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La obra que crearía el hospital nacional en Ixcán, Quiché, está estancada desde el año 2015, cuando caducó la fecha que las clausulas establecían como fecha límite para finalizar el trabajo. Por tal motivo, el presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, que preside el diputado Amílcar Pop, se reunió con los pobladores afectados y con funcionarios del Ministerio de Salud, Contraloría General de Cuentas (CGC) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

El parlamentario Pop, de la bancada Winaq, lamentó que más de Q36 millones invertidos en la obra desde el año 2013 “se estén perdiendo”, pero sobre todo el abandono que tienen 102 mil habitantes de Ixcán y 50 comunidades de Alta Verapaz que esperaban un lugar para atender a los enfermos.

Guillermo Mejía, representante del Ministerio de Salud, explicó que la CGC interpuso una denuncia. “Hasta que el Ministerio Público resuelva el caso nosotros podemos avanzar con la construcción del nosocomio; de lo contrario caeríamos en ilegalidades”, aseveró.

Pop dijo que así como los comunitarios viajaron varios días para asistir a la reunión en el Congreso, ahora los funcionarios, con el acompañamiento de los diputados de la bancada Winaq y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), harán una visita de campo y esperan que la Contraloría les brinde información del avance de la denuncia.

“Al tener una conclusión sobre las investigaciones que haga el MP se podrán levantar de nuevo las licitaciones, pero sí tardan demasiado; esta obra, que lleva ya un 40 por ciento construida, podría convertirse en perdida total”, explicó el parlamentario.

El diputado Pop y los congresistas Edwin Maldonado Lux, de la Unidad Nacional de la Esperanza (URNG); Walter Félix, de la URNG, y José De la Cruz Cutzal, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), recibieron a comunitarios de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, quienes buscan el apoyo para resolver un conflicto surgido por la autorización de una hidroeléctrica sin consultar a la población, lo cual provocó disturbios en la comunidad Ixquisís, dejando una víctima mortal.

“No es posible que el alcalde haya cerrado la municipalidad y no se sepa de su paradero; es necesario que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y se busque la conciliación en el área”, manifestó Félix.

Los congresistas también acordaron que darán acompañamiento a la comunidad para que se realice una mesa de diálogo, con la participación de todos los involucrados.

Por Mayra Recinos

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Funcionarios de la cartera de Salud, encabezados por el viceministro Adrián Chávez, respondieron por segunda vez los cuestionamientos de la Comisión de Salud del Congreso respecto del incendio ocurrido en las bodegas donde se archivaban los registros sanitarios de alimentos y medicamentos, hecho que se suscitó en enero pasado.

La presidenta de la sala de trabajo, Karla Andrea Martínez, de la bancada Alianza Ciudadana (AC), mencionó que no hay registros de los documentos que se quemaron. “Aunque sabemos que los expedientes de regulación de alimentos y medicamentos estaban en la bodega consumida, ahora se pretende trasladar registros y recurso humano a otro edificio, adquirido por convenio con la Organización Panamericana de la Salud, por lo que fiscalizamos los montos financieros que esto representará”, explicó.

El parlamentario Julio Lainfiesta, de la Unión del Cambio Nacional (UCN), manifestó: “Llaman la atención los gastos que se derivan de las instalaciones físicas que serán prestadas, por lo que pedimos un informe circunstanciado, como seguridad, mantenimiento, internet, teléfono, seguro, planta eléctrica y aire acondicionado; con ello buscamos garantizar que los montos estén acorde a los precios de mercado y fiscalizar que los recursos se inviertan de una manera transparente”.

En la reunión se abordó también el tema de la tardanza en la emisión de licencias para medicamentos mediante las direcciones de Salud correspondientes, a pesar de que existe una nómina elevada de personal jurídico, administrativo y operativo que se encarga de dar la certificación de qué medicamentos pueden ser usado.

El diputado independiente German Velásquez explicó que el análisis de un medicamento por parte del Laboratorio Nacional tarda al menos 7 meses para emitir una licencia, mientras en otros países de Centroamérica es de 20 días para un medicamento nacional y 45 días para uno extranjero.

Por Fernando Bolaños.

