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La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), podrían haber incumplido sus mandatos al no asesorar correctamente al presidente Jimmy Morales, cuando vetó el Decreto 3-2017, Día de la Dignificación Nacional de la Yon y/o Rati´t Ak´al Comadrona Indígena de Guatemala, dijo el diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq.

Durante una reunión de trabajo, en la cual participaron mujeres comadronas, el parlamentario recordó que son más de 23 mil quienes trabajan en condiciones precarias en todo el territorio nacional “y han sido invisibilizadas por las autoridades de Salud, violando sus derechos humanos”.

El tercer vicepresidente del Congreso, Marvin Orellana, de Alianza Ciudadana (AC) dijo: “Como médico no podía perder la oportunidad de agradecerles personalmente el trabajo que hacen al llevar asistencia médica a sitios a los que el sistema de Salud ni siquiera ha llegado”. Agregó que por ese motivo reconoce la importancia de su trabajo y da seguimiento al tema.

A la reunión acudieron Emma Hernández, de la Copredeh; Miriam Domínguez, de Codisra, y Rosalía Pop Cal, de la Defensoría de la Mujer Indígena, quienes, según los diputados, no presentaron ningún análisis jurídico sobre el veto presidencial, lo cual denota desinterés de las autoridades correspondientes.

El 7 de febrero de este año el Congreso aprobó el Decreto 3-2017 que reconoce el 19 de mayo de cada año como el Día de la Dignificación Nacional de la Comadrona Indígena, el cual también disponía un incentivo de Q3 mil anuales a cada una de ellas.

Sin embargo, la norma fue vetada por el presidente Jimmy Morales, en Consejo de Ministros, por considerar que no se apega a las políticas de salud incluyentes, además de no fijar parámetros de financiamiento, entre otros aspectos.

Ante esa decisión, el pleno del Congreso decidió consultar a la Corte de Constitucionalidad. “Lo único que podemos recomendar en este momento a las autoridades hoy citadas es que brinden el acompañamiento necesario a los grupos de mujeres, ya que en su momento no cumplieron con asesorar a las autoridades del Organismo Ejecutivo”, concluyó Pop.

Por Mayra Recinos

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El titular del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), Héctor Estrada, y el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Francisco Solórzano Foppa, deberán acudir el lunes 3 de abril a la Instancia de Jefes de Bloque para fijar su postura en relación con la iniciativa 5246, ley de simplificación, actualización e incorporación tributaria.

La intención es que los funcionarios expliquen los pro y contra del referido proyecto de ley que está pendiente de aprobación por artículos y redacción final.

Los representantes de los diferentes bloques legislativos también aprobaron las agendas de las sesiones ordinarias programadas para esta semana.

Para el martes 28 destaca la discusión en primer debate del proyecto de decreto que dispone aprobar la ley de dignificación del trabajador en salud, así como la aprobación por artículos y redacción final de la ley para promover y fortalecer la actividad chiclera, la ley de leasing y la elección del diputado representante del Congreso ante la Comisión Nacional de la Niñez.

Para el jueves 30 se tienen contempladas las interpelaciones de los ministros de Salud Pública y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Lucrecia Hernández Mack y Aldo García, respectivamente.

La discusión de las reformas constitucionales al Sector Justicia continuará el miércoles 29, tal como lo establecieron los jefes de bloque, aunque los diputados Álvaro Arzú y Fernando Linares propusieron que se suspenda la discusión por la inasistencia de los parlamentarios.

El presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, reiteró el llamado a los diputados para que asistan a las sesiones programadas, especialmente la discusión de las reformas a la Carta Magna. “Yo creo que estas reformas son un avance en materia de justicia y no entiendo cuáles son los temores; por eso el llamado es para que se hagan presentes”, recalcó.

Por Nery Morales.

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Los cambios que se pretende efectuar a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) fueron conocidos en la tercera reunión de legisladores miembros de la Comisión Específica de Asuntos Electorales.

La convocatoria la hizo el diputado Óscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien preside la comisión, con el objetivo de socializar el documento base entre todos los integrantes de la sala de trabajo, con quienes se ha debatido ampliamente los diferentes aspectos de la iniciativa.

En la junta semanal se analizaron diversos temas, tales como el voto por distrito dentro de la capital, sobre el cual aún no hay acuerdos. También que los comités cívicos puedan postular candidatos a diputados, y se acordó retomar el tema de paridad equitativa de género y participación indígena en cargos de elección popular.

El diputado Carlos Chavarría, de Compromiso Renovación y Orden (Creo), dijo que no está de acuerdo con que los comités cívicos puedan elegir diputados, pues “no hay una conformación similar en controles a las de un partido político, además de carecer de ideología”.

En el mismo tema, el parlamentario Argueta argumentó: “Hay temor bien fundamentado por parte de algunos parlamentarios que al aprobar la elección de diputados por los comités se quiten filtros e impedimentos, dejando la vía expedita para que el crimen organizado pueda postular candidatos, tomando en cuenta la situación de inseguridad que existe y la imposibilidad de controles”.

