda. Por aparte, dijeron que hay acuerdos para continuar apoyando la Ley de Arrendamiento Financiero o de Leasing, en su parte inmobiliaria.

Por Fernando Bolaños

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La Comisión de Derechos Humanos continuó este miércoles con el proceso de selección de la terna que presentará al pleno del Congreso de la República para elegir a los relatores de la Oficina Nacional contra la Tortura.

Tras evaluar las pruebas de cargo y descargo expuestas por el Ministerio Público (MP) y organizaciones de la sociedad civil en contra de cuatro aspirantes a dicho cargo, la sala legislativa decidió dejar fuera de la selección a:

  • Oscar Estuardo Bautista Soto.

  • Marco Vinicio Mejía Dávila.

  • Sergio Roberto Lima Morales, y

  • Raúl Arquimides Manchamé Leiva.

Además, la comisión acordó solicitar, con carácter urgente, al MP una ampliación de la información enviada contra cinco aspirantes:

  • Keila Jemima Méndez Santos.

  • Katherine Rocío Gallo Salguero.

  • Oscar Leonel Solís Corzo.

  • Geovani Daniel Noriega Salazar.

  • Zulma Vyanka Subillaga Dubón.

A tales personas se les dará audiencia de 24 horas para que presenten un informe y expliquen su situación legal, según las objeciones del MP.

Los otros 13 profesionales que continúan en el proceso son:

  • Gerardo Villamar Ramírez.

  • Alberto Lémus Nájera.

  • Jhonatan Pierre Hernández Esquivel.

  • Danilo Antonio Táger Castellanos.

  • Mario Roberto Veras Pappa.

  • Cecilia Ilusión Barrios Ortega.

  • Otto José Paz Kroell.

  • Mirian Andrea García Aguilar.

  • Héctor Oswaldo Samayoa Sosa.

  • Diego Santamarina Cárdenas.

  • Javier Ernesto Fidel Monterroso Castillo.

  • Carlos Eduardo Woltke Martínez.

  • Mynor Estuardo Alvarado Galeano.

Según el diputado Ronald Arango, del bloque Todos, es importante correr esas audiencias para respetar el debido proceso de todos los postulantes y evitar impugnaciones.

La parlamentaria Patricia Sandoval, quien preside dicha sala, resaltó que el proceso de selección ha sido minucioso y con toda transparencia, como lo mandata la Ley de Comisiones de Postulación.

Por Nery Morales.

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el diputado Eduardo De Matta, segundo vicepresidente del Congreso de la República, inauguró la plática motivacional dirigida a las trabajadoras del Legislativo, en donde dio a conocer que la participación femenina en el Organismo alcanza un 46.17 por ciento del total del personal.

De Matta, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), subrayó que se debe promover la igualdad de condiciones para las mujeres, tal como lo establece el Artículo 4 de la Constitución, que regula la igualdad de oportunidades para la población femenina.

El legislador refirió que la Convención para la Eliminación para todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece que en materia laboral se deben adoptar medidas para asegurar a las féminas el derecho al trabajo y a la seguridad social.

“Desde el Organismo Legislativo veo que se está avanzando en otorgar igualdad de oportunidades de participación. Del total del personal, los hombres ocupan un 53.83 por ciento y la mujeres un 46.17 por ciento, lo que no es un asunto de números, sino de condiciones. Hoy reconozco su trabajo”, dijo De Matta.

Mayra López, quien posee dos maestrías, una para el Desarrollo Sostenible, y otra en Estudios de Género, además de contar con 20 años de trabajar con organizaciones de mujeres, brindó una conferencia sobre Inteligencia Emocional, en la cual resaltó la importancia del control de las emociones para tener una mejor salud.

Asimismo, la experta hizo una remembranza sobre la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha en que murieron quemadas 100 mujeres en una fábrica de Nueva York, por exigir sus derechos laborales.

Por Byron Vásquez

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El diputado Marvin Orellana, tercer vicepresidente del Congreso, se reunió este martes con el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, y alcaldes del sector, para solicitar la agilización de los trabajos en la carretera del Polochic.

En la reunión, el parlamentario Orellana, electo por Alta Verapaz, dijo esperar que los trabajos se agilicen pues ello beneficiaría a varias comunidades de 8 municipios que afrontan problemas económicos y de tiempo.

“Son 30 kilómetros los que están en mal estado, entre las comunidades que están del Polochic hasta El Estor, Izabal, por lo que se favorecerán el comercio y turismo para unir a los departamentos de Alta Verapaz e Izabal”, destacó José Morataya, alcalde de Santa Catalina La Tinta.

El ministro García aseguró que trabajan con la cartera de Finanzas para cancelar la deuda de Q165 millones con Japón, para seguir la reparación del tramo carretero del Polochic.

Por Karla Herrera

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La Comisión de Salud y Asistencia Social, que coordina la diputada Karla Martínez, acordó suspender la reunión que sostenían con Lucrecia Hernández, ministra de Salud, debido a “mala actitud y falta de respeto” para responder los cuestionamientos, por lo que dijeron que solicitarán que sea interpelada.

Las preguntas estaban orientadas a las muertes de niños por desnutrición y muertes materno-infantil; sin embargo, “ante la falta de conocimiento de la funcionaria” se sometió a votación pedir su interpelación, para que sea en el hemiciclo y con toda la documentación necesaria donde se aclaren las dudas relacionadas con su gestión.

“Ella dijo que la citación parecía un chiste, porque ese no era el tema para el que se le llamó, pero no puede ser que no conozca la cantidad de niños que fallecieron el año pasado a causa de esta temática”, expresó la parlamentaria Martínez, de Alianza Ciudadana (AC).

“Cuando uno se pone a ver que están haciéndole preguntas que no corresponden a los puntos establecidos en la citación es bastante molesto e incomodo, y fue un exabrupto haberlo planteado así”, manifestó la funcionaria.

“Nos tendrán que avisar con 48 horas de anticipación el tipo de preguntas que harán y estaremos dispuestos a enfrentar y dar la información que se requiera”, agregó.

Los congresistas dijeron que hay problemas en esa cartera, como desabastecimiento, falta de vacunación y mala atención en centros hospitalarios.

Por su parte, el parlamentario Marvin Orellana, del bloque AC, comentó: “Suspendimos la reunión y la comisión en pleno decidió la interpelación. Hoy haremos la solicitud para que se nos asigne día y hora para llevar a cabo este procedimiento”.

Por Rosemary Recinos.

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