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Después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejara en suspenso la creación de las comisiones extraordinarias de trabajo, el presidente Oscar Chinchilla informó este jueves al pleno que en la próxima sesión ordinaria presentarán un informe con los dictámenes favorables que dichas salas elaboraron para que sean remitidos a las comisiones ordinarias, a fin de que continúe el trámite correspondiente.

El 17 de enero el pleno aprobó la creación de 16 nuevas comisiones de trabajo, las cuales fueron suspendidas el 16 de febrero por la CC por un amparo presentado por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Por otra parte, la Junta Directiva propuso al pleno a los diputados Cristina Quinto, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación); Oscar Quintanilla, de Alianza Ciudadana, y Ronald Sierra, del Movimiento Reformador (MR), para instruirles la revisión de perfiles de aspirantes a ser electos como representantes titular y suplente del Congreso ante el Registro Nacional de las Personas (Renap).

“Este fue un mandato de la Corte Constitucionalidad y no podemos dejar de cumplir, para que se reinicien los procesos”, dijo el presidente del Parlamento.

El artículo 9 de la Ley del Renap establece: “La Junta Directiva del Congreso propondrá al pleno para su designación una Comisión conformada por tres (3) diputados de distintas bancadas, la cual se encargará de revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos de las postulaciones que fueren recibidas”.

Los jefes de bloque fueron convocados para sesionar el lunes 27, a las 12:00 horas, y los parlamentarios para las plenarias del martes 28, a las 14:00 horas, así como miércoles 29 y jueves 29, a las 10:00 horas.

Por Nery Morales.

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La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso dio dictamen favorable a las iniciativa 5174, que dispone aprobar reformas a la Ley de Zonas Franca, Decreto 65-89, reformado por el Decreto 19-2016, Ley Emergente para la Conservación del Empleo, y a las iniciativas 4904 y 5194, que disponen aprobar modificaciones al Código de Comercio.

El proyecto de Ley de Zonas Franca busca dar estabilidad jurídica a las empresas que actualmente están en el régimen, y que con ello no se pierdan fuentes de empleo. Además, tiene como objetivo incentivar y regular el establecimiento en el país de zonas francas que promuevan el desarrollo nacional, particularmente con acciones tendentes al fortalecimiento del comercio exterior, la generación de empleo y la transferencia de tecnología.

Con esta iniciativa se busca fomentar el número de empresas que trabajen y generen empleo, pues los registros presentados por la Asociación de Zonas Francas de Guatemala reflejan que en el 2016 estaban registradas 229 empresas y en el 2017 se han inscrito 199.

En la reunión los diputados también dieron dictamen favorable a las reformas al Código de Comercio con las iniciativas 4904 y 5194, que se enfocan en mejorar el acceso de los emprendedores guatemaltecos a la economía formal, reduciendo el tiempo, costo y procedimientos necesarios para la inscripción de sociedades en el Registro Mercantil General de Guatemala.

La presidenta de la Comisión, María Eugenia Tabush de Sánchez, resaltó que por lo menos 23 compañías se habrían quedado fuera y tuvieron que cancelar operaciones. “Con la iniciativa se les invita a quedarse en el país, y en cuanto al Código de Comercio, será un gran avance para los guatemaltecos que buscan crear una empresa”, aseveró.

Por Fredy López.

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La Comisión de Seguridad Alimentaria, después de una sesión de trabajo con funcionarios de entidades públicas y autoridades municipales de San Marcos y Quetzaltenango, acordó analizar el artículo 23 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, con el objetivo de agilizar la entrega de la asistencia social.

En la reunión participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y de la Defensoría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Los diputados Mario Velásquez, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo); Daniel Portillo, de Alianza Ciudadana (AC); Mario De León, de Todos, y Luis Hernández, del Movimiento Reformador (MR), integrantes de la referida comisión, coincidieron en la importancia de que el censo establecido en dicho articulado no permite facilitar el proceso de entrega de la ayuda, debido a que no se ha hecho.

La asistencia consiste en aportes económicos y alimentos por parte del Organismo Ejecutivo y con ello se afecta a las comunidades damnificadas por el hambre y la desnutrición.