Con respecto a la elección por distrito, se espera subdividirlos en distritos pequeños que acerquen más a los candidatos con sus electores, no solo en la capital, que se dividiría por zonas, sino también en los departamentos, donde tendrían una delimitación especial en subdistritos.

Finalmente, se abordo el tema de la paridad equitativa de género, y se comentó que podría perder todo efecto tomando en cuenta que de aprobarse el cambio al artículo 302, el cual indica que el voto será por la persona y no por el partido, cada elector podría votar por hombre o mujer indistintamente, aunque sí se analiza dejar un porcentaje como cuota de participación indígena.

Fernando Bolaños Barillas

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Los diputados Eduardo Zachrisson, del Partido de Avanza Nacional (PAN), y Luis Pedro Álvarez, independiente, se reunieron este viernes con la directora del Hogar Rafael Ayau, María Inés Ayau García, religiosa de la Iglesia Católica Ortodoxa Antioqueña de Guatemala, con el objetivo de iniciar las investigaciones en torno a la orden de desalojo emitida por la Procuraduría General de la Nación (PGN), el lunes de esta semana.

En dicha resolución le dan a la institución 30 días para abandonar el edificio que ocupan desde hace 20 años, donde atiende a no menos de 400 menores en situación de riesgo de calle y alberga a 11 jóvenes de forma interna. Los congresistas dijeron que las razones esgrimidas por la PGN no son válidas, pues aunque no hubiese sido publicada la escritura en el Diario de Centro América el documento suscrito tiene validez jurídica.

La religiosa y representante legal del referido hogar explicó: “Esta obra fue fundada por mi tatarabuelo con el objetivo de que funcionara como un lugar de caridad; después fue donado al Estado y hace 20 años el presidente Álvaro Arzú nos pidió que lo manejáramos, otorgándonos un usufructo por 50 años”.

Ayau García aseguró que cuentan con un equipo legal que trabaja de forma gratuita y analiza la situación, por lo cual no descartó presentar las acciones legales para solucionar el asunto de la mejor manera y buscar el beneficio de los infantes atendidos. “Por el momento no contamos ni hemos visto otro lugar, porque confiamos en que todo este proceso se resuelva dentro del marco legal que nos rige, que debe de estar en favor de la niñez guatemalteca”, agregó.

Por su parte, el jefe de bancada panista y representante por el distrito de Guatemala dijo que el miércoles de la próxima semana citará a la titular de la PGN, Anabella Morfín, para que explique la base legal de su requerimiento.

“Queremos oír la versión de la procuradora y que nos diga cuál es el motivo real por el cual quiere que el Hogar Rafael Ayau se salga de allí, o si están haciendo algo mal para haber tomado dicha decisión. Nos sentimos en la obligación de apoyar lo que funciona bien”, afirmó el congresista.

En el referido hogar funcionan la primera Escuela Pública de Educación Especial, que atiende a 80 infantes; la Escuela Taller de la Municipalidad, que cubre a 300 jóvenes, y la Universidad en línea Rafael Ayau. El bien inmueble cuenta con talleres de panadería, herrería, carpintería, jardinería y construcción ubicados en un área de manzana y media.

Por Karen Mendoza

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La diputada y jefa de la bancada Convergencia, Sandra Morán, informó que presentará una iniciativa de ley para tipificar el delito de discriminación contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), mediante la reforma al decreto 57-2002, en su artículo 202 bis, donde se establece ese tipo de ofensa.

“A pesar de que Guatemala es firmante de la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas y ha apoyado diversas resoluciones de la Organización de los Estados Americanos sobre Derechos Humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género, la discriminación social e institucional sigue siendo muy frecuente en el país”, afirmó.

El proyecto se discutió durante la tercera mesa de trabajo para prevenir la violencia y bullying hacia las personas LGBTI, en la cual participan representantes de los ministerios de Educación (Mineduc) y de Desarrollo Social (Mides), Secretaría de Bienestar Social (SBS), la Procuraduría de los Derechos Humanos y varias organizaciones que velan por los derechos de este sector de la población.

Debi Linares, representante de la Organización Transgénero, manifestó: “La discriminación hacia la comunidad LGBTI se da principalmente por los prejuicios en centros de salud y educativos”. Agregó que ven con beneplácito el proyecto de ley que impulsa la diputada Morán, pues “busca que se respeten los derechos todas las personas, dado que muchas no asisten a los centros de atención de salud por miedo al rechazo, mientras que otras abandonan la escuela”.

 

La iniciativa, además de tipificar el delito de discriminación, también buscará que se agrave la pena cuando la misma sea contra personas LGBTI.