En tal sentido, el diputado Velásquez, presidente de la comisión, dijo: “Lo más valioso de un país son sus habitantes, por lo que hay que fortalecer la inversión en nuestro capital humano. No podemos seguir perdiendo vidas por causa del hambre”.

Añadió que en Comitancillo, San Marcos, el año pasado hubo siete muertes por desnutrición crónica.

El diputado Hernández indicó: “Es preocupante que haya un artículo en la ley del Presupuesto que nos esté limitando las entregas de asistencia social y lamentamos que muchos guatemaltecos estén condenados a una muerte inmediata o a vivir con desnutrición crónica y que no podamos salvarlos”.

Rosa Elvira Pachecho, viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, justificó ante los diputados que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 hay un equipo que trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE), entidad responsable de llevar a cabo el censo. Sin embargo, admitió que se ha entregado la ayuda tomando en cuenta que son productos perecederos y que los proveedores se los entregan con seis meses de caducidad.

Germán González, jefe de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, afirmó que el artículo 23 tiene como objetivo la transparencia y la calidad del gasto. Y en el caso de los programas sociales, indicó que se debe contar con un registro de los beneficiarios para cada programa y por ello se ha coordinado con el INE para dar cumplimiento a la normativa.

Por Byron Vásquez

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Una denuncia en el Ministerio Público contra el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), José Guillermo Moreno, por realizar la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) sin que exista un convenio interinstitucional que lo respalde, harán los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Lo anterior fue informado por el parlamentario Carlos Barreda, subjefe del bloque, al concluir una reunión con representantes de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y autoridades del Mides, Salud y Educación.

La ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, señaló que, en efecto, durante 2016 la cartera a su cargo no suscribió documento alguno.

En el mismo sentido se expresó Héctor Canto, viceministro de Educación, quien dijo: “El último convenio interinstitucional fue firmado en abril del 2014, el cual se prorrogó automáticamente para 2015. El año pasado no existió acuerdo, razón por la cual el ministerio no puede certificar la entrega del referido programa”.

Asimismo, se determinó que no menos de 23 mil familias beneficiadas con el programa de TCM no se encuentran en el rango de pobreza y pobreza extrema establecido como requisito para recibir este tipo de ayuda, indicó el subcontralor del Gasto Público de la CGC, César Elías.

Según dijo, este indicador forma parte de 5 hallazgos del ente fiscalizador en una auditoría realizada a ese programa asistencial impulsada por el Organismo Ejecutivo del año pasado a la fecha. “Se pudo establecer que se está beneficiando a 23 mil 934 personas que no se encuentran en la condición de pobreza, dejando de beneficiar a otras que probablemente sí lo necesiten”, aseguró.

Durante la reunión, el congresista Barreda hizo mención de un informe realizado por la organización internacional Oxfam, en el cual, a través de un estudio muestral en 4 municipios considerados por tener los niveles más altos de desnutrición crónica en el país, se evidenció que el 51.3 y el 47 por ciento de las familias beneficiadas cumple con las condiciones de educación y salud, respectivamente.

“Hemos visto que el Mides no cuenta con un plan estratégico que direccione este programa. En ese sentido debe ser redefinido y usar los criterios técnicos que conlleven a su cumplimiento. La intención de esta fiscalización es que este plan de desarrollo sea efectivo y tenga impacto en los índices de salud y educación”, señaló el parlamentario.

Finalmente, indicó que la bancada continuará con el seguimiento al tema y para ello citarán nuevamente al titular del Mides, para que rinda cuentas.

Las TMC fueron establecidas en abril de 2008 con el nombre de Mi Familia Progresa, y principios de 2016 se le denominó Transferencias Monetarias Condicionadas para Salud y Educación; se constituyó como un programa de transferencia condicional de dinero que se destina a proporcionar apoyo financiero a familias que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza y que tienen niños de entre 0 y 15 años, con la condición que estos sean inscritos en los sistemas de educación y salud estatales.

Por Karen Mendoza

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El presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, Amílcar Pop, presentó ante el pleno del Congreso el informe sobre la visita al Hogar Seguro Virgen de la Asunción y de la citaciones realizadas con las autoridades involucradas en los hechos.