Los representantes del Mineduc, Mides y Salud, así como la SBS se comprometieron a implementar mecanismos para capacitar a sus trabajadores en el trato hacia las personas LGBTI y que estas sean atendidas como se merecen; el Ministerio de Salud señaló que instalarán mesas de atención e información en cada centro de salud y hospitales para estas personas, y así evitar que sean discriminadas.

Por Byron Ramírez.

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La congresista Alicia Dolores Beltrán, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, se reunió este jueves con María Eugenia Barrios Robles, viceministra administrativa de Educación, para trasladarle denuncias que padres de familia hicieron por falta de escritorios, docentes y equipo, así como quejas contra directores de escuelas públicas.

“Líderes comunitarios y padres de familia se han acercado a la comisión para manifestar su inconformidad y quejas de centros escolares en malas condiciones, así como pocos maestros, y piden que el Ministerio de Educación resuelva la situación difícil que afrontan”, aseveró la parlamentaria Beltrán, subjefa de la bancada Movimiento Reformador (MR).

La funcionaria se comprometió a darle seguimiento a las anomalías denunciadas y ofreció resolver la conflictividad escolar que afrontan diferentes comunidades de los departamentos y la capital. “Estamos haciendo esfuerzos en la institución para controlar la crisis, ya que no contamos con presupuesto”, aseguró.

Por José Castellanos

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Como parte de la discusión y análisis de la iniciativa 5125, Ley de Personas con Discapacidad, se acordó que el Ministerio de Salud aportará un 3 por ciento de su presupuesto anual a los programas de ayuda para personas con invalidez.

Asimismo, se determinó que la cartera de Educación destinará, a partir del próximo año, un 1 por ciento de su asignación para el mismo fin, porcentaje que aumentará de manera gradual un 0.25 por ciento anual hasta llegar a un 3 por ciento, rubros que serán consensuados con el Ministerio de Finanzas Públicas.

Lo anterior fue informado por el diputado Christian Boussinot, de la bancada Todos, quien participó en la discusión de la propuesta de ley con representantes de las referidas carteras, Superintendencia de Administración Tributaria y organizaciones que abordan el tema de personas con discapacidad física o mental.

En la propuesta se establece que el Estado tiene la obligación de mantener un censo de las personas con discapacidad y otorgar espacios para su atención y oportunidades de empleo.

La discusión del tema del bono de ayuda para quienes padecen de más del 66 por ciento de discapacidad fue pospuesta para la próxima semana, cuando el Ministerio de Finanzas presente sus propuestas con base en los recursos monetarios con los que se puede contar.

El congresista Boussinot indicó que se espera concluir la semana próxima el análisis de los 170 artículos que contiene la iniciativa, para presentarla en la Dirección Legislativa y que sea conocida por el pleno.

Por Karla Herrera

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La obra que crearía el hospital nacional en Ixcán, Quiché, está estancada desde el año 2015, cuando caducó la fecha que las clausulas establecían como fecha límite para finalizar el trabajo. Por tal motivo, el presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, que preside el diputado Amílcar Pop, se reunió con los pobladores afectados y con funcionarios del Ministerio de Salud, Contraloría General de Cuentas (CGC) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

El parlamentario Pop, de la bancada Winaq, lamentó que más de Q36 millones invertidos en la obra desde el año 2013 “se estén perdiendo”, pero sobre todo el abandono que tienen 102 mil habitantes de Ixcán y 50 comunidades de Alta Verapaz que esperaban un lugar para atender a los enfermos.

Guillermo Mejía, representante del Ministerio de Salud, explicó que la CGC interpuso una denuncia. “Hasta que el Ministerio Público resuelva el caso nosotros podemos avanzar con la construcción del nosocomio; de lo contrario caeríamos en ilegalidades”, aseveró.

Pop dijo que así como los comunitarios viajaron varios días para asistir a la reunión en el Congreso, ahora los funcionarios, con el acompañamiento de los diputados de la bancada Winaq y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), harán una visita de campo y esperan que la Contraloría les brinde información del avance de la denuncia.

“Al tener una conclusión sobre las investigaciones que haga el MP se podrán levantar de nuevo las licitaciones, pero sí tardan demasiado; esta obra, que lleva ya un 40 por ciento construida, podría convertirse en perdida total”, explicó el parlamentario.

El diputado Pop y los congresistas Edwin Maldonado Lux, de la Unidad Nacional de la Esperanza (URNG); Walter Félix, de la URNG, y José De la Cruz Cutzal, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), recibieron a comunitarios de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, quienes buscan el apoyo para resolver un conflicto surgido por la autorización de una hidroeléctrica sin consultar a la población, lo cual provocó disturbios en la comunidad Ixquisís, dejando una víctima mortal.

“No es posible que el alcalde haya cerrado la municipalidad y no se sepa de su paradero; es necesario que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y se busque la conciliación en el área”, manifestó Félix.

Los congresistas también acordaron que darán acompañamiento a la comunidad para que se realice una mesa de diálogo, con la participación de todos los involucrados.

Por Mayra Recinos

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