Entre las conclusiones se determinó que se deben aplicar los artículos 4419, 132 y 418 del Código Penal, por abuso de poder, ejecuciones extrajudiciales, maltrato a menores de edad y omisión de denuncia, así como las leyes contra el Femicidio, de Trata de Personas y del Menor contra la Procuraduría General de la Nación y la cadena de mando en la Policía Nacional Civil, así como entregar una copia con sello certificado al Ministerio Público.

Después de haber sido leído el informe, el congresista Pop, del bloque Winaq, destacó que se pretende dar a conocer lo realizado para esclarecer los hechos y castigar a los responsables directa o indirectamente por la muerte de las menores de edad, y evitar que nuevamente ocurra un hecho similar.

En el reporte se da a conocer la visita a las instalaciones del Hogar Seguro el mismo día de la tragedia, acompañado por los diputados Walter Félix, presidente de la Comisión del Menor y la Familia, y Marleni Matías, de la Mujer, quienes se entrevistaron con el director del lugar, Carlos Torres, y la subsecretaria de Bienestar Social, Anahi Keller, quienes ahora están en prisión.

En los documentos presentados se evidencia que las menores de edad fueron dejadas bajo llave en el salón y hasta el momento no se ha determinado con certeza por qué se inicio el fuego; asimismo se hizo una supervisión al cuarto donde se encuentran las cámaras de seguridad, donde se determinó que “la gran parte no están funcionando”.

Por Karla Herrera

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Diputados de la Comisión de Cultura, que coordina la representante María Cristina Quinto, se reunieron con autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes para establecer un plan de trabajo que permita fortalecer e impulsar legislación en esta materia.

El plan contempla lineamientos y estratégicas que la sala implementará en alianza con otras instituciones gubernamentales, sociedad civil, sector empresarial y académico, con el objetivo de establecer la cultura como un motor de desarrollo.

“Hacen falta oportunidades para que cada uno de los guatemaltecos pueda generase sus propios ingresos. Poseemos tanta riqueza cultural que debemos cuidar y aprovechar para salir adelante”, indicó la legisladora.

Se apoyarán iniciativas que busquen promover el emprendimiento cultural, artesanal, gastronomía ancestral, turismo comunitario y expresiones artísticas con diversidad pluricultural y multiétnica, para dinamizar la economía local.

“Nos sumamos a este plan de apoyo al tema de emprendimientos para que aumentemos esfuerzos con el afán de reinventar a Guatemala mediante la cultura”, expresó Rosa Tacán, directora de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes.

También se pretende apoyar la creación de un Sistema Nacional de Becas, por lo que se estrecharán las relaciones institucionales con las carteras de Educación, Economía y Finanzas, así como con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Asociación Guatemalteca de Exportadores y embajadas de países amigos, entre otros.

Por Rosemary Recinos.

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Ante las denuncias de pasividad y selectividad para entregar las bolsas de alimentos a personas de escasos recursos, por parte de los ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación, así como de Desarrollo Social, el diputado Leocadio Juracán, subjefe de la bancada Convergencia, se reunió con autoridades de ambas carteras.

A la cita también asistieron representantes de diferentes comunidades de Huehuetenango, Sololá, Suchitepéquez y Retalhuleu, quienes dieron a conocer su inconformidad por “la lentitud” en la entrega de la ayuda, y agregaron que se ha dejado a varias familias necesitadas fuera de los programas.

“Ante la solicitud de los habitantes de estos departamentos esperamos que las autoridades inicien las acciones pertinentes para agilizar las entregas y dar el beneficio a quienes lo necesitan, sin ver banderas políticas, religiosas ni de territorio”, enfatizó Juracán.

Por su parte, Rosa Pacheco, viceministra de Agricultura, destacó que las bolsas de alimentos por acciones son entregadas mediante listados que se han hecho en cada una de las comunidades dependientes de los estudios socioeconómicos, y detalló que se han dado capacitaciones.

Otra de las acciones es la convocatoria para el sistema de diálogo con organizaciones del Estado y sociedad civil, en busca de programas para erradicar la desnutrición crónica en el país.

Por Karla Herrera